Gonzalo Eduardo Heredia Martinez

Expediente 293/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
293/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Gonzalo Eduardo Heredia Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguense los memoriales (2) signados por el tercero interesado ********************, y anexo que adjunta a uno de ellos, mediante los cuales solicita se ordene al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, cancelar la nota jurídica con número de inscripción ******************** Al efecto, NO HA LUGAR a proveer de conformidad por las razones siguientes: 1. De los autos en consulta no se advierte que este órgano jurisdiccional haya ordenado al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, que tomara nota jurídica alguna como medida preventiva respecto de dicho predio; 2. En el incidente de suspensión que deriva del presente expediente, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto del acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y otras autoridades. 3. En sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintitrés, se negó el juicio respecto de los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades señaladas como responsables. Misma resolución que causó ejecutoria por auto de treinta y uno de mayo del año en curso; razón por la cual se ordenó el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que el oficio 5730/2023, de fecha diez de marzo de dos mil veintitrés, correspondiente al auto de radicación de demanda, mediante el cual la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Director y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, sí fue librado por este Juzgado Federal, pero no en el sentido con el cual las citadas autoridades pretenden justificar la anotación que pesa sobre el predio referido. Por ello, a fin de no dejar en estado de indefensión al ocursante, líbrese atento oficio a las citadas autoridades registrales, a fin de hacer de su conocimiento que mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido; lo anterior, para que sea tomado en consideración respecto de la nota jurídica de mérito, que se reitera, no fue ordenada por este Juzgado. Sin que pase inadvertido que el proveído en comento, les fue notificado mediante oficios 13222/2023 y 13223/2023, el uno de junio de dos mil veintitrés, según se aprecia del sello de recepción correspondiente a dichas dependencias, que se encuentra estampado en las respectivas boletas que obran en autos. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte tercero interesada y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguense los memoriales (2) signados por el tercero interesado ********************, y anexo que adjunta a uno de ellos, mediante los cuales solicita se ordene al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, cancelar la nota jurídica con número de inscripción ******************** Al efecto, NO HA LUGAR a proveer de conformidad por las razones siguientes: 1. De los autos en consulta no se advierte que este órgano jurisdiccional haya ordenado al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, que tomara nota jurídica alguna como medida preventiva respecto de dicho predio; 2. En el incidente de suspensión que deriva del presente expediente, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto del acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y otras autoridades. 3. En sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintitrés, se negó el juicio respecto de los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades señaladas como responsables. Misma resolución que causó ejecutoria por auto de treinta y uno de mayo del año en curso; razón por la cual se ordenó el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que el oficio 5730/2023, de fecha diez de marzo de dos mil veintitrés, correspondiente al auto de radicación de demanda, mediante el cual la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Director y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, sí fue librado por este Juzgado Federal, pero no en el sentido con el cual las citadas autoridades pretenden justificar la anotación que pesa sobre el predio referido. Por ello, a fin de no dejar en estado de indefensión al ocursante, líbrese atento oficio a las citadas autoridades registrales, a fin de hacer de su conocimiento que mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido; lo anterior, para que sea tomado en consideración respecto de la nota jurídica de mérito, que se reitera, no fue ordenada por este Juzgado. Sin que pase inadvertido que el proveído en comento, les fue notificado mediante oficios 13222/2023 y 13223/2023, el uno de junio de dos mil veintitrés, según se aprecia del sello de recepción correspondiente a dichas dependencias, que se encuentra estampado en las respectivas boletas que obran en autos. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte tercero interesada y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno único del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo de copias certificadas de las constancias relativas al procedimiento administrativo de origen. En tal virtud, devuélvasele el citado anexo al Administrador Desconcentrado Jurídico de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, responsable, sin que sea el caso solicitar acuse de recibo, dado que se trata de copias certificadas. