Gloria Fernández Brioso

Expediente 1448/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1448/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Gloria Fernández Brioso

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; diez de noviembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese con el número 1448/2023-I, la demanda de cuenta promovida aparentemente por Gloria Fernández..., por propio derecho. DESECHAMIENTO Por lo que hace a Gloria Fernández..., el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. En los citados artículos se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado. En el entendido que, en todo caso, la demanda de amparo deberá contener la firma del o los promoventes o, al haberlo presentado por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de sus firmantes. Ello obedece a que la firma tiene como función esencial no sólo identificar a su autor, sino también la de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que, a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Así, una vez recibida la demanda de amparo ante el órgano jurisdiccional, el Juzgado de Distrito tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquella externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o bien, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En el caso concreto, se advierte que el ocurso constitucional carece de la firma autógrafa de Gloria Fernández..., quienes figuran como parte quejosa, por lo que es evidente que no existe manifestación de voluntad de tales impetrantes para acudir a la presente instancia, pues tal escrito, como se dijo, carece de su firma autógrafa la cual constituye el medio con el cual las partes en el juicio expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente. Por ello, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda respecto a dichas quejosas, pues al carecer de la firma autógrafa de éstas, implica que no existió su voluntad de ejercer la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis XVII.7 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2154, que señala: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Así como la jurisprudencia número 214 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en el proemio de la demanda se haya señalado como representante común de la parte quejosa a María Tiburcia...; ello en virtud que, al no obrar las firmas de las quejosas, no se les puede atribuir la autoría del texto, y por tanto, tampoco la designación de dicha representante común, aunado a que la representación común dista de ser una figura equivalente a la representación para los efectos del artículo 10 de la Ley de Amparo, pues su naturaleza es distinta a la de un mandato o poder. Cobra aplicación, por su contenido, la tesis I.15o.C.13 K (10a.), sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 2021114, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2412, que dice: "JUICIO DE AMPARO. EL REPRESENTANTE COMÚN DE ALGUNA DE LAS PARTES CUYAS FACULTADES SON DE ÍNDOLE PROCESAL PARA EL JUICIO NATURAL EN QUE SE HIZO LA DESIGNACIÓN, CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVERLO. La figura jurídica de la representación común está prevista en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en los artículos 53 y 54. Conforme a su sentido literal, existe una distinción entre el mandatario judicial y el representante común; el primero tendrá las facultades que expresamente se le hubieren concedido, lo que implica que en ejercicio de la autonomía de voluntad, las personas que conforman un bloque procesal otorgan facultades a una persona para que actúe en el juicio en su representación. El representante común es designado por las personas que forman el litisconsorcio y a falta de designación voluntaria o previo requerimiento, lo hará el Juez. Esa representación común se constriñe al ejercicio de todos los derechos de índole procesal en ese juicio y no sustantiva para desistirse, transigir y comprometer en árbitros; salvo que los interesados expresamente le concedan esas facultades. De ahí que la designación de un representante común, no otorga facultades para promover el juicio de amparo que es de naturaleza constitucional, independiente de los derechos procesales y cuestiones sustantivas del juicio en que se hizo la designación. Ahora bien, la regulación constitucional y su ley reglamentaria, exigen como requisito indispensable, que da lugar al principio de instancia de parte agraviada, que la acción de amparo se ejerza por el quejoso por sí, su representante legal o apoderado. En efecto, los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo disponen quién tiene la calidad de quejoso, por lo que es claro que una persona que tiene la calidad de representante común, cuyas facultades son de índole procesal para el juicio natural en que se hizo la designación, carece de facultades para promover el juicio de amparo por quienes lo designaron, si es que a la vez no tiene la calidad de representante legal o apoderado de las personas designantes. Por tanto, las facultades de la representación común concluyen junto con el juicio, sea de una o de dos instancias, y no pueden extenderse hasta la acción de amparo; salvo que tenga la calidad de representante legal o apoderado de quienes lo designaron como representante común." Ahora bien, en relación a María Tiburcia Espinosa...; es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Atento a lo anterior, este juzgador estima que, respecto a la citada quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación al 1º, fracción I, 5°, fracción II y 217 de la Ley de Amparo. En ese sentido, los artículos 1º, fracción I y 5° fracción II disponen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; (.). