Gloria del Carmen Hernández Cruz

Expediente 1594/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1594/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Gloria del Carmen Hernández Cruz
  • GLORIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ CRUZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    DESE VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME JUSTIFICADO DE CUENTA.- SE TIENEN COMO DELEGADOS DE LA RESPONSABLE A LOS QUE SE MENCIONAN.

  2. Incidental

    ÚNICO. Se NIEGA a la parte quejosa la suspensión definitiva.

  3. Principal

    SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO. SE REQUIERE A LAS AUTORIDADES SUS INFORMES JUSTIFICADOS. SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- DESE VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.- HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES EL DERECHO QUE LA LEY LES CONCEDE PARA OPONERSE O NO A LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES...

  4. Incidental

    Visto; como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y copia autorizada de los autos de prevención y admisorio, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1594/2019-4-A, promovido por Gloria del Carmen Hernández Cruz, Ruli Alberto Domínguez Moreno, Amparo Hernández Cruz y Dora Hernández Cruz, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad y otra autoridad. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con seis minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. INFORME PREVIO Pídase, con fundamento en los numerales 128, 129, 138, fracción III, 139 y 140 del ordenamiento jurídico de amparo vigente, a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciban los oficios en que se solicita; apercibidas que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados, y se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, que señala el precepto 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágaseles del conocimiento que deberán rendir dicho informe en original con copia y en oficio diverso al en que rindan su informe justificado, toda vez que el presente incidente de suspensión se tramita por cuerda separada al principal del cual emana. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no recibir los oficios que les sean remitidos en el presente incidente de suspensión, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables por falta de cumplimiento de la resolución que contengan, en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se imponga multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, que prevé el citado numeral 245 de la Ley de Amparo; en virtud de que, el desacato al referido numeral de la Ley de Amparo constituye un obstáculo para la debida consecución del juicio de amparo y trastoca el mandato constitucional de administrar justicia de manera pronta, como lo instituye el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se les notificarán de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificárseles lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se les notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." OBLIGACIONES DE LAS PARTES Se apercibe a la parte quejosa, que si la denominación de las autoridades señaladas como responsables en el presente incidente de suspensión, resultan erróneas o imprecisas, éstas se tendrán por no designadas para todos los efectos legales a que haya lugar; tomando en consideración que, este juzgado no está autorizado a llamar a juicio a autoridades no señaladas directamente por la parte quejosa, porque su designación es una carga procesal que pesa sobre ésta, según se deduce del artículo 108 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se resuelve sobre la medida cautelar solicitada por la parte quejosa Por lo que hace a los efectos y consecuencias de los actos reclamados consistentes en la orden de retirarlos de sus casetas de trabajo en las que ejercen el comercio en el parque bicentenario en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y su ejecución; con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se niega a los quejosos Gloria del Carmen Hernández Cruz, Ruli Alberto Domínguez Moreno, Amparo Hernández Cruz y Dora Hernández Cruz la suspensión provisional, toda vez que no acreditaron aun manera indiciaria su interés suspensional para obtener la medida cautelar solicitada. Es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 262, Tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar". Dicho en otras palabras, como presupuesto para resolver la procedencia de la suspensión, los promoventes están obligados a comprobar la afectación producida por el acto reclamado a los locales comerciales que afirman operan, esto es, en el caso concreto, demostrar que cuentan con los tarjetones para el ejercicio del comercio en la vía pública vigentes o bien, que realizaron el trámite correspondiente para su revalidación, ya que ante la falta de demostración del derecho para realizar una actividad comercial como la que aducen, la suspensión solicitada, de concederse, tendría efectos constitutivos de derechos, lo que es contrario a la naturaleza y fin de la medida cautelar. Es aplicable, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 15/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1578, también localizable con el número de registro: 2003168, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL INMINENTE DESALOJO, DESTRUCCIÓN O CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES FIJOS O SEMIFIJOS, SI EL INTERESADO NO ACREDITA CONTAR CON LA CÉDULA DE EMPADRONAMIENTO VIGENTE. De los artículos 3o., fracciones II a IV, y 26 a 31 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, deriva que el derecho a ejercer el comercio está condicionado a que el interesado cuente con la cédula de empadronamiento vigente, pues de no contar con dicha cédula se ubica en una situación irregular contraria al referido artículo 31, al ser un requisito indispensable para que tenga derecho a ejercerlo; por tanto, cuando el quejoso no acredite contar