Gloria Méndez Delgado y Otros.

Expediente 542/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
542/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Gloria Méndez Delgado
  • Gloria Méndez Delgado y Otros.
  • B. N. G. M. y Otros.
  • Ezequiel González Salas y Otros.
  • Ezequiel González Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 542/2022, promovido por ********** y **********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas con iniciales **********. y **********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ********** y **********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas con iniciales **********. y **********., la cual fue turnada a este Juzgado el veinte siguiente, radicándola bajo el expediente 542/2022-V. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de lo Civil y el Actuario adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, residentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, a quienes les reclamó lo siguiente: (.) A) Del C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, se reclama LA ILEGAL NOTIFICACION y EMPLAZAMIENTO practicado dentro de los autos del expediente ES-2049/2009, relativo al juicio ordinario civil promovido por EL INFONAVIT, donde se ordenó llevar a cabo el emplazamiento de los suscritos y mi cónyuge, no obstante y que en la fecha en que se supone se realizó el emplazamiento de los suscritos, el suscrito ********** por motivos laborales ni siquiera radicaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, trayendo como consecuencia el llamamiento al juicio que hoy se reclama, como ilegal e inconstitucional junto con todas y cada una de las condenas de las órdenes dictadas por el C. Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Del mismo modo, señalo como actos reclamados, todos y cada uno de los actos procesales dictados con posterioridad a ese inexistente e ilegal emplazamiento, así como todas y cada una de las resoluciones dictadas por la autoridad responsable, debido a que se me genero un estado de indefensión, al habérseme privado de mis derechos a contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegatos dentro de tal procedimiento, en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. B) Del C. ACTUARIO ADSCRITO A DICHO JUZGADO, con residencia en el Partido Judicial de esta ciudad, en su calidad de ejecutora, se reclama LA DILIGENCIA DE ILEGAL EMPLAZAMIENTO, dentro de los autos del expediente E5-2049/2009 del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de ciudad Juárez, Chihuahua, en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento y con lo que se me genero un estado de indefensión. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, la demanda de amparo se admitió a trámite y se registró con el número 542/2022-V, solicitando a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar al tercero interesado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: A) Del Juez Segundo de lo Civil y del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en la esfera de sus respectivas facultades: * El emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil E5 2049/2009, incluyendo la sentencia dictada, el procedimiento de ejecución y la adjudicación del inmueble marcado con el número **********, en esta ciudad; promovido por el licenciado **********, en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de ********** y **********. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en razón de que, al rendir su informe justificado, aceptó categóricamente los actos que le reclamó la parte quejosa. Misma consideración se realiza respecto al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, pues si bien indicó que no son ciertos los actos de que se duelen los justiciables, lo cierto es que indicó que ante ese órgano jurisdiccional se ventila el expediente E5 2049/2009, en el que aparecen como demandados Gloria Méndez Delgado y Ezequiel González Delgado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de las constancias que conforman el expediente E5 2049/2009 del índice del órgano jurisdiccional señalado como autoridad responsable, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Improcedencia que se actualiza respecto de la demanda presentada por ********** y **********, en representación de sus menores hijas con iniciales **********. y **********. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa que de oficio se estima acreditada. En el caso, la que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, visible en la página 1598, con registro 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio las menores con iniciales **********. y **********., se ubican en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio a través de sus padres, es decir, si la conducta de las autoridades señaladas como responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Materia(s): Común, con registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. La parte impetrante reclama la transgresión al derecho de propiedad que aduce tener respecto del bien inmueble marcado con el número**********, en esta ciudad; al no haber sido oída, ni vencida dentro del juicio ordinario civil E5 2049/2009, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial Bravos. Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por las razones expuestas, se infiere que para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Aparte de lo ya expuesto, para dar sustento a la premisa de la improcedencia de este juicio, igualmente es necesario considerar que la parte quejosa, aduce ser tercero extraña por equiparación, pues señala que es parte en el juicio, y sin que se le haya oído y vencido legalmente, se le perturba e intenta desposeer de la finca en cuestión. Por tanto, para el estudio del presente asunto también es necesario precisar que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños, esto es, en estricto sentido y por equiparación. El tercero extraño a juicio en estricto sentido, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado), como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Mientras que el tercero extraño a juicio por equiparación, es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al litigio en el que debió ser