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 293/2023-VI-B, promovido por********************, en contra de los actos que reclama de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la referida parte quejosa, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", y notificador adscrito a la misma, así como de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y registrador de su adscripción, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, previo cumplimiento de prevención, en primer término y por los motivos ahí expuestos, se desechó parcialmente la demanda de que se trata, respecto de los actos reclamados que la parte quejosa hizo consistir en: "A).- El embargo trabado sobre el predio marcado con el número 260, de la calle 23-D de la colonia Vergel, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, inmueble que es de mi propiedad, inscrito a folio electrónico 441802 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. B).- La adjudicación del remate por parte de la Tesorería de la Federación, respecto del predio marcado con el número 260, de la calle 23-D de la colonia Vergel, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, inmueble que es de mi propiedad, inscrito a folio electrónico 441802 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Por otro lado, se admitió a trámite la misma por lo que hace a los restantes actos reclamados; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa esencialmente reclama: Todos y cada uno de los actos realizados con posterioridad a la adjudicación a favor de la Tesorería de la Federación del predio marcado con el número 260, de la calle 23-D de la colonia Vergel, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; específicamente la venta del mismo a Adirlán Quijano Cen. TERCERA. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Registradora y Directora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." A igual consideración debe llegarse tratándose de los actos reclamados a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, y notificador adscrito a la misma, pues no obstante que lo negaron al rendir su informe justificado, por conducto del Administrador Desconcentrado Jurídico de Yucatán "1", a continuación realizan manifestaciones que evidencian su certeza, lo que se corrobora con las constancias que remitieron a este órgano jurisdiccional en apoyo al mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo XVI, julio de mil novecientos noventa y nueve, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página trescientos noventa y uno, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto reclamado que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar la negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, y notificador de su adscripción, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: Mediante resolución de veintiuno de enero de dos mil cinco, se determinó: ".el contribuyente Heredia Martínez Gonzalo Eduardo, omitió declarar por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002, un Impuesto al Valor Agregado trasladado en cantidad de $131,607.44. En consecuencia, esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Mérida, procede a determinar el CRÉDITO FISCAL como sigue: [.] Total del crédito determinado $345,131.00 (son trescientos cuarenta y cinco mil, ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.). Posteriormente, y toda vez que el aquí quejoso no demostró haber realizado el pago del crédito acabado de señalar, el diecinueve de diciembre de dos mil tres, se embargó el predio 260, de la calle 23-D de la colonia Vergel, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, de su propiedad, para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales. En ese sentido, el veintisiete de abril de dos mil once, se publicó la convocatoria de remate, de conformidad con el artículo 176 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que la subasta tuviera verificativo a partir de las doce horas del dieciséis de mayo del referido año. El veinticinco de mayo de dos mil once, toda vez que no existieron postores en la subasta de mérito, se declaró desierta la referida almoneda, y con fundamento en el artículo 191 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el numeral 25 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, se adjudicó el bien inmueble motivo de la misma a la Tesorería de la Federación; lo que se hizo del conocimiento del ahora impetrante del amparo el trece de junio siguiente. En consecuencia de ello, por acta de dos de mayo de dos mil doce, una vez satisfecho lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como el numeral 13 de su Reglamento, se formalizó la transferencia del predio que por esta vía defiende el quejoso al entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Ahora bien, la parte quejosa se duele de que las autoridades responsables, sin que hubiera mediado un juicio ante tribunales previamente establecidos y sin adeudar cantidad alguna a la Secretaría Administración Tributaria, lo privaron de la propiedad del predio que por esta vía defiende, violándose en su perjuicio sus derechos fundamentales, entre otros, los consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Son inoperantes dichos motivos de disenso, pues con tales argumentos la parte quejosa omite atacar frontalmente las actuaciones realizadas por las autoridades responsables posteriores a la adjudicación del bien inmueble de mérito; esto es, omite señalar en forma específica los defectos legales cometidos que se traduzcan en la ilegalidad de las mismas. De ahí que si con los argumentos