Gloria María Ramírez Núñez
Expediente 919/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 19/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gloria María Ramírez Núñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el comunicado del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán; mediante el cual acusa recibo del comunicado 11034 y anexos, consistentes en copia certificada del juicio subyacente, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación de la que antecede se advierte que en el auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (foja 132 a 133) se ordenó el archivo del presente sumario, sin que se haya ordenado la devolución de un tomo de pruebas formado con motivo del legajo de copias certificadas del juicio subyacente que adjuntó la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán al informe justificado; en esas condiciones, remítase de inmediato a dicha autoridad, con la atenta solicitud de su acuse de recibo, en el entendido que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrá por recibido a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (foja 108), mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo IV-919/2018, promovido por Gloria María Rodríguez Núñez, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgador, este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN, para lo cual se conservará la demanda y la sentencia respectiva. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otro lado, por lo que respecta al cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUIBLE, dado que, en la especie, se negaron la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la parte quejosa Por otra parte, como lo establece el punto décimo primero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes en el juicio para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubieran adjuntado, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en este asunto. Se ordena agregar transcripción autorizada de la presente determinación a los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, únicamente para que obre como legalmente corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Juez Primero Civil de Primera Instancia del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 60 a 77), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Gloria María Ramírez Núñez. Por auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 88 a 90), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del distrito judicial de La Piedad, Michoacán remitió copia certificada del auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve dictado en el juicio ordinario oral familiar 637/2018. Bajo ese contexto, por auto de doce de marzo de dos mil diecinueve (foja 106), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo a la quejosa, para el efecto de que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del distrito judicial de la Piedad, Michoacán: Dejara insubsistente el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario oral familiar 637/2018. Dictara una nueva resolución en la que, por un lado, reiterara las determinaciones que no fueron objeto de pronunciamiento en la ejecutoria; y, por otro, se pronunciara sobre los aspectos siguientes: Con relación al congelamiento de cuentas a nombre del demandado en reconvención, teniendo a la vista los medios de convicción indicados por la solicitante, incluso, en ejercicio de la facultad que le otorga el numeral 866 del Código Familiar del Estado, a fin de que estableciera si procedía tal medida, sus condiciones y límites en su caso o, bien, si dadas las circunstancias que apreciara del expediente de origen, considerara que no existía el riesgo que pretendía evitar la referida petición precautoria, debiendo fundar y motivar debidamente esa determinación; Respecto a la anotación de la demanda y auto que la admitió en los bienes del demandado en reconvención, ejerciendo las atribuciones que le otorga el precepto 866 del referido código familiar, es decir, bajo la óptica de que no sólo estaba recibiendo una solicitud expresa en tal sentido, la que además debió de ser analizada bajo las premisas que se desprendan de las probanzas aportadas por quien las pidió, realizara una ponderación legal sobre la pertinencia de tal medida o, bien, si requería de mayores elementos para resolver sobre el particular, incluso, si no la consideraba apropiada por las circunstancias particulares del caso, debiendo fundar y motivar su decisión. Por lo que hace a la pensión alimenticia provisional por el monto solicitado por la quejosa, valorara los medios de convicción ofertados por la solicitante, así como las circunstancias propias que le fueron expuestas, a efecto de dilucidar si tales condiciones son susceptibles de influir o no, en el monto de la referida pensión; y, realizando lo anterior, determinara lo que en derecho correspondiera (fojas 76 vuelta y 77). Al respecto, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del distrito judicial de La Piedad, Michoacán realizó lo siguiente: El cuatro de marzo de dos mil diecinueve dictó un acuerdo en el que, entre otras cosas, en relación a las medidas para evitar que los cónyuges se causen perjuicios en sus bienes determinó lo siguiente: En relación al congelamiento de cuentas bancarias del demandante, la autorizó y ordenó su ejecución en forma provisional, ya que al analizar los hechos narrados por la demandada en su escrito de contestación y reconvención, además de las constancias que fueron exhibidas por su parte y las que ya obraban en autos, reconoció el derecho que le asistía a la demandada para solicitar esa medida, ya que con el acta de matrimonio se justificó el vínculo del matrimonio que la une con el accionante y, por ende, la expectativa de derecho a solicitar alimentos a cargo de su esposo, así como la indemnización compensatoria que reconvino de forma accesoria. Toda vez que la necesidad para solicitar se infirió de la presunción legal que le confirió a la demandada el numeral 452 del Código de la materia, ya que aquélla cuenta