Gloria Leticia Balderrama Urquidi
Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gloria Leticia Balderrama Urquidi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintidós de junio del presente año, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado y se negó la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, en sus fracciones I) y III), respectivamente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que obran documentos originales, lo anterior, es así, pues el dos de mayo del presente año, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, para lo cual remitió el original del expediente 207/2022. Por tal motivo, se ordena su devolución, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 351/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a las autoridades, remitiendo al Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, el original del expediente 207/2022. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo ********************-V, promovido por********************por su propio derecho. Resultando ********************MERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado en misma fecha a este órgano jurisdiccional,********************solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Titular del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y el Ministro Ejecutor y Oficial Notificador de su adscripción, a quienes les reclamó: (.) 1.- De la JUEZ DE ********************MERA INSTANCIA EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR DEL SISTEMA CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL GALEANA reclamo todos los autos y resoluciones dictados dentro del Expediente número ********************relativo al Juicio Oral Ordinario Civil en ejercicio de la acción de DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE POR FALTA DE PAGO DE RENTA, promovido por ********************, y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse de un bien inmueble del cual la suscrita SOY POSEEDORA, el cual es un terreno fincado con casa habitación, con datos los siguientes datos de registro, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Galeana: INSCRIPCIÓN NUMERO ********************, FOLIO ******************** DEL LIBRO NUMERO ********************, DE LA SECCIÓN ********************MERA, A NOMBRE DE ********************, ubicada en calle ******************** número ********************, esquina con calle ********************, colonia ******************** en la ciudad de **********, Chihuahua; así como: a) La OMISIÓN de llamarme a Juicio para salvaguardar mis derechos; b) En consecuencia, la ILEGALIDAD de todo lo actuado; 2.- Del MINISTRO EJECUTOR Y OFICIAL NOTIFICADOR (ACTUARIO) ADSCRITO AL JUZGADO DE ********************MERA INSTANCIA EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR DEL SISTEMA CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL GALEANA, reclamo la EJECUCIÓN de todos los actos que reclamo de la autoridad ordenadora. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró con el número ********************-V, se admitió a trámite; en el mismo acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se emplazó a la tercero interesada********************. Considerando ********************MERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tuvo ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La transgresión al derecho de posesión que aduce tener la disconforme respecto del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional, esto es, el ubicado en calle ********************, número ********************, esquina con calle ********************, de la colonia ********************, en esta ciudad; al no haber sido oída, ni vencida dentro del juicio oral ordinario civil ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, respecto del que se ostenta tercero extraña, y del que reclama su falta de emplazamiento, todo lo actuado con posterioridad, así como cualquier acto tendente a desposeerla de dicho bien y perturbar su legal posesión; y, su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en alg********************s casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado a la Titular del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en razón de que al rendir su informe justificado, aceptó categóricamente los actos que reclama la parte quejosa. Misma consideración se realiza por lo que hace a los actos que se endilgan al Ministro Ejecutor y Oficial Notificador (Actuario) adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en términos de los numerales 115 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, pues fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerido para ello, según se aprecia del acuse de recibo del oficio 8705/2023, que contiene el proveído de veintinueve de marzo del presente año, recibido el catorce de abril siguiente (fojas 50). Lo que, además, se corrobora con las constancias que remitió la Juez de origen, relativas al juicio oral ordinario civil radicado bajo el expediente ********************, promovido por********************, en contra de ********************, en el que se reclamó el ejercicio de la desocupación (por falta de pago de rentas) del bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, esquina con calle ********************, de la colonia ********************, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causal de improcedencia invocada por la tercero interesada, que no se actualizó. La tercero interesada refiere que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIV, del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues a su decir, tuvo conocimiento del acto reclamado desde el ******************** de ******************** de dos mil veintidós. Ahora bien, se tiene que en su demanda de amparo,********************bajo