Gloria Guadalupe Domínguez Vargas
Expediente 925/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gloria Guadalupe Domínguez Vargas
- Lic. Noemí Yuritzi Lara Murillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: GRORIA GUADALUPE DOMÍNGUEZ VARGAS. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve (fojas 74 a 89 vuelta), en la que se sobreseyó en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Remisión del expediente al archivo Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Valoración del juicio de amparo Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó. Asimismo, por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva solicitadas por la parte quejosa. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, así como en los cuadernos incidentales respectivos. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documentos En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes en el juicio para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubieran adjuntado, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de billete de depósito, dado que no se exhibió el mismo en incidente de suspensión respectivo. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido en la propia data en este juzgado, Gloria Guadalupe Domínguez Barajas, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, narró bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que sirven de fundamento a sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve, únicamente por lo que ve al acto reclamado consistente en la falta de atención especializada a la peticionaria de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Es menester precisar que mediante acuerdo de doce de agosto de la anualidad en curso, se desechó de plano la demanda de amparo exclusivamente por lo que ve a la omisión de expedir a la quejosa incapacidad médica con motivo de un accidente de trabajo. Finalmente, en acuerdo de nueve de octubre pasado se señaló hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se difirió en dos ocasiones y se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48, 52, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que el acto reclamado consiste en una omisión atribuible a autoridades administrativas distintas a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a definir la existencia o no del acto (omisión) reclamado, conviene establecer su naturaleza jurídica, porque se reclaman actos negativos cuya demostración obedece a reglas especiales. En efecto, la quejosa precisó en la demanda lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como responsable les reclamo lo siguiente: 1. LA OMISIÓN DE EXPEDIRME INCAPACIDAD MEDICA; 2. LA OMISIÓN DE SER REVISADA POR UN ESPECIALISTA CAPAZ DE VALORARME Y EXPEDIRME UNA INCAPACIDAD MEDICA". Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de la promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, así como en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, tomando en consideración que mediante acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda únicamente por lo que ve al acto reclamado consistente en la falta de atención especializada a la peticionaria de amparo, toda vez que en diverso de doce de agosto de la anualidad en curso, se desechó de plano la demanda de amparo, en relación con la omisión de expedir a la quejosa incapacidad médica con motivo de un accidente de trabajo, en el presente asunto el acto impugnado es el siguiente: La falta de atención médica especializada, consistente en la omisión de ser valorada por un especialista y le sea brindada la atención y medicamentos necesarios que requiera con motivo de la lesión de la rodilla izquierda. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Una vez que fue precisada la naturaleza jurídica de lo reclamado, esto es, la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de brindarle atención médica a la quejosa por la lesión que sufrió en la rodilla izquierda, procede verificar su existencia. El apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, en representación de las responsables Hospital General de Zona número 4 y Unidad de Medicina Familiar 82, éstos con residencia en Zamora, Michoacán y Unidad de Medicina Familiar número 21, con sede en Jacona, Michoacán, al rendir su informe justificado negó la omisión de la que se duele la quejosa en el presente asunto, argumentando que a partir de que se activó la obligación para ese Instituto se ha otorgado a la quejosa la atención médica que ha requerido y se le han proporcionado los medicamentos necesarios. Para