Gloria Aracelly Figueroa Castillo

Expediente 578/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
578/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Gloria Aracelly Figueroa Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; siete de junio de dos mil veintitrés Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se tramitó incidente de suspensión, no obra documento original ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con nueve minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo II-578/2023, promovido por********************estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia.********************La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con el informe justificado, rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, mismo que obra glosado a los presentes autos.********************Seguidamente, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para ser relacionado y tomado en consideración en el momento procesal oportuno.********************En el período de pruebas se da cuenta con la instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto y documental que la parte quejosa adjunto a su demanda de amparo, así como la documental que la autoridad responsable, adjuntó a su informe de Ley como justificación de sus actos.********************La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su especial naturaleza jurídica.********************Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no ejercieron este derecho, por lo que la Jueza acuerda tener por cerrada dicha etapa.********************Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar se declara visto el expediente para dictada la sentencia siguiente.********************VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 578/2023-II; y,****************************************R E S U L T A N D O:****************************************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de abril del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado el mismo día a este Juzgado Federal, ********************solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de once de abril del presente año, se admitió la demanda y se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 578/2023-II; se solicitó a la responsable su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete y se celebró la audiencia constitucional el día de hoy en términos del acta que antecede; y,****************************************C O N S I D E R A N D O:****************************************PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis de rubro siguiente: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."********************De manera, que el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad responsable de acordar su escrito de siete de marzo de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el veinte de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral ******************** del índice de la responsable.****************************************TERCERO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y, por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se trata de una omisión de la responsable que crean situaciones permanentes, las cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsanen, por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse al peticionario de amparo, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo.********************En lo conducente, resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro siguiente:******************** "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO."****************************************CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, pues así lo manifestó y de igual forma se advierte, de las copias certificadas de las constancias relativas al juicio laboral de origen que fueron remitidas en justificación de sus actos al momento de rendir su informe de ley, documentales que, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de artículo 2, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se advierte la certeza del acto reclamado.********************QUINTO. ANÁLISIS DE OFICIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. La procedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia de los actos reclamados, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentren probados los actos que se reclaman. ********************Así pues, procede analizar si, en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia a efecto de determinar si es necesario, o no, el estudio de los motivos de inconformidad propuestos, pues de ser así, esa circunstancia, excluiría el estudio de fondo de este juicio, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia número 1002, cuyo rubro es:******************** "IMPROCEDENCIA."********************En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...".************************************************************Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.********************Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el veinte de abril del año que transcurre, dio contestación al memorial de la parte quejosa de fecha siete de marzo de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el veinte de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral ******************** del índice de la responsable.********************En mérito, resulta claro que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que la responsable, el veinte de abril del año en curso, dio contestación al memorial de la parte quejosa, en autos del juicio laboral ********************, del índice de la responsable.********************Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que se reclama, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surten efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del peticionario de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. ********************Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: ********************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."********************En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, del propio ordenamiento legal.********************Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se ****************************************R E S U E L V E:****************************************ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************contra el acto que reclamó del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, por los motivos señalados en los considerandos segundo y quinto subsecuente.