Gonzalo Florentino Pérez de la Rosa

Expediente 848/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
848/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2020

Partes del expediente

  • Gonzalo Florentino Pérez de la Rosa

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Causa estado auto que desechó la demanda. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del siete de octubre de dos mil veinte, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Por otra parte, dado que la parte quejosa exhibió un documento original, hágase de su conocimiento que cuenta con un plazo de noventa días hábiles para acudir a este Juzgado Federal, con documento oficial vigente, para solicitar su devolución, apercibida que en caso de ser omisa dicho documento será destruido junto con las demás constancias. Finalmente, se ordena devolver al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete la copia certificada del juicio agrario ... de su índice, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de octubre de dos mil veinte. Cumple prevención y se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Gonzalo Florentino Pérez de la Rosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído del veintitrés de septiembre del presente año, y al efecto precisa que reclama la resolución interlocutoria del tres de agosto de dos mil veinte, que declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones promovido en contra del emplazamiento efectuado al justiciable en el juicio agrario 11/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete; asimismo, narra los antecedentes de dicho procedimiento, informando que se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, y precisa que únicamente señala como autoridad responsable al Magistrado titular del referido órgano jurisdiccional. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y las constancias remitidas por el Magistrado responsable, consistente en la copia certificada del juicio de origen, se procede a proveer lo conducente. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta Gonzalo Florentino Pérez de la Rosa, deriva del hecho que el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria del tres de agosto de dos mil veinte, que declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones promovido en contra del emplazamiento efectuado al justiciable en el juicio agrario 11/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete, no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por tanto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, se consideró que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Sentado lo anterior, cabe destacar que de la copia certificada del juicio de origen, se advierte que mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil dieciocho, Vicenta Castro Reyes promovió juicio agrario en contra del quejoso Gonzalo Florentino Pérez de la Rosa y de la Delegada Estatal en Puebla del Registro Agrario Nacional, demandando la nulidad de una lista de sucesión y el reconocimiento de una diversa (fojas 1 a 13 del tomo anexo I). De la demanda en cuestión correspondió conocer al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete, quien mediante auto del doce de enero siguiente la radicó con el número 11/2018, y la admitió a trámite, por lo que señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley, y ordenó emplazar a los demandados (foja 91 ídem), lo cual, en el caso del impetrante, se realizó el nueve de marzo de dos mil dieciocho (foja 93 ídem). El quince de marzo posterior, se realizó la audiencia de ley, y dado que los demandados no comparecieron ni formularon su contestación se hicieron efectivos los apercibimientos legales; asimismo, se fijó la litis, se admitieron las pruebas y se señaló fecha y hora para desahogar las que así lo requerían (fojas 96 a 101 ídem). Mediante escrito presentado veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el quejoso promovió incidente de nulidad de notificaciones en contra del emplazamiento que se le practicó (fojas 245 a 258), el cual se admitió a trámite el diecinueve de noviembre siguiente, por lo que se ordenó correr traslado a su contraparte (foja 258 ídem). Seguidas las etapas procesales respectivas, el tres de agosto de dos mil veinte se dictó la interlocutoria correspondiente, en la que se declaró infundado el incidente planteado y se estimó como legal el emplazamiento efectuado al quejoso (fojas 269 a 280 ídem), determinación que constituye el acto reclamado en esta vía. Finalmente cabe destacar que aún no se desahogan en su totalidad las pruebas ofrecidas en el juicio natural, por lo que se encuentra pendiente de emitirse la sentencia definitiva. De lo anterior, se desprende que la resolución reclamada referente al incidente de nulidad de notificaciones promovido en contra del emplazamiento realizado al quejoso en el juicio agrario de origen, constituye un acto dictado dentro de éste, pues aún no se ha pronunciado sentencia definitiva; no obstante, únicamente tiene efectos meramente procesales, pues sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicha interlocutoria no constituye un acto de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, se insiste que la resolución reclamada del tres de agosto de dos mil veinte sólo puede implicar una infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados, pues en el caso de que el juicio agrario 11/2018 se dictara una sentencia en donde se declarará que la parte actora no acreditó su acción, es decir, contraria a sus intereses, entonces el hecho de que se hubiera declarado infundado el incidente de nulidad en contra del emplazamiento que se le realizó al quejoso se tornaría irrelevante. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica al justiciable, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable en amparo directo; tan es así que el artículo 172, fracción V de la ley de la materia, prevé expresamente como una violación procesal el desechamiento de incidente de nulidad o su resolución ilegal; en consecuencia, se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Por lo anterior, dado que la resolución reclamada no afecta algún derecho sustantivo, no constituye un acto dictado en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que denota que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Gonzalo Florentino Pérez de la Rosa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, y al efecto remite copias certificadas del juicio agrario número ********************de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, tomando en consideración el volumen de la documental en comento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese por separado un tomo de pruebas debidamente identificado a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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