protesta de decir verdad, manifestó que el veinte de marzo de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento de que se estaba promoviendo un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción de desocupación por falta de pago de rentas en contra de su concubino ********************, el cual se radicó bajo el número ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana. En este tenor, de las constancias que obran agregadas al informe justificado, destaca que el ******************** de ******************** de dos mil veintidós, la Ministro Ejecutor y Oficial Notificador adscrita a la Oficialía de Turnos de los Juzgados del Distrito Judicial Galeana, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle ********************, número ********************, esquina con calle ********************, de la colonia ********************, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a efecto de emplazar al demandado ********************, y al no encontrarlo presente, se entrevistó con quien dijo responder al nombre de********************quien manifestó ser esposa del demandado, además de identificarse con credencial con clave de elector ******************** (la cual coincide con la clave de elector que aparece en la copia simple de su identificación que exhibió la quejosa), quien recibió la cita y se negó a firmar. Sin embargo, de la referida cita de espera, así como del razonamiento realizado (fojas 45 y 46, tomo de pruebas), se desprende que la Ministro Ejecutor y Oficial Notificar, fue omisa en precisar el número de expediente y el órgano jurisdiccional ante el cual se encuentra radicado; de ahí que la justiciable no estuvo en aptitud de tener un conocimiento completo y exacto del juicio de origen, aunado a ello, no aparece que se le hubiere dejado copia de la demanda y auto de admisión del expediente de origen. De ahí que se toma en consideración lo expuesto en su escrito de demanda, en el sentido de que fue el veinte de marzo de dos mil veintitrés en que tuvo conocimiento de los actos que aquí reclama; y por ende, no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la tercero interesada. Sin soslayar que hace referencia a diverso proceso relacionado con el inmueble materia de la Litis en el proceso de origen; con todo, dicho asunto no es materia de este juicio de amparo. Por las razones que informa, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017849, Décima Época, Materia Común, Tesis P./J. 20/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, de septiembre de 2018, Tomo I, página 332, que a la letra dice: TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL ********************MER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, la suscrita advierte que debe sobreseerse en el juicio de amparo contra los actos aquí reclamados en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley en cita, que al respecto dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Esta causal, tiene su fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contiene el principio de "instancia de parte agraviada" en el juicio de amparo, pues en lo que interesa, establece: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Asimismo, el artículo 6º del ordenamiento legal en cita, a la letra establece: 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que los juicios de amparo sólo pueden ser promovidos por las partes a quienes perjudique directamente la ley o el acto reclamado, es decir, que constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el acto reclamado perjudique en forma personal y directa a la parte quejosa, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Se invocan, en apoyo a lo antes mencionado, por las razones que la contienen y por analogía la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Así como la tesis XX. J/14, que sustenta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con el siguiente rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL." No está por demás señalar, que en el presente caso no resulta aplicable examinar si ante la falta de demostración del interés jurídico, se presenta un interés legítimo que haga procedente el amparo indirecto; para evidenciar esta situación, en principio es necesario tener claro que esta figura debe ser entendida como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, no es posible verificar la actualización de esa figura jurídica, ya que por disposición expresa del último párrafo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, forzosamente debe contar con un interés jurídico comprobable. De tal manera, si los actos reclamados en este juicio provienen de una autoridad judicial en materia civil, como es el la Titular del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, (señalada como autoridad responsable ordenadora), para que proceda el juicio de amparo, la parte quejosa debe demostrar que tiene un interés jurídico y no legítimo, esto dada la naturaleza jurisdiccional de los actos reclamados. Soportan estas consideraciones, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2007921, de la Décima Época, Materia Común, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, de ******************** de 2014, Tomo I, página 60, del rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alg******************** de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Aparte de lo ya expuesto, para dar sustento a la premisa de la improcedencia de este juicio, igualmente es necesario considerar que la quejosa, aduce ser tercero extraño al juicio natural, pues señala que sin ser parte en éste y sin que se le haya oído y vencido legalmente, se le perturba e intenta desposeer de la finca que adquirió a través de un contrato de compraventa verbal hace veintidós años, ubicada