acreditar tales circunstancias, el referido apoderado jurídico adjuntó al informe de ley diversas documentales emanadas del expediente de la quejosa Gloria Guadalupe Domínguez Barajas, asimismo, mediante su oficio recibido el veintiocho de octubre del presente año, en la oficialía de parte de este juzgado, remitió en vía de alcance, copias cotejadas de diversas constancias relacionadas con la peticionaria, de las que se advierte que ésta fue dada de alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social el doce de julio de dos mil diecinueve; asimismo, argumentó que no existe constancia en sus archivos en relación con la comparecencia que aduce la peticionaria realizó el nueve de julio de la presente anualidad, con motivo del accidente laboral que le ocasionó una lesión en la rodilla izquierda, en virtud de que aún no estaba afiliada a dicha institución y, por ello, no se le podía asignar un médico que la atendiera. En el presente asunto, el reclamo de la quejosa Gloria Guadalupe Domínguez Vargas tiene naturaleza de acto negativo, pues afirma que las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social -Hospital General de Zona número 4 y Unidad de Medicina Familiar 82, éstos con sede en Zamora, Michoacán y Unidad de Medicina Familiar número 21, residente en Jacona, Michoacán- le negaron la atención médica que necesita por la lesión que sufrió en la rodilla izquierda el nueve de julio de dos mil diecinueve, obligación que, a decir del apoderado jurídico de las indicadas autoridades, se ha cumplido desde el doce de julio del presente año, en que aquélla fue afiliada a ese régimen por parte de la empresa para la que labora "AGRO MARLY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", ya que es a partir de esta última data en que se activó dicho deber a cargo de las responsables. Ahora, con base en los criterios que el Poder Judicial de la Federación estableció en relación a la precisión de los actos reclamados es necesario tomar en cuenta que cualquier acto, de autoridad o de particular, es una especie del hecho, se trata de un acontecimiento que se verifica en la naturaleza que, para su producción, requiere la voluntad de las personas; un hecho cualquiera como podría ser la lluvia, el viento, el amanecer, el anochecer, cuando tiene significación jurídica, esto es que crea derechos y obligaciones se denomina hecho jurídico; por ejemplo, un desastre natural producido por la lluvia, un terremoto, un huracán, engendran consecuencias jurídicas para las personas y para el Estado; por ejemplo, las compañías aseguradoras en los casos que así se haya contratado deberán responder hasta por el monto de la póliza contratada por los daños causados por el fenómeno de la naturaleza; el Estado, por su parte, deberá implementar los programas gubernamentales para garantizar la vida, la salud y seguridad de las personas que se vean afectadas por tales hechos. Cuando el hecho con significación jurídica se produce con la intervención de la voluntad de las personas, estamos en presencia de un acto jurídico, pues lo que determina su nacimiento es precisamente el querer y entender de las personas, ya sean físicas o jurídicas, dado que estas últimas, también manifiestan su voluntad a través de las personas físicas con poder para ello. Tratándose de las personas jurídicas de carácter privado, la manifestación de la voluntad se realiza a través de sus representantes legítimos (presidente del consejo de administración o administrador único, por ejemplo) o de los legales que por voluntad se hayan constituido (apoderados o mandatarios). Las personas jurídicas de carácter público manifiestan su voluntad a través del funcionario competente que tenga las atribuciones necesarias conforme a la ley. Las omisiones para que produzcan sus efectos requieren de la determinación de la persona que estando consciente que tiene el deber jurídico de hacer algo, deliberadamente lo omite, produciéndose con ello un resultado o impidiéndose el que se esperaba; por ejemplo, toda persona que haya procreado un hijo o hija tiene el deber jurídico de proveerle alimentos; si omite la conducta que exige la ley, el acto aunque negativo, puede ser sancionado. Al respecto, cobra aplicación la tesis 1ª.XVII/2018 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". Tratándose de autoridades, para que un acto negativo o de omisión se produzca, es necesario que exista un deber jurídico a cargo de la autoridad de realizar alguna actuación, que de verificarse crearía, modificaría o extinguiría alguna situación