Gloria Fuentes Muñiz
Expediente 913/2013 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/02/2015
Partes del expediente
- Gloria Fuentes Muñiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
México, Distrito Federal, a cinco de febrero de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa impugnara el acuerdo de ocho de enero de dos mil quince, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por ello, dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En otro orden de ideas, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, toda vez que el mismo se ubica en el supuesto que alude el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del indicado acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental; y toda vez que de autos se advierte que obra copia certificada de la causa penal 174/2012, que remitió el Juez Décimo Primero Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal, en apoyo a su informe justificado, devuélvase los documentos de referencia. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante la secretaria Nancy América Morón Suárez que autoriza y da fe.
- Incidental
México, Distrito Federal, cinco de febrero de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante Nancy América Morón Suárez, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
México, Distrito Federal, ocho de enero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 80 y 105 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a Gloria Fuentes Muñiz en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Décimo Primero Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal , se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en el auto de formal prisión de 5 de septiembre de 2013, dictado en los autos de la causa penal 174/2012, en contra del quejoso, por el delito de despojo agravado. Mediante sentencia de amparo de diecisiete de octubre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable: A. Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado. B. Dictara otra determinación, en la que deje intocado lo relativo al cuerpo del delito de despojo y su agravante. C. En el estudio de la probable responsabilidad de la quejosa, la autoridad responsable debería valorar las manifestaciones realizadas por la impetrante ante el ministerio público y, con plenitud de jurisdicción, realizar un pronunciamiento de derecho a fin de verificar si tales manifestaciones constituyen o actualizan alguna causa de exclusión del delito en los términos apuntados en el cuerpo del presente fallo constitucional. La sentencia dictada en el presente juicio de garantías causó ejecutoria mediante proveído de doce de noviembre de dos mil catorce, por ello, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a dicha ejecutoria. Mediante oficio registrado con el número 35910, el juez responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A fin de demostrar dicha circunstancia, remitió copia certificada del auto de formal prisión de 19 de noviembre de 2014 dictado en la causa penal 174/2012 ; del que se advierte que: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de 5 de septiembre de 2013 dictado en la causa penal 174/2012. En consecuencia, el 19 de noviembre de 2014 dictó otro auto de formal prisión, en el que dejó intocado lo relativo al cuerpo del delito de despojo y su agravante, y en el apartado del estudio de la probable responsabilidad, como se le indicó en el fallo protector, analizó de forma separada y con distintos argumentos las excluyentes consistentes en error de tipo y prohibición, conciencia de la antijuridicidad y no exigibilidad de otra conducta. Así, por lo que hace al error de tipo y de prohibición señaló que no se actualizaba pues la quejosa no actuó creyendo que su conducta era lícita, pues no se encontró bajo la influencia de un error de hecho esencial invencible de prohibición respecto de alguno de los elementos del delito de despojo agravado, ya que no desconocía la existencia de la ley en tal sentido. Que por lo que hace a la antijuridicidad, entre otras cosas, refirió que la indiciada al realizar su conducta no se encontró en un error invencible respecto del cual creyera actuaba en legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, estado de necesidad o consentimiento del pasivo. Y finalmente, por lo que hace a la inexigibilidad de otra conducta, señaló que a la quejosa sí le era exigible una conducta diversa a la que realizó, puesto que tenía diversas alternativas de comportamiento para realizar una conducta no lesiva del bien jurídico, ya que autos se advierte que pudo haber actuado de otra forma una vez que fue desalojada del inmueble en cuestión, y no obstante ello, lo volvió a ocupar. Finalmente, la responsable en acatamiento al fallo protector también valoró las manifestaciones que la quejosa realizó ante el ministerio público, señalando que de ello no se actualizaba alguna causa de exclusión, en tanto que sus manifestaciones no estaban corroboradas con medio probatorio alguno, pues si bien refería haber ingresado al inmueble de buena fe, en razón de que personal ministerial y su abogado le indicaron que no existía problema si lo hacía, lo cierto es en autos no obraba documento que corroborara dicha versión. Por lo que se advertía que solo se trataba de una negativa de la imputación en su contra, sin que se actualizara excluyente alguna, pues aun cuando pudiera parecer existía un error, en razón de que la quejosa pudo haber creído que su conducta era licita, resultaba incongruente y carente de lógica que el personal ministerial le hubiera dicho que ingresara nuevamente la inmueble sin documento alguno, y por lo que hace a que también se lo dijo su abogado, se reiteraba que no existía prueba alguna que lo acreditara. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Circunstancias por las cuales, el fallo protector ha quedado cumplido, al haberse comprobado que la responsable se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Sirve de orientación la tesis 2a. CXIV/97, página cuatrocientos catorce, VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la impetrante de garantías este proveído, para los efectos del tercer párrafo del numeral 105 de la Ley Reglamentaria del Artículo 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese personalmente.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de ocho de enero de dos mil quince a los terceros interesados Juan y Felipe Santillán Fuentes, el cual en lo conducente dice:" México, Distrito Federal, ocho de enero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 80 y 105 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a Gloria Fuentes Muñiz en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Décimo Primero Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal , se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en el auto de formal prisión de 5 de septiembre de 2013, dictado en los autos de la causa penal 174/2012, en contra del quejoso, por el delito de despojo agravado. Mediante sentencia de amparo de diecisiete de octubre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable: A. Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado. B. Dictara otra determinación, en la que deje intocado lo relativo al cuerpo del delito de despojo y su agravante. C. En el estudio de la probable responsabilidad de la quejosa, la autoridad responsable debería valorar las manifestaciones realizadas por la impetrante ante el ministerio público y, con plenitud de jurisdicción, realizar un pronunciamiento de derecho a fin de verificar si tales manifestaciones constituyen o actualizan alguna causa de exclusión del delito en los términos apuntados en el cuerpo del presente fallo constitucional. La sentencia dictada en el presente juicio de garantías causó ejecutoria mediante proveído de doce de noviembre de dos mil catorce, por ello, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a dicha ejecutoria. Mediante oficio registrado con el número 35910, el juez responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A fin de demostrar dicha circunstancia, remitió copia certificada del auto de formal prisión de 19 de noviembre de 2014 dictado en la causa penal 174/2012 ; del que se advierte que: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de 5 de septiembre de 2013 dictado en la causa penal 174/2012. En consecuencia, el 19 de noviembre de 2014 dictó otro auto de formal prisión, en el que dejó intocado lo relativo al cuerpo del delito de despojo y su agravante, y en el apartado del estudio de la probable responsabilidad, como se le indicó en el fallo protector, analizó de forma separada y con distintos argumentos las excluyentes consistentes en error de tipo y prohibición, conciencia de la antijuridicidad y no exigibilidad de otra conducta. Así, por lo que hace al error de tipo y de prohibición señaló que no se actualizaba pues la quejosa no actuó creyendo que su conducta era lícita, pues no se encontró bajo la influencia de un error de hecho esencial invencible de prohibición respecto de alguno de los elementos del delito de despojo agravado, ya que no desconocía la existencia de la ley en tal sentido. Que por lo que hace a la antijuridicidad, entre otras cosas, refirió que la indiciada al realizar su conducta no se encontró en un error invencible respecto del cual creyera actuaba en legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, estado de necesidad o consentimiento del pasivo. Y finalmente, por lo que hace a la inexigibilidad de otra conducta, señaló que a la quejosa sí le era exigible una conducta diversa a la que realizó, puesto que tenía diversas alternativas de comportamiento para realizar una conducta no lesiva del bien jurídico, ya que autos se advierte que pudo haber actuado de otra forma una vez que fue desalojada del inmueble en cuestión, y no obstante ello, lo volvió a ocupar. Finalmente, la responsable en acatamiento al fallo protector también valoró las manifestaciones que la quejosa realizó ante el ministerio público, señalando que de ello no se actualizaba alguna causa de exclusión, en tanto que sus manifestaciones no estaban corroboradas con medio probatorio alguno, pues si bien refería haber ingresado al inmueble de buena fe, en razón de que personal ministerial y su abogado le indicaron que no existía problema si lo hacía, lo cierto es en autos no obraba documento que corroborara dicha versión. Por lo que se advertía que solo se trataba de una negativa de la imputación en su contra, sin que se actualizara excluyente alguna, pues aun cuando pudiera parecer existía un error, en razón de que la quejosa pudo haber creído que su conducta era licita, resultaba incongruente y carente de lógica que el personal ministerial le hubiera dicho que ingresara nuevamente la inmueble sin documento alguno, y por lo que hace a que también se lo dijo su abogado, se reiteraba que no existía prueba alguna que lo acreditara. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Circunstancias por las cuales, el fallo protector ha quedado cumplido, al haberse comprobado que la responsable se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Sirve de orientación la tesis 2a. CXIV/97, página cuatrocientos catorce, VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la impetrante de garantías este proveído, para los efectos del tercer párrafo del numeral 105 de la Ley Reglamentaria del Artículo 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Alfonso Montalvo Martínez, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, asistido del Secretario Omar Alonso Ortiz Sánchez que autoriza y da fe ".
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