parte, o por haber sido citada al mismo en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21 por reiteración del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 177771, Novena Época, Materias Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de julio de 2005, página 1305, que a la letra dice: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. En otro aspecto, también es preciso establecer que la posesión puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio, siempre y cuando derive de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica, o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. Luego, dicha causa u origen legal es el hecho jurídico generador de la posesión, esto es, el título por el que una persona ejerce el poder de hecho sobre la cosa, y puede ser originaria si se trata del derecho de propiedad cuyo título es un contrato de compraventa, de donación, o de cualquier otro traslativo de dominio; o es derivada, si se trata de un derecho de uso, goce o disfrute otorgado por quien legalmente puede disponer del bien y proviene de un contrato de arrendamiento, de comodato, de usufructo, de servidumbre o de cualquier otro análogo. De manera que la posesión susceptible de ser respetada a través del juicio de amparo, es la que tiene una causa legal que le dé origen, esto es, la posesión jurídica, ya sea originaria, que se tiene en concepto de dueño, o derivada, la que se obtiene por virtud del derecho de uso y disfrute otorgado por cualquiera que se encuentre facultado para transmitir ese derecho. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: a) El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa; y, b) La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, no basta, para efectos del juicio de amparo, acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, sino que es necesario además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el inmueble cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constar fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Así se determinó en la jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187733, de la Novena Época, Materias Civil, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, de febrero de 2002, página 5, del epígrafe y texto: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En ese contexto, la parte inconforme, para acreditar su interés jurídico, tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, debiendo probar que la posesión del bien en litigio y que afirma tener, se sustenta en un título o acto jurídico generador (primer elemento), así como también acreditar que tiene la detentación material y física de la cosa en controversia (segundo elemento). De tal manera, para justificar la posesión sobre una cosa, es necesario demostrar la existencia del acto jurídico que otorga ese derecho, así como los hechos mismos que impliquen el disfrute de las prerrogativas que se obtienen de la causa generadora, pues al no acreditarse lo primero, cualquier tenencia material no será susceptible de ser considerada posesión, ni por ende, tutelada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sentado lo precedente, es conveniente precisar que la accionante del amparo en este sumario ofertó las documentales consistentes en: 1. Copia certificada de la actas nacimiento de las menores de edad de iniciales **********. y **********., ante el Registro Civil, bajo las inscripciones -oficialía **********, libro **********, foja **********, acta **********, fecha de nacimiento **********- y -oficialía **********, libro **********, foja **********, acta ********** y fecha de nacimiento **********-, respectivamente; 2. Copia simple de las credenciales para votar a nombre de ********** y **********, en las que aparece el domicilio situado en la calle **********, en esta ciudad. Documentales públicas las primeras que merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Sin embargo, en consideración de la que suscribe, con las documentales que exhibió la quejosa no demuestra que las menores de iniciales **********. y **********. tengan algún interés respecto del inmueble marcado con el número **********, en esta ciudad, toda vez que las actas de nacimiento que exhibe únicamente dan noticia que son hijas de los promoventes, más no que tengan un derecho sobre el inmueble que en esta instancia reclaman. En esta tesitura, con tales documentales las menores de iniciales **********. y **********., no acreditan que cuentan con algún derecho de propiedad y que, por consecuencia, les cause agravios los actos reclamados, ni que el acto reclamado les haya sido dirigido a su persona, porque se reitera, no se exhibieron documentos que acrediten un derecho real o personal posesorio del citado inmueble. Aunado a esto, en ese aspecto, los promoventes ********** y **********, exhibieron copia simple de sus credenciales para votar; documental que, en términos del artículo 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene el valor de un indicio, de ahí que es insuficiente para acreditar que las menores de iniciales **********. y **********. tienen un derecho respecto del domicilio de referencia; lo anterior es así, pues si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador, circunstancia que en el caso que nos ocupa no ocurre; pues si bien la justiciable exhibió copia certificada de las actas de nacimiento de las menores, con todo, dichas constancias no dan noticia sobre el derecho que le justiciable dice le asiste a las menores sobre el inmueble que en esta instancia reclaman, de ahí que no es dable concatenarlos con la copia simple de su credencial para votar. Por las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, de abril de 1998, página 213, registro digital 196457, del contenido literal siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. Del mismo modo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 183, registro digital 206288, que reza: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, esta Sala en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución, de modo que, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tienen las menores para impugnar la desposesión del inmueble que aducen es de su propiedad, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por no acreditar de forma fehaciente el interés jurídico. Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable atinente, pues esa circunstancia no relevaba a la quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. A mayor abundamiento, esta Juzgadora toma en consideración que de las constancias que fueron agregadas al informe justificado y que conforman el juicio ordinario civil E5 2049/2009, destaca la escritura pública número **********, de veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, que entre otros contiene el contrato de compraventa celebrado entre la moral **********, sociedad anónima de capital variable (vendedor) y **********, con el consentimiento de su cónyuge ********** (parte compradora o trabajador); así como el otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria, celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (acreedor) y la parte trabajadora, respecto del inmueble marcado con el número **********, en esta ciudad. Documental pública que merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Con todo, en dicha documental se da noticia que ********** y su cónyuge **********, celebraron contrato de compraventa respecto del inmueble precisado con antelación, sin que sus menores hijas hayan tenido intervención en dicho acto jurídico, incluso, a esa data no habían nacido. Sin soslayar, claro está, que el interés superior de la infancia encuentra su fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 3, apartado 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. De lo dispuesto en esos preceptos, se advierte que en cualquier decisión, actuación o medida que involucre a la niñez, el Estado a través de sus diversas autoridades, tiene la ineludible obligación de atender el interés superior de la niñez. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el interés superior de la infancia constituye una pauta que se debe tomar en consideración en cualquier decisión, actuación o medida en que se vea involucrada una persona menor de edad. Por tanto, dicho interés se erige como una obligación que asume el Estado a través de todas sus autoridades, para asegurar que en el ámbito de sus respectivas competencias, todas las normas, asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre a la niñez, se garantice y asegure que todos los niños y niñas disfruten y gocen de todos los derechos humanos que les asisten, especialmente aquellos que resultan indispensables para su óptimo desarrollo. En concordancia con lo anterior, la Primera Sala se ha pronunciado sobre la necesidad de considerar al interés superior de la infancia como un criterio rector no sólo en la elaboración de las normas, sino también en la interpretación y aplicación de las mismas, a fin de que, en todos los órdenes relativos a la vida del niño o niña, puedan gozar y ejercer plenamente de sus derechos. En esa virtud, tanto el legislador al momento de elaborar las normas que inciden en los derechos de la infancia, como el juzgador al momento de interpretar o aplicar esas normas, están obligados a tomar en cuenta este principio a fin de que en todo momento se potencialice la protección integral de los niños y niñas, evitándoles cualquier afectación, lo que se traduce en la obligación de que al ponderar sus intereses frente a los de terceros, cuiden de no restringir aquellos derechos cuya naturaleza implica el goce esencial de los derechos de la infancia. Atendiendo a lo anterior, es evidente que, si bien el interés superior de la infancia obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias a proteger y preservar los derechos de las personas menores de edad a fin de resolver lo que resulte más favorable a sus intereses, también lo es que debido a ello, el interés superior de la infancia constituye un concepto jurídico indeterminado, pues en cada caso concreto la autoridad jurisdiccional debe analizar los hechos y circunstancias que rodean a la persona menor de edad. En ese sentido, en el ámbito jurisdiccional el principio del interés superior de la infancia se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que las personas juzgadoras tomen en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que les permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del niño, niña o adolescente; sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él o ella de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus necesidades. No obstante lo anterior, en el cumplimiento a ese deber constitucional y convencional, las personas juzgadoras tampoco deben incurrir en excesos; es decir, extender o hacer una generalización indebida del interés superior del niño y de la niña para aplicarlo o invocarlo en cuestiones ajenas a sus derechos e intereses, o donde éstos no resulten afectados. Esto es, si bien la función del interés superior de la infancia como principio jurídico protector es constituirse en una obligación para las autoridades para efectivizar los derechos de los niños y las niñas y de los y las adolescentes, también lo es que el alcance del interés superior de las personas menores de edad deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá, por sí mismo, implicar la exclusión de los derechos de terceras personas. De este modo, en el caso concreto, ********** y **********, en representación de sus menores hijas con iniciales **********. y **********., reclamaron el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil E5 2049/2009, incluyendo la sentencia dictada, el procedimiento de ejecución y la adjudicación del inmueble marcado con el número **********, en esta ciudad; promovido por el licenciado Manuel Epifanio Esquivel Girón, en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de ********** y **********. De lo anterior se advierte que el juicio ordinario civil de origen se promovió en contra de ********** y **********, demandándoles obligaciones contraídas en lo individual con motivo de la celebración de un contrato de compraventa y otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria respecto del inmueble marcado con el número **********, en esta ciudad, consistente que se procediera a la venta judicial del inmueble hipotecado y se realizara el pago a la parte actora. Esto es, la litis en el juicio natural versa