Gloria Yadira Méndez Ramírez
Expediente 208/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Gloria Yadira Méndez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.********************
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa *************, para que señalara domicilio en esta ciudad a fin de recibir notificaciones de su parte, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno y se ordena realizarle las notificaciones, aún las de carácter personal a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe. ********************
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. ********************Téngase por recibido vía electrónica el exhorto de cuenta, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual adjunta las constancias del exhorto ********************, número de orden ********************del índice de este juzgado federal, debidamente diligenciado, enviado para el efecto de notificar a la quejosa ********************el requerimiento y apercibimiento contenidos en el acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno. ********************Sin que sea necesario realizar el acuse respectivo puesto que el propio sistema integral de seguimiento de expedientes lo genera automáticamente; dese de baja y hágase las anotaciones en el libro correspondiente, así como en el aludido sistema.********************Sin que haya lugar a hacer efectivo el apercibimiento que contiene el proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno a la parte quejosa, esto es, ordenar realizarle las notificaciones, aún las de carácter personal a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término otorgado para tales efectos, mismo que fenece el veinticinco de mayo del año en curso.********************Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas.********************Notifíquese.********************Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.********************************************************************************
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de mayo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo e identificación de las partes. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del Cabildo de Tamasopo, San Luis Potosí y de otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que dio origen al juicio de amparo 335/2021-V de su índice. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional, estimó que corresponde a un juzgado de distrito, con residencia en Ciudad Valles, el conocimiento de la demanda de que se trata, por razón de territorio, por lo que ordenó la remisión de dicho expediente. En tal virtud, se acepta la competencia declinada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la presente demanda. Acúsese recibo por vía electrónica. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 208/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano". De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995- 2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de mprocedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama la promovente del amparo en lo toral consiste en: "Acto administrativo contenido en el acta de número 78/2021 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, de la sesión ordinaria del Cabildo de Tamasopo, San Luis Potosí, en especial al punto señalado como número 2 de asuntos generales en el cual me remueven de mi cargo como Secretaria del Ayuntamiento de Tamasopo, San Luis Potosí, del cual tuve conocimiento de forma verbal y directa del actual presidente interino el mismo día veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno" En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 5°, del mismo ordenamiento, interpretados contrario sensu. Tales disposiciones legales prevén: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación armónica de los dispositivos legales en cita, se puede concluir que, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridades, que vulneren los derechos fundamentales del gobernado. Bajo ese contexto, y en una interpretación en sentido contrario, de los dispositivos trascritos, puede inferirse que, el juicio de amparo, resulta improcedente cuando se intente combatir conductas que no constituyan actos de autoridad para los efectos del amparo. Siendo así, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla una serie de derechos a favor del gobernado, y establece medios para hacerlos efectivos en contra de los órganos encargados de ejercer el poder público; por tanto, al ser el juicio de amparo un medio de defensa de tales derechos, resulta necesario que los actos de autoridad se actualicen para que sea procedente la acción constitucional. Dentro del anterior análisis, es preciso tener en cuenta diversos conceptos que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son los de: "autoridad responsable" y "acto de autoridad", así como la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación, a partir de las cuales, se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto autoridad responsable a que se refiere el artículo 5 o, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete, quien señala que para efectos del juicio de amparo, es autoridad la que teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Es decir, autoridad, es toda aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Siendo así, ya que para que una persona, física o moral, pueda ser considerada como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, con independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por conducto de otras autoridades, como órgano del Estado, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la Ley, de manera unilateral, a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, que afecten la esfera jurídica del gobernado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De dicho criterio jurisprudencial, se advierte además, que las características distintivas que debe tener una autoridad, a fin de ser considerada como tal, para efectos del juicio de amparo, son: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Dicha relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una potestad para actuar, cuyo ejercicio es irrenunciable. Con motivo de dicha relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado. Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise el conceso de la voluntad del afectado; y, Su emisor tenga características de órgano público. Como puede observarse, esas características restringen el concepto de autoridad, pues los entes públicos no siempre serán autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que deberá atenderse a las características particulares de quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza, pues no todo acto, aun emitido por una entidad de gobierno, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por otro lado, los actos entre particulares, se tendrán bajo ese concepto, siempre y cuando no sean equivalentes a los de autoridad que afecten derechos del gobernado, en términos de la fracción II del artículo 5º, de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, determinan que éste resulta improcedente, conteniendo dicha fracción limitativamente, los requisitos que estos deben reunir para tener esa calidad -actos de particulares equivalentes a actos de autoridad-, los cuales se puntualiza, son: Sea actos equivalentes a los de autoridad. Que afecten derechos; y Mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. Así, el primero de los elementos consistentes en que el acto sea equivalente a los de autoridad, implica la acción u omisión de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con características de imperatividad, unilateralidad y coercitividad. A su vez, debe analizarse: El origen material y la finalidad del acto respectivo. El carácter de la relación jurídica entre los sujetos -actualización de la relación de supra a subordinación; y El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. En todo caso, tratándose de particulares que también se encuentran sujetos al imperio de la autoridad del Estado, es importante delimitar si el acto que se les atribuye incide en un ámbito de decisión, o bien, simplemente es consecuencia de la vinculación que ellos mismos, como particulares guardan, al igual que el quejoso, respecto del acto reclamado. Es decir, si el particular está obligado a cumplir un acto de autoridad, o bien, emite un acto equivalente a los de autoridad. El segundo elemento, relativo a que se afecten derechos, si bien, se precisa en el contenido de la normativa, que en términos de la propia fracción II, del artículo 5°, lo cierto es, que esa afectación de derechos debe ser vista en contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de amparo; de ahí, que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares, debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, empero, debe afectar por sí mismo, los derechos humanos reconocidos y las prerrogativas otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por un particular, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una norma general, en términos de lo que ha sido definido como tal en la jurisprudencia. Es decir, el particular debe actuar al amparo de una determinada normativa emitida por el Estado Mexicano, mediante los procedimientos establecidos para ello. En el caso, las autoridades del Ayuntamiento de Tamasopo, San Luis Potosí que la parte quejosa señala, no pueden ser consideradas como responsables, dado que, en la especie, la solicitante del amparo reclama la sesión ordinaria de cabildo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que se ordenó la remoción de su cargo como Secretario del Ayuntamiento en mención. Ahora, la relación jurídica de las autoridades responsables, con la peticionaria, no deriva de una relación de supra a subordinación, ni de la imposición en su perjuicio de acto unilateral, sino por el contrario, de una relación contractual, regulada por el derecho privado, en la que la quejosa, responde de manera directa o indirecta, a las órdenes de las autoridades señaladas como responsables, quien fungía como su superior jerárquico. Bajo esa litis, el acto reclamado, no reviste las características de acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, ni de aquéllos que, emitidos por un particular, deban ser considerados como de autoridad, en virtud de que su relación jurídica con las responsables, inciden directamente en cuestiones de naturaleza laboral, como son ser retirado de su cargo. En ese sentido, el acto del que se duele, queda comprendido en una relación contractual, regulada por el derecho privado, en los cuales, las autoridades responsables, actúan como particulares, es decir, en un plano de igualdad, y no como autoridades para efectos del juicio de amparo, consecuentemente, su actuación no se traduce en un acto de autoridad, por lo que, no se está frente a un acto autoritario. Así, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera, que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan por ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de prerrogativas, como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces, las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Siendo aplicable la tesis que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por lo expuesto, en el presente caso, no se está ante la existencia de un ente de hecho o de derecho que tenga una relación de supra a subordinación con la quejosa, ya que esto se actualiza, cuando el acto afecta la esfera jurídica de los gobernados en forma unilateral, al no tratarse de una relación de coordinación, sino de supra a subordinación, al imponer la voluntad sin el consenso de los afectados. En efecto, de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que le fue otorgado el nombramiento de Secretaria General del Ayuntamiento del Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí. Sobre el particular, es necesario acudir al contenido del artículo 31, fracción XIII, inciso c), fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, respecto a las facultades del ayuntamiento: ". II. Nombrar, a propuesta de la o el Presidente Municipal, a la o el Secretario; la o el Tesorero; la o el Contralor Interno y, en su caso, a la o el Oficial Mayor; pudiendo removerlos libremente a propuesta de la o el presidente Municipal y por acuerdo del cabildo, sin responsabilidad para el ayuntamiento. La o el Contralor Interno Municipal y las o los titulares de las unidades, investigadora; y substanciadora, serán designados de conformidad con la fracción V del artículo 70 de este Ordenamiento, por el voto de cuando menos las dos terceras partes del cuerpo edilicio, y sólo podrá ser removido por la misma mayoría." De la citado trascrito, se desprende que cada Ayuntamiento nombrará, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario General, entre otras. En ese sentido, se desprende que el cargo de Secretario General del Municipio no es un puesto de elección popular, ya que dimana de la decisión del Cabildo y la persona que ocupa ese cargo es propuesta por el Presidente Municipal. De ese modo, en cuanto a la relación del Municipio y sus trabajadores, el artículo 161 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, establece que sobre ese aspecto se atenderán las disposiciones que rijan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores. A partir de lo anterior, se considera que la decisión de remover a la quejosa del cargo de Secretaria General del Ayuntamiento de Tamasopo, San Luis Potosí, no encuentra su origen en una relación de supra a subordinación sino que derivó de una relación de coordinación, toda vez que su actuar no se encuentra investido de imperio, pues se trata de una determinación que deriva de la existencia de un vínculo laboral que se proyecta en un plano de igualdad entre las partes. Por lo tanto, en este caso, se está en presencia de un conflicto entre particulares que constituyen el binomio patrón-trabajador, en el que no existe la obligación de que la parte patronal requiera necesariamente del consentimiento del afectado. El panorama anterior pone de relieve que la determinación que asumió el Cabildo y Presidente municipal de Tamasopo, San Luis Potosí, fue actuando en su calidad de parte patronal y no como autoridad dotada de imperio, pues se trata de una decisión inmersa en el marco de una relación bilateral entre el patrón y su trabajador. En esas condiciones, el accionante del amparo tiene a su disposición el procedimiento laboral instituido en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas en el Estado de San Luis Potosí, en el cual podrá controvertir de mejor manera las vicisitudes que puedan surgir de ese vínculo y defender cualquier derecho social que estime transgredido. Sobre este aspecto, es menester precisar que el artículo 161 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí prevé que los municipios observarán, por cuanto hace a sus trabajadores o empleados, las disposiciones que rijan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores. De ahí, que el juicio de amparo no es el medio para impugnar tal acto, pues en su defecto, la peticionaria del amparo tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, ante las autoridades del trabajo competentes para hacerlo valer, de acuerdo al vínculo existente entre ésta y las referidas autoridades, el cual, es de naturaleza laboral, revistiendo en tales circunstancias actos meramente de particulares, por lo que, en el caso, las autoridades con las que tiene el vínculo laboral, y respecto de las cuales deriva el acto que reclama, no actúan con potestad de imperio. Criterio que se robustece con la jurisprudencia que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución." Lo anterior, no obstante que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ya que ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador consideró, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por los quejosos, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sostenida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, del tomo XX, septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Autorizados. Ahora bien, por cuanto hace a la autorización en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que la quejosa pretende realizar respecto de Lucía Guadalupe Flores Ortiz, Elizabeth Rocha Ramírez y Alfredo Ramírez Durán, se advierte que no proporciona el número de cédula profesional respectivo, o en su defecto el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en tales condiciones, no es posible realizar la consulta correspondiente en Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de verificar si dichas personas cuentan con el requisito en mención. Atento a lo anterior, se tiene a Lucía Guadalupe Flores Ortiz, Elizabeth Rocha Ramírez y Alfredo Ramírez Durán, como autorizados de la parte quejosa, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones. Orienta lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Domicilio. Por otra parte, toda vez que la quejosa ubica su domicilio en calle Damián Carmona número 923, interior 23, Barrio de Santiago, en la ciudad de San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, y en el ámbito de su jurisdicción, ordene al personal a su cargo se constituya en el aludido domicilio y notifique el presente acuerdo a la parte quejosa y la requiera a fin de que, en el momento de realizar la diligencia o dentro del término de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de juzgado federal, con fundamento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo. Del mismo modo, se le concede al funcionario que sea designado, amplias facultades a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio en cita. Sin que sea necesario que el juzgado exhortado realice el acuse respectivo puesto que el propio sistema lo genera automáticamente; de igual forma, una vez que sea diligenciado se le solicita devolverlo a la brevedad posible a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vásquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe." "Dos firmas."
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