Gloria María May Muñoz
Expediente 1357/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1357/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gloria María May Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, el veintiséis de febrero y uno de marzo del año en curso, sin que a la fecha alguna de ellas desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Siendo menester señalar, que si bien el término de tres días concedido a las partes transcurrió del cinco al siete de marzo del año en curso, el presente acuerdo se dicta en esta fecha, en virtud de que del cinco al nueve de marzo del presente año, en cumplimiento al oficio CCJ/ST/708/2018, de veinte de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el Titular de este Juzgado Federal se encontraba de licencia; en consecuencia, al no estar autorizado el Secretario Encargado del Despacho para declarar el cumplimiento de las sentencias, en atención a lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es que no fue posible ceñirse al plazo otorgado. Mediante sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió a GLORIA MARÍA MAY MUÑOZ el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Fiscal Investigador en turno de la Agencia Vigésima Tercera del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en la ciudad de Kanasín, Yucatán, en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de que se le notifique el auto por el que se declare que causó ejecutoria el presente fallo protector, agote todas las diligencias que estime necesarias para la investigación de los hechos denunciados, a fin de calificar si se está en presencia o no de un hecho previsto en la ley como delito, y resuelva lo procedente con libertad de jurisdicción en la carpeta P4-A4/02940/2016. Posteriormente, en auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió a la responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio sin número, signado por el Fiscal Investigador en turno, de la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público, con residencia en Kanasín, Yucatán, remitió copia certificada de la carpeta de investigación número P4-A4/02940/2016. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable hizo del conocimiento a su superior que en fecha veintiuno de febrero del año en curso, la quejosa GLORIA MARÍA MAY MUÑOZ y el tercero interesado GERARDO ANTONIO BAAS NOH a través de una sesión de mediación con número de registro 23/2018, en la sala de sesiones del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, celebraron un acuerdo reparatorio, relativo a los hechos a que se refiere la carpeta de investigación P4-A4/2940/2016 de donde se presume el delito de daño en propiedad ajena cometido por culpa. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable, se encuentra imposibilitada materialmente para acatar la ejecutoria de amparo, pues tal como se demuestra con las constancias que el Fiscal Investigador en turno, de la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público, con residencia en Kanasín, Yucatán, ha cambiado la situación jurídica que imperaba al momento de dictarse la sentencia correspondiente, en virtud del acuerdo reparatorio celebrado entre las partes. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse la imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para acatar estrictamente el fallo protector, pues dicha autoridad ya no puede válida ni legalmente, hacer una actuación en la carpeta administrativa de origen, en virtud del acuerdo reparatorio celebrado; determinación que se estima no causa un perjuicio a la parte quejosa, pues en caso de incumplimiento, se dará continuidad al procedimiento penal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 y 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el numeral 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; por tanto, se declara que EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO SIN MATERIA. Norma el anterior criterio, la tesis 2ª. CXXIV/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 586, del Tomo X, octubre de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso." También es aplicable al caso, la tesis 1a. III/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 216, del Tomo XVII, febrero de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, EL PROVEÍDO DE doce de marzo de dos mil dieciocho, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, doce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, el veintiséis de febrero y uno de marzo del año en curso, sin que a la fecha alguna de ellas desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Siendo menester señalar, que si bien el término de tres días concedido a las partes transcurrió del cinco al siete de marzo del año en curso, el presente acuerdo se dicta en esta fecha, en virtud de que del cinco al nueve de marzo del presente año, en cumplimiento al oficio CCJ/ST/708/2018, de veinte de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el Titular de este Juzgado Federal se encontraba de licencia; en consecuencia, al no estar autorizado el Secretario Encargado del Despacho para declarar el cumplimiento de las sentencias, en atención a lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es que no fue posible ceñirse al plazo otorgado. Mediante sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió a GLORIA MARÍA MAY MUÑOZ el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Fiscal Investigador en turno de la Agencia Vigésima Tercera del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en la ciudad de Kanasín, Yucatán, en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de que se le notifique el auto por el que se declare que causó ejecutoria el presente fallo protector, agote todas las diligencias que estime necesarias para la investigación de los hechos denunciados, a fin de calificar si se está en presencia o no de un hecho previsto en la ley como delito, y resuelva lo procedente con libertad de jurisdicción en la carpeta P4-A4/02940/2016. Posteriormente, en auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió a la responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio sin número, signado por el Fiscal Investigador en turno, de la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público, con residencia en Kanasín, Yucatán, remitió copia certificada de la carpeta de investigación número P4-A4/02940/2016. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable hizo del conocimiento a su superior que en fecha veintiuno de febrero del año en curso, la quejosa GLORIA MARÍA MAY MUÑOZ y el tercero interesado GERARDO ANTONIO BAAS NOH a través de una sesión de mediación con número de registro 23/2018, en la sala de sesiones del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, celebraron un acuerdo reparatorio, relativo a los hechos a que se refiere la carpeta de investigación P4-A4/2940/2016 de donde se presume el delito de daño en propiedad ajena cometido por culpa. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable, se encuentra imposibilitada materialmente para acatar la ejecutoria de amparo, pues tal como se demuestra con las constancias que el Fiscal Investigador en turno, de la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público, con residencia en Kanasín, Yucatán, ha cambiado la situación jurídica que imperaba al momento de dictarse la sentencia correspondiente, en virtud del acuerdo reparatorio celebrado entre las partes. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse la imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para acatar estrictamente el fallo protector, pues dicha autoridad ya no puede válida ni legalmente, hacer una actuación en la carpeta administrativa de origen, en virtud del acuerdo reparatorio celebrado; determinación que se estima no causa un perjuicio a la parte quejosa, pues en caso de incumplimiento, se dará continuidad al procedimiento penal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 y 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el numeral 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; por tanto, se declara que EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO SIN MATERIA. Norma el anterior criterio, la tesis 2ª. CXXIV/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 586, del Tomo X, octubre de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso." También es aplicable al caso, la tesis 1a. III/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 216, del Tomo XVII, febrero de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: glósese a este expediente el oficio de cuenta signado por el Fiscal Investigador en turno, del Ministerio Público de la Agencia Vigésima Tercera, con sede en Kanasín, Yucatán, sin que sea el caso acordar en cuanto a su contenido, toda vez que mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se proveyó al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la certificación de cuenta que antecede, se acuerda: con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio sin número signado por el Fiscal Investigador en turno, de la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público, con residencia en Kanasín, Yucatán, y anexo que adjunta; que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.
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