jurídica; incluso, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, al definir el concepto de autoridad precisa: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Sentado lo anterior, para demostrar la existencia de un acto negativo u omisivo, primero tiene que precisarse cuál es la obligación que la autoridad debió cumplir, esto es, debe acreditarse el origen o fuente del deber jurídico de hacer lo que el quejoso pretende, y a partir de ahí poder decidir si la autoridad incurrió en la omisión. Ello porque los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico fundamental son garantizados mediante el establecimiento de obligaciones a cargo del Estado, positivas y negativas, que avalan que esos derechos humanos sean ejercidos plenamente por todas las personas por igual. Sin embargo, esas obligaciones (garantías) pueden ser de cumplimiento instantáneo, diferido o condicionado, pues el poder de exigir su cumplimiento depende de cada situación jurídica en la que las personas se colocan. Así, por ejemplo, la Ley Fundamental reconoce el derecho de acceso a la información pública bajo el principio de máxima publicidad; empero, para que las obligaciones a cargo del Estado se activen, es necesario que exista una solicitud de acceso. Lo mismo sucede con el derecho de petición, y otros derechos que su activación depende de que la persona se coloque en una situación determinada. Es así, entonces, no todas las obligaciones positivas o negativas que se consignan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos humanos son de cumplimiento inmediato, verbigracia, el derecho a la salud que conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra garantizado con el establecimiento de obligaciones de cumplimiento inmediato y otros de cumplimiento progresivo hasta alcanzar el nivel más alto en la prestación del servicio. En esta línea argumentativa, lo que la quejosa Gloria Guadalupe Domínguez Vargas reclama es un acto negativo, pues afirma que las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social -Hospital General de Zona número 4 y Unidad de Medicina Familiar 82, éstos con sede en Zamora, Michoacán y Unidad de Medicina Familiar número 21, residente en Jacona, Michoacán- le negaron la atención médica que requiere debido a la lesión que sufrió en la rodilla izquierda el nueve de julio de dos mil diecinueve, obligación que, a decir del apoderado jurídico de éstas, se ha cumplido desde el doce de julio del presente año, en que aquélla fue afiliada a ese régimen, por parte de la empresa para la que labora "AGRO MARLY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", porque es a partir de esta última data en que se activó dicho deber a cargo de las responsables. Así, la distribución de la carga probatoria dentro de cualquier juicio obedece a leyes de la lógica y a principios derivados de la experiencia y de la doctrina jurisprudencial, así, se puede afirmar que existen varios principios que recogen estas reglas que deben ser aplicadas en cada caso concreto y que derivan incluso de la interpretación sistemática y teleológica de diversos preceptos legales; a saber, los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición del artículo 2°, recogen el principio general de derecho que postula "incubit probatio quidicit non qui negat". Aforismo por virtud del cual se entiende que la demostración de las afirmaciones corresponde a quien las hace y que la negación, por su naturaleza, no es de acreditarse, a no ser que contenga aseveración expresa. Un segundo principio de naturaleza ontológica en materia probatoria que impacta en el juicio de amparo en que se reclaman actos omisivos, es el que postula que lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba; principio que se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, despojado de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios. Otro principio de carácter lógico consiste en que cuando hay dos asertos uno positivo y otro negativo, por la facilidad que existe en demostrar el positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Además de estos principios, cuando se reclaman en el juicio de amparo actos omisivos que se fundan en el ejercicio de una atribución prevista en la ley, es necesario distinguir entre aquellas obligaciones condicionadas y las incondicionales, porque en el caso de las primeras, será necesario demostrar la "condición" para el ejercicio de la facultad, cuya omisión se demanda está cumplida, pues sólo así se activará el deber jurídico del servidor público de actuar en consecuencia. De igual forma, es menester dilucidar si se trata de