Gonzalo Hernandez Liciaga

Expediente 331/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
331/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Gonzalo Hernandez Liciaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción...

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 331/2021-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por GONZALO HERNÁNDEZ LICIAGA; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); GONZALO HERNÁNDEZ LICIAGA solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos de 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de catorce de abril del presente año, la demanda promovida por GONZALO HERNÁNDEZ LICIAGA, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 331/2021-D; y se previno al quejoso en los términos siguientes: "ÚNICO. Precise qué jueces de control señala como autoridades responsables, pues la parte quejosa en su demanda de amparo únicamente refirió lo siguiente: III. AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS.- I. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región Judicial Centro, con sede en Puebla. II. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula." Una vez que el quejoso desahogó la vista, en proveído veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se ordenó la ratificación del escrito mediante el cual llevó a cabo tal desahogo, por lo que en comparecencia del quejoso ante el suscrito juzgador, el treinta de abril del presente año, ratificó el contenido y la firma que fue plasmada en el ocurso de desahogo de prevención recibido en este órgano jurisdiccional, el veintidós de abril del año que transcurre, registrado con el folio 7216; por lo que en proveído de tres de mayo de esta anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia constitucional y se señalaron las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de mayo del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, GONZALO HERNÁNDEZ LICIAGA, en esta instancia constitucional, reclama: a) La orden de aprehensión. b) Su ejecución. TERCERO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado fuera de la audiencia constitucional de diez de mayo de dos mil veintiuno, se declaró inexistente a la autoridad señalada por el quejoso en su escrito inicial de demanda, bajo la siguiente denominación: "Gabriel Pérez Rocha Pérez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla." En ese tenor, tal autoridad se excluye de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CUARTO. Existencia o Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo de este fallo- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. 1 Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 2 Enrique López Criollo, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 3 Aaron Hernández Chino, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 4 Rosalba Elena Zárate Herrrera, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 5 Javier Vázquez Fernández, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 6 Idalia Arciniega Arias, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 7 Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 8 María Guadalupe Muñoz Pérez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 9 Miriam Huerta Lechuga, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 10 Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 11 Ana Alicia Ponce Frías, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 12 José Alvaro Sarmiento Márquez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 13 Carla Ivonne Munguía Olmos, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 14 Gabriel Pérez Rocha Pérez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Inexistente 15 David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Niega 16 Karla Patricia Ambrosio Vargas, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Niega 17 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 18 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que a cada una le fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de los actos destacados en el considerando segundo de este fallo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó el quejoso en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por GONZALO HERNÁNDEZ LICIAGA, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, de lo que se advierte que en auto de tres de mayo del año en curso, fueron señaladas las nueve horas con veintiocho minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, en la fecha programada para el verificativo de la referida audiencia, resulta evidente que no habrá transcurrido el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por la autoridades responsables 16. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla; y, 18. Fiscal General del Estado de Puebla, recibidos en proveído de once de mayo del año en curso. Por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional, señalándose para su verificativo, las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese electrónicamente al quejoso y, por lista al resto de las partes

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable 16. Karla Patricia Ambrosio Vargas, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, no ha rendido su informe previo, ni obra agregada la constancia de notificación que acredite que la citada autoridad responsable haya recibido el oficio, mediante el cual se le requirió el aludido informe. En tales condiciones, con la finalidad de que la autoridad responsable citada anteriormente, tenga la debida oportunidad para rendir su informe previo y este juzgador Federal cuente con los elementos necesarios para resolver lo relativo a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se reserva resolver lo procedente, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo." Por otro lado, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos los informes previos rendidos por las autoridades responsables 2. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Enrique López Criollo, por sí y en representación de diversos jueces adscritos al Centro de Justicia Penal del Estado de Puebla, de la región Judicial Centro, con sede en Puebla, señalados también como responsables y 14. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, David Rodríguez González; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. En diverso aspecto, intégrese la razón asentada por la actuaria Judicial adscrita, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio OF. -14 a la autoridad responsable 14. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Gabriel Pérez Rocha Pérez, pues manifiesta la funcionaria judicial que, al trasladarse a las oficinas correspondiente para su entrega, fue atendida por una persona del sexo femenino, quien se identificó como auxiliar administrativo del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y le hizo saber que la autoridad indicada no labora como juez ahí. Atento a lo anterior, resérvese acordar lo que al efecto corresponda hasta la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

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