Gloria del Carmen Estrada Peña

Expediente 1162/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1162/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Gloria del Carmen Estrada Peña

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de catorce de octubre del año en curso, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión presentado por la parte quejosa en contra la sentencia dictada el veintitrés de septiembre del año en curso; sin embargo, a la fecha en que se actúa no obra físicamente, ni en el expediente electrónico constancia que evidencie que la tercera interesada ********************, se encuentre debidamente notificada para tal efecto; en tal virtud, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal a la parte tercera interesada del auto de catorce de octubre del año en curso. Notifíquese; y personalmente a la tercera interesada ********************.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveido de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós que señala: "... Vista la demanda de garantías promovida por... por propio derecho, quien es integrante del - - en contra de los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades Del analisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal de la Ley de la Guardia Nacional de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aerea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Actos respecto de los cuales el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone Articulo 113 El organo jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Del anterior precepto se advierte que las causales de improcedencia son de examen preferente y deben analizarse de oficio lo aleguen o no las partes por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo Robustece lo anterior la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito J / 5 Registro 222780 publicada en la pagina 95 Tomo VII Mayo de 1991 del Semanario Judicial de la Federación Octava Epoca del rubro y texto siguientes IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden publico deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia Ahora bien, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa al respecto la tesis I 4 A 269 A del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Registro 196322 publicada en la página 1008 Tomo VII Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto siguientes DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por si mismos o sea que sin ulterior comprobación surjan a la vista de no ser asi procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que bajo protesta de decir verdad el quejoso proporciona hechos y datos a traves de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantias individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de estas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda En ese orden de ideas respecto a los actos reclamados antes precisados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracción XII en relación con los diversos 5 fracción I y 107 fracción I todos de la Ley de Amparo, aplicadas a contrario sensu, SE ESTIMA PROCEDENTE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, tal y como se expondra enseguida: Los preceptos legales anteriormente señalados disponen: Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente [ ] XII Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los terminos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [ ] Artículo 5 Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interes legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interes simple en ningun caso podra invocarse como interes legitimo La autoridad publica no podra invocar interes legitimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación comun en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos si estos les causan un perjuicio analogo y provienen de las mismas autoridades Tratandose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el caracter de quejosos en los términos de esta Ley Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepcion de aquellas en materia electoral se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes I El juicio de amparo se seguira siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal caracter quien aduce ser titular de un derecho o de un interes legitimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera juridica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden juridico Tratandose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos o del trabajo el quejoso debera aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [ ] De los articulos antes transcritos se desprende que la quejosa debe tener interés juridico o legitimo, pero el interes simple nunca podra invocarse como legitimo. Al respecto el interes legitimo se encuentra establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional Se establece como un principio basico del juicio de amparo puesto que como medio de control constitucional aquel se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada Por ello la ausencia del interés legitimo puede constituir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo Apoya lo anterior la jurisprudencia 57 / 2017 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion Registro 2014433 Libro 43 Junio de 2017 Tomo II del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto dicen INTERES LEGITIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podra desecharse la demanda de amparo cuando del analisis de su contenido y en su caso de los anexos que se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable lo que no esta limitado a determinadas causales sino que se preve como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo independientemente de la razon por la que se aprecie que un juicio es improcedente Asi en relación con el interes legitimo a que se refieren los artículos 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asi como 5 fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo los Jueces de amparo deben realizar una determinacion casuistica del nivel de afectacion que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interes legitimo no simple ( cuestion de derecho ) y la posibilidad de acreditarlo ( cuestion probatoria ) Por tanto al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y mas aun el tipo de afectación para determinar si implica un interes legitimo o un interes simple sobre lo cual en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interes legitimo debe admitirse la demanda para que a traves de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos pero si de los hechos y las razones expuestas y / o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interes simple entonces podra desechar la demanda de amparo siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable Ahora bien para la actualización del interes legitimo se requiere que se demuestre una afectacion a su esfera juridica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden juridico Por tanto es