Gloria Elizabeth González López
Expediente 734/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gloria Elizabeth González López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa ***************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que en los autos del juicio de amparo 697/2021 del índice de ese órgano jurisdiccional, promovido por **************, en contra del Juez Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, se ordenó la separación de juicios al considerar que los actos por los que la quejosa promueve el amparo indirecto se encuentran desvinculados entre sí, en virtud de que derivan de diferentes juicios ejecutivos mercantiles. Esto es, se ordenó la separación de los actos emanados de los Juicios Ejecutivos Mercantiles números M-004/2014, M-0010/2013, M-0011/2013 y M-0016/2015, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, para que se tramiten por cuerda separada. Es por ello que remite la demanda y anexos dirigidos al diverso juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, promovido por ***************, en contra del Juez Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 734/2021-VII. Ahora bien, del acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad oficiante, dentro del juicio de amparo 697/2021, se advierte que en ese asunto se conocerá del acto reclamado derivado del juicio ejecutivo mercantil M-004/2014, mientras que a este órgano de control constitucional le corresponderá conocer del acto emanado del diverso juicio ejecutivo mercantil M-0016/2015, tal como se advierte de la boleta generada con motivo del turno de la demanda, específicamente en el apartado de "expediente". Al respecto, a efecto de proveer en cuanto a la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la determinación reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de marras se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar el Alto Tribunal, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que lo que aquí reclama la parte quejosa es la resolución interlocutoria de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil *************, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, a través de la cual resolvió el incidente de falta de personalidad promovido por la propia impetrante. Luego, tenemos que los artículos 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357 y 1358 del Código de Comercio, establecen la forma y términos en que se tramitarán los incidentes que guarden relación con el juicio principal. Es importante destacar que el numeral 1356 de la citada ley establece: "Artículo 1356.- Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo". Del anterior precepto legal, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio ordinario de defensa con el que se pueden confirmar, revocar o modificar las determinaciones incidentales que el Juez Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, haya emitido. De ahí que, en contra de la resolución que se dicte en el incidente de falta de personalidad procede el recurso de apelación. En ese sentido, si la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la resolución interlocutoria de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil M-16/2015, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, y el referido numeral 1356 del Código de Comercio, prevé un medio de defensa que tiene por objeto revocar la resolución reclamada; es incuestionable que si la parte quejosa no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación de mérito, previo acudir al juicio de amparo, éste resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. No pasa inadvertido las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito inicial, en el sentido de que ella es persona extraña al juicio de origen, al considerar que la resolución interlocutoria que reclama se emitió fuera del procedimiento judicial, debido a que el juicio ejecutivo mercantil del que emana, ya estaba concluido, y por ello sostiene que no tiene medio de defensa alguno. Sin embargo, esos argumentos se encuentran desvirtuados por sus propios señalamientos, puesto que reconoce que fue llamada a juicio en calidad de apoderada legal o representante de Sandra Molina González, en ejercicio de la patria potestad de su menor hija Carol Daniela Barrera Molina; y que con motivo de ello promovió un incidente de falta de personalidad, el cual fue admitido y resuelto por la autoridad responsable; lo que le da el carácter de parte actora incidental. Consecuentemente, al ser parte incidental, la quejosa no tiene impedimento para hacer valer los recursos ordinarios de defensa previstos en la ley de la materia, esto es, en el artículo 1356 del Código de Comercio. Manifestaciones a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO ), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que en los autos del juicio de amparo 697/2021 del índice de ese órgano jurisdiccional, promovido por **************, en contra del Juez Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, se ordenó la separación de juicios al considerar que los actos por los que la quejosa promueve el amparo indirecto se encuentran desvinculados entre sí, en virtud de que derivan de diferentes juicios ejecutivos mercantiles. Esto es, se ordenó la separación de los actos emanados de los Juicios Ejecutivos Mercantiles números M-004/2014, M-0010/2013, M-0011/2013 y M-0016/2015, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, para que se tramiten por cuerda separada. Es por ello que remite la demanda y anexos dirigidos al diverso juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, promovido por ***************, en contra del Juez Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 734/2021-VII. Ahora bien, del acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad oficiante, dentro del juicio de amparo 697/2021, se advierte que en ese asunto se conocerá del acto reclamado derivado del juicio ejecutivo mercantil M-004/2014, mientras que a este órgano de control constitucional le corresponderá conocer del acto emanado del diverso juicio ejecutivo mercantil M-0016/2015, tal como se advierte de la boleta generada con motivo del turno de la demanda, específicamente en el apartado de "expediente". Al respecto, a efecto de proveer en cuanto a la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la determinación reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de marras se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar el Alto Tribunal, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que lo que aquí reclama la parte quejosa es la resolución interlocutoria de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil *************, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, a través de la cual resolvió el incidente de falta de personalidad promovido por la propia impetrante. Luego, tenemos que los artículos 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357 y 1358 del Código de Comercio, establecen la forma y términos en que se tramitarán los incidentes que guarden relación con el juicio principal. Es importante destacar que el numeral 1356 de la citada ley establece: "Artículo 1356.- Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo". Del anterior precepto legal, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio ordinario de defensa con el que se pueden confirmar, revocar o modificar las determinaciones incidentales que el Juez Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, haya emitido. De ahí que, en contra de la resolución que se dicte en el incidente de falta de personalidad procede el recurso de apelación. En ese sentido, si la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la resolución interlocutoria de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil M-16/2015, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, y el referido numeral 1356 del Código de Comercio, prevé un medio de defensa que tiene por objeto revocar la resolución reclamada; es incuestionable que si la parte quejosa no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación de mérito, previo acudir al juicio de amparo, éste resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. No pasa inadvertido las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito inicial, en el sentido de que ella es persona extraña al juicio de origen, al considerar que la resolución interlocutoria que reclama se emitió fuera del procedimiento judicial, debido a que el juicio ejecutivo mercantil del que emana, ya estaba concluido, y por ello sostiene que no tiene medio de defensa alguno. Sin embargo, esos argumentos se encuentran desvirtuados por sus propios señalamientos, puesto que reconoce que fue llamada a juicio en calidad de apoderada legal o representante de Sandra Molina González, en ejercicio de la patria potestad de su menor hija Carol Daniela Barrera Molina; y que con motivo de ello promovió un incidente de falta de personalidad, el cual fue admitido y resuelto por la autoridad responsable; lo que le da el carácter de parte actora incidental. Consecuentemente, al ser parte incidental, la quejosa no tiene impedimento para hacer valer los recursos ordinarios de defensa previstos en la ley de la materia, esto es, en el artículo 1356 del Código de Comercio. Manifestaciones a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Gloria Bolaños Gómez137/2015
- Gloria Butanda Escoto484/2022
- Gloria Carmen Rojo Madrid115/2019
- Gloria Cortés Aguirre847/2016
- Gloria del Río Olvera981/2014
- Gloria Elizabeth González López696/2021
- Gloria Ferro Zarazua1118/2016
- Gloria Granadino Pérez385/2021
- Gloria Isabel Valencia Flores1155/2016
- Gloria Ledezma Gutiérrez85/2020
- Gloria Lorena Castillo Durán824/2022
- Gloria Luna Chávez724/2022