en calle ******************** número ********************, esquina con calle ********************, colonia ********************, en **********, Chihuahua. Por tanto, para el estudio del presente asunto también es necesario precisar que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños, esto es, en estricto sentido y por equiparación. El tercero extraño a juicio en estricto sentido, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado), como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Mientras que el tercero extraño a juicio por equiparación, es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al litigio en el que debió ser parte, o por haber sido citada al mismo en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y, por tal motivo, no se apersonó de modo alg******************** al mismo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21 por reiteración del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 177771, Novena Época, Materias Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de julio de 2005, página 1305, que a la letra dice: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alg******************** al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada ******************** de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. En otro aspecto, también es preciso establecer que la posesión puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio, siempre y cuando derive de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica, o ******************** o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. Al respecto debe tomarse en consideración que los artículos 760 y 761 del Código Civil del Estado de Chihuahua, prevén lo siguiente: 760. Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 763. Posee un derecho el que goza de él. 761. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria, el otro, una posesión derivada. De los preceptos legales transcritos, se obtiene que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, pero que éste debe tener una causa u origen legal. Luego, dicha causa u origen legal es el hecho jurídico generador de la posesión, esto es, el título por el que una persona ejerce el poder de hecho sobre la cosa, y puede ser originaria si se trata del derecho de propiedad cuyo título es un contrato de compraventa, de donación, o de cualquier otro traslativo de dominio; o es derivada, si se trata de un derecho de uso, goce o disfrute otorgado por quien legalmente puede disponer del bien y proviene de un contrato de arrendamiento, de comodato, de usufructo, de servidumbre o de cualquier otro análogo. De manera que la posesión susceptible de ser respetada a través del juicio de amparo, es la que tiene una causa legal que le dé origen, esto es, la posesión jurídica, ya sea originaria, que se tiene en concepto de dueño, o derivada, la que se obtiene por virtud del derecho de uso y disfrute otorgado por cualquiera que se encuentre facultado para transmitir ese derecho. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: a) El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa; y, b) La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, no basta, para efectos del juicio de amparo, acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, sino que es necesario además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el inmueble cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constar fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Así se determinó en la jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187733, de la Novena Época, Materias Civil, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, de febrero de 2002, página 5, del epígrafe y texto: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alg********************, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En ese contexto, la parte inconforme, para acreditar su interés jurídico, tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, debiendo probar que la posesión del bien en litigio y que afirma tener, se sustenta en un título o acto jurídico generador (primer elemento), así como también acreditar que tiene la detentación material y física de la cosa en controversia (segundo elemento). De tal manera, para justificar la posesión sobre una cosa, es necesario demostrar la existencia del acto jurídico que otorga ese derecho, así como los hechos mismos que impliquen el disfrute de las prerrogativas que se obtienen de la causa generadora, pues al no acreditarse lo primero, cualquier tenencia material no será susceptible de ser considerada posesión, ni por ende, tutelada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, los documentos que contengan el acto jurídico en que se sustente el derecho a poseer, sea por transmisión de propiedad o sólo de uso, para surtir efectos contra terceros es necesario que tengan fecha cierta, lo que se obtiene cuando se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Al respecto se invoca la jurisprudencia PC.VI.C. J/7 C (10a.), con registro digital 2020952, del Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, página 1110, del contenido siguiente: CONTRATO ********************VADO DE COMPRAVENTA, OBJETO DE LA ACCIÓN PRO FORMA. PARA DETERMINAR LA "FECHA CIERTA" DEL CONVENIO, CON EL FIN DE TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO (TERCERO EXTRAÑO) EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ATENDERSE A LA DATA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y NO A LA DE SU CELEBRACIÓN POR LOS FIRMANTES. Cuando en el juicio de amparo el quejoso reclama la afectación de un derecho real de propiedad que asegura fue conculcado por el acto de autoridad reclamado, a fin de acreditar su interés jurídico debe demostrar que es titular de dicho derecho en relación