Gonzalo Eduardo Heredia Martínez
Expediente 296/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gonzalo Eduardo Heredia Martínez
- Gonzalo Eduardo Heredia Martínez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el escrito remitido vía electrónica por el tercero interesado Adirlan Quijano Cen, con el que solicita copias certificadas del presente asunto. Al respecto, tal como se señaló en el auto admisorio de la demanda, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el presente expediente se tramita vía electrónica, esto es, los acuerdos dictados en el mismo únicamente obran en el expediente electrónico. En ese sentido, dígase al ocursante que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido de que las que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas. Lo anterior, con fundamento en el a artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previos los registros respectivos en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo consistente en copias certificadas del Juicio Ejecutivo Mercantil ********************, que la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió con su informe justificado. En consecuencia, devuélvase el anexo de referencia a la citada autoridad, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo del mismo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 296/2023-I-A, promovido por Rosa Lilia Quijano Pech, contra los actos que reclama de la Jueza Segundo de lo Civil y el actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el mismo día; y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, comparecieron Gonzalo Eduardo Heredia Martínez y Rosa Lilia Quijano Pech, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de la Jueza Segundo de lo Civil y el actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. SEGUNDO. Pronunciamiento respecto de la demanda de amparo. Con posterioridad al cumplimiento de una prevención realizada, mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda en lo que corresponde a Gonzalo Eduardo Heredia Martínez, toda vez que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el citado quejoso debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición expresa de su numeral 1054, que regula el acto impugnado, mismo que tiene por objeto nulificar dicho acto. Mientras que, por otra parte, se admitió a trámite la demanda, únicamente respecto de la quejosa Rosa Lilia Quijano Pech; por lo que se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se ordenó emplazar al tercero interesado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la quejosa fundamentalmente, en: AUTORIDAD ORDENADORA De la Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán: Todo lo actuado en el Juicio Ordinario Civil 452/2022. AUTORIDAD EJECUTORA Del actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado: La falta de emplazamiento al juicio de origen. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Segundo de lo Civil (número de promoción 4502) y el actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares (número de promoción 4261), ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, pues aunque los negaron al rendir sus respectivos informes justificados, en ellos hacen manifestaciones que evidencian su existencia; por lo que se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la jueza responsable relativas al juicio ordinario civil 452/2022, de su índice, promovido Adirlan Quijano Cen en contra de Gonzalo Eduardo Heredia Martínez y Rodrigo Eduardo Heredia Quijano, las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que constituyen documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, causal que también fue invocada por el tercero interesado Adirlan Quijano Cen. Dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" El sentido literal de la norma reproducida lleva a considerar, que el amparo es improcedente cuando los actos combatidos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa. En efecto, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; no obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente, que tales actos afectan su esfera jurídica. Es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos, en relación con el derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional. El cual consistente en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias; que tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, con número de registro 200234, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, el juicio de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos de la parte impetrante, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna. Por otra parte, en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se produce en los derechos o intereses de un particular. Al respecto orienta la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 581, con número de registro 394808, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En tal virtud, la procedencia del juicio de amparo contra un acto de autoridad determinado, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de alguien. Para efectos de la procedencia del amparo, es indispensable que, a fin de acreditar su interés jurídico, quien se ostente como persona extraña a juicio demuestre el derecho del cual afirma ser titular, o el hecho o acto jurídico del que deriva esa potestad jurídica. El artículo 14 de la Constitución Federal, tutela tanto a la posesión originaria como a la posesión derivada (ambas constituyen la posesión jurídica), entendiéndose por la primera, aquella que se ostenta con el ánimo de dueño y la cual permite a quien tiene la posesión, comportarse como propietario y ejercer los derechos inherentes como si fuera dueño de la cosa, y por la segunda (posesión derivada) aquella que, sin transmitir el dominio, se transfiere por virtud de alguna de las figuras contractuales previstas en la ley civil, tales como el comodato y el arrendamiento, que permite al poseedor del bien aprovecharse del mismo, pero no disponer de él. Sentado lo anterior, de las constancias remitidas por la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado (anexo I), a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: Por escrito de veintidós de agosto de dos mil veintidós, presentado el veintinueve siguiente, compareció Adirlan Quijano Cen a promover juicio ordinario civil reivindicatorio en contra de Gonzalo Eduardo Heredia Martínez y Rodrigo Eduardo Heredia Quijano (fojas 2 a 82 del anexo). Por cuestión de turno, correspondió conocer del mismo al Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, el cual el trece de septiembre de dos mil veintidós, admitió a trámite el juicio en comento en la vía y forma propuestas (fojas 83 y 84 del anexo). Las anteriores constancias patentizan que la aquí quejosa no es parte en el juicio ordinario civil de origen, por tanto, es claro que sí le asiste el carácter de persona extraña que ostenta. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, del siguiente contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, la quejosa es persona extraña a juicio y alega la violación a su derecho fundamental de audiencia porque, según afirma, se le pretende desposeer de un bien inmueble, respecto del cual se ostenta como propietaria. Ahora bien, para acreditar su interés jurídico, la quejosa únicamente exhibió el original de la cédula de notificación 1522313517, de trece de diciembre de dos mil veintidós, dirigida a Rodrigo Eduardo Heredia Quijano, suscrita por el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, la cual deriva del juicio ordinario civil de origen; misma que no es idónea para acreditar el interés jurídico de la aquí quejosa. Se afirma lo anterior, en virtud de que dicha documental no vincula a la quejosa en forma alguna con el juicio de origen, pues de la lectura de la misma, no se aprecia que tenga participación en el mismo; además no exhibió alguna prueba que acredite la propiedad que afirma tener del inmueble materia del juicio de origen. Esto es así, pues cuando la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a un juicio en el que se afecta un bien que aduce es de su propiedad, debe exhibir un documento con el cual pretenda acreditar tal derecho y, por ende, su interés jurídico en el amparo, el cual además, debe estar elaborado de conformidad con la legislación de la materia, pues únicamente de esa manera se le puede considerar como un documento de eficacia plena, para determinar la procedencia del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 333, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 198744, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SOLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, solo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público." En esas circunstancias, la quejosa, quien se ostentó tercera extraña al juicio de donde emana el acto reclamado, no demostró contar con un derecho legítimamente tutelado por la ley, respecto del inmueble en cuestión, pues el documento que exhibió, carece de eficacia jurídica, por las razones ya expuestas, de lo que se infiere que no ofreció en este juicio medio de prueba idóneo y eficaz encaminado a demostrar que tiene un título sustentado en la ley que objetiva y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien inmueble materia de litis. Entonces, no se acreditó el interés jurídico de la quejosa para comparecer al juicio constitucional y, por ende, la transgresión al derecho de propiedad de que se duele, respecto del inmueble en cuestión; consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que genera el sobreseimiento decretado en el juicio constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido a la responsable ejecutora, toda vez que no se combate por vicios propios, sino como resultado del acto reclamado a la autoridad ordenadora. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta, del Tomo vigésimo cuarto Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado, el suscrito se encuentra legalmente impedido para estudiar los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1027, visible en la página setecientos siete del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete mil novecientos noventa y cinco, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que el tercero interesado Adirlan Quijano Cen, manifestó su oposición a que aparezcan sus datos personales al publicarse la sentencia y las demás partes no se pronunciaron en relación con ese derecho que les asiste. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rosa Lilia Quijano Pech, contra los actos que reclamó de la Jueza Segundo de lo Civil y el actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por los actos y motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de diez de marzo del presente año, en el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO en relación con el desechamiento parcial aludido, para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
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