sobre la determinación judicial que resolvió sobre el incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de los demandados con motivo del crédito otorgado, así como el remate del inmueble y con su producto se procediera al pago de las prestaciones reclamadas; mas no versa sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho a alimentos (habitación) de las menores de edad. Por tanto, al no estar involucrados derechos de las menores de edad en el litigio de origen, no puede afirmarse que se altera su bienestar al privársele de una vivienda, ya que si bien, el procedimiento natural tiene como finalidad la desocupación y entrega del inmueble donde habitan las niñas en compañía de sus padres, lo cierto es que éstos, en todo caso, continúan obligados a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. En relación con esta última aseveración, se retoman las consideraciones expuestas por la Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 5547/2015, en el que se determinó que no existe una contraposición jurídica entre el derecho de propiedad que ostenta la parte actora en un juicio reivindicatorio y los derechos de alimentación de una persona menor de edad. En dicho precedente se indicó que el derecho de alimentos de la menor de edad, lejos de estar vinculado directamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de quienes sean sus deudores alimentarios; así como que pese a la estrecha relación funcional que guarda el derecho de habitación de una persona menor de edad, respecto del satisfactor material (inmueble) que se emplea para colmar ese derecho, no pueden confundirse. Se precisó que el derecho de habitación de una persona menor de edad constituye un derecho subjetivo cuyo titular directo es la persona menor de edad; entre tanto el satisfactor, constituye un elemento material (inmueble) que por regla general no está vinculado jurídicamente con la persona menor de edad, sino que, estando vinculado jurídicamente con un titular diverso (por regla general, el deudor alimentario), sólo se emplea para colmar el derecho de habitación del niño o niña, pero puede ser válidamente sustituido durante la vigencia del derecho por otro similar o incluso por uno mejor o más apto para cumplir con ese cometido. Por lo tanto, la tramitación del juicio natural es insuficiente para estimar que signifique una alteración o perturbación a la esfera jurídica de las menores de edad y que amerite incorporarlas al litigio para preservar sus derechos. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 21/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023695, Undécima Época, Materia Civil, Constitucional, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, de octubre de 2021, Tomo II, página 1632, que a la letra dice: DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Hechos: El padre y la madre de dos personas menores de edad fueron demandados por la abuela de éstas en un juicio sobre terminación de contrato verbal de comodato, respecto de un inmueble que ocupaban aquéllos como casa habitación. En primera y segunda instancia se determinó la improcedencia de la acción planteada por la abuela; razón por la cual esta última promovió juicio de amparo. El Tribunal Colegiado concedió protección constitucional para que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución, en la que valorara debidamente las pruebas desahogadas en el juicio. Los padres de las menores de edad presentaron un recurso de revisión en el que alegaron que el Tribunal Colegiado debió analizar el impacto que tendría la concesión del amparo en los derechos humanos de sus hijas quienes habitaban el domicilio y por lo tanto se podrían ver desalojadas de dicho inmueble. Criterio jurídico: El derecho de alimentos de las hijas o hijos menores de edad (que comprende la habitación), es distinto del derecho de uso que sus padres, como parte en el proceso, defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato, por lo que en estos casos la autoridad jurisdiccional no se encuentra constreñida a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niños, niñas o adolescentes. Justificación: A pesar de la estrecha relación funcional que guarda el derecho de habitación de una persona menor de edad, respecto del satisfactor material (inmueble) que se emplea para colmar ese derecho, cuando la litis en el juicio natural versa sobre la determinación judicial de restitución de la posesión de un inmueble, mas no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho de alimentos (habitación) de las personas menores de edad, el caso no amerita ser apreciado a la luz de su interés superior, ni con perspectiva de infancia. Lo anterior, aun tomando en consideración el alcance que jurisprudencialmente se ha dado al interés superior de la infancia y al derecho de participación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos en donde se ventilen sus derechos, pues no es posible atender a una eventual e incierta situación de hecho que en el futuro pudiera afectar de manera indirecta a las personas menores de edad involucradas. Lo definitivo en estos casos es que no existe una contraposición jurídica entre el derecho de propiedad y posesión que ostenta la parte actora en el juicio de origen y el derecho de alimentos (habitación) de las personas menores, pues lejos de estar vinculado directamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación. Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos anteriormente analizados, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta, respecto de las menores hijas con iniciales **********. y **********. QUINTO. Relatoría de antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente reseñar algunos antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden del informe justificado y copias certificadas del juicio ordinario civil E5 2049/2009, de los cuales se advierten las siguientes actuaciones que se estiman relevantes: 1. El ocho de diciembre de dos mil nueve, el entonces Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, radicó bajo el número de expediente 2049/2009, la demanda en la vía ordinaria civil, presentada por el licenciado Manuel Epifanio Esquivel Girón, en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de ********** y **********, respecto del inmueble marcado con el número **********, en esta ciudad. 