Gladis Palomino Gonzalez

Expediente 1211/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1211/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Gladis Palomino Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacan, veintinueve de noviembre de ********************. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo y del escrito de cumplimiento de prevención promovida por ********************contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de ********************, Michoacán; tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo IV-1211/2023-2. Con apoyo en los artículos 125, 138 y 140 de la Ley de Amparo, mediante oficio al que se deberá anexar copia de la demanda de amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de que tenga conocimiento de este proveído, en el que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos que se le reclama, podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance, que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el numeral 142 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se les impondrá una multa de cien a mil unidades de Medida y Actualización, en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del dispositivo 260, fracción I, de la norma legal en cita. Para la celebración de la AUDIENCIA INCIDENTAL, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Cabe destacar que en el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "En relación a la precisión del acto reclamado de la autoridad esto es la NULIDAD DE LA SENTENCIA DE FECHA ******************** ******************** la cual ya se encuentra en el presente juicio emitida por Juez 2o Segundo Familiar de Primera Instancia del distrito judicial ********************, Lic. ********************, ya que dicha determinación causa una afectación directa a la esfera jurídica de la sucesión intestamentaria, ya que esta nace por VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, por los defectos procesales que origino el ALBACEA PROVISIONAL ******************** por su conducta activa, ya que tiene un INTERÉS DIRECTO CONSANGUINEO que origina la SIMULACIÓN de ACTOS JURÍDICOS para cometer FRAUDE PROCESAL EN FAVOR DE SU MADRE LA C. ********************." Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." En ese contexto, respecto de las consecuencias jurídicas de la determinación de treinta y ******************** de marzo de ********************, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de ********************, Michoacán, dentro del expediente ********************; debe decirse que se NIEGA la suspensión provisional solicitada, en atención a que no se cumple con el segundo de los requisitos establecidos en el numeral antes transcrito, esto es con su concesión se contravienen disposiciones de orden público. Se afirma lo anterior porque de las constancias que anexó el quejoso a su escrito inicial de demanda se aprecia que en la sentencia reclamada por una parte, se decretó la disolución del vínculo matrimonial de ******************** frente a ********************y, en otra, se condenó a la sucesión intestamentaria a bienes de éste para que efectuara el pago de una pensión compensatoria en favor de ********************, de ahí que no sea posible conceder la suspensión solicitada, ya que la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la obligación de pagar una pensión compensatoria tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia. De manera que de concederse la suspensión se podría afectar la subsistencia de la ahora tercero interesada, de ahí que, resulte de interés público que, no se impida el otorgamiento de dicha pensión compensatoria, dado que con ello es con lo que se asegura la satisfacción de las necesidades primarias de ésta. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la Décima Época, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo: I, Noviembre de 2014, consultable en la Página 725 que reza: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. Esta Primera Sala advierte que en el caso del matrimonio, la legislación civil o familiar en nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. En efecto, se advierte que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, esta Primera Sala considera que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a ******************** de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Por tanto, podemos concluir que la imposición de una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia.". Así como la jurisprudencia, consultable en la Sexta Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCVIII, Cuarta Parte, Página 57 que a la letra dice: "ALIMENTOS. SUSPENSION SIN FIANZA, SI SE RECLAMA EN AMPARO DIRECTO UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PRIVA DE PENSION ALIMENTICIA A LA CONYUGE Y A SUS HIJOS. Procede conceder la suspensión sin fianza, contra la resolución que priva a la cónyuge y a sus hijos de la pensión alimenticia que les fue concedida durante la tramitación del juicio que dio origen al amparo, porque los alimentos son de orden público, tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley que nace del estado matrimonial como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos dentro de la existencia de aquél vínculo, por el que se obliga al Juez a señalar los alimentos que el esposo debe dar de manera obligada y permanente a la mujer, mientras subsiste el matrimonio, el que no se destruye por la sentencia definitiva reclamada en el amparo en tanto el juicio constitucional este por resolverse, mientras no se haya decidido. Viva por tanto la obligación primordial del matrimonio, y siguiendo lo accesorio la suerte de lo principal, queda en pie también la obligación derivada o accesoria que determina ministrar los alimentos, razón por la que aquéllos deben seguirse ministrando. Por otra parte, si los alimentos se decretan por disposición expresa de la ley, y promanan de la resolución que los acuerda y no de la sentencia reclamada, es este otro motivo por el que sólo pueden ser afectados hasta cuando se disuelve el vínculo matrimonial. De ello se concluye que los alimentos deben seguirse disfrutando sin otorgamiento de fianza o garantía, tanto