facultades discrecionales o regladas, pues, en el primer caso, corresponde al servidor público empoderado por la ley, determinar el mérito y oportunidad en el ejercicio de tal atribución, mientras que, en el segundo, bastará con que los hechos que rodean el acto se subsuman en la hipótesis normativa. Al respecto en la tesis 1a. CCCXCVI/2014 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO". Ahora, conviene precisar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) justificó que la obligación de brindar asistencia médica en favor de la quejosa inició desde el doce de julio de dos mil diecinueve y que a partir de esa data ha cumplido con ese deber, ya que se trata de una Institución Constitucional autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio Instituto, llamada entonces asegurados y derechohabientes. Dicho instituto funciona con un régimen obligatorio para brindar los servicios de salud, financiado de forma tripartita, con contribuciones provenientes de los patrones, del Estado y de los propios trabajadores, el cual cuenta con cinco tipos de seguro: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; Guarderías y prestaciones sociales; dicha prestación de seguridad social encuentra su base constitucional en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Seguro Social, vigente a partir del diecinueve de enero de mil novecientos cuarenta y tres, que disponen: "Artículo 1o. El seguro social constituye un servicio público nacional, que se establece con carácter obligatorio en los términos de esta ley y sus reglamentos." "Artículo 2o. Esta ley comprende el seguro de: I. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; II. Enfermedades no profesionales y maternidad; III. Invalidez, vejez y muerte, y IV. Cesantía involuntaria en edad avanzada". Reglamento de la Ley del Seguro Social: "Artículo 45. Los patrones deberán inscribir a sus trabajadores ante el Instituto en los términos que señala la Ley. Asimismo, podrán hacerlo el día hábil anterior al inicio de la relación laboral; en este caso, el reconocimiento de derechos o semanas para determinar el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie se contabilizará a partir de la fecha que como inicio de la relación laboral se señale en el aviso respectivo. Los patrones comunicarán al Instituto los salarios de sus trabajadores sin exceder los límites establecidos en el artículo 28 de la Ley". "Artículo 48. El Instituto le entregará al derechohabiente, un documento de identificación. Dicho documento deberá contener, al menos los datos siguientes: I. Nombre completo del derechohabiente; II. Clave Única de Registro de Población; III. Firma o huella digital del derechohabiente, y IV. Condición de derechohabiente. En caso de que el derechohabiente solicite la expedición de un nuevo documento de identificación, el Instituto se lo entregará previo pago correspondiente". "Artículo 57. Los patrones o sujetos obligados deberán comunicar al Instituto, a través de los medios autorizados, las bajas de los trabajadores cuando termine la relación laboral o dejen de ser sujetos de aseguramiento, en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente de la fecha en que se dé el supuesto respectivo. En el caso de la presentación del aviso de baja, dentro del término legal, éste surtirá sus efectos a partir de la fecha señalada por el patrón en dicho aviso, teniéndose como cotizado el día que se señale como fecha de la baja. En el caso de la presentación extemporánea del aviso de baja, éste surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de su recepción por el Instituto, con excepción de los casos en que el propio Instituto hubiese dictaminado pensiones de riesgos de trabajo o de invalidez, en cuyo caso la baja surtirá sus efectos a partir de la fecha que en el mismo se señale". De las anteriores transcripciones se advierte que el Seguro Social constituye un Servicio Público Nacional, establecido con carácter obligatorio en cumplimiento al artículo 123 de la Constitución Federal de la República, con la finalidad de brindar, entre otros, atención médica a los trabajadores a partir de su afiliación y hasta en tanto no sean dados de baja por su patrón, es decir, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social esté obligado a brindar a alguna persona las prestaciones señaladas en la ley y sus reglamentos, necesariamente deberá haberse dado de alta en dicho régimen por parte de su patrón y encontrarse vigente en sus derechos, requisito indispensable para que nazca el derecho al beneficio especial. Establecido lo