Gloria Anisai Aguirre Girón
Expediente 788/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gloria Anisai Aguirre Girón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VIII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... este expediente se considera susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia. Asimismo, en términos del capítulo octavo, artículo 21, inciso c), del multicitado acuerdo general el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que la medida cautelar se negó. ... el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de seis meses a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a la destrucción del mismo conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Incidental
VIII... Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ...
- Principal
VIII... Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, rindiendo su informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con sustento en el quinto párrafo, del citado numeral y 119 del mismo ordenamiento jurídico, se admiten y desahogan por propia y especial naturaleza las documentales que se remiten (discos ópticos). Ahora, cabe señalar que la parte quejosa reclama la medida cautelar de exhibición de garantía económica impuesta en la carpeta administrativa 1160/2021, del índice del Juzgado responsable, durante la audiencia celebrada el cuatro de agosto de este año. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII por las siguientes consideraciones: De acuerdo a dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo las excepciones que el propio numeral señala. Además, conforme al análisis de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los preceptos invocados que conforman la Ley de Amparo, puede advertirse que el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo estructuran y determinan su procedencia, entre los cuales, para efecto del caso en estudio, debe destacarse el principio de definitividad, que establece que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos definitivos; es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Esto es así, ya que al constituir el amparo un medio extraordinario de defensa, resulta obvio que sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario, se provocaría que la Justicia Federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite; lo anterior, resulta ser la regla general sobre dicho principio. Así, del contenido del precepto legal invocado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia cuando: 1) En contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que lo pueda modificar, revocar o nulificar y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. En ese tenor, la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. En ese orden, cabe mencionar que de una interpretación sistemática de los artículos 456, 457 fracción V y 471, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que son apelables las resoluciones del juez de control que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares. Por ello, el acto reclamado en esta instancia es susceptible de combatirse a través del recurso señalado, toda vez que no existe prohibición especial en el mencionado cuerpo normativo para impugnarlo. Aunado a que en la especie no se actualiza alguna de las excepciones para agotar el citado principio de definitividad, las cuales, de conformidad con el propio artículo 61, fracción XVIII, son las siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, si bien es cierto que dicha regla general consiste en que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno; también lo es que ésta no es absoluta, de manera que si el acto que se reclama materialmente encuadra en alguna de las hipótesis de excepción, el juicio constitucional sería procedente aún en caso de no haberse agotado el medio de impugnación ordinario. En el caso, el acto reclamado no es un acto que importe privación de la vida, ataque a la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, lo que se advierte de la simple lectura de la demanda. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Así, conviene destacar que las medidas cautelares en el actual sistema de justicia penal tienen por objeto asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. En ese sentido es dable establecer que la medida cautelar de exhibición de garantía económica, es de naturaleza real, ya que únicamente implica una afectación monetaria, pues requiere al imputado a efecto de que exhiba alguna cantidad para garantizar su presencia en el proceso penal. Lo expuesto revela que por regla general la imposición de la medida cautelar de exhibición de garantía económica no restringe ni siquiera en forma indirecta la libertad personal de los imputados, ya que se limita a que se exhiba una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja la libertad personal. Entonces, es patente que tampoco se actualizan las diversas excepciones al principio de definitividad, ya que el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de libertad ni se trata de un acto que afecte la libertad personal (sólo implica una afectación económica). Sin que obste a lo anterior el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, con base en lo expuesto por la representación social y la decisión del Juez de Control, se pueda imponer una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto y no del acto reclamado en la demanda de amparo. Tampoco, no se actualizan los diversos supuestos de excepción, ya que la quejosa no es tercero extraño al procedimiento penal de origen, ya que de acuerdo con sus manifestaciones se advierte que compareció a la audiencia que decidió sobre la imposición de la medida cautelar que le fue impuesta; asimismo, no se advierte que el acto reclamado lo constituya el auto de vinculación a proceso; ni la procedencia del recurso se sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla, ya que el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece claramente y sin lugar a dudas la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones emitidas por el Juez de Control sobre medidas cautelares. Por lo señalado, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia advertida y lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción XVIII, con relación a la fracción V, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, no se desatiende el hecho de que no se haya emplazado a juicio a la parte tercera interesada, dado que el sentido del presente acuerdo que en este acto se pronuncia, no modifica en forma alguna su situación jurídica; máxime, que no se les deja en estado de indefensión, conforme a lo previsto por en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual forma, no pasa inadvertido que el día de la fecha se reciba el informe justificado de la responsable y no se otorgue el plazo de ochos días previsto en el primer párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, pues en nada le beneficiaría dar oportunidad a que fenezca el mismo, ya que se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea expedita. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
- Incidental
VIII... Con fundamento en el artículo 140, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, rindiendo su informe previo.
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