Gloria Yadira Méndez Ramírez
Expediente 234/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Gloria Yadira Méndez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a seis de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 86/2021, (número de orden 221/2021) del índice de este Juzgado Federal, enviado a fin de notificarle el proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, a la quejosa ... y requerirle señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por lo que agréguese para obre para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a realizar el acuse de estilo correspondiente, toda vez que el propio sistema lo genera, dese de baja la comunicación en comento en el libro de gobierno de este juzgado y háganse las anotaciones respectivas. Ahora, vista la certificación y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa Gloria Yadira Méndez Ramírez, para que señalara domicilio en esta ciudad a fin de recibir notificaciones de su parte, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído de veinte de mayo del presente año y se ordena realizarle las notificaciones, aún las de carácter personal a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal. Por otra parte, del indicado estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ... , no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintiuno. Téngase recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo, por el cual acusa de recibo el exhorto 86/2021, (número de orden 221/2021) del índice de este Juzgado, enviado para notificar a la quejosa, **************, el proveído de veinte de mayo de los corrientes y requerirle domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo e identificación de las partes. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por ***************, contra actos del Cabildo de Tamasopo, San Luis Potosí y de otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que dio origen al juicio de amparo 213/2021-I-D de su índice. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional, estimó que corresponde este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí el conocimiento de la demanda de que se trata, por razón de previo conocimiento en el juicio 208/2021 del índice de éste órgano jurisdiccional, por lo que ordenó la remisión de dicho expediente. En tal virtud, se acepta la competencia declinada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la presente demanda. Acúsese recibo por vía electrónica. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 234/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano". De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995- 2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. No obstante lo anterior, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción X del numeral 61, de la legislación en consulta, como enseguida se verá. Los referidos numerales disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propio;" De la primera parte del numeral citado se desprende la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, y se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, de la certificación de cuenta, se desprende que la solicitante de amparo promovió ante este Juzgado un diverso juicio de amparo, al cual le correspondió el registro 208/2021, contra los mismos actos y las mismas autoridades, expediente que en copia se anexa, a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son como siguen: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." Bajo ese contexto, en primer lugar conviene precisar que en la demanda de amparo que da origen al presente expediente, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA Y EJECUTORA. AUTORIDAD ORDENADORA: Cabildo de Tamasopo S.L.P. y H. Presidente Municipal de Tamasopo, S.L.P. con domicilio en Miguel Hidalgo #316, zona Centro, C.P. 79700, Tamasopo, San Luis Potosí, México. AUTORIDAD EJECUTORA: Cabildo de Tamasopo, S.L.P., así como del H. Presidente Municipal de Tamasopo, S.L.P. con domicilio en Miguel Hidalgo #316, zona Centro, C.P. 79700, Tamasopo, San Luis Potosí, México. IV. ACTOS RECLAMADOS. Acto administrativo contenido en acta de número 78/2021 de fecha 24 de marzo de 2021 de la sesión ordinaria del Cabildo de Tamasopo, San Luis Potosí, en especial al punto señalado como número 2 de asuntos generales en el cual me remueven de mi cargo como secretaria del Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P., del cual tuve conocimiento de forma verbal y directa del actual presidente interino el mismo 24 de marzo del 2021." Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia en análisis se requiere lo siguiente: Que exista juicio de amparo anterior. Que este haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Que el juicio de amparo se encuentre pendiente de resolución. Supuestos que en el caso se actualizan, pues el juicio de amparo 208/2021, invocado como hecho notorio en párrafos que anteceden, fue promovido por Gloria Yadira Méndez Ramírez, y en principio, reclama del Cabildo de Tamasopo, y su presidente municipal, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Acto administrativo contenido en acta de número 78/2021 de fecha 24 de marzo de 2021 de la sesión ordinaria del Cabildo de Tamasopo, San Luis Potosí, en especial al punto señalado como número 2 de asuntos generales en el cual me remueven de mi cargo como secretaria del Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P., del cual tuve conocimiento de forma verbal y directa del actual presidente interino el mismo 24 de marzo del 2021." Por lo que claramente, se advierte que son los mismos actos y las mismas autoridades. No pasa desapercibido que la demanda del juicio de amparo 208/2021, fue desechada en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno y al momento se encuentra trascurriendo el plazo para que dicho acuerdo cause estado. Entonces, si en el presente juicio reclama precisamente los mismos actos contra las mismas autoridades, que ya precisó en el diverso juicio 208/2021, que se encuentra en trámite en este juzgado, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia aquí analizada. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por la referida fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por el numeral 113 de la legislación en consulta, como ya se dijo, se desecha de plano la demanda de amparo. Autorizados. Ahora bien, por cuanto hace a la autorización en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que la quejosa pretende realizar respecto de Lucía Guadalupe Flores Ortiz, Elizabeth Rocha Ramírez y Alfredo Ramírez Durán, se advierte que no proporciona el número de cédula profesional respectivo, o en su defecto el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en tales condiciones, no es posible realizar la consulta correspondiente en Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de verificar si dichas personas cuentan con el requisito en mención. Atento a lo anterior, se tiene a Lucía Guadalupe Flores Ortiz, Elizabeth Rocha Ramírez y Alfredo Ramírez Durán, como autorizados de la parte quejosa, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones. Orienta lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Domicilio. Por otra parte, toda vez que la quejosa ubica su domicilio en calle Damián Carmona número 923, interior 23, Barrio de Santiago, en la ciudad de San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, y en el ámbito de su jurisdicción, ordene al personal a su cargo se constituya en el aludido domicilio y notifique el presente acuerdo a la parte quejosa y la requiera a fin de que, en el momento de realizar la diligencia o dentro del término de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de juzgado federal, con fundamento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo. Del mismo modo, se le concede al funcionario que sea designado, amplias facultades a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio en cita. Sin que sea necesario que el juzgado exhortado realice el acuse respectivo puesto que el propio sistema lo genera automáticamente; de igual forma, una vez que sea diligenciado se le solicita devolverlo a la brevedad posible a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
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