Gloria Minerva Valentín Aparicio
Expediente 1617/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1617/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gloria Minerva Valentín Aparicio
Actuaciones
- Principal
MESA I A Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el escrito de Jessica Jeanett Cruz Cruz, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la quejosa Gloria Minerva Valentín Aparicio; visto su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, previo folio de sustitución, devuélvase la copia certificada del testimonio y aclaración de registro que anexo a su demanda de amparo (fojas 9 a 11), previa identificación oficial y razón que por su entrega se asiente en autos.
- Principal
MESA I A Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil quince (fojas 15 a 20), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Gloria Minerva Valentín Aparicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
"NOTIFICACION POR LISTA MESA I A Vista la demanda de amparo signada por Gloria Minerva Valentín Aparicio, contra actos del Superintendente de la Zona Oaxaca de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1617/2015. En principio, deviene relevante establecer que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama el acuerdo por el que se niega la cancelación del servicio eléctrico en un predio de su propiedad, realizado por una persona extraña, notificado el siete de octubre de este año, mediante oficio OJZO 687/2014 de seis del actual. Esos actos, indefectiblemente derivan de una relación entre particulares, por lo que en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa. En vinculación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, referente al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, determinó las notas distintivas siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Con base en ello, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. También, resulta conveniente destacar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y las de supracoordinación que se entablan entre órganos del Estado. Parámetros que resultan útiles para distinguir a una autoridad, con las características precisadas con antelación, para efectos del juicio de amparo. Ahora, en lo específico, debe decirse que el análisis sistemático del transcrito artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. En ese sentido, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que los particulares pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, dado que el fragmento del precepto de que se trata no debe interpretarse de manera aislada, sino que con los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del país. Por consiguiente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad, pues no pueden soslayarse los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan incólumes en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Con todos esos lineamientos, permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular sea procedente el juicio de amparo, y que no todos los actos que emite un ente público pueden considerarse como de autoridad para efectos del amparo. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente traer a colación que del escrito de demanda, esencialmente se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: ? Que la quejosa es propietaria del inmueble ubicado en calle Villa Hermosa número trescientos veinte, fraccionamiento Elsa, Agencia Santa Rosa Panzacola, en esta ciudad, ? Que en dicho predio se realizó una instalación de energía eléctrica a nombre de otra persona. ? Que por escrito de veintinueve de septiembre de dos mil quince, solicitó ante la Superintendencia de la Zona de Oaxaca, la cancelación de tal toma de energía eléctrica. ? Que mediante oficio OJZO 687/2015 de seis de octubre de dos mil quince, el Jefe de la Oficina Jurídica de la Zona de Distribución Oaxaca, le informó que no era procedente su solicitud, al ser un servicio público, el cual se debe proporcionar a quien lo solicite. De lo narrado, se pone de manifiesto que el acto reclamado, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales; así como, que cuando solo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los Jueces y tribunales del orden común. De ahí que, en el caso, el Superintendente de la Zona Oaxaca, y el Jefe de la Oficina Jurídica de la Zona de Distribución Oaxaca, ambos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, no actuaron como autoridades para efectos del juicio de amparo, ni tampoco como autoridades por equivalencia, sino como prestadores del servicio de suministro de energía eléctrica; por tanto, la solución a tal controversia la demandante del amparo debió plantearla ante la autoridad correspondiente, sin que ello pueda dilucidarse en la vía de amparo; ya que se pone de relieve que el acto reclamado no se sustentó en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, sino entre particulares, puesto que, como quedó anotado, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades y, en la especie, se sustenta precisamente en tal relación entre particulares y no en la diversa relación entre gobernante y gobernado. En ese contexto, queda de manifiesto que en cuanto a que en la referida relación, las autoridades responsables no actuaron investidas de imperio, sino equiparado a un particular, y, como tal, es sujeto de juicio mercantil para determinar la legalidad de su proceder frente a los particulares a quienes suministra la energía eléctrica, conforme al régimen jurídico del país, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido procedimiento y tutela jurisdiccional efectiva. Por similitud jurídica esencial, se invoca la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro y contenido: ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Con base en el anterior razonamiento, se concluye que la relación entre la ahora quejosa y las autoridades que se señala como responsables, se desarrolla en un plano de igualdad, de ahí que la conclusión natural es que lo aquí reclamado se debe regir por las leyes que regulen su relación, sin que sea dable solucionar la inconformidad de la parte quejosa a través del juicio de amparo que se caracteriza por el sometimiento a la potestad judicial de actos típicos de autoridad, y de particulares cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, lo que en la especie no aconteció. Sirve de apoyo la tesis XLII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1071, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Materia(s): Civil, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Por último, no pasa inadvertido la existencia de la jurisprudencia que establece que el auto inicial de trámite de demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, dicha determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo lo que en el caso acontece. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Plenos de Circuito Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en la demanda de amparo y por autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Oscar López Torralba y Jessica Jeanett Cruz Cruz, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y toda vez que la restante persona no cumple con ese requisito y el presente asunto es en materia administrativa, se les tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV A Únicamente para que obre en autos como corresponda, agréguese el informe que rinde el Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en México, Distrito Federal; toda vez que respecto de dicha responsable no se solicitó informe respecto a la suspensión de plano decretada en este expediente. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en México, Distrito Federal, para que surta sus efectos legales consiguientes; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Por otra parte, agréguese el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS13/DG/20660/2015, suscrito por la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS" OAXACA, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; visto su contenido, téngasele manifestando que no le es posible remitir la información relativa a la bitácora de registro de entrada y salida del módulo, toda vez que con la difusión de la misma se transgrede la seguridad de ese Centro Federal y se pondría en riesgo la seguridad de la población interna, la integridad de las personas que laboran en esa institución, visitantes, personal del Poder Judicial y trabajadores externos, así como la seguridad y gobernabilidad de dicho centro Federal; de igual forma, manifiesta que dicha información es de carácter confidencial, para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, téngasele remitiendo copias del registro de control de alimentos con restricción que se le suministra al quejoso; que su alimentación es la denominada "menú general", con restricción a embutidos y alta en fibra, para que surtan sus efectos legales correspondientes y sean tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, ténganse por realizadas sus manifestaciones, en el sentido de que objeta las pruebas ofrecidas por el quejoso; mismas que se tomarán en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.
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