2. El diecinueve de enero de dos mil diez, el Oficial Notificador adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores para el Distrito Bravos, llevó a cabo el emplazamiento de ********** y **********. 3. El cinco de febrero de dos mil diez, se declaró la rebeldía de la parte demandada y se citó a las partes a la audiencia de conciliación y depuración procesal, misma que se llevó a cabo el dos de marzo de dos mil diez. 4. El veintiocho de junio de dos mil diez, se dictó sentencia, declarando que procedía la vía ordinaria civil, condenado a la parte demandada al saldo total del adeudo por capital e intereses, así como seguro, intereses moratorios, gastos y costas; fallo que causó ejecutoria el dieciséis de julio siguiente. En este mismo tenor, el dos de junio de dos mil dieciséis, se declaró nuevamente que la resolución en comento había causado ejecutoria. 5. El veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el aseguramiento del inmueble inscrito bajo el número **********, del Libró **********, de la sección Primera del Registro Público de la Propiedad (en el certificado de existencia de gravamen con folio ********** de dos de marzo de dos mil diecisiete, aparece que el inmueble materia de la Litis en el juicio de origen, se encuentra registrado bajo la inscripción **********, folio **********, libro ********** de la sección primera.) 6. El veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de remate en primera almoneda, declarándose aprobado y fincado y libre de gravamen el remate en favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, requiriendo a la parte demandada para que otorgara la escritura de adjudicación del inmueble; por lo que el doce de julio del mismo año, se ordenó remitir los autos a la notaría a efecto de que se protocolizara la escritura. 7. El nueve de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, acordó seguir el trámite del expediente de origen, además de tener por recibidos los autos por parte del Notario Público Número Diecinueve, sin protocolizar. 8. Mediante escrito fechado el siete de enero de dos mil diecinueve, el Notario Público Número Diecinueve, comunicó al Juzgador de origen que se otorgó la protocolización de la adjudicación mediante escritura pública 79942, volumen 2823, de veintidós de junio de dos mil dieciocho; lo cual se acordó el treinta de enero de dos mil diecinueve. SEXTO. Examen Constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por los quejosos ********** y **********, son infundados, sin que haya lugar a suplir su deficiencia, pues de las constancias que conforman el sumario se desprende que los justiciables tuvieron conocimiento pleno y exacto de los actos que reclaman, como a continuación se expondrá. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2004274, Décima Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, página 729, del rubro y texto: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. La parte quejosa, en lo esencial, aduce que se violentaron los artículos 14 y 16 Constitucional, pues los actos que reclama carecen de la debida motivación y fundamentación al haberse practicado una notificación de manera ilegal, pues no se colmaron los supuestos fácticos contemplados en el numeral 252 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chihuahua. Continúan diciendo los justiciables, que no fueron llamados a juicio acorde a lo establecido en los ordinales 119, 120, 121, 122, 123 y 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, de ahí que fueron privados de su derecho de audiencia y defensa; pues el emplazamiento debió realizarse personalmente en su domicilio, y en caso de no encontrarlos, haber dejado citatorio Como se adelantó, los conceptos de violación, aún suplidos en su deficiencia, son infundados, porque el Juez de origen ordenó realizar la diligencia de emplazamiento en el domicilio señalado en la escritura base del contrato celebrado entre las partes, actuación que realizó el diligenciario, lo que conlleva a determinar que se respetaron las formalidades establecidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual exige para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la vida, de la libertad y de las propiedades, posesiones o derechos, la existencia de un "juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento, que de no respetarse, impide u obstaculiza una adecuada defensa, por lo cual la falta o el defectuoso emplazamiento al juicio de origen constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que a aquélla se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarla en un serio estado de indefensión. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 47/95 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, materias Constitucional y Común, página 133, registro 200234, que a la letra dice: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Ahora bien, el procedimiento generador del acto reclamado corresponde a un juicio ordinario civil, substanciado en un primer momento ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos (el nueve de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, acordó seguir el trámite del expediente de origen), quien lo registró con el número de expediente 2049/2009, por lo que a fin de llevar a cabo el emplazamiento de los demandados Gloria Méndez Delgado y Ezequiel González Delgado, resultaron aplicables los artículos 119 y 120 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, -vigente en la época de la presentación de la demanda en el juicio de origen-, que en lo conducente dicen: 119.- Se notificará personalmente en el domicilio del interesado: a).- El emplazamiento del demandado y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio. (.) 120.- Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrare al demandado, cerciorado el que debe hacer la notificación de que el interesado vive en dicha casa y se encuentra en la población, le dejará cita para hora fija dentro del siguiente día, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello del juzgado autorizándose el citatorio por el notificador. Si la persona que debe ser notificada no esperase a que se le haga la notificación, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa; de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. Cuando no sea forzoso entregar las copias del traslado, en el instructivo se hará una relación sucinta de la demanda y de la resolución que se notifica y, en todo caso, la designación del juicio y el nombre del promovente. Las demás notificaciones personales se harán al interesado, o a su representante o procurador, en la casa designada al efecto; y no encontrándolo el notificador, sin necesidad de nueva búsqueda, le dejará un instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que la entrega, el nombre y apellido del promovente, el Tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, recogiéndole la firma en la razón que asentará del acto. Si ésta no supiere, o no pudiere o no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia. De lo transcrito, se deduce que para llevar a cabo el desahogo de esta diligencia procesal, el legislador estableció literalmente que las notificaciones personales se harán al demandado, exclusivamente en el domicilio designado para tal efecto, también que el notificador se debe cerciorar de que se encuentra en el lugar correcto y, además, se cerciorará de que la persona que debe ser notificada vive en la casa designada, y que después de ello practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos; aunado a ello, refieren que si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento y sólo si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente. Los anteriores aspectos son los esenciales y mínimos para considerar básicamente cumplidas las reglas que norman el emplazamiento en la contienda civil, cuya finalidad no es otra que la de garantizar que la notificación se practique con la persona directamente interesada. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO", estableció que la falta de emplazamiento, o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento, imposibilitando al demandado, en el caso, a enterarse en tiempo y forma de la instauración del juicio, y como consecuencia, manifestar lo que a su derecho conviniera. Partiendo de las anteriores exigencias, se arriba a la conclusión de que las razones contenidas en las actas levantadas con motivo de las diligencias de emplazamiento de diecinueve de enero de dos mil diez, respectivamente, otorgan certeza a quien esto resuelve, en cuanto a que la parte demandada, hoy quejosa, fue legalmente emplazada en el domicilio señalado en el contrato base de la acción, donde el funcionario ejecutor señaló que se constituyó para emplazarla, como prescribe la legislación procesal de la materia aplicable. Se afirma lo anterior, pues de los antecedentes del acto reclamado, como se precisó en líneas previas, se advierte que a través del escrito presentado el tres de diciembre de dos mil nueve, Manuel Epifanio Esquivel Girón, en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la vía ordinaria civil demandó a ********** y **********, en su carácter de acreditados y garantes hipotecarios de la finca marcada con el número **********, en esta ciudad. Por lo que el ocho de diciembre del mismo mes y año, el entonces Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, radicó la demanda bajo el número de expediente E5 2049/2009, y ordenó emplazar a los demandados. Luego, el Oficial Notificador adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, a las nueve horas y a las nueve horas con diez minutos del diecinueve de enero de dos mil diez, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle **********, en esta ciudad, entendiendo la diligencia personalmente con los demandados ********** y **********o, quienes se identificaron con credenciales para votar número ********** y **********, expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral, respectivamente. Lo anterior es así, tal y como quedó asentado en las constancias en comento, las cuales son del tenor literal siguiente: En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las NUEVE horas con ----, minutos del día Diecinueve de Enero del año dos mil Diez el suscrito Oficial Notificador C. Licenciado (a) **********, adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores para el Distrito Bravos, hago constar que me constituí en el domicilio señalado en autos, sito en calle **********, en esta Ciudad, y cerciorado de que es el domicilio correcto en virtud de la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble, procedo el suscrito en la búsqueda del C. **********, presente se identifica con credencial para votar IFE #********** procedo a notificarle de forma íntegra el (los) auto (s) de fecha (s) ocho de Diciembre AÑO DOS MIL NUEVE, en los cuales le hago saber de la demanda interpuesta en su contra, por lo que con las copias simples de Ley exhibidas en cincuenta y dos fojas útiles completas debidamente selladas y cotejadas por el Juzgado de procedencia, emplazo y corro traslado a la parte demandada haciéndole saber que tiene un término de NUEVE días hábiles para dar contestación a la demanda interpuesta en su contra, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendrá presuntivamente confeso de los hechos de la misma que dejare de contestar. Así también le hago saber que las excepciones dilatorias y objeciones respecto de los presupuestos procesales se deberán oponer dentro de los tres días siguientes a aquel del emplazamiento y que se resolverán en la audiencia previa de depuración procesal, a lo que manifiesta la persona con quien entiendo la diligencia y el demandado no firma por no ser su voluntad hacerlo. Doy Fe.