Gladis Sarai Ubario Ramírez
Expediente 35/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gladis Sarai Ubario Ramírez
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Cinco
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
El veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.
- Principal
téngase al Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, acusando recibo del oficio número 24691/2023, mediante el cual se le devolvió el cuadernillo de pruebas del juicio de amparo 696/2023, de su índice. Cúmplase.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente cuadernillo, se advierte que el cinco de octubre de este año, se dictó resolución en el cuaderno auxiliar 35/2023, derivado del juicio de amparo 696/2023, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, la que se remitió vía electrónica en la misma fecha. Por lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente cuaderno es destruible en un plazo de seis meses de su archivo como totalmente concluido. Conforme al primer párrafo del numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 696/2023 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, promovido por Telesforo Quezada Castorena, por conducto de su apoderado legal Felipe Antonio de la Cruz Ontiveros, contra actos de la autoridad, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Quinto Distrito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua; y, RESULTANDO: Primero. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua residentes en Chihuahua capital, y turnado al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua el día hábil siguiente, la parte quejosa de referencia, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Quinto Distrito, con sede en Chihuahua capital, a quien reclamo: "III. EL ACTO RECLAMADO; El segundo de los acuerdo emitidos por la autoridad señalada como responsable en la que llama "acuerdos de la fase expositiva" dicado en audiencia de fecha veintidós de febrero del año 2023, dentro de juicio agrario No. 684/2021, en acta que se localiza como anexo 04."(sic) Segundo. El veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua admitió a trámite la demanda de tutela constitucional formulada por Telesforo Quezada Castorena, por conducto de su apoderado legal Felipe Antonio de la Cruz Ontiveros, teniendo que fue registrada con el número 696/2023; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita quien no formuló pedimento, se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, se citó a las partes a la audiencia constitucional respectiva. Tercero. Cumplidos los requisitos legales, se inició la audiencia constitucional a las nueve horas con ocho minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por parte del órgano jurisdiccional de origen. Cuarto. Mediante proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, en cumplimiento al punto de acuerdo 113/202, relativo al envió de remesa para el auxilio en el dictado de sentencias entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, así como atendiendo al contenido del oficio SECNO/STCCNO/584/2023, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se tuvo por recibido vía electrónica por medio de la vinculación respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el juicio de amparo 696/2023, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, para el auxilio en el dictado de la sentencia correspondiente, ordenándose para tal efecto realizar la vinculación de los expedientes a través del referido sistema, así como registrándose como cuaderno auxiliar 35/2023; por lo que, CONSIDERANDO: Primero. En principio cabe precisar que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, conoce del presente juicio de amparo en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/584/2023, de treinta de mayo del año en curso, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México, mediante el cual se autoriza a este órgano jurisdiccional resolver los asuntos remitidos por el órgano jurisdiccional auxiliado, por lo que carece de facultades para analizar o calificar el trámite, seguido en el juicio de amparo; máxime que ya se celebró la audiencia constitucional en el mismo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el acuerdo 113/2023 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México; además, como se dijo, la presente sentencia se emite en términos del citado oficio, tomando como punto de partida y referencia documental, el expediente electrónico remitido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital; es decir, con las constancias que integran el expediente electrónico. Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el oficio SECNO/STCCNO/584/2023, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México. Cabe aclarar que la competencia de este Juzgado de Distrito, es exclusivamente la de resolver, los asuntos remitidos por el órgano jurisdiccional auxiliado, por lo que carece de facultades para analizar o calificar el trámite, seguido en el juicio de amparo; máxime que ya se celebró la audiencia constitucional en el mismo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el acuerdo 113/2023 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México; además, como se dijo, la presente sentencia se emite en términos del citado oficio, tomando como punto de partida y referencia documental, el expediente electrónico remitido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital; es decir, con las constancias que integran el expediente electrónico. