Gloria Elvira Montilla Domínguez
Expediente 46/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gloria Elvira Montilla Domínguez
- Tribunal de Arbitraje Municipal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de febrero de dos mil veintiuno. En principio, cabe precisar que mediante la circular CAP/3/2020, aprobada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Ahora bien, mediante circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se tiene a su Titular informando que en sesión del ocho de enero del año en curso, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", determinando las medidas especiales que deben adoptarse del doce al dieciocho de enero del año en curso, en la que respecto al Decimoséptimo Circuito, en el que reside este órgano jurisdiccional, el ordenamiento aplicable para su operación es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, reanudándose así los plazos y términos que se encontraban suspendidos por la circular mencionada en el párrafo que antecede. Asimismo, determinó que como ocurrió con la entrada en vigor del referido Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno; debiendo los órganos jurisdiccionales hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mismos que a continuación se transcriben: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. III. La notificación de los asuntos resueltos y engrosados durante la contingencia sanitaria, que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el 1 de octubre de 2020. Dentro de este mismo plazo deberá regularizarse la devolución de expedientes a los tribunales y órganos jurisdiccionales de origen, salvo que la falta de reactivación en las labores de éstos obstaculice el cumplimiento a la presente medida. IV. El emplazamiento en los juicios nuevos que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el 1 de octubre de 2020. V. Con independencia de la fecha en que se hubieren emitido las sentencias o resoluciones correspondientes, el plazo de 60 días naturales para la elaboración de los engroses respectivos y la emisión de votos iniciará el 3 de agosto para los resueltos hasta el 15 de junio, y el 17 de agosto para los resueltos entre el 16 de junio y el 31 de julio, todos de 2020. VI. Las y los titulares de órganos jurisdiccionales, incluidas las personas encargadas de despacho o en funciones de titular (en adelante "titulares"), deberán instruir y supervisar la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, la cual deberá quedar regularizada a más tardar el 15 de octubre de 2020. VII. Aunque a partir del lunes 3 de agosto podrán programarse citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales, éstas iniciarán a partir del lunes 10 de agosto de 2020, para permitir que el personal jurisdiccional retorne a las labores presenciales antes de que deba atender a las personas justiciables que acudan físicamente. Se exceptúan de esta ampliación de plazos los recursos de queja en amparo cuya resolución deba emitirse en 48 horas y las apelaciones urgentes en materia penal, que deben de resolverse dentro del plazo de 12 horas. VIII. En el caso de que, por la reanudación de los plazos procesales, los órganos jurisdiccionales reciban una cantidad de asuntos que sobrepase su capacidad productiva, de modo que dicha circunstancia dificulte el cumplimiento de los plazos procesales, sólo durante el mes de agosto y de manera excepcional, los juzgados y tribunales contarán con un plazo de hasta diez días hábiles contados a partir de su recepción, para realizar todas las acciones pertinentes para radicar los expedientes. De la misma forma, para el dictado de resoluciones en las que el plazo para resolver sea menor a cinco días, éste se duplicará a fin de evitar sobrecargas de trabajo." De igual manera, atendiendo a lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se provee: Dado que en el juicio de amparo en que se actúa, el veinte de octubre de dos mil veinte, se dictó un auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que se reanuda el procedimiento en el presente juicio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ AL JUZGADO A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES; LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje Municipal, residente en la localidad, mediante comunicado oficial TAM/29/2020, enviado en complemento a su informe justificado, remitió copia certificada de las documentales que integran el expediente laboral 100/2009, de su índice. Constancias de entre las que se destaca, el acta de audiencia de fecha diecisiete de marzo del año en curso, en la que se fijó el desahogo de la prueba pericial caligráfica y grafoscópica, ofrecida por la parte demandada, Municipio de Juárez, la cual no fue desahogada en la fecha indicada, en virtud de que no fueron notificadas las partes para su desahogo, por lo que, se fijaron de nueva cuenta, las once horas con treinta minutos del veintinueve de abril del año en curso, para que tuviera lugar el desahogo la prueba pericial admitida a la parte demandada, medio de prueba que obra agregado a los autos del juicio de amparo en el que se actúa. Ahora bien, se advierte que la parte quejosa, compareció ante esta instancia constitucional, señalando como acto reclamado, la denegatoria de justicia dentro de los autos del juicio laboral 100/2009, del índice de la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje Municipal, residente en la localidad; asimismo, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, la parte quejosa, señaló que mediante auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, pronunciado en el juicio natural, la autoridad responsable reservó calificar las pruebas que ameritaran su perfeccionamiento, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable ordenadora, hubiera dictado algún acuerdo admitiendo dichas probanzas, por lo que la inconforme de amparo consideró que había dilación o demora en la substanciación del juicio natural. Precisado lo anterior, se advierte de autos que mediante comunicado oficial TAM/29/2020, enviado por la autoridad responsable ordenadora, en complemento a su informe justificado, remitió copia certificada de las documentales que integran el expediente laboral 100/2009, de su índice, de entre las que destaca, la documental consistente en el acta de audiencia de fecha diecisiete de marzo del año en curso, en la que se fijó el desahogo de la prueba pericial caligráfica y grafoscópica, ofrecida por la parte demandada, Municipio de Juárez, la cual no fue diligenciada en la fecha indicada, motivo por el cual, se fijaron de nueva cuenta, las once horas con treinta minutos del veintinueve de abril del año en curso, para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba pericial admitida a la parte demandada. De lo que se sigue, que la autoridad responsable ordenadora, admitió la prueba pericial caligráfica y grafoscópica, ofrecida por la parte demandada, Municipio de Juárez, en razón de que fijo inicialmente, como fecha para su desahogo, las once horas con treinta minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte, la cual no fue desahogada en la fecha indicada, por lo que se fijaron de nueva cuenta, las once horas con treinta minutos del veintinueve de abril del año en curso, para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba pericial descrita. Medios de prueba los anteriores, a los cuales se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. De lo expuesto, se advierte de oficio, la actualización de la causa que hace inviable el estudio sustantivo del controvertido constitucional, la cual se encuentra contenida en fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, el artículo 61, de la Ley de la Materia, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto descrito, establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los actos materia del reclamo. De lo expuesto, se tiene que la autoridad responsable ordenadora, remitió copia certificada del acta de audiencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, fecha señalada por la autoridad responsable, para desahogar la prueba pericial caligráfica y grafoscopica, ofertada en el juicio natural, la cual no se desahogó en virtud de que no fueron notificadas las partes para el desahogo de dicha probanza, por lo que, se fijaron las once horas con treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil veinte, para que tuviera verificativo dicha probanza. Por tanto, es evidente que en la especie han cesado los efectos de los actos reclamados, en virtud de que la autoridad responsable ordenadora, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, acordó desahogar la probanza consistente en la pericial caligráfica y grafoscopica, ofertada por la parte demandada, la cual no fue diligenciada, por lo que se fijaron de nueva cuenta, las once horas con treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil veinte, para que tuviera verificativo dicha probanza, por lo que, se insiste, han cesados los efectos de la denegatoria de justicia, consistente en la omisión de proveer sobre el desahogo de las probanzas reservadas en el proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio natural. En consecuencia, es que se actualiza la causal que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Orienta a lo expuesto, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 38, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se aplica de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Corolario a lo expuesto, al resultar evidente la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, consecuentemente, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efecto la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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