Gloria Barrera Contreras

Expediente 813/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
813/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Gloria Barrera Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    V..Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que el Juez de Control de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, no ha informado el cumplimiento dado a la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en los numerales 77, fracción I, 192 y 193, 237, fracción I, 258 y 267, fracción I de la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad para que dentro del plazo de tres días dé cabal cumplimiento al fallo constitucional y remita copia certificada de las constancias necesarias con las que acredite tal situación, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite de inejecución de sentencia, el cual podrá culminar con la separación del puesto y su consignación a las autoridades competentes.

  2. Principal

    IV...Vista la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como ***, contra actos del Juez Septuagesimocuarto Civil de la Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 813/2020-IV. Previamente a pronunciarse sobre su admisión o desechamiento, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura íntegra que se hace de la demanda, este órgano de control constitucional advierte que resulta improcedente el juicio de amparo que mediante esta vía se intenta, en atención a que se surte la causa de improcedencia que a continuación se detalla, la que deriva de la circunstancia de que el escrito por el que se ocurre a pedir la protección de la Justicia de la Unión, carece de la firma autógrafa de Gloria Barrera Contreras. Esto es así, dado que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales entre los que destaca el consagrado en el artículo 107, fracción I, constitucional y que recoge el diverso numeral 6° de la Ley de Amparo, el que se hace consistir en la iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Y, para que la parte agraviada exteriorice su voluntad, debe estampar su firma en la demanda por sí o mediante representante legal, esta es una formalidad indispensable para accionar al órgano jurisdiccional, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda; en esa tesitura, si la demanda de amparo no está firmada por quien aparece como promovente en su texto, se llega a la conclusión de que no existe parte recurrente y que la demanda resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 6°, ambos de la Ley de Amparo. Esto es así, en virtud de que la demanda de amparo en estudio, al no contar con firma autógrafa de quien la promueve, o en su caso de la "firma a ruego", carece de toda validez, y por ende, se estima como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia. Máxime, que en el caso no se advierte que diversa persona haya firmado a su ruego, ya que si bien la huella digital es un elemento de individualización, es con la "firma autógrafa" que se exterioriza el propósito de promover la demanda, ya que este es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad de la promovente que no sabe o no puede firmar. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página 2333 del Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, de la Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial". Apoya en lo conducente, la tesis número VI. 2o. 692 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 435, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes". En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia, advertida por este Juzgado Federal, procede desechar de plano la demanda de amparo formulada por Gloria Barrera Contreras, en términos de lo que dispone el artículo 113, de la ley en la materia. De conformidad con el numeral 26 fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado, mismas que pueden consultarse en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la puerta de acceso al edificio donde se localiza este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado. No obstante lo anterior y dada la naturaleza de esta determinación, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio señalado en la demanda y notifique a la parte quejosa personalmente esta determinación. En caso de ser necesario, practíquese la diligencia conforme lo establece el numeral 21, último párrafo, de la referida ley. Se reserva acordar lo conducente respecto a las personas que autoriza. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia en autos de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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