Gladys Vázquez Gutiérrez

Expediente 1319/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1319/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Gladys Vázquez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito signado por el Secretario General de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Colegiado en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a los oficios 9002 y 19421, del índice de este Juzgado Federal, exhibe copia certificada de la nueva resolución de trece de diciembre del año en curso, dictada en el toca ***. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con copia de la citada documental, para que en el término de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria. Apercibidas que de no hacerlo, este Juzgador resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA TERCERO INTERESADO.- Agréguese a los autos, el escrito signado por el Secretario General de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Colegiado en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a los oficios 9002 y 19421, del índice de este Juzgado Federal, exhibe copia certificada de la nueva resolución de trece de diciembre del año en curso, dictada en el toca ***. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con copia de la citada documental, para que en el término de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria. Apercibidas que de no hacerlo, este Juzgador resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al proveído formulado por este juzgado el seis de diciembre del año en curso (fojas 133 y 134), acusa recibo del expediente original ***, de su índice, que se le remitió; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en acatamiento al requerimiento formulado el seis de diciembre del año en curso (fojas 133 y 134), primeramente, acusa recibo de los tomos de pruebas que se le remitieron, y por otra parte, informa que dejó insubsistente la sentencia de diez de mayo de dos mil diecinueve dictada en el toca civil 200-B-2C01/2019, de su índice, y turnó los autos para el dictado de la resolución correspondiente. Atento a lo anterior, se concede a la autoridad responsable Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el término de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio notificatorio del presente proveído, a efecto de que remita copia certificada de la nueva resolución, que al efecto emita en el toca civil 200-B-2C01/20, de su índice. Es así, ya que si bien en términos del numeral 192, párrafo cuarto , de la Ley de Amparo, el Juzgador podrá ampliar el plazo ?diez días? establecido de cumplimiento, tomando en cuenta la complejidad o bien, la dificultad del asunto, fijando para ello un plazo razonable, debe decirse, que dicha disposición no conlleva a estimar que el cumplimiento del fallo protector, pueda prolongarse en demasía, ya que indefectiblemente, habrá de fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 19, con registro 2007918, del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Así como la jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2892, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, con número de registro 2005325. Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de pronunciarse en relación al cumplimiento de que se trata; toda vez que, los juicios de amparo no pueden permanecer paralizados conforme con lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna. Apercibida la autoridad responsable que de no cumplir con lo anotado, dentro del término concedido, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrán una multa de cien unidades de medida y actualización; además, sin mayor trámite, podrá remitirse este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido, que en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. De ahí que ante un requerimiento de esta naturaleza, debe hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer para conseguir su cumplimiento, lo que, además, deberá hacer del conocimiento de este órgano judicial.

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