más, cuanto que la jurisprudencia ha establecido que para los actos del estado civil se debe conceder la suspensión sin fianza, atendiendo a que buen número de esos actos no son estimables en dinero; y aunque tratándose de alimentos, ha ocurrido que para conceder la suspensión se haya exigido fianza, como en el caso de la cónyuge culpable, en el que, considerando que si se pierde el juicio constitucional debe restituir los alimentos que recibió durante su tramitación, cabe advertir que los que se dieron precisamente sin fianza durante la secuela procesal, ante las autoridades del orden común al tramitarse las instancias del juicio, no obstante que se declare culpable y pierda el juicio el que los recibió, si causa ejecutoria la sentencia, la ley no otorga acción para recuperarlos porque se concedieron para equilibrar a las partes contendientes. De ahí que el Código Civil no obliga al que los estuvo recibiendo, cuando pierde el juicio y se declara ejecutoriada la sentencia, a que los restituya, lo que constituye la razón de que cuando se trata del estado civil de las personas, la suspensión evita que produzca efectos la sentencia permitiendo que continúe rigiendo la situación que privó ante las autoridades del orden común durante las instancias del procedimiento, y que consiste no sólo en que suspende la ejecución de la sentencia, sino todo lo accesorio a ella, aceptando que las cosas queden como estaban, esto es, vivas las medidas provisionales que se dictaron, en atención a que la suspensión interrumpe la ejecución de la sentencia, y a que la situación jurídica preestablecida sigue rigiendo, pues en materia de divorcio las medidas provisionales subsisten y quedan vivas por la suspensión sin fianza, mientras el vínculo matrimonial no se disuelve y continua sub judice, hasta que el amparo declare disuelto o no el vínculo matrimonial. Estas son las razones por las cuales la suspensión debe concederse sin fijación de fianza alguna.". Por otra parte, al advertirse que le resulta el carácter de tercero interesada a ********************, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter, por tanto, ya que su domicilio se ubica en calle ******************** número ********************, interior ********************, colonia ********************, código postal ******************** del Distrito Judicial de ********************, Michoacán, esto es, fuera de la residencia de este Juzgado, con apoyo en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento Despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de ********************, Michoacán, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio de referencia y le haga de su conocimiento el contenido del presente acuerdo, además deberá requerirle para que señale domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes se le practicarán por medio de lista que se fijen en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de la Materia, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designen domicilio para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley en cita, se autoriza al actuario encomendado para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente. Hecho lo anterior, devuelva a este Juzgado el Despacho de referencia, adjuntando las constancias con las cuales se acredite su diligenciación. Asimismo, en términos del precepto 28, fracción I de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, la Actuaria de este Juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a las autoridades responsables que por sí, o por conducto de alg******************** de sus empleados se nieguen a recibir el oficio respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrán hacerlo al número telefónico 44 33 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de ********************. Visto el escrito aclaratorio suscrito por la quejosa ********************, a través del cual en cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciséis de noviembre del presente año, comparece a precisar como acto reclamado el siguiente: "En relación a la precisión del acto reclamado de la autoridad esto es la NULIDAD DE LA SENTENCIA DE FECHA ******************** ******************** la cual ya se encuentra en el presente juicio emitida por Juez 2o Segundo Familiar de Primera Instancia del distrito judicial ********************, Lic. ********************, ya que dicha determinación causa una afectación directa a la esfera jurídica de la sucesión intestamentaria, ya que esta nace por VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, por los defectos procesales que origino el ALBACEA PROVISIONAL ******************** por su conducta activa, ya que tiene un INTERÉS DIRECTO CONSANGUINEO que origina la SIMULACIÓN de ACTOS JURÍDICOS para cometer FRAUDE PROCESAL EN FAVOR DE SU MADRE LA C. ********************." En consecuencia, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo que promueve contra actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de ********************, Michoacán; Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Fórmese por cuerda separada original y duplicado de los cuadernos incidentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable, su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del que reciba el oficio en el que se le solicita, el que podrá hacerlo por escrito, y en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar las constancias en que se basaron para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En el entendido de que los hechos que narra la parte quejosa en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a: ********************, con domicilio en calle ******************** número ********************, interior ********************, colonia ********************, código postal ******************** del Distrito Judicial de ********************, Michoacán. En consecuencia, como dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, con apoyo en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento Despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de ********************, Michoacán, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio de referencia y emplace al presente juicio de garantías a la citada tercero interesada, con copia simple de la demanda de amparo, le haga de su conocimiento la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, además deberá requerirle para que señale domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes se le practicarán por medio de lista que se fijen en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de la Materia, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designen domicilio para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley en cita, se autoriza al actuario encomendado para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente. Hecho lo anterior, devuelva a este Juzgado el Despacho de referencia, adjuntando las constancias con las cuales se acredite su diligenciación. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días en los términos precisados en párrafos que antecede. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a la autoridad señalada como responsable, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alg******************** de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la autoridad responsable, que para rendir su informe, deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos que se le notifique, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que la autoridad responsable lo considere conveniente, proporcione su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. Finalmente, hágase saber a la autoridad responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Esteban Corona Rojas, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista a la quejosa el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, que dice: Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito aclaratorio suscrito por la quejosa -, con el carácter que actúa, a través del cual pretende cumplir con la prevención formulada, para lo cual indica que del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, reclama lo siguiente: "a) En relación a la precisión del acto reclamado de la autoridad Se reclama de la autoridad responsable señalada como ORDENADORA Juez 2° Segundo Familiar de Primera Instancia del distrito judicial Zitácuaro, -, LA NULIDAD ABSOLUTA de JUICIO CONCLUIDO por VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, por el INTERÉS DIRECTO CONSANGUINEO del ALBACEA PROVISIONAL - por su conducta activa que origina la SIMULACIÓN de ACTOS JURÍDICOS para cometer FRAUDE PROCESAL EN FAVOR DE SU MADRE LAS C. -." No obstante lo anterior, debe considerarse que subsiste el apercibimiento formulado en autos de veinte de septiembre, dos y treinta de octubre del año en curso, respectivamente, ya que la quejosa reitera la redacción obscura e imprecisa del acto reclamado, al insistir en precisar calificativos que, en su concepto, atribuye a la actuación del Juez que señala como responsable, sin identificar a cabalidad el acuerdo o resolución que en concreto impugna del juicio ordinario familiar -, así como su contenido. En consecuencia, es necesario que indique de manera específica el auto o determinación de aquél juicio familiar que le causa una afectación en su esfera jurídica, para lo cual, deberá transcribir o exhibir copia de las resoluciones reclamadas. Luego, a efecto de que la parte quejosa tenga oportunidad de subsanar la deficiencia apuntada y dado que el escrito aclaratorio fue presentado el segundo día de los dos que le restaban del inicialmente concedido, en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera necesario notificarle el contenido del presente proveído, en el entendido de que, dicho término se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio y el día que resta volverá a computarse, al siguiente en que surta efectos la notificación de este auto; apercibida de que de no cumplir en sus términos la prevención de mérito, se hará efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 39/20121, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito aclaratorio suscrito por la quejosa -, con el carácter que actúa, a través del cual pretende cumplir con la prevención formulada, para lo cual indica que del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, reclama lo siguiente: "a) En relación a la precisión del acto reclamado de la autoridad Se reclama de la autoridad responsable señalada como ORDENADORA Juez 2° Segundo Familiar de Primera Instancia del distrito judicial Zitácuaro, -, LA NULIDAD ABSOLUTA de JUICIO CONCLUIDO por VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, por el INTERÉS DIRECTO CONSANGUINEO del ALBACEA PROVISIONAL - por su conducta activa que origina la SIMULACIÓN de ACTOS JURÍDICOS para cometer FRAUDE PROCESAL EN FAVOR DE SU MADRE LAS C. -." No obstante lo anterior, debe considerarse que subsiste el apercibimiento formulado en autos de veinte de septiembre, dos y treinta de octubre del año en curso, respectivamente, ya que la quejosa reitera la redacción obscura e imprecisa del acto reclamado, al insistir en precisar calificativos que, en su concepto, atribuye a la actuación del Juez que señala como responsable, sin identificar a cabalidad el acuerdo o resolución que en concreto impugna del juicio ordinario familiar -, así como su contenido. En consecuencia, es necesario que indique de manera específica el auto o determinación de aquél juicio familiar que le causa una afectación en su esfera jurídica, para lo cual, deberá transcribir o exhibir copia de las resoluciones reclamadas. Luego, a efecto de que la parte quejosa tenga oportunidad de subsanar la deficiencia apuntada y dado que el escrito aclaratorio fue presentado el segundo día de los dos que le restaban del inicialmente concedido, en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera necesario notificarle el contenido del presente proveído, en el entendido de que, dicho término se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio y el día que resta volverá a computarse, al siguiente en que surta efectos la notificación de este auto; apercibida de que de no cumplir en sus términos la prevención de mérito, se hará efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 39/20121, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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