con la edad de sesenta años de vida y es considerada adulta mayor, máxime que dicha medida es para evitar que los cónyuges puedan causarse perjuicio en sus respectivos bienes acorde a lo que dispone el artículo 866 del Código Familiar. Por lo que ordenó girar comunicados a diversas sucursales bancarias -precisadas en el auto de mérito a foja 100- para corroborar la identidad del titular de cada una de las cuentas con el nombre y demás datos personales del demandante y, de resultar consistente dicha autentificación previa, se procediera a inmovilizar el capital activo de cada una de ellas (foja 100). En lo que respecta a la anotación preventiva solicitada, ésta se concedió, toda vez que la demandada reconvino una indemnización compensatoria a cargo de su cónyuge de todos los bienes adquiridos por éste durante el matrimonio, cuya reclamación -en caso de prosperar- obligaría al actor a restituir un determinado porcentaje de esos bienes a favor de la demandada, para pasar a formar parte del patrimonio de ésta. Y precisó que el presunto derecho y necesidad de esa medida, se justificaba por las mismas razones de la medida anterior -congelamiento de cuentas-, con la finalidad de evitar que los bienes pudieran transmitirse, gravarse, modificarse o extinguirse su dominio, posesión o demás derechos reales en perjuicio de la peticionaria. Por último, por lo que ve a la pensión alimenticia provisional, explicó que ésta requiere de tres elementos, acorde al artículo 462 del Código Familiar, a saber: Que se demostrara cumplidamente el título en cuya virtud se pidan. Lo que consideró acreditado con el acta de matrimonio de las partes contendientes. Que se justifique, cuando menos, el caudal del que deba darlos. En este apartado precisó que existían datos que revelaban que el actor cuenta con la mitad del usufructo vitalicio de un bien inmueble y que en la propuesta de convenio reconoció tener la capacidad para proporcionar alimentos a favor de su esposa por un cantidad mensual de seis mil pesos, y la demandada anexó copias simples de cuatro facturas que amparan la adquisición de cuatro vehículos a nombre del actor, así como copia certificada del inmueble a que se refiere el actor que tiene la parte proporcional del usufructo vitalicio, elementos de convicción con los que pudo estimar la capacidad económica del deudor, de igual forma obran diversas constancias en el juicio que acreditaban que dicho obligado participa de las utilidades que genera una negociación comercial con giro de ventas de pintura. La verdadera necesidad de la demandada de recibirlos, sin embargo de las constancias de autos, obtuvo que la demandada es propietaria de un inmueble y usufructuaria de la mitad de la casa habitación donde actualmente vive, por lo que el rubro de casa habitación de la demandada-reconventora lo consideró cubierto. En relación a su estado de salud, adujo estar afectada, con la expectativa de ser intervenida quirúrgicamente y requerir de atención clínica por no contar con seguro médico, sin embargo su cónyuge remitió diversas constancias que justifican que la demandada goza de los servicios de salud que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo que requirió a la demandada para que mencionara y justificara su estado actual de salud, así como el resultado de las intervenciones quirúrgicas a las que iba a ser sometida para poder fijar una pensión de forma justa y equitativa, ponderando el principio de proporcionalidad que debe regir para dicho tópico, máxime de que ambos cónyuges son adultos mayores. Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado, en razón de que dictó un auto en el que en relación al congelamiento de cuentas, estableció que procedía dicha medida con el fin de evitar que los cónyuges se pudieran causar perjuicio en sus respectivos bienes; por lo que ve a la anotación de la demanda y auto que la admitió, al analizar las probanzas aportadas consideró que procedía concederla, en razón de que la demandada reconvino una indemnización compensatoria que podía verse afectada en caso de transmitirse, gravarse, modificarse o extinguirse el dominio, posesión o demás derechos reales de los bienes adquiridos durante el matrimonio y, por último, respecto a la medida de pensión provisional de alimentos a favor de la demandada, determinó que necesitaba de más elementos para poder fijar el monto que solicitaba la aquí quejosa, en razón de que no se tenía datos actualizados respecto a su estado de salud actual y atendiendo a que ambos cónyuges son adultos mayores. Ahora, no pasa inadvertido que la autoridad responsable no hizo una manifestación expresa respecto a que dejó insubsistente el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, sin embargo, eso queda subsanado con el dictado del nuevo auto de cuatro de marzo de la presente anualidad, en el que atendió los efectos fijados en la sentencia. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, cumplió con el fallo protector, pues acató los efecto precisados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dictó un auto en el que en relación al congelamiento de cuentas, estableció que procedía dicha medida con el fin de evitar que los cónyuges se pudieran causar perjuicio en sus respectivos bienes; por lo que ve a la anotación de la demanda y auto que la admitió, al analizar las probanzas aportadas consideró que procedía concederla, en razón de que la demandada reconvino una indemnización compensatoria que podía verse afectada en caso de transmitirse, gravarse, modificarse o extinguirse el dominio, posesión o demás derechos reales de los bienes adquiridos durante el matrimonio y, por último, respecto a la medida de pensión provisional de alimentos a favor de la demandada, determinó que necesitaba de más elementos para poder fijar el monto que solicitaba la aquí quejosa, en razón de que no se tenía datos actualizados respecto a su estado de salud actual y atendiendo a que ambos cónyuges son adultos mayores; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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