aducidos, la parte quejosa no atacó las actuaciones de dichas responsable, este Juzgado Federal se ve imposibilitado para abordar el estudio de las mismas, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no estar la parte quejosa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues se trata de un asunto en materia civil que no está fundado en normas generales que hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, ni se advierte que haya habido en contra de la parte impetrante del amparo una violación evidente de la ley que la hubiere dejado sin defensa, ni que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio; siendo por ello que deben permanecer intocadas, con independencia de su legalidad o ilegalidad. Es aplicable al presente caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página sesenta y uno, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Así como la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento dieciséis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Sin que pase desapercibido lo manifestado por el impetrante del amparo en su escrito inicial de demanda, en el sentido de que el dos de abril de dos mil trece, el Servicio de Administración Tributaria le extendió una invitación para liquidar su adeudo fiscal, informándole que realizaría una disminución del mismo, resultando en la cantidad de $48,989.00 (cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y nueve pesos, cero centavos moneda nacional); el cual cubrió mediante depósito el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. En ese sentido refiere, una vez realizado el pago señalado, asumió que el procedimiento administrativo entablado en su contra había concluido, así como que el predio que por esta vía defiende había sido liberado. Al respecto, es menester señalar que de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se desprende que los créditos fiscales adeudados por el ahora quejoso, se encontraban registrados ante la responsable bajo los números ********************, ********************, 352172, 352173, ******************** y ********************, por un importe total de $608,406.12 (seiscientos ocho mil cuatrocientos seis pesos, doce centavos, moneda nacional). Ahora bien, tal como quedó establecido, el veinticinco de mayo de dos mil once, se adjudicó el predio de mérito a favor de la Tesorería de la Federación en un 60% del valor del avalúo, esto es, la cantidad adjudicada lo fue $228,000.00 (doscientos veintiocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional). De ahí que, al no cubrir dicha adjudicación la totalidad del adeudo, se determinó un saldo a cargo del aquí quejoso por un importe de $380,406.12 (trescientos ochenta mil cuatrocientos seis pesos, doce centavos, moneda nacional); lo que se le notificó el tres de junio de dos mil once. Ahora bien, mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil trece, el impetrante del amparo hizo del conocimiento de la responsable que, vía electrónica, obtuvo la condonación de tres de los créditos fiscales adeudados (********************, ********************y ********************), siendo que no logró la condonación de los tres restantes, por lo que solicitó que se le otorgara tal beneficio respecto a estos últimos. Por oficio ********************, de treinta y uno de mayo de dos mil trece, la autoridad responsable dio contestación al ocurso de que se trata, en el sentido de que no era procedente autorizar la condonación de dichos adeudos, en virtud de que los créditos señalados se encontraban pagados. Asimismo, mediante diversa misiva ******************** de doce de junio de dos mil trece, dicha responsable hizo del conocimiento del ahora impetrante del amparo, que no era procedente la devolución del predio que por esta vía defiende, toda vez que el mismo fue rematado y adjudicado a la Tesorería Federal de la Federación, el cual sirvió para el pago de los diversos créditos (********************, ********************y ********************). De lo anterior, se desprende que el motivo por el cual el quejoso únicamente obtuvo la condonación de tres de los créditos fiscales adeudados, lo fue porque los tres restantes fueron cubiertos con la adjudicación del predio embargado en el procedimiento administrativo de origen. De ahí que si bien realizó el pago al que hace referencia en su ocurso constitucional, lo cierto es que con éste cubrió el excedente del adeudo primigenio; de donde deviene inconcuso que dicho pago no guarda relación alguna con la adjudicación del predio que por esta vía defiende la parte quejosa. Máxime que de las constancias que integran el procedimiento administrativo de origen, no se desprende actuación alguna en la que la autoridad responsable le hubiera informado al quejoso que el pago de mérito tendría relación con el predio de que se trata; así como tampoco el quejoso aportó medio de convicción alguno con el que acreditara que la invitación que refiere le extendió la responsable tuviera como finalidad su devolución. Bajo esa tesitura, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el inconforme; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a********************, en contra del acto que reclama de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", y notificador adscrito a la misma, así como de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y registrador de su adscripción, todos con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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