con el bien inmueble en cuestión; y si bien es cierto que la propiedad puede acreditarse mediante un documento privado, también lo es que para que sea eficaz respecto de personas ajenas a los contratantes, es necesario que sea de fecha cierta que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS ********************VADOS. PUEDEN OPONERSE A TERCEROS SI TIENEN FECHA CIERTA.", se adquiere: 1. Mediante la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; 2. A través de su presentación o elaboración ante funcionario público por razón de su oficio; y, 3. Por la muerte de cualquiera de los firmantes. De ahí que en caso de que el contrato privado de compraventa sea objeto de ejercicio de la acción pro forma, la certeza de su data con respecto a terceros será aquella en la que se presente con la demanda como documento fundatorio ante la autoridad judicial y no la de su celebración por los firmantes; de ahí que no puedan retrotraerse sus efectos con motivo del fallo que condena a su formalización a la fecha en que aparece signado por quienes lo celebraron, conforme a lo establecido por el artículo 164, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, pues este precepto es aplicable exclusivamente para el vendedor y el comprador, pero no para terceros, si se toma en cuenta que de acuerdo con el diverso 2122 del Código Civil local, la venta es perfecta y obligatoria por cuanto a las partes -exclusivamente- por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio; de ahí que la sentencia del juicio de otorgamiento de escritura pública de compraventa, para oponerse a terceros, no retrotrae sus efectos al día de celebración del contrato privado, sino al de su presentación ante la autoridad judicial. Lo antes afirmado es así, porque para justificar el derecho de propiedad que aduce violentado, la parte quejosa ofreció como medios de convicción, copia simple del comprobante expedido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, en el que aparece el domicilio ubicado en la calle ******************** y ********************, número ******************** (********************), ********************, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a nombre de ********************; así como copia simple de la credencial para votar a nombre de la quejosa********************en la que aparece el domicilio situado en la calle ********************, número ********************, colonia ********************, en aquella ciudad. En este sentido, respecto de la copia simple del comprobante de agua y credencial para votar, debe decirse que el primero se encuentra a nombre de diversa persona, mientras que el segundo está a nombre de la quejosa y aparece el domicilio precisado con antelación (la quejosa indicó que el domicilio se ubica en la calle ********************, y en la identificación aparece la calle ********************, ambos con el numero ********************); con todo, de dichas documentales no se advierte dato alg******************** que dé noticia de lo referido por la promovente, es decir, que sea propietaria de dicho inmueble y/o que haya celebrado un contrato verbal de compraventa respecto del mismo. Por las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, de abril de 1998, página 213, registro digital 196457, del contenido literal siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. Del mismo modo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 183, registro digital 206288, que reza: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, esta Sala en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a ******************** prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Asimismo, no se desatiende que la justiciable refirió que ella y su concubino ********************, celebraron de manera verbal, contrato privado de compraventa con********************, respecto del inmueble que en esta instancia defiende. Sin embargo, en esta instancia no se acreditó que efectivamente dicho contrato verbal privado de compra venta, se haya llevado a cabo, de ahí que sus manifestaciones en ese sentido, son insuficientes para demostrar la afectación a su interés jurídico. Por las razones que informa se cita la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 3********************29, Quinta Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVII, página 1069, del rubro y texto: COMPRAVENTA, EXISTENCIA DE LA. Si bien es cierto que la Suprema Corte ha estimado que, por razones de orden público, se exige que los contratos que tengan por objeto bienes inmuebles con valor mayor de quinientos pesos, se consignen en escritura pública, pero que no por esos pueden desconocerse los convenios entre partes, cuando se ha omitido aquel requisito, siempre que consten en forma auténtica y puedan ser comprobados para hacerlos valer, y que aun cuando la venta de inmuebles no tiene existencia jurídica en esas condiciones, la obligación existe, desde el momento en que se contrae y puede exigirse a la parte que se rehuse a llenar el requisito de la escritura, a que lo satisfaga, siempre que el convenio pueda ser probado por cualquiera de los medios reconocidos por el derecho, también lo es que si por sentencia ejecutoriada se declara inexistente la compraventa y se dejan a salvo los derechos de las partes, para que los reclamen en la vía y forma que creyeren conveniente, no puede entenderse que esa reserva se refiere al derecho de exigir el otorgamiento de la escritura, cumpliendo la solemnidad requerida por la ley, para la validez de ese contrato, dado el importe de la operación, y menos cuando la propia ejecutoria hace hincapié en que la propia reserva, bien o mal, se refiere expresamente al reconocimiento del derecho del comprador, para exigir la devolución de la suma que pagó en