Gloria López Martínez y Otros.
Expediente 521/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gloria López Martínez y Otros.
- Gloria López Martínez
- Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 521/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de mayo de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Jueza Quinto Familiar del Centro y anexo que acompaña; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes. Luego, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que Gloria López Martínez, por propio derecho y en representación de los menores Fernando Jesús y Ximena Lizbeth de apellido Mendoza López, reclamó de la Jueza Quinto de lo Familiar del Centro que conoce del juicio familiar 742/2015, la omisión de dictar la pensión alimenticia provisional a su favor y de sus hijos y señalar fecha y hora para la audiencia familiar a fin de deducir sus derechos, lo anterior, mediante escrito recepcionado el nueve de marzo de dos mil dieciséis en la oficialía de dicho juzgado. La aludida autoridad responsable al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que le reclama la parte quejosa; sin embargo, agregó que el diecisiete de marzo de la presente anualidad fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 742/2015 acordó el escrito presentado por la aquí quejosa el nueve de marzo del presente año. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho transgredido, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues la parte quejosa en esencia se duele de la omisión por parte de la responsable de acordar su libelo presentado el nueve de marzo del presente año mediante el cual solicitó se le fijara una pensión alimenticia provisional y definitiva a su favor y de sus hijos, se reconvenga a la actora, se le deje de intimidar mediante comunicaciones legales, que sean escuchados sus hijos y copia certificada de todo lo actuado, ello, en la controversia familiar 742/2015 formada con motivo de la demanda presentada por María del Carmen Hernández Resendiz, en contra de Jesús Francisco Mendoza García; por su parte, la autoridad responsable, mediante audiencia de pruebas y alegatos de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, acordó lo conducente, si bien de forma no favorable en razón a que la parte aquí quejosa no es parte en el juicio familiar 742/2015, empero, en términos de los preceptos 963, 964 y 965, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, dejó expedito su derecho a fin de instaurar en la vía y forma ordinaria que refieren tales numerales lo que en derecho corresponda en materia familiar. En las relatadas condiciones, en esencia al reclamarse la omisión por parte de la responsable a fin de acordar la promoción presentada el nueve de marzo de la presente anualidad, y ello aconteció mediante audiencia de diecisiete siguiente, es dable considerar que cesaron los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Jueza Quinto Familiar del Centro y anexo que acompaña; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes. Luego, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que Gloria López Martínez, por propio derecho y en representación de los menores Fernando Jesús y Ximena Lizbeth de apellido Mendoza López, reclamó de la Jueza Quinto de lo Familiar del Centro que conoce del juicio familiar 742/2015, la omisión de dictar la pensión alimenticia provisional a su favor y de sus hijos y señalar fecha y hora para la audiencia familiar a fin de deducir sus derechos, lo anterior, mediante escrito recepcionado el nueve de marzo de dos mil dieciséis en la oficialía de dicho juzgado. La aludida autoridad responsable al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que le reclama la parte quejosa; sin embargo, agregó que el diecisiete de marzo de la presente anualidad fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 742/2015 acordó el escrito presentado por la aquí quejosa el nueve de marzo del presente año. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho transgredido, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues la parte quejosa en esencia se duele de la omisión por parte de la responsable de acordar su libelo presentado el nueve de marzo del presente año mediante el cual solicitó se le fijara una pensión alimenticia provisional y definitiva a su favor y de sus hijos, se reconvenga a la actora, se le deje de intimidar mediante comunicaciones legales, que sean escuchados sus hijos y copia certificada de todo lo actuado, ello, en la controversia familiar 742/2015 formada con motivo de la demanda presentada por María del Carmen Hernández Resendiz, en contra de Jesús Francisco Mendoza García; por su parte, la autoridad responsable, mediante audiencia de pruebas y alegatos de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, acordó lo conducente, si bien de forma no favorable en razón a que la parte aquí quejosa no es parte en el juicio familiar 742/2015, empero, en términos de los preceptos 963, 964 y 965, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, dejó expedito su derecho a fin de instaurar en la vía y forma ordinaria que refieren tales numerales lo que en derecho corresponda en materia familiar. En las relatadas condiciones, en esencia al reclamarse la omisión por parte de la responsable a fin de acordar la promoción presentada el nueve de marzo de la presente anualidad, y ello aconteció mediante audiencia de diecisiete siguiente, es dable considerar que cesaron los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
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