Gloria Vicenta Carbino Mendoza
Expediente 430/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/04/2019
Partes del expediente
- Gloria Vicenta Carbino Mendoza
Actuaciones
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- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 04 DE ABRIL DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. *** Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Estado de Autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve, el quejoso *****************, ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopía y exhibió el cuestionario sobre el que versara la misma; se evidencia, que del citado cuestionario señaló como firma indubitada la que aparece en la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral. En consecuencia, se tiene también como firma indubitable la que obra en la credencial para votar a nombre de **************, misma que deberá presentar el día y hora señalados para la celebración de los ejercicios caligráficos que para tal efecto se señala. Se fija fecha para diligencia de ejercicios caligráficos. Por otra parte, se advierte de autos que los peritos oficial y de la parte tercera interesada, ya aceptaron el cargo conferido; por tanto, como se ordenó en el inicio de la audiencia constitucional, se señalan las doce horas con tres minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve, a fin de que en diligencia formal, el quejoso realice ejercicios caligráficos, y así los peritos correspondientes estén en posibilidad de rendir su dictamen. Por tanto, se requiere al quejoso para que en la hora y fecha indicadas, se presente en el local de este Juzgado Federal con identificación oficial vigente (y una copia simple de la misma), ubicado en Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, ala norte, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla. Apercibido que de no comparecer en la hora y fecha indicadas y de no traer su credencial para votar, se declarará desierta la prueba pericial que ofreció, ante la imposibilidad para su desahogo. En la inteligencia que en dicha diligencia podrán intervenir los peritos, a fin de especificar los ejercicios caligráficos necesarios para la elaboración de su dictamen, el cual deberán presentar y ratificar ante este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de diez días contados a partir del día siguiente al en que se desahogue la diligencia programada. Notifíquese personalmente a las partes, así como al perito oficial Leonardo Díaz Flores.
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... Devolución de documentos y se autorizan copias. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, en su carácter de apoderado de la parte quejosa, mediante el cual solicita copias certificadas de diversas constancias, en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última, expídanse las copias certificadas de las constancias que solicita, por conducto de las personas que autoriza, previa toma de razón y recibo que de su entrega se deje en autos. Por otro lado, tomando en consideración que solicita la devolución del documento con el cual justificó su personería en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, hágase el cotejo y compulsa correspondientes y una vez hecho lo anterior, devuélvase al apoderado de la parte quejosa, por conducto de la persona que refiere en su escrito de cuenta, el documento que solicita, dejando en su lugar la copia certificada por el Secretario de este Juzgado de Distrito, previa constancia de recibo de su entrega y constancia de su desglose que se deje en el presente expediente. Se devuelve expediente al archivo. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de diez de enero del año en curso, se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido; en consecuencia, hágase su devolución. ...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 08 DE MARZO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): I. Informe justificado Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio de los cuales rinde su informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo el informe indicado. II. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en vigor, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, de su notificación a la parte quejosa y del expediente D-*** de su índice. III. Delegados Asimismo, se tienen como delegados a las personas que señala, en términos del artículo 9 de la ley de la materia. IV. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de admitir y continuar la secuela procesal del juicio ordinario burocrático *** de su índice, promovido el catorce de agosto de dos mil diecisiete, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente. CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Dicho lo anterior, es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, pues se reclama la omisión de admitir y continuar la secuela procesal del juicio ordinario burocrático *** de su índice, promovido el catorce de agosto de dos mil diecisiete. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -diecinueve de febrero de dos mil diecinueve-, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla no había realizado pronunciamiento alguno respecto de la admisión de la demanda laboral, presentada el catorce de agosto de dos mil diecisiete, siendo que mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve, se proveyó sobre ésta; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en el auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, se proveyó respecto del escrito de demanda laboral, en donde el Tribunal responsable requirió a la parte actora para que precisara la fecha en que dejó de laborar para la parte demandada y las actividades que realizaba en su jornada laboral. De lo anterior se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por la parte quejosa; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, el requerimiento efectuado a la parte quejosa en auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, con motivo de la formulación de su demanda laboral. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la omisión de dictar el acuerdo de admisión con motivo de la demanda presentada el catorce de agosto de dos mil diecisiete, relativa al expediente laboral D-*** del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes, influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda y la notificación de ese acuerdo- y la situación jurídica que se originó en auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, donde se requirió a la parte quejosa a efecto de que precisara la fecha en que dejó de laborar para la parte demandada y las actividades que realizaba en su jornada laboral. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada sobre el escrito de catorce de agosto de dos mil diecisiete mediante el cual la parte quejosa promovió demanda laboral, bajo el solo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla no acordó lo conducente respecto de la admisión de la demanda en el juicio laboral burocrático, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial IV. Se deja sin efectos audiencia constitucional Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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