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 107/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Quinto Distrito, con residencia en Chihuahua capital: La determinación emitida en la de audiencia de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio agrario 684/2021, en la cual se reservó resolver el incidente incompetencia planteada por el aquí quejoso hasta que se dictara sentencia. Lo anterior encuentra sustento en el contenido de la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. Certeza e inexistencia del acto reclamado. Este Juzgador Federal procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsables, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Quinto Distrito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, toda vez que así lo manifestó al momento de rendir su respectivo informe justificado. Sirve de apoyo la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que acompañaron en complemento al mismo, que obran en legajo de pruebas por separado constante de un tomo, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La presentación de la demanda resultó oportuna. El plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veinticuatro de febrero al dieciséis de marzo de dos mil veintitrés; y la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residentes en Chihuahua capital, el día quince de marzo del año en curso. Lo anterior, toda vez que la quejosa se quedó notificada del acto reclamado en la propia audiencia de veintidós de febrero de dos mil veintitres, y los numerales 17, párrafo primero y 18, ambos de la Ley en consulta, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Entonces, el plazo empezó a contar el veinticuatro de febrero del año en curso, para fenecer el dieciséis de marzo de esta anualidad; sin contar los días veinticinco, veintiséis de febrero, así como cuatro cinco, once y doce de marzo del año en curso, por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en Chihuahua capital, el quince de marzo del año que transcurre, resulta inconcuso que se presentó dentro del plazo de quince días que dispone la ley de la materia. Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo, y atento al contenido de la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El suscrito Juez de Distrito advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." En efecto, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Quinto Distrito, mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 168 y 192 de la Ley Agraria, en concordancia con el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles, determinó regularizar el procedimiento respecto del acto reclamado por la parte quejosa, pues respecto al punto primero de los acuerdos finales de la audiencia celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, precisó que no se trataba de un incidente de incompetencia, sino de una excepción de incompetencia planteada por la parte demandada, aquí quejosa, resultando así improcedente sustanciar un incidente, la que determinó resolver en la sentencia definitiva de forma previa y preferente. Por ello, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, puesto que en el procedimiento agrario de origen, ha operado un cambio de situación jurídica al haber sido sustituido procesalmente el acto controvertido por el aquí quejoso. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado, emana de un procedimiento judicial y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba la quejosa al promover la demanda de amparo; asimismo, no es posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la acto reclamado, sin afectar la regularización del procedimiento realizada por la autoridad responsable, mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, por lo que el acto reclamado debe considerarse consumado de manera irreparable, al haber sido sustituido procesalmente; por último, existe autonomía o independencia entre la omisión reclamada y el auto dictado en consecuencia, por lo que éste podría subsistir, con independencia de que la omisión resultara o no inconstitucional. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la tesis 2a. CXI/96, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 219 del tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tal virtud, al actualizarse la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a los quejosos, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Resulta aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". (Séptima Época. Registro 239006. Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Página 49, Tomo 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación). Es aplicable, por las consideraciones en que se sustenta, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, también lo es que disponen de los mismos principios de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Sexto. Captura y firma de sentencia. De conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/584/2023, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la presente sentencia se firme electrónicamente, y en el momento correspondiente se agregue la evidencia criptográfica respectiva. Además, con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del aludido Consejo, captúrese esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Séptimo. Trámite devolutivo del expediente. De conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/584/2023, de dos de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y con independencia de la relación automática que se genera con el expediente electrónico al momento del dictado de la presente resolución, envíese esta sentencia vía electrónica al órgano auxiliado para que proceda a su notificación y remítase el oficio respectivo vía interconexión Interna de los Órganos Jurisdiccionales del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, devuélvase el tomo de pruebas vía postal acelerada, adjuntándose al mismo el oficio precisado en el párrafo que antecede, para los efectos legales consecuentes. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por Telesforo Quezada Castorena, de conformidad con los precisado en considerando quinto de esta resolución. Notifíquese a las partes en los términos de Ley por conducto del Juzgado de origen. Así lo resolvió y firma el licenciado Hector Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, quién autoriza, da fe y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta hoy cinco de octubre de dos mil veintitrés en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.
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