Gloria Patricia Gutierrez Martínez

Expediente 272/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
272/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Gloria Patricia Gutierrez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito de la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución del documento original que exhibió en su escrito inicial de demanda, el cual es un escrito dirigido al Director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos; visto su contenido, dígase a la promovente que se esté a lo ordenado en el último párrafo del auto que antecede. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que por auto de veinticinco de mayo del año en curso, dictado en el expediente 01/988/2017, señaló de nueva cuenta el catorce de junio de la presente anualidad, para el desahogo de la testimonial a cargo de Josué Iván Galeana Caro y Ángel Ortega Vargas. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada del acuse de envío recibo del oficio dirigido a la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Jiutepec, Morelos, mediante el cual solicita el auxilio para la presentación ante esa autoridad laboral de los atestes Josué Iván Galeana Caro y Ángel Ortega Vargas, al desahogo de una diligencia a su cargo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gloria Patricia Gutiérrez Martinez, contra actos de la Directora General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 272/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda: Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa en su escrito de demanda reclama: ".la omisión o falta de contestación al escrito presentado en fecha 27 de septiembre de 2021. [.] El 27 de septiembre de 2021 se presentó ante la oficialía de partes de las señaladas como responsables por escrito solicitando lo siguiente: Primero.- La basificación de las plazas 110077011 E106702.0170165, 110077013E106702.0000074, 110071850 E096306.0000470, 110077011 E036501.0170100, mismas que he venido desempeñando en el sector educativo, lo anterior al haberse cumplido los requisitos previsto por la normatividad laboral aplicable así como al no existir impedimento legal para hacerlo, toda vez que quien suscribe la presente he desempeñado la actividad laboral encomendada de acuerdo a las indicaciones de la autoridad educativa que Usted dignamente representa. Segundo.- Se cubra en mi favor el pago de los salarios devengados de manera retroactiva, es decir, aquellos salarios que me corresponden al haber realizado la actividad laboral o bien, el trabajo encomendado por esa autoridad educativa y que al día de hoy no han sido cubiertos solicitando además que los mismos sean contabilizados para efecto de las diversas prestaciones que me corresponden como trabajador del sector educativo. Tercero.- Se me informe el estado actual que guarda cada una de las actuaciones y peticiones que tiene como finalidad los planteamientos realizados en los puntos anteriores, así como la atención que se ha dado a los diversos escritos oficios e indicaciones tanto del sector afectado, la autoridad educativa local y el gobierno federal, solicitándole copia simple de aquellos oficios, minutas y gestiones que tengan por objeto el pago y reconocimiento de los derechos solicitados.". Se aprecia del contenido íntegro de la demanda que el acto reclamado lo es la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, del que se desprende la solicitud de basificación de las plazas 110077011 E106702.0170165, 110077013E106702.0000074, 110071850 E096306.0000470, 110077011 E036501.0170100, el pago retroactivo de los salarios devengados, es decir, aquellos salarios que le corresponden al haber realizado la actividad laboral. Atento a lo anterior, se estima que el acto reclamado al Instituto señalado como responsable deriva de una controversia que se suscita en el plano laboral; motivo por el cual no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del amparo, como en seguida se explica. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción, XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas" De lo transcrito se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente contra actos de autoridad, concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de "la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2ª XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, marzo de 1999, página: 307, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Así como la tesis 2ª CCIV/2001, Segunda Sala, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre2 de 2001, página: 39, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto combatido por la parte quejosa consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, del que se desprende la solicitud de basificación de las plazas 110077011 E106702.0170165, 110077013E106702.0000074, 110071850 E096306.0000470, 110077011 E036501.0170100, el pago retroactivo de los salarios devengados, es decir, aquellos salarios que le corresponden al haber realizado la actividad laboral, que se atribuyen a la Directora del Instituto de Educación Básica en el Estado de Morelos, se materializan en el contexto de una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre dicho Instituto y la aquí quejosa. En efecto, las determinaciones del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos relativas al otorgamiento de bases, el pago retroactivo de los salarios devengados, no configura actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicho Instituto y los docentes o servidores de la educación que hayan obtenido el derecho a dicho otorgamiento, es de coordinación y no de supra a subordinación, toda vez que: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación. Atento a lo anterior, el acto combatido no tiene carácter de acto de autoridad, ya que de la constancia anexa se desprende que la quejosa Gloria Patricia Gutiérrez Martínez, es trabajadora docente y, por tanto, entre ésta y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, existe una relación laboral que es condición indispensable para el acceso al derecho de basificarla y hacer el retroactivo de salarios. Sin embargo, lo anterior no obsta para considerar que se trata de una prerrogativa de carácter laboral, ya que constituye una prestación conferida a la luz del vínculo laboral que ostenta la quejosa como docente integrante del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Es así, ya que el acto impugnado no pueden ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo, entre la promovente del amparo y la responsable, existe una relación de coordinación, docente-patrón, cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse acto de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquélla y sus empleados. Por consiguiente, el acto combatido por la impetrante de amparo, es una actuación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que la parte quejosa, puede acudir ante las instancias ordinarias a hacer valer los derechos laborales que pudieran ser vulnerados con las actuaciones de la autoridad responsable, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, décima época, materia común, con número de registro 2011343, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia con registro digital 2021827, que dispone: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO.". En consecuencia, queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda para los efectos que indica, y por autorizadas a las personas que precisa para esos efectos. Correo electrónico: Por cuanto al correo electrónico que proporciona, dada la contingencia sanitaria que prevalece debido al fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se tiene únicamente como medio de comunicación, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. En la inteligencia de que el uso y divulgación de dicha información, será bajo su propia responsabilidad. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente, se conmina a las partes para que en caso de realizar manifestación alguna respecto al presente proveído, lo haga mediante el esquema de "Juicio en línea", por lo que, en caso de optar por este medio a través de su usuario, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuaran por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene como finalidad privilegiar la administración pronta y expedita en los juicios constitucionales, derivado del fenómeno de salud social por el virus Covid-19 que enfrenta el país. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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