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De los numerales citados se advierte que, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se aprecia que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que la acción inconstitucional es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. De igual forma, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable siempre que sus actos sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. En ese contexto, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Es aplicable, la jurisprudencia número 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, novena época, página 1089, registro 161133; que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". En la especie, el acto combatido, no puede considerarse como un acto de autoridad, en virtud que tiene su origen en un contrato celebrado con la institución financiera "Banca financiera AFIRME", con motivo de un programa denominado "MICROCRÉDITOS, ARMANDO TU NEGOCIO", firmado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, actos que, incuestionablemente no reúnen las características de uno de autoridad, sino que estos devienen y se originan con motivo de un acuerdo de voluntades. En efecto, la quejosa se duele del cobro de intereses derivado del contrato celebrado con motivo del programa denominado "MICROCRÉDITOS, ARMANDO TU NEGOCIO", mismo que firmó el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, ante la Banca Financiera Afirme, por lo que dicha circunstancia obedece únicamente a un acuerdo de voluntades celebrado entre la impetrante y una Institución Bancaria, con la presunta intervención de las autoridades que señala como responsables, sin embargo, no se reúnen las características de obligatoriedad y unilateralidad que revisten a los actos de imperio, por tanto, no les reviste el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo. Como se dijo, el origen de la actuación que reclama, deriva de un acuerdo de voluntades celebrado con motivo de un programa de desarrollo social ante una institución bancaria; de ahí que las autoridades que pretende señalar, no se encuentren en el supuesto establecido en el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, pues no actuaron por sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica del quejoso. En todo caso, la quejosa está en aptitud de combatir el acto reclamado mediante el ejercicio de la acción que corresponda, en tanto que, en el caso concreto, no se reúnen los requisitos que establece el artículo 5° de la Ley de Amparo, para considerar la actuación de las responsables como un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razones, la tesis con número de registro digital 2020618, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1807, de rubro y texto: "ACTO DE AUTORIDAD. NO TIENE ESTE CARÁCTER LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A REESTRUCTURAR O RENEGOCIAR UN CRÉDITO. La negativa de uno de los contratantes (acreedor), en el caso una institución bancaria, a aceptar la propuesta del deudor de reestructurar o renegociar la deuda, por más que pueda dicha negativa calificarse de unilateral, arbitraria o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. En efecto, la violación de derechos entre sujetos situados en un plano de coordinación, como sucede tratándose de las partes en un contrato, no puede ser remediada a través del juicio de amparo, que ha sido instituido para proteger a los particulares de los actos de las autoridades, y excepcionalmente para proteger contra los actos de los particulares que por mandato legal actúen como si fuesen autoridades; una violación de esa clase, ya sea al contrato o a las normas que lo regulen, debe, en su caso, ser enmendada por los tribunales del orden común, en la vía que las leyes contemplen para solucionar el conflicto; de ahí que el juicio constitucional resulte improcedente." En consecuencia, al derivar los actos reclamados de un contrato en el que dichas partes actuaron en un plano de coordinación, no se actualiza la unilateralidad e imperio en su actuación para que se les considere en un plano de supra a subordinación en relación con la parte quejosa, por lo que el acto no es susceptible de ser estudiado en esta instancia. Sin que obste el hecho de que el contrato celebrado por la quejosa hubiese sido con motivo de un convenio entre las autoridades responsables y la institución financiera con motivo de un programa social, sin embargo, lo cierto es que la quejosa se duele de los cobros que pretenden hacérsele con motivo de éste e incluso de los intereses que se encuentran generándose con tal motivo; circunstancia que no es posible dilucidar en esta instancia, sino mediante la acción respectiva ante las autoridades ordinarias competentes. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de este municipio, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, dada la trascendencia del asunto, por única ocasión se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en ********************, y le notifique el presente proveído a la parte quejosa. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona, se tiene como medio de comunicación no procesal ara los casos en que este juzgado estime necesario. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO No ha lugar acordar de conformidad, lo anterior, atendiendo a que no proporciona nombre de usuario, y, no se encuentra registrado alguno a nombre de ********************. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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