- (rúbrica). En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las NUEVE horas con diez minutos del día Diecinueve de ENERO del año dos mil Diez el suscrito Oficial Notificador C. Licenciado (a) **********, adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores para el Distrito Bravos, hago constar que me constituí en el domicilio señalado en autos, sito en calle **********, en esta Ciudad, y cerciorado de que es el domicilio correcto en virtud de la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble, procedo el suscrito en la búsqueda del C. **********, (no legible) presente se identifica con credencial para votar IFE #********** procedo a notificarle de forma íntegra el (los) auto (s) de fecha (s) ocho de Diciembre AÑO DOS MIL NUEVE, en los cuales le hago saber de la demanda interpuesta en su contra, por lo que con las copias simples de Ley exhibidas en cincuenta y dos fojas útiles completas debidamente selladas y cotejadas por el Juzgado de procedencia, emplazo y corro traslado a la parte demandada haciéndole saber que tiene un término de NUEVE días hábiles para dar contestación a la demanda interpuesta en su contra, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendrá presuntivamente confeso de los hechos de la misma que dejare de contestar. Así también le hago saber que las excepciones dilatorias y objeciones respecto de los presupuestos procesales se deberán oponer dentro de los tres días siguientes a aquel del emplazamiento y que se resolverán en la audiencia previa de depuración procesal, a lo que manifiesta la persona con quien entiendo la diligencia no firma la demandada por no ser su voluntad hacerlo. Doy Fe.- (rúbrica). En efecto, de conformidad con el contenido procesal de las normas que regulan la práctica del emplazamiento, esta citación personal debe practicarse en el domicilio que el actor en su demanda señala que corresponde al demandado; por tanto, si en el juicio consta que el emplazamiento se practicó en el domicilio indicado por el actor, a quienes le notificó el contenido íntegro del proveído de ocho de diciembre de dos mil nueve, así como el término de nueve días para dar contestación a la demanda, corriéndoles traslado con copia de la misma, debidamente selladas y cotejadas, diligencia que entendió personalmente con los demandados, esta circunstancia produce la certeza de tal emplazamiento. Tal como se adelantó, son infundados los conceptos de violación analizados conjuntamente, toda vez que, en primer lugar, no se controvirtió con prueba idónea la fe judicial con la cual se encuentra revestida el Actuario responsable, es decir, que los hechos plasmados en la diligencia cuestionada sean falsos. Y, en segundo aspecto, de la observación de las diligencias de emplazamiento de diecinueve de enero de dos mil diez, se observa que se entendió de forma personal con los directamente demandados, aquí quejosos, por lo que con ello se cumplió el objetivo del emplazamiento a juicio, al ser enterados los propios enjuiciados de las pretensiones demandadas en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido; asimismo, le fueron entregados de forma personal la copia de la demanda y anexos respectivos, siendo además informados del término con que contaban para contestar la demanda presentada en su contra y ejercer su derecho de defensa Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 55/98, de la Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, noviembre de 1998, Materia Civil, página 33, registro 195122, del rubro y texto: EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada.". Así como la jurisprudencia I.4o.A. J/84, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, de julio de 2010, página 1812, con registro digital 164296, que a la letra dice: NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada. Del mismo modo, resulta infundado el concepto de violación esgrimido por el quejoso, en el sentido de que los actos que reclaman carecen de motivación y fundamentación, pues no se colmaron los supuestos fácticos establecidos en el ordinal 252 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua -vigente en la época de los hechos-, que textualmente establece: 252.- Cuando la demanda reúna los requisitos fijados en los artículos anteriores, la admitirá el juez y ordenará que se corra traslado a la parte demandada y emplazarla para que dentro de nueve días la conteste, si es que reside o se encuentra en el lugar en que debe seguirse el proceso, estándose para los demás casos, a lo dispuesto en el artículo 111 y en el Capítulo VI del Título Segundo de este Código. Asimismo, hará saber a la parte demandada que las excepciones dilatorias se estudiarán y resolverán, concurran o no las partes, en la audiencia previa de depuración procesal. Ahora bien, debe acotarse que como requisito fundamental de todo acto de autoridad, debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo - motivar- que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión. Siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, Materia Común, página 162, de la Novena Época, registro 176546, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En ese contexto, una vez analizado el proveído de ocho de diciembre de dos mil nueve, se advierte que el Juez de origen, cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud de que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, los artículos 248, 249, 250 y 251 todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, precisó la vía de la demanda presentada por la parte actora, del escrito de demanda se desprende que se precisaron con claridad y precisión los hechos y los fundamentos de derecho, la acción intentada y las persona contra quienes se promovió el juicio y sus peticiones, presentando los documentos con los acreditó su representación, así como las copias para correr traslado. En este mismo sentido, en diligencia de emplazamiento, se hizo saber a los demandados el contenido del segundo párrafo del numeral 252 en comento, tal y como se desprende de la trascripción de dicha diligencia; con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los demandados pudieron conocer los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico-jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantiza su derecho a una debida defensa. Por tanto, es dable colegir que el Juez de origen, sí cumplió con el requisito formal de que toda resolución debe estar fundada y motivada. Finalmente, se hace necesario destacar que en el escrito de alegatos, recibido el veintinueve de agosto de dos mil veintidós en este órgano jurisdiccional, la quejosa **********, indicó que la copia de la credencial de elector que exhibió con su escrito de demanda, es la primera que se expide a su favor, pues a ésta le corresponde el número 00; sin embargo, de la simple lectura de dicha documental, se tiene que ésta se encuentra registrada desde el año mil novecientos