cuenta, y el del vendedor, para recuperar la cosa materia del contrato, y cuando la demanda y contrademanda tuvieron por fundamento, precisamente esa sentencia ejecutoriada y la reserva de derechos que se hizo en ella, que bien o mal, declara la inexistencia del acto jurídico que los interesados estimaron una compraventa verbal, tal acto no puede ser fuente de derecho alg********************, sin que esto quiera decir que la inexistencia del contrato, impida que las cosas vuelvan al estado que guardaban primitivamente, por que el comprador está en su derecho al reclamar la parte del precio que había entregado con sus intereses, y el demandado, la cosa y sus frutos, en atención a que a nadie le es lícito enriquecerse con perjuicio de otro. Sin que ayuden a su cometido, las documentales aportadas por la Titular del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; pues, en primer término, en ellas no figura la justiciable. En segundo plano, se tiene que el demandado en el proceso de origen, ********************, al dar contestación a la demanda entabla en su contra, precisó que tanto él como la quejosa********************el ******************** de ******************** de dos mil ********************, celebraron de manera verbal un contrato de compraventa con********************, respecto del inmueble materia del litigio; sin embargo, dicha circunstancia no ha quedado probada en autos, aunado a ello, la actora reclamó la desocupación del inmueble con motivo del impago de las rentas. Así, con las pruebas señaladas, la quejosa no prueba la afectación de su interés jurídico, toda vez que en autos no se encuentra acreditado el derecho que tiene como supuesta propietaria del inmueble referido, para estar en aptitud de conocer el origen de su posesión, esto es, si se trata de una posesión originaria o derivada, todo lo cual constituye un elemento fundamental para tener por demostrado ser un extraño a juicio, al cual se le ha afectado su interés jurídico. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 206338, de la Octava Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, de octubre de 1994, página 17, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Así como en lo conducente, la jurisprudencia VII.1o.C. J/6 de, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 196471, Novena Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de abril de 1998, página 665, que literalmente dispone: POSESIÓN CIVIL. LA SIMPLE DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE, DEMOSTRADA POR EL TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De acuerdo con lo que establecen los artículos 826, 827 y 829 del Código Civil del Estado, la posesión de inmuebles puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. Por ello, si la tercero extraño, ante el Juez Federal, omite acreditar la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. En mérito de lo expuesto, es de concluir que la quejosa no acreditó ni demostró el interés jurídico necesario para instar la acción constitucional, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos reclamados a la autoridad ejecutora, pues tal como quedó acreditado en el presente auto, la parte quejosa no justificó su interés jurídico, además que no se combaten por vicios propios sino en vía de consecuencia. Atento al sentido del presente fallo, resulta imposible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es el sobreseimiento del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, para esta juez de Distrito se encuentra vedado analizar el fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el ocurso de cuenta, se tiene a la tercero interesada ********************, apersonándose al presente asunto, así, se le tiene formulando los alegatos que deja vertidos en su escrito de cuenta, de los que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la ley de la materia; asimismo, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales anexas a su ocurso de cuenta. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la peticionaria señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional, asimismo, se tiene a ********************, únicamente como autorizadas para oír y recibir notificaciones; y autorizando en amplios términos del numeral 12 de la legislación en cita, a la licenciada ********************. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda el oficio signado por la Titular del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Sistema Tradicional y Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, adjunto al cual devuelve diligenciado el despacho número 245/2023 de la estadística de este Juzgado, del que se desprende que se emplazó al presente asunto a la tercero interesada ********** por conducto de su autorizada en el proceso de origen, licenciada **********. Acúsese recibo de estilo. Atento a lo anterior, se tiene que a la tercera interesada **********, le ha transcurrido el término de tres días hábiles, para señalar domicilio en esta ciudad, por ello, se ordena que las notificaciones subsecuentes, incluso las de carácter personal, sean practicadas por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado; lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 27 de la Ley de Amparo y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Gloria Cardenas Chacón849/2022
- Gloria Cecilia González Aguirre y Otros.1027/2022
- Gloria Cecilia González Aguirre y Otros.811/2021
- Gloria Elvira Montilla Domínguez201/2017
- Gloria Elvira Montilla Domínguez21/2016
- Gloria Estela Graham Peña1030/2023
- Gloria Leticia Reyes Mendoza49/2019
- Gloria Margarita Baca Hamilton230/2016
- Gloria Martina Puente Davila1123/2022
- Gloria Martínez Galindo55/2016
- Gloria Méndez Delgado y Otros.542/2022
- Gloria Valenzuela Briceño46/2020