Gloria Vázquez Vázquez

Expediente 624/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
624/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2018

Partes del expediente

  • Gloria Vázquez Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la razón actuarial por medio de la cual el actuario judicial adscrito manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa Gloria Vázquez Vázquez, el auto de trece de abril de dos mil dieciocho por el cual se desechó su demanda, por las razones que refiere. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista el auto de trece de abril de dos mil dieciocho por el cual se desechó su demanda en el juicio en que se actúa, así como el presente proveído; debiéndole surtir efectos por este medio las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale diverso domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), o en su defecto, dentro de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). SINTESIS ACUERDO DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Gloria ... con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 624/2018-II-A. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la sentencia interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 886/2010 del índice del Juzgado Civil y Penal de Cuantía Menor de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que resolvió el incidente de prescripción de ejecución de sentencia. DESECHAMIENTO La demanda de amparo deberá ser desechada por ser notoriamente improcedente. En efecto, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado no le causa un perjuicio irreparable, sino que es uno dictado dentro de la etapa de ejecución de sentencia que puede ser reparable al dictarse la última resolución que tenga por cumplida ésta o señale la imposibilidad que se tenga para ello. Dichos ordinales son del tenor literal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [...]" En efecto, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, en específico en ejecución de sentencia, de acuerdo con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Es decir, la procedencia del juicio de amparo indirecto en ejecución de sentencia se encuentra limitada, en razón de que se pretende evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. De ahí que, aunque la parte que promueva el juicio de amparo sea el vencedor en la contienda de origen, constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la citada regla de procedencia, en virtud de que, independientemente de la parte que promueva el juicio (actor o demandado), en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que, como fue precisado, es lo que se pretende evitar mediante la regla de procedencia citada en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al efecto, se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 75, con número de registro 181144, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Por otro lado, es necesario mencionar que si bien, por regla general tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, existen casos de excepción a dicha regla, pues aunque la fracción IV es autónoma, lo cierto es que no existe impedimento para leerla de manera relacionada con la fracción V, ya que ésta contiene un supuesto de procedencia más amplio, por tanto, existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente admiten en su contra el juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de amparo contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, o bien cuando los actos reclamados pretendan impedir, obstaculizar o interrumpir la ejecución de la sentencia. Es ejemplificativo de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así, el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 886/2010 del índice del Juzgado Civil y Penal de Cuantía Menor de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que resolvió el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, se estima no satisface los requisitos para la procedencia del juicio de amparo previsto en la fracción IV del precepto 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no es la última resolución dictada en la etapa de ejecución en el juicio de origen, sino únicamente se trata de una resolución intermedia, por medio de la cual la responsable resolvió el incidente promovido por la aquí quejosa Gloria Vázquez Vázquez. En ese sentido, se advierte que no es la última resolución dictada en la etapa correspondiente, pues en su caso, ésta será la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo condenado en la sentencia emitida, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso, como vimos, no sucede. Por tanto, una vez que se cumpla la sentencia dictada en el juicio de origen, la autoridad responsable emitirá la resolución correspondiente en la que determinará si ésta se encuentra o no cumplida o declarará su imposibilidad para cumplirlo y, en su caso, ordenará el archivo del asunto; y es esa determinación la que la parte quejosa podrá combatir mediante el juicio de amparo, en el que podrá hacer valer todas las violaciones que considere se hayan cometido en su perjuicio durante el trámite de la ejecución. Además, el acto reclamado no encuadra en algún supuesto de excepción a la regla general prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de prescripción de ejecución de sentencia promovido por la misma en el juicio natural, no es un acto de imposible reparación ya que no afecta su vida, libertad, propiedad, salud, etc. Luego, al ser un auto dictado durante el trámite de la ejecución de sentencia, se reitera, lo deberá combatir junto con las demás violaciones acaecidas durante dicho procedimiento, mediante el juicio de amparo indirecto que en su caso promueva en contra de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia; o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sin que se soslaye el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 162152, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Materia Común, Novena Época, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Lo anterior, virtud que ésta fue emitida al interpretar la Ley de Amparo abrogada, aunado a que la legislación en vigor, establece los requisitos actuales para la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en ejecución de sentencia, legislación aplicable al presente asunto. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones uno fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. No obstante, dada la naturaleza de la presente determinación, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a fin de que se constituya en el domicilio señalado en la demanda y la notifique personalmente a la parte quejosa, corriéndole traslado con copia de la misma. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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