noventa y seis, de ahí que correspondía a la promovente acreditar que efectivamente dicho documento es el primero en su expedición, circunstancia que no se acreditó en el sumario. En ese contexto, al haberse demostrado la legalidad de la diligencia de emplazamiento de diecinueve de enero de dos mil diez, realizada dentro del juicio ordinario civil E5 2049/2009, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, ello implica que los quejosos tuvieron conocimiento de la existencia del juicio en el que fueron demandados, al haber sido emplazados con las formalidades legales, desvirtuándose así su carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación con el cual se ostentaron en el presente juicio. En mérito de lo relatado, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que exista motivo para suplir su deficiencia, se impone negar el amparo y protección solicitados. Negativa del amparo que se hace extensiva a la sentencia definitiva de veintiocho de junio de dos mil diez y diversas actuaciones procesales, así como actos de ejecución, al no ser reclamada por vicios propios, sino en vía de consecuencia del emplazamiento, pues los quejosos construyeron sus motivos de disenso tocante a la transgresión del derecho de audiencia. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 164073, Novena Época, Materia Laboral, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 9, que reza: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Así como la tesis VI.1o.T.9 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con registro digital 2009764, Décima Época, Materia Común, Laboral, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, de agosto de 2015, Tomo III, página 2405, del contenido literal siguiente: JURISDICCIÓN ESCALONADA. CÓMO DEBE PROCEDER EL JUEZ DE DISTRITO CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA LA ILEGALIDAD O FALTA DE EMPLAZAMIENTO EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO QUE LE PUSO FIN. Cuando en un juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados el ilegal emplazamiento o la falta de éste, así como el laudo pronunciado en el juicio laboral relativo, en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", el Juez de Distrito debe proceder en los siguientes términos: 1. Si el laudo no se reclama como acto destacado, sino en vía de consecuencia, y en la sentencia recurrida se determina la legalidad del emplazamiento, no procede la separación de los actos, dado que la constitucionalidad del laudo se hace depender de la calificación del emplazamiento; y, 2. Por el contrario, cuando se señala el laudo como acto destacado por vicios propios, y en la sentencia recurrida se califica de legal el emplazamiento, procede la separación de los actos, lo que no atenta contra el principio de continencia de la causa, porque se está ante el análisis de constitucionalidad de actos y temas litigiosos diversos, como es el estudio del laudo, sin que conlleve un nuevo análisis de la legalidad del emplazamiento, ya que por las razones señaladas, para efectos del amparo debe considerarse como acto autónomo. En tal supuesto de jurisdicción escalonada, el Juez de Distrito debe declarar su incompetencia y ordenar la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, a efecto de que califique tal determinación, sin perjuicio de los trámites correspondientes para realizar la separación del expediente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo, promovido por ********** y **********, en representación de sus menores hijas con iniciales **********. y **********., atento a los razonamientos vertidos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA Y PROTEGE a ********** y **********, contra los actos y por las autoridades que se analizaron en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, para que, de ser su voluntad, amplié la demanda de amparo. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J.176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.KOD

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFCTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE INTANOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARET QUEJOSA, EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMOQ QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil veintidós. Añádase al sumario el escrito signado por los quejosos Ezequiel González Salas y Gloria Méndez Delgado, mediante el cual ofrecen como prueba de su parte, la inspección judicial que refieren; en tal sentido, indíqueseles que no ha lugar a tenerla por admitida, dado que resulta extemporáneo su ofrecimiento, en términos de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el dispositivo 119 citado, establece que entre el ofrecimiento de las pruebas que ameriten preparación especial y la celebración de la audiencia constitucional, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, sin contar el de la solicitud ni el señalado para el desahogo de la referida audiencia, lo que, en la especie, no se cumple; pues el ofrecimiento se realizó el veintiséis de los corrientes, según se observa del sello de recibido de Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad; por tanto, no se colma el aludido requisito, pues la audiencia constitucional se difirió los veinte de julio y nueve de agosto, ambos del año en curso; por ende, es evidente que resulta extemporáneo el ofrecimiento y, en consecuencia, no debe admitirse la probanza de mérito. Sustenta lo anterior la jurisprudencia con número de registro 917893, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 304, Apéndice 2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época que estatuye lo siguiente: PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA.- Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.-Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes."; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: en primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el periodo posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal. En consecuencia, al resultar extemporáneos dichos medios de convicción de referencia, lo que procede es desecharlos con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.kod

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