Gloria Alejandra Espejo Diaz

Expediente 79/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
79/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • GLORIA ALEJANDRA ESPEJO DIAZ y Otros.
  • Gloria Alejandra Espejo Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido del trece al diecisiete de junio del año en curso, el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente; y, al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta; ello, en razón de que ya obra en autos y mediante proveído de veinticinco de febrero del año en curso, se acordó lo conducente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En cuanto al anexo adjunto al oficio de cuenta, tomando en consideración que corresponde a la copia certificada de diversas actuaciones del juicio en que se actúa, resulta innecesaria su conservación; por tanto, sin mayor pronunciamiento, procédase a su destrucción. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Promoción Agréguese a este expediente el escrito de cuenta, por medio del cual la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos informa respecto a la consulta planteada en el juicio 79/2022-III, en que se actúa, que corresponde a este órgano de control constitucional seguir conociendo del presente asunto; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Actos reclamados Ahora bien, del contenido de la demanda se advierte que los actos que el quejoso reclama lo son: a) La orden de traslado involuntario, del lugar en dónde se encuentra cumpliendo la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta dentro de la carpeta judicial **********, a diverso centro de reclusión. b) Su ejecución. Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del acto reclamado cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso c), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios, se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios, tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial, y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se colige que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena; a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado consistente en la orden de traslado, forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 31, que se transcriben a continuación: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas.". "Artículo 31. Clasificación de áreas La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad. (.).". Ahora bien, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos el traslado de un centro penitenciario a otro en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Sin que obste a lo anterior, que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.).". Es decir, en tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución; pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, las cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se traten de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Merecen invocarse por los temas que se analizan, la jurisprudencia y tesis aislada, siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN.". "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.". "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.". Lo hasta aquí expuesto, no se opone a los criterios de nuestro Alto Tribunal, siguientes: Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.". Jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.". Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.".; y, Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.". Ello es así, ya que del análisis de tales criterios, se advierte que la Suprema Corte los emitió efectuando el examen de los casos sometidos a su potestad, a la luz de las previsiones contenidas en la reforma constitucional de junio de dos mil once, que sufrieron los artículos 18 y 21 de la Carta Magna; en donde se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias que se suscitaran en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; por ende, las autoridades administrativas carecían de competencia para ordenar traslados; pues de hacerlo se trataría de actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial. En tales criterios, el Alto Tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde se examinaron actos emitidos fuera de juicio; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al caso a estudio. Finalmente, corolario a lo anterior tiene aplicación de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". Por tanto, al estimarse actualizada una causal de improcedencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad devuelve el juicio de amparo número 79/2022-III, de nuestro índice, informando que no acepta la competencia planteada por este juzgador; por tanto, acúsese su recibo y tómese conocimiento de lo informado, para los efectos legales s que haya lugar. No obstante, el suscrito insiste en declararse legalmente incompetente, por las razones y consideraciones expuestas en el proveído de veintiocho de enero del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Ello es así, puesto que, en dicho proveído, se precisó lo siguiente: Juicio de amparo 79/2022-III  Es promovido por la quejosa ****************, por propio derecho.  Se señaló como acto reclamado, entre otros, la orden de traslado involuntario, del lugar en dónde se encuentra cumpliendo la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta dentro de la carpeta judicial ***************, a diversos centros de reclusión.  En el apartado de antecedentes de los actos reclamados se manifiesta lo siguiente: "A. EL SUSCRITO (SIC) FUE VINCULADO A PROCESO DENTRO DE LA CAUSA PENAL*************, SEGUIDA ANTE EL JUEZ DE CONTROL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL NO. 6. B. ES ASÍ QUE SE ME IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA DENTRO DE DICHA CAUSA PENAL, MISMA QUE ESTOY CUMPLIMENTANDO EN EL RECLUSORIO SUR DE ESTA CIUDAD CAPITAL. C. ES ASÍ QUE EN FECHA 23 Y 24 DE JULIO DEL AÑO 2022 FUI LLEVADO A SERVICIO MÉDICO DENTRO DEL CENTRO FEMENIL DE READAPTACIÓN SOCIAL DE SANTA MARTHA ACATITLA Y SE ME PRACTICÓ UN EXAMEN MÉDICO A FIN DE CERTIFICARME SI NO PRESENTABA LESIONES Y AL INTERROGAR A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS ACERCA DEL MOTIVO POR EL CUAL ME REALIZABAN DICHOS EXÁMENES, ME CONTESTARON QUE ERA PORQUE EXISTÍA UNA ORDEN DE TRASLADO A OTRO CENTRO DE RECLUSIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA, EN RAZÓN DE LO CUAL, EXIGÍ SE ME HICIERA SABER EL MOTIVO SIN DARME MAYORES DETALLES. D. EN FECHA 24 DE ENERO DEL AÑO 2022 MI COACUSADO***************, QUIEN SE ENCUENTRA VINCULADO A LA MISMA CAUSA PENAL QUE EL SUSCRITO (SIC), FUE TRASLADADO AL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL UBICADO EN EL ESTADO DE DURANGO.". Juicio de amparo 831/2021  El quejoso es *************(coacusado de *************).  Se reclamó, entre otros actos, la recepción del escrito de formulación de acusación y la negativa para llevar a cabo la audiencia de sobreseimiento dentro de la carpeta judicial ************, y se designó como autoridad responsable al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de la Unidad de Gestión Administrativa Número Seis. De lo anterior, se advierte que, efectivamente, existe relación entre el juicio de amparo 831/2021, del índice del Homólogo Décimo Cuarto y el presente 79/2022-III, ya que los actos reclamados en ambos juicios tienen correspondencia y emanan primigeniamente de la misma carpeta judicial ************, con identidad de autoridad responsable Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de la Unidad de Gestión Administrativa Número Seis; ya que en virtud de ello es que se encuentran privados de su libertad; siendo que el ÚLTIMO y PRÓXIMO ANTECEDENTE que se admitió a trámite con antelación, es el mencionado en primer término, contra actos derivados de esos mismos asuntos. En tal sentido, se estima que el conocimiento previo, en el caso, corresponde al referido Juzgado Décimo Cuarto; por tanto, como se adelantó, se insiste en la competencia declinada a su favor. Así, dado que este órgano jurisdiccional insiste en declararse incompetente por razón de turno para conocer del presente asunto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 45, fracción II y 46, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, se plantea consulta a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de que determine qué Juzgado de Distrito debe seguir conociendo del juicio de amparo 79/2022-III, del índice de este órgano jurisdiccional. Para tal efecto, remítase copia certificada de este expediente para que la citada Secretaría esté en posibilidad de resolver la consulta planteada. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Homólogo. Notifíquese.

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