necesario como minimo la demostracion de una afectacion en cierta esfera juridica apreciada bajo un parmetro de razonabilidad y no solo como una simple posibilidad esto es una logica que debe guardar el vinculo entre la persona y la afectación aducida ante lo cual una eventual sentencia de proteccion constitucional implicaria la obtencion de un beneficio determinado el que no puede ser lejanamente derivado sino resultado inmediato de la resolucion que en su caso llegue a dictarse. En la especie, quien aqui juzga arriba a la plena conviccion de que la quejosa acude a este juicio con un interes simple no con interes legitimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal ( pues solamente pretende que no se haga uso de la Guardia Nacional como órgano auxiliar para ejercer tareas de seguridad publica ) Por ello se estima que se actualiza la causal de improcedencia citada porque el interes con el que acuden al juicio constitucional corresponde al que en general tiene toda persona pero no revela una especial situacion dentro del ordenamiento juridico que indique la posible intencion de un beneficio individualizable o bien de una afectacion para la quejosa por lo que ese interes simple no puede equipararse al interes legitimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues no se advierte la afectacion de un interes cualificado actual y real en la esfera juridica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que guarde en relacion con el orden juridico Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 38 / 2016 Tomo III emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion Registro 2012364, publicada en la página 690 Libro 33 Agosto de 2016 Tomo II del Semanario Judicial de la Federacion Decima Epoca, del rubro y texto siguientes INTERES LEGITIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERES SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 ademas de que sustituyo el concepto de interes juridico por el de interes legitimo abrio las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interes simple o juridicamente irrelevante entendido este como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omision del Estado pero que en caso de satisfacerse no se traducira en un beneficio personal para el interesado pues no supone afectacion a su esfera juridica en algun sentido En cambio el interes legitimo se define como aquel interes personal individual o colectivo cualificado actual real y juridicamente relevante que puede traducirse en caso de concederse el amparo en un beneficio juridico en favor del quejoso derivado de una afectacion a su esfera juridica en sentido amplio que puede ser de indole economica profesional de salud publica o de cualquier otra Consecuentemente cuando el quejoso acredita unicamente el interes simple mas no el legitimo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el numeral 107 fracción I de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos Dicho de otro modo no se advierte que los justiciables hayan resentido afectacion alguna en su esfera juridica con motivo de los actos que ahora reclaman maxime que de los antecedentes que narran bajo protesta de decir verdad no se advierte que con dichas medidas se afecte alguno de sus derechos fundamentales Lo anterior permite constatar que si bien la quejosa unicamente acredita un interes simple como el de cualquier otro ciudadano interesado en que no se haga uso de la Guardia Nacional como organo auxiliar para ejercer tareas de seguridad publica sin embargo el interes simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo ya que se requiere un interes legitimo en donde se demuestre una afectacion real y directa en su esfera juridica por su especial situacion juridica frente al acto reclamado. Esto es, los justiciables solamente acreditan su interes en que las autoridades responsables no implementen las politicas en materia de seguridad nacional de referencia pero no se advierte que pudieran obtener algun beneficio concreto y real con una eventual concesion del amparo pues se insiste la relacion juridica con que se ostentan es la que existe con cualquier otro ciudadano sin determinar individualmente algun perjuicio o la privacion de algun beneficio. No es ocioso decir que a traves del juicio de amparo no se puede evaluar la constitucionalidad de cualquier acto de autoridad, aunado a que el principio de division de poderes garantiza que los jueces no se posicionen, en todo momento, como organos supervisores permanentes de veto de las decisiones de organos con legitimidad democratica sino solo de afectaciones juridicamente relevantes que una persona puede resentir lo que en el caso no acontece Por otra parte los actos que aqui se pretenden impugnar constituyen acciones políticas de acuerdo a las directrices plasmadas por el Ejecutivo Federal hoy en funciones cuya forma de operar atiende a los objetivos de la administracion publica gobernante tematica donde cada quien en lo individual y aquellos que se identifican con grupos partidos o asociaciones determinadas, evidentemente pueden tener posiciones encontradas pero no es a traves de un medio de control constitucional de caracter individual que se pueden cuestionar esas medidas sino que existen otros instrumentos en el derecho constitucional que sirven para confrontar esas decisiones que van desde la propia división de poderes los procedimientos democráticos de eleccion popular las acciones y controversias constitucionales por enunciar ejemplos Maxime que la pretension se basa en exigir al gobierno en turno desista de hacer uso de la Guardia Nacional como organo auxiliar para ejercer tareas de seguridad pública lo que se estima incumbe a reglas de administracion y operacion de politicas publicas que no estan sujetas a traves del juicio de amparo, al escrutinio del Poder Judicial de la Federación para imponer al ejecutivo directrices a seguir en su instrumentación, ante la falta de legitimación de la quejosa para cuestionarlas en la forma que se plantea sin afectaciones jurídicamente relevantes, actuales, reales y cualificadas. Entonces, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Haganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal y en su oportunidad archivese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro son publicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas sin embargo en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental asi como en el precepto 8 de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del publico para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el parrafo segundo del artículo 8 del Reglamento en cita. En otro aspecto con fundamento en los dispositivos 22 28 y 29 del Acuerdo 21 / 2020 ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional se exhorta a las partes para que cuando les sea posible y de estimarlo pertinente transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para lo cual las partes sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Linea la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la practica de notificaciones electronicas para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente ( FIREL e firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal ) de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12 / 2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo Ademas se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso a traves de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales de cuyo contenido se ordena su registro y de ser necesario su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21 / 2020 Finalmente se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad asi como únicamente como medio de contacto el correo electrónico ... Notifíquese personalmente." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso B de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a tres de noviembre de dos mil veintidós. Como del acta de constancia que antecede se aprecia que el auto de veintiocho de octubre del año en curso, emitido dentro del juicio de amparo en que se actúa, no fue publicado en la lista respectiva; por tanto, se ordena realizar en esta data. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por... por propio derecho, quien es integrante del ..., en contra de los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Actos respecto de los cuales, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto se advierte que las causales de improcedencia son de examen preferente y deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, J/5, Registro 222780, publicada en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa al respecto la tesis I.4º.A.269 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro 196322, publicada en la página 1008, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." En ese orden de ideas, respecto a los actos reclamados antes precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, aplicadas a contrario sensu, SE ESTIMA PROCEDENTE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, tal y como se expondrá enseguida: Los preceptos legales anteriormente señalados disponen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.]" De los artículos antes transcritos, se desprende que la quejosa debe tener interés jurídico o legítimo, pero el interés simple, nunca podrá invocarse como legítimo. Al respecto, el interés legítimo, se encuentra establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional. Se establece como un principio básico del juicio de amparo, puesto que como medio de control constitucional, aquél se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. Por ello, la ausencia del interés legítimo, puede constituir un motivo, manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 57/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2014433, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Ahora bien, para la actualización del interés legítimo, se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es necesario como mínimo, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En la especie, quien aquí juzga arriba a la plena convicción de que la quejosa acude a este juicio con un interés simple, no con interés legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal (pues solamente pretende que no se haga uso de la Guardia Nacional como órgano auxiliar, para ejercer tareas de seguridad pública). Por ello, se estima que se actualiza la causal de improcedencia citada, porque el interés con el que acuden al juicio constitucional corresponde al que, en general tiene toda persona, pero no revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable o bien de una afectación para la quejosa, por lo que, ese interés simple, no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 38/2016, Tomo III, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2012364, publicada en la página 690, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Dicho de otro modo, no se advierte que los justiciables hayan resentido afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de los actos que ahora reclaman, máxime que, de los antecedentes que narran bajo protesta de decir verdad, no se advierte que con dichas medidas se afecte alguno de sus derechos fundamentales. Lo anterior permite constatar, que si bien la quejosa únicamente acredita un interés simple, como el de cualquier otro ciudadano interesado en que no se haga uso de la Guardia Nacional como órgano auxiliar, para ejercer tareas de seguridad pública; sin embargo, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera jurídica por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Esto es, los justiciables solamente acreditan su interés en que las autoridades responsables no implementen las políticas en materia de seguridad nacional de referencia, pero no se advierte que pudieran obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostentan es la que existe con cualquier otro ciudadano, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio. No es ocioso decir que a través del juicio de amparo no se puede evaluar la constitucionalidad de cualquier acto de autoridad, aunado a que el principio de división de poderes garantiza que los jueces no se posicionen, en todo momento, como órganos supervisores permanentes de veto de las decisiones de órganos con legitimidad democrática, sino sólo de afectaciones jurídicamente relevantes que una persona puede resentir; lo que en el caso no acontece. Por otra parte, los actos que aquí se pretenden impugnar, constituyen acciones políticas de acuerdo a las directrices plasmadas por el Ejecutivo Federal hoy en funciones, cuya forma de operar atiende a los objetivos de la administración pública gobernante, temática donde cada quien en lo individual y aquellos que se identifican con grupos, partidos o asociaciones determinadas, evidentemente pueden tener posiciones encontradas; pero no es a través de un medio de control constitucional de carácter individual que se pueden cuestionar esas medidas, sino que existen otros instrumentos en el derecho constitucional que sirven para confrontar esas decisiones, que van desde la propia división de poderes, los procedimientos democráticos de elección popular, las acciones y controversias constitucionales, por enunciar ejemplos. Máxime que la pretensión se basa en exigir al gobierno en turno desista de hacer uso de la Guardia Nacional como órgano auxiliar, para ejercer tareas de seguridad pública, lo que se estima incumbe a reglas de administración y operación de políticas públicas que no están sujetas a través del juicio de amparo, al escrutinio del Poder Judicial de la Federación para imponer al ejecutivo directrices a seguir en su instrumentación, ante la falta de legitimación de la quejosa para cuestionarlas en la forma que se plantea -sin afectaciones jurídicamente relevantes, actuales, reales y cualificadas-. Entonces, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, así como únicamente como medio de contacto el correo electrónico ... Notifíquese personalmente.

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