Gloria Lizeth Franco Pech
Expediente 1098/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gloria Lizeth Franco Pech
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el acuerdo de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podrían causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que la autoridad responsable foránea Secretario de Salud del Gobierno de México, residente en la Ciudad de México, no ha rendido su informe previo, ni obra en autos el acuse de recibo postal correspondiente al oficio por medio del cual se le requirió, dado que su domicilio se ubica fuera de la residencia de este Juzgado. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que obste a lo anterior, que el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad responsable se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rinda su informe previo en el término aludido es que se fija la fecha referida, a fin de evitar posteriores diferimientos. Por otra parte, visto el estado de autos, se aprecia que a la presente data, ha transcurrido un término razonable y prudente para que las autoridades hayan dado cumplimiento a la suspensión provisional del acto reclamado, relativo a aplicar a la menor YAREMI YSABEL ANCONA GUERRA la vacuna que por su edad le correspondía, de no existir riesgo alguno a su salud; considerando que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Con relación a lo anterior, constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, que, en diversos juicios de amparo tramitados en este órgano jurisdiccional sobre el mismo tema, ya se ha aplicado dicha vacuna a los menores ahí señalados como quejosos, en cumplimiento a la medida cautelar dictada. En ese sentido, dado que el cumplimiento a la medida suspensional pudiera actualizar una causal de improcedencia, por haber cesado los efectos del acto reclamado, al verse restablecidas las cosas al estado en el que se encontraban hasta antes de la violación reclamada, como si se hubiera concedido la protección y amparo de la Justicia Federal. Así, tomando en consideración que la actualización de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y por ende se deben analizar de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; y, que en términos del diverso ordinal 64 de dicha normatividad, las partes se encuentran obligadas a informar a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, se provee: Prevéngase a la representante legal de la menor aquí quejosa, para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señale bajo protesta de decir verdad, si a la presente fecha ya le fue aplicada a la menor YAREMI YSABEL ANCONA GUERRA la vacuna correspondiente a su edad, y, en caso afirmativo, especifique si ya le fueron aplicadas las dos dosis o sólo una, y si ha sido citada para ello. En el entendido que, de ser posible, deberá exhibir el documento que acredite fehacientemente dicha circunstancia. De igual manera, prevéngase a la parte promovente que, para el supuesto de que no le hayan sido aplicadas a la menor quejosa las dosis de la vacuna correspondiente, tan pronto les sea aplicada, lo comunique a este juzgado bajo protesta de decir verdad. Apercibida que, en caso de incumplimiento a los requerimientos, se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, la cual equivale a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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