anterior, en el caso a estudio puede aseverarse válidamente que el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha incurrido en la omisión de brindar a la quejosa asistencia médica desde que se activó dicha obligación a su cargo, es decir, a partir del doce de julio de dos mil diecinueve en que la empresa "AGRO MARLY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", registró como su trabajadora a Gloria Guadalupe Domínguez Vargas, afiliándola a ese régimen, porque antes de esa data la peticionaria del amparo no era derechohabiente de los seguros que presta ese instituto y, por tanto, no podía exigirle a dicha dependencia que le otorgara asistencia médica o algún otro beneficio. En efecto, el apoderado jurídico de las autoridades responsables Hospital General de Zona número 4 y Unidad de Medicina Familiar 82, éstos con sede en Zamora, Michoacán y Unidad de Medicina Familiar número 21, residente en Jacona, Michoacán, al rendir su informe de ley, negó categóricamente el acto que se le atribuye, con base en la copia certificada de una nota derivada de la valoración médica que se realizó a la quejosa el veinte de agosto pasado, misma que adjuntó para justificarlo, así como las diversas constancias que en copia cotejada remitió en vía alcance a dicho informe, mediante su oficio recibido el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve en la oficialía de partes de este juzgado, relacionadas con Gloria Guadalupe Domínguez Vargas, quien fue registrada en esa institución con el número de Seguridad Social 04058714918, de las que destacan las siguientes: Hoja electrónica de Registro Clínico a nombre de Gloria Guadalupe Domínguez Vargas, de la que se advierte que el veintinueve de enero, cinco de febrero y el veinte de julio, todos de dos mil diecinueve, aquélla fue atendida en virtud de un esguince cervical y una contractura muscular. Nota realizada por el doctor José Arturo Paz García, adscrito a la Unidad de Medicina Familiar número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jacona, Michoacán, con cédula profesional 6277705 y matrícula 98111272, relativa a la valoración médica que realizó a la solicitante del amparo Gloria Guadalupe Domínguez Vargas el veinte de julio de dos mil diecinueve, diagnosticándola con una contractura muscular de rodilla, motivo por el cual le dejó cita abierta en el área de urgencias y le prescribió diversos medicamentos para su recuperación, a saber, dexametasona solución inyectable en frasco, ámpula o ampolleta, una sola dosis; piroxicam cápsulas o tabletas de 20 miligramos, una cada doce horas, por diez días y paracetamol tabletas de 500 miligramos, una cada ocho horas, durante tres días. Documento denominado "Acceder Unificado", relativo al Sistema de Información de Registro, Correcciones, Bajas, Prórrogas, Servicios, Reportes y Documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del que se desprende que Gloria Guadalupe Domínguez Vargas fue registrada por parte de su patrón "AGRO MARLY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", ante dicho Instituto el doce de julio de dos mil diecinueve, con Número de Seguridad Social 04058714918 y registro patronal C8312347. Constancia de vigencia de derechos a nombre de Gloria Guadalupe Domínguez Vargas con Número de Seguridad Social 04058714918, en la que se asentó que ésta sí tiene derecho al servicio médico y que el nombre de su último patrón es AGRO MARLY; y, Copia cotejada de la nota realizada por el médico especialista en Traumatología y Ortopedia José García Magaña, matrícula 98163290, adscrito al Hospital General de Zona número 4, con sede en Zamora, Michoacán, derivada de la valoración médica que realizó a la paciente Gloria Guadalupe Domínguez Vargas el veinte de agosto pasado, en la que asentó que padece esguince del compartimento medial de rodilla izquierda, con probable lesión del ligamento colateral medial de ésta y le recomendó como plan de tratamiento evitar apoyar el miembro pélvico izquierdo mínimo por dos semanas, caminar con apoyo de muletas, sin pisar con el pie izquierdo, prescribiéndole los medicamentos necesarios para su recuperación, específicamente orfenadrina 60 miligramos IM, una cada veinticuatro horas, por seis días; diclofenaco de 100 miligramos, una cada doce horas, durante diez días y paracetamol de 500 miligramos, una cada doce horas por diez días. Así, de las constancias anteriormente reseñadas se advierte que no existe la omisión que atribuye la quejosa a las autoridades responsables, como enseguida se expondrá. Primeramente, es menester precisar que la quejosa