con la cédula de empadronamiento vigente, resulta improcedente conceder la suspensión contra el inminente desalojo, destrucción o clausura del local comercial fijo o semifijo, al carecer del derecho cuya preservación pretende obtener, ya que su otorgamiento permitiría el desarrollo de un giro comercial aun a sabiendas de que el titular del establecimiento en el cual se presta ese servicio no cumple con el aludido requisito". Así como, la tesis I.1o.A.48 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1304, tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2002, que establece: "CLAUSURA. LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SURTE SUS EFECTOS EN LA MEDIDA EN QUE LA QUEJOSA ACREDITE LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. El derecho legítimamente tutelado para solicitar la suspensión contra la clausura de un establecimiento mercantil se acredita con la autorización legal para explotar la negociación, a fin de cumplir con el requisito previsto en el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, esto es, con la licencia de funcionamiento vigente, porque el artículo 78, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, vigente a partir del veintiocho de enero del año dos mil, dispone que es motivo de clausura carecer de licencia de funcionamiento o autorización para la operación de los giros que lo requieran, o bien, que las licencias no hayan sido revalidadas. Sin embargo, para que la suspensión definitiva surta sus efectos hasta que se dicte sentencia ejecutoria en el juicio, es menester que el interesado acredite seguir teniendo licencia o autorización revalidada, porque la medida cautelar no es constitutiva de derechos, de modo que su concesión no puede hacer las veces de revalidación de licencia de funcionamiento. Por tanto, en caso de que el asunto en lo principal no se haya resuelto y la licencia deje de tener eficacia por haber transcurrido la anualidad de su revalidación, la suspensión no puede seguir surtiendo sus efectos si el interesado no acredita haber efectuado la nueva revalidación de la licencia de funcionamiento." De igual forma, es aplicable la tesis I.1o.A.48 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1009, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "ESTABLECIMIENTO MERCANTIL REGLAMENTADO. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ORDENAMIENTOS QUE AFECTAN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE AQUÉL, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA RELATIVA O QUE DEMUESTRE QUE REALIZÓ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación sistemática de los artículos 9, fracción III, 29 y 77, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la misma entidad, se colige que el titular de una licencia de funcionamiento debe revalidarla cada tres años, mediante un aviso por escrito que podrá presentarse dentro de los quince días hábiles previos a la conclusión de la vigencia, que contenga su manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que las condiciones en que se le otorgó u obtuvo originalmente no han variado, y que la falta de revalidación obliga a la delegación competente a clausurar el establecimiento mercantil cuyo funcionamiento autoriza la licencia. En ese contexto, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo cuando se impugnan ordenamientos que afectan las condiciones de funcionamiento de un establecimiento mercantil reglamentado, por ejemplo, la legislación primeramente citada o la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal, es necesario que el quejoso exhiba la revalidación de la licencia relativa o que demuestre que realizó el trámite correspondiente, en tanto que el ejercicio de la acción constitucional y, por ende, la tutela a la cual puede acogerse el peticionario de garantías, requiere el cumplimiento de las normas respectivas, que para los giros mercantiles exige la licencia de funcionamiento vigente, como un elemento indispensable para demostrar la existencia de un derecho jurídicamente tutelado, esto es, el de funcionar no sólo merced a la licencia sino a su revalidación, pues ésta es precisamente lo que da vigencia a aquélla. No es óbice a lo expuesto que en relación con el interés jurídico tratándose de los giros mercantiles comentados, la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sostenido en tesis de jurisprudencia que para acreditarlo no es indispensable la revalidación de la licencia de funcionamiento respectiva, pues analizó una norma distinta a la inicialmente mencionada, como lo es el Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal." Se determina lo anterior, pues si bien es cierto, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; lo cierto es, que de conformidad con los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, corresponde a la parte quejosa aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados. Es decir, como presupuesto para resolver sobre la procedencia de la suspensión la parte quejosa está obligada a comprobar, aun de manera presuntiva, que es titular de un derecho subjetivo, ya que ante la falta de demostración de un interés suspensional, el Juez de amparo está impedido para conceder la medida cautelar solicitada por la impetrante, de conformidad con el artículo 131, segundo párrafo de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior el hecho de que la parte quejosa hubiera exhibido diversas copias simples, ya que por un lado, se advierte que los tarjetones para el ejercicio del comercio en la vía pública que aparecen en dichas copias no se encuentran vigentes y no acredita que haya realizado el trámite correspondiente para su revalidación, aunado a que, al ser simple reproducción resulta insuficiente y; por ende, no son aptas para justificar su interés suspensional. Cobra aplicación la jurisprudencia IV-3°.J/23, visible en la página 510, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, Novena Época, que dice: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.

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