Gloria Trejo Ruiz
Expediente 1456/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1456/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gloria Trejo Ruiz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil diecisiete. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual, informa sobre el requerimiento formulado en autos. Al respecto, téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el siete de septiembre de dos mil diecisiete, que de manera sintetizada señala: "Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por Gloria Trejo Ruiz, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Jojutla, Morelos. Fórmese y regístrese el expediente con el número que le corresponda. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. El acto reclamado es el siguiente: "La suspensión o corte del servicio de energía eléctrica realizada en mi domicilio por la autoridad. responsable sin que medie causa fundada para ello, puesto que la suscrita no tiene adeudo alguno con la referida paraestatal.". Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se expondrán. El numeral 61, fracción XX, de la ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La porción normativa transcrita prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, independientemente de que en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley, sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o en que causen un agravio no reparable mediante algún medio de defensa. Ahora bien, es importante destacar que el citado precepto legal hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, previamente a promover el juicio de garantías, el quejoso deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el justiciable debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. ... Por su parte, los artículos 1° y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, disponen lo siguiente: "Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas." "Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." Por su lado, el numeral 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé lo siguiente: "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." Ahora bien, precisa destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, en términos del artículo 1° del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En esa tesitura, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. ... En el caso específico, la quejosa reclama "La suspensión o corte del servicio de energía eléctrica realizada en mi domicilio por la autoridad. responsable sin que medie causa fundada para ello, puesto que la suscrita no tiene adeudo alguno con la referida paraestatal.". Lo hasta aquí expuesto permite concluir que previo a la promoción del presente juicio de amparo, la quejosa debió interponer el recurso de revisión en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, el juicio de nulidad, de conformidad con el numeral 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tanto el acto reclamado lo emitió la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de organismo público descentralizado; por lo que todos los actos efectuados por dicho ente relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Gloria Trejo Ruiz. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo; asimismo, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que se propone. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que efectúen la notificación de este auto inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Notifíquese personalmente."
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