Gloria Guadalupe Domínguez Vargas se duele de que las autoridades responsables Hospital General de Zona número 4 y Unidad de Medicina Familiar 82, éstos con sede en Zamora, Michoacán y Unidad de Medicina Familiar número 21, residente en Jacona, Michoacán, han sido omisas en brindarle la atención médica especializada con motivo del accidente que sufrió en su fuente de trabajo el nueve de julio de dos mil diecinueve, aduciendo lo siguiente: Que el nueve de julio de dos mil diecinueve, fecha en la que sufrió la lesión en horario laboral se trasladó a la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social 21, de Jacona, Michoacán, en donde le recetaron "paracetamol, dexametazona y peroxicam". Que el diez de julio de dos mil diecinueve, acudió a la Unidad de Medicina Familiar Número 82 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Zamora, Michoacán, en la que le negaron la atención médica, informándole que el accidente de trabajo había sucedido antes de que su patrón la diera de alta en dicho instituto. Que lo mismo sucedió el diecinueve y veinte de julio del presente año, cuando se presentó en el Hospital General de Zona número 4 y en la Unidad de Medicina Familiar 82, ambos con sede en Zamora, Michoacán, respectivamente, ya que el personal de dichos nosocomios le manifestó que no podían atenderla en virtud de que el accidente de trabajo había ocurrido antes de que su patrón la diera de alta en el Servicio Social. Conforme a lo expuesto en párrafos anteriores, se infiere que antes del doce de julio de dos mil diecinueve, no existía obligación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de brindarle atención médica a la quejosa, en virtud de que no estaba registrada en dicho régimen; por ende, no existió la omisión que atribuye a las responsables con relación a la falta de atención médica que requirió el nueve y diez del mes y año en cita -pues como se vio en líneas precedentes- para que exista una omisión es necesario que la autoridad a quien se le atribuye tenga a su cargo una obligación específica, precisamente, de actuar en una forma positiva (un hacer, desplegar una conducta); y, en el caso, las responsables adquirieron esa obligación a partir del doce de julio anterior, en que su patrón "AGRO MARLY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", la dio de alta en ese Instituto. Lo cual se corrobora con el documento denominado "Acceder Unificado", relativo al Sistema de Información de Registro, Correcciones, Bajas, Prórrogas, Servicios, Reportes y Documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del que se desprende que Gloria Guadalupe Domínguez Vargas fue registrada por parte de su patrón "AGRO MARLY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", ante dicho Instituto el doce de julio de dos mil diecinueve, con Número de Seguridad Social 04058714918 y registro patronal C8312347 y con la constancia de vigencia de derechos de aquélla. Por tanto, es obvio que antes de su alta como trabajadora afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social -doce de julio de dos mil diecinueve-, dicha institución no tenía la obligación de brindarle la asistencia médica que demandó la quejosa el nueve y diez de julio del presente año, en virtud de que aún no era derechohabiente de ese régimen, ya que ese derecho únicamente pueden exigirlo los empleados cuyo servicio de salud se encuentre vigente derivado de su relación patronal. Por lo anterior, como quedó precisado en los párrafos que anteceden, en el caso debe considerarse inexistente la omisión atribuida a las autoridades responsables, el nueve y diez de julio de dos mil diecinueve, dado que en autos no se evidencia el deber jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional Michoacán, de proporcionarle atención médica a la quejosa en esas datas, ya que éste no se encontraba obligado a prestar el servicio de atención médica, porque la quejosa aún no estaba inscrita como trabajadora afiliada a ese régimen, dado que fue hasta el doce de julio siguiente cuando la empresa "AGRO MARLY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE" la dio de alta como su trabajadora. Ello es así, pues aun cuando la quejosa sostiene que la lesión que sufrió en la rodilla izquierda aconteció en su fuente laboral el nueve de julio pasado, dicha circunstancia por sí sola es insuficiente para generarle la obligación al Instituto Mexicano del Seguro Social de brindarle atención médica, ya que esa condición no se genera de forma automática para todos los trabajadores, sino que nace a partir de que el empleado sea dado de alta por parte de su patrón ante esa institución, condición normativa que se encuentra regulada en los numerales 84 y 207 de la Ley del Seguro Social, con base en los cuales es necesario que los trabajadores se encuentran dados de alta por sus patrones (como trabajadores activos) o, bien, a través del seguro voluntario, contemplado en el artículo 13 del cuerpo de leyes invocado. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". Así como la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SEGURO SOCIAL, CONSTITUCIONALIDAD DEL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DEL, QUE IMPONE OBLIGACIONES A LOS PATRONES. No es exacto que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cobre con fundamento en el artículo 29 de la ley, servicios que no ha prestado, ya que mientras no se dé de baja a un trabajador, y en algunos casos aun después de que se dé tal baja, está obligado a otorgar los servicios que determina la Ley del Seguro Social a todos los sujetos del régimen obligatorio de seguridad social, cuando dichos sujetos los soliciten. Las cuotas obrero-patronales son créditos fiscales, verdaderos tributos o contribuciones en sentido genérico, según la terminología constitucional, que los patrones y obreros pagan obligatoriamente al Estado, al beneficiarse de manera especial por la implantación del servicio público administrativo de la seguridad social, servicio que a la vez reporta un beneficio colectivo. Estos tributos tienen su fundamento jurídico, además de la sujeción a la potestad de imperio del Estado para imponer las contribuciones necesarias para hacer frente a los gastos públicos, en lo dispuesto por el artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución Política, pues el Seguro Social constituye un servicio público nacional, establecido con carácter obligatorio en cumplimiento de ese precepto de nuestra Carta Fundamental. Dentro de este orden de ideas, mientras el trabajador no haya sido dado de baja por un patrón, el Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a dar todas las prestaciones que señalan la ley y sus reglamentos, y el trabajador tiene derecho a dichas prestaciones, siempre que se den los presupuestos que el ordenamiento señala para que nazca el derecho al beneficio especial". Lo resaltado es de este juzgado. Y la tesis I.3o.C.110 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE LA OMISIÓN. En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto es, los que implican un hacer de la autoridad, la carga de la prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en la parte quejosa, ya que es ella quien afirma el perjuicio que le irrogan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, esto es, la carga de la prueba se revierte a las contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que las autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que se les atribuyen". En otro orden de ideas, como quedó evidenciado en párrafos anteriores, de la constancia que en copia certificada adjuntó a su informe justificado el apoderado jurídico de las responsables Hospital General de Zona número 4 y Unidad de Medicina Familiar 82, éstos con sede en Zamora, Michoacán y Unidad de Medicina Familiar número 21, residente en Jacona, Michoacán y, de las diversas que remitió en vía de alcance, recibidas el veintiocho de octubre pasado en la oficialía de partes de este juzgado, se advierte que a partir del doce de julio de dos mil diecinueve, en que la quejosa Gloria Guadalupe Domínguez Barajas fue inscrita en dicho régimen, ha recibido atención médica y tratamiento en dos ocasiones, según se advierte de las constancias siguientes: Nota realizada por el doctor José Arturo Paz García, adscrito a la Unidad de Medicina Familiar número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jacona, Michoacán, con cédula profesional 6277705 y matrícula 98111272, relativa a la valoración médica que realizó a la solicitante del amparo Gloria Guadalupe Domínguez Vargas el veinte de julio de dos mil diecinueve, diagnosticándola con una contractura muscular de rodilla, motivo por el cual le dejó cita abierta en el área de urgencias y le prescribió diversos medicamentos para su recuperación, a saber, dexametasona solución inyectable en frasco, ámpula o ampolleta, una sola dosis; piroxicam cápsulas o tabletas de 20 miligramos, una cada doce horas, por diez días y paracetamol tabletas de 500 miligramos, una cada ocho horas, durante tres días; Documental anterior que se adminicula con la copia cotejada de la nota realizada por el médico especialista