Gloria Lorena Castillo Durán
Expediente 824/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 824/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gloria Lorena Castillo Durán
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **************, quien aduce representar a la sucesión a bienes de ***************, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido con sede en Acámbaro, Guanajuato y otra autoridad; con apoyo en los Acuerdos Generales 7/2022 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación al periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 824/2022-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista fracción previsto en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los ordinales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, que por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los preceptos en cita se deduce, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien afecte en su esfera jurídica el acto reclamado y que esa afectación sea real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En este sentido, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el "perjuicio" es la base para promover el juicio de amparo, debiendo interpretarse "perjuicio" en el sentido de "ofensa" al derecho del quejoso, por lo que el mal debe ser real y efectivo para la procedencia del juicio constitucional, de modo que debe exigirse la comprobación por parte de éste, del derecho o interés que, en su concepto, ha sido afectado por el acto o actos que reclame de las autoridades responsables. De lo anterior se desprende que la acción constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, esto es, se requiere la existencia de un agravio o perjuicio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, pues éste es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, ya que sin él, la acción de control constitucional se torna improcedente. Así, el agravio en cuestión debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose por dicha afectación toda lesión u ofensa que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos en lo individual como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. Entonces, cuando esa afectación no proviene del acto reclamado sino que pudiese tener su origen en una fuente diversa, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe tenerse por improcedente por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En esa tesitura, está legitimado para promover el juicio de amparo aquel sujeto que es titular del derecho infringido por un acto de autoridad, acción que pude ejercer por sí o por conducto de su representante legal. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido por la parte agraviada, por su representante legal, por su defensor o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente. En el caso, la gestionante si bien es cierto que en el proemio de la demanda de amparo aduce promover por "propio derecho", lo cierto es que acude en defensa de la sucesión a bienes de ***************, debido a que en el capítulo de conceptos de violación textualmente refirió "La suscrita no me fue permitido el acceso al juicio citado at supra aún y cuando soy coheredera de la Sucesión demandada dejándome en total estado de indefensión, por lo que nunca tuve la oportunidad de defender la Sucesión en mi calidad de coheredera". En ese sentido, si la promoverte reclama todas y cada una de las actuaciones realizadas en el juicio ordinario civil 394/2022 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Acámbaro, Guanajuato, (en el que sucesión a bienes de ************** es parte demanda) en el cual no le fue reconocida la calidad de represéntate de la referida sucesión que aduce representar. Sin embargo, el carácter de coheredera de la masa hereditaria de *************** no le da legitimación para instar el juicio constitucional. En principio, conviene traer a colación el contenido del artículo 580 de la ley adjetiva civil del Estado de Guanajuato, que dispone: "Art. 580.- El representante legal en las sucesiones es el albacea, en todo lo que se refiere a los intereses generales. En cuanto a los particulares de cada heredero o legatario, son éstos parte para ejercitar sus respectivos derechos." Del dispositivo legal antes transcrito se advierte que los albaceas son órganos representativos de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes hereditarios; y, en cuanto a los intereses particulares de cada heredero, éstos son quienes deben ejercer sus respectivos derechos. Asimismo, el artículo 2944 del mismo cuerpo de leyes dispone lo siguiente: "Artículo 2944. Son obligaciones del albacea general: I. La presentación del testamento; II. El aseguramiento de los bienes de la herencia; III. La formación de inventarios; IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; V. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; VI. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella; IX. Las demás que le imponga la ley." De este ordenamiento se desprenden las obligaciones que adquiere el albacea al aceptar dicho cargo, entre las que destacan la de defender en juicio o fuera de él la herencia como la validez del testamento; y representar a la sucesión en todos los juicios que se promuevan en su nombre o en contra de ella. En ese sentido, corresponde al albacea deducir todas las acciones relacionadas con la masa hereditaria, al ser una obligación inherente al cargo; además, una vez que asume sus funciones, ni siquiera los herederos pueden ejercerlas, por tratarse de una atribución propia y exclusiva de aquél, quien es designado legalmente como representante de la copropiedad involucrada, hasta en tanto se lleva a cabo la partición relativa. En el caso, el albacea de la sucesión es ****************, pues así lo refirió la promovente en la demanda de amparo. En ese orden, la defensa del caudal hereditario corresponde al albacea designado en la sucesión que se tramite, en términos de lo dispuesto por los numerales indicados, y no así a los herederos reconocidos en la misma, ya que carecen de legitimación para promover el amparo en contra de un acto jurídico que afecta a la sucesión, atento a que la representación y defensa de ésta corresponde al albacea y, en caso de que todavía no se hubiera designado, al heredero reconocido, toda vez que éste, en tal hipótesis, tendrá la facultad de defender la herencia que le corresponde. De ahí que, cuando un heredero en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa de derechos de propiedad respecto de un bien de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su derecho no es individual, sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo, y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos, en cuanto representante de la sucesión. Entonces, las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercerlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea. Por lo que si en el caso, la promovente del amparo *********** refiere que acude a defender los derechos de la sucesión a bienes de ***********, en su carácter de coheredera es incuestionable que carece de legitimación procesal para iniciar el presente juicio constitucional en defensa de los intereses que corresponden a la sucesión, ya que no alega un perjuicio derivado de un bien propio, sino perteneciente a la sucesión a que se ha hecho referencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los ordinales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el nombre de usuario alysoto, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Téngasele autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************, con cédula profesional número *********, inscrita a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte, segunda párrafo de dicho numeral, a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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