en Traumatología y Ortopedia José García Magaña, matrícula 98163290, adscrito al Hospital General de Zona número 4, con sede en Zamora, Michoacán, derivada de la valoración médica que realizó a la paciente Gloria Guadalupe Domínguez Vargas el veinte de agosto pasado, en la que asentó que padece esguince del compartimento medial de rodilla izquierda, con probable lesión del ligamento colateral medial de ésta y le recomendó como plan de tratamiento evitar apoyar el miembro pélvico izquierdo mínimo por dos semanas, caminar con apoyo de muletas, sin pisar con el pie izquierdo, prescribiéndole los medicamentos necesarios para su recuperación, específicamente orfenadrina 60 miligramos IM, una cada veinticuatro horas, por seis días; diclofenaco de 100 miligramos, una cada doce horas, durante diez días y paracetamol de 500 miligramos, una cada doce horas por diez días. Lo anterior patentiza que una vez que Gloria Guadalupe Domínguez Barajas fue dada de alta por su patrón "AGRO MARLY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha sido atendida de la lesión de su rodilla izquierda en dos ocasiones, la primera el veinte de julio de dos mil diecinueve por el doctor José Arturo Paz García, adscrito a la Unidad de Medicina Familiar número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jacona, Michoacán, con cédula profesional 6277705 y matrícula 98111272 y, la segunda, el veinte de agosto del presente año, por el médico especialista en Traumatología y Ortopedia José García Magaña, matrícula 98163290, adscrito al Hospital General de Zona número 4, con sede en Zamora, Michoacán y en ambas ocasiones se le suministraron diversos medicamentos, lo que implica que el mencionado Instituto le ha proporcionado la atención médica a la solicitante de la protección constitucional -una vez que se activó esa obligación a su cargo-, siempre que lo ha solicitado, por lo menos en las ocasiones en que se tiene registro, de acuerdo a sus posibilidades e infraestructura. Es así, porque los profesionistas adscritos a las indicadas unidades de salud realizaron las valoraciones que consideraron necesarias para diagnosticar el padecimiento que aqueja a la solicitante del amparo en su rodilla izquierda, lo que se hizo de su conocimiento, indicándole también los cuidados necesarios para su recuperación y otorgándole los medicamentos para su tratamiento. En consecuencia, toda vez que no se arrimó al presente asunto pruebas que evidencien la existencia de las omisiones atribuidas a las autoridades y, al no haberse desvirtuado sus negativas, las cuales sí fueron corroboradas con las pruebas que adjuntó su apoderado jurídico a su informe justificado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. CUARTA. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad, suprímanse los datos sensibles que pueda contenerse esta sentencia, procurando que la misma no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que las partes no hayan manifestado su oposición a que se hagan públicos sus datos personales durante esta primera instancia, acorde al numeral 117 de la legislación en comento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Gloria Guadalupe Domínguez Barajas, contra las autoridades responsables y acto reclamado precisados en el considerando segundo de esta sentencia, atento a las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con su supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Elva Janette Herrejón Chávez, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
- Principal
Cumple requerimientoAgréguese a los autos para que surta sus efectos, el comunicado signado por el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán (en representación de las autoridades responsables), a través del cual cumple con el requerimiento de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve y remite copia certificada de las constancias ahí precisadas. Agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas de la autoridad oficiante Ahora, en términos del numeral 119 de la ley en la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales de mérito, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Gisela Paola Hurtado Sánchez513/2014
- Gladys Teresa Garibay Chávez316/2018
- Gloria Correa Mendoza90/2022
- Gloria Galindo Luviano1020/2019
- Gloria Gallegos Cortés655/2020
- Gloria Godínez Ramírez705/2019
- Gloria María Ramírez Núñez919/2018
- Gloria Murillo Velázquez973/2019
- Gloria Rocío Aguilar Álvarez253/2022
- Gloria Selene Canales García334/2021
- Gloria Urbina Rueda516/2020
- Gonzálo Iván Martínez Sierrra99/2019