********************NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios y un anexo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1742/2022-IV; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de julio del año dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada al día hábil siguiente a este Juzgado Federal, ...solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria, con sede en Ciudad de México, Institución de Banca Múltiple; "HSBC MÉXICO", Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple; "Scotiabank Inverlat", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotibank Inverlat; y "Banco Nacional de México", Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, de quienes reclamó la orden escrita o verbal de inmovilizar y bloquear las cuentas bancarias aperturadas a su nombre; 7606335030 de la Institución bancaria de Banca Múltiple "Banco Nacional de México", Sociedad Anónima, (BANAMEX) Grupo Financiero Banamex; así como las diversas 4054683057 y 4056123623, de la Institución bancaria "HSBC México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; y la cuenta número 17003064778 de la Institución bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete. Asimismo, mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda, respecto de nuevos actos que reclamó del Juez Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, consistente en la orden contenida en el oficio número 1704/2022, dictado el catorce de junio de dos mil veintidós, en el Juicio Ejecutivo Mercantil Oral 195/2022, promovido por "Banco Santander México", Sociedad Anónimo, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en contra de la directa quejosa, consistente en la retención de dinero, saldos, depósitos o créditos, cuentas de cheques que se encuentren a nombre de la quejosa; así como todo lo actuado en dicho juicio y el propio acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós. De igual forma, mediante acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en el toca de queja 493/2022, se tuvo por ampliada la demanda, respecto de los actos que reclamó la quejosa de la Juez Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica de Yucatán, con sede en esta ciudad y Registro único de Garantías Mobiliarias, con sede en la ciudad de México, consistentes en el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil Oral 195/2022, en el que se ordenó el embargo precautorio del predio número ciento cincuenta y uno, de la calle veintisiete de la Colonia San Antonio Hool, de la Localidad de San Antonio Hool, Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, que señala es de su propiedad, así como de todos los vehículos registrados a nombre de la quejosa, ante la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y las cuentas bancarias aperturadas a su nombre, hasta por la cantidad de $2,135, 210.43 (Dos millones, ciento treinta y cinco mil, doscientos diez pesos 43/100), así como su ejecución. Finalmente, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque el acto reclamado tiene ejecución en la demarcación territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De manera que la peticionaria de amparo reclama medularmente el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil Oral 195/2022, en el que respecto a la providencia precautoria, solicitada por la parte actora, ordenó la retención del predio número ciento cincuenta y uno, de la calle veintisiete de la Colonia San Antonio Hool, de la Localidad de San Antonio Hool, Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, que afirma es de su propiedad, así como de todos los vehículos registrados a nombre de la quejosa, ante la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y las cuentas bancarias aperturadas a su nombre; ....de la Institución bancaria de Banca Múltiple "Banco Nacional de México", Sociedad Anónima, (BANAMEX) Grupo Financiero Banamex; así como las diversas ...y ..de la Institución bancaria "HSBC México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; y la cuenta número 17003064778 de la Institución bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, hasta por la cantidad de $2,135, 210.43 (Dos millones, ciento treinta y cinco mil, doscientos diez pesos 43/100), así como su ejecución, el emplazamiento y todo lo actuado en dicho juicio.TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Institución bancaria, "HSBC MÉXICO", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto que se le reclamaba; sin embargo, mediante oficio con número de registro 19344, indicó que procedió a la retención de la cuenta bancaria a nombre de la quejosa 4056123623, no así respecto de la cuenta bancaria 4054683057, en virtud de que no se encontraba vigente, de ahí que deba de tenerse por inexistente la orden de retención por cuanto hace a este último número de cuenta bancaria. Sin que exista prueba en contrario aportado por la parte quejosa que desvirtúe dichas negativas, por lo que, al resultar inexistente los actos reclamados a las autoridades responsables, se estima se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo establece:Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia número XXI.1º.102 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades señaladas como responsables, Juez Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, "HSBC MÉXICO", Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, "Scotiabank Inverlat", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotibank Inverlat, "Banco Nacional de México", Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, por conducto de sus apoderados legales, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, al rendir su informe justificado, manifestaron que son ciertos los actos que se les reclama. Por su parte, la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional, en representación del Director de Coordinación del Registro Público de Comercio de la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía, en su denominación correcta, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en razón de que en auto de catorce de junio del año dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de origen 195/2022, se ordenó girarle oficio, a fin de que informara si la quejosa contaba con vehículos a su nombre, y de ser así, proporcionara la información y descripción general de cada vehículo, de ahí que deba de tenerse por cierto el acto que se le reclama. Asimismo, en cuanto al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado, sin embargo, del informe rendido por la Jueza responsable, se advierte que es cierto la orden de retención de bienes, en autos del expediente de origen 195/2022, por lo que es a ésta a quien le corresponde dar cumplimiento a dicha determinación de la jueza. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el citado expediente de origen, en las que obra la resolución reclamada; las cuales, al tratarse de una documental pública, reviste valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo; por tanto, es evidente la existencia de los actos que se atribuyen a dichas responsables. Sirve de apoyo la jurisprudencia 305 de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". QUINTO. ANÁLISIS DE OFICIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADAS. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia de los actos reclamados, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentren probados los actos que se reclaman. Así pues, procede analizar si, en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia a efecto de determinar si es necesario, o no, el estudio de los motivos de inconformidad propuestos, pues de ser así, esa circunstancia, excluiría el estudio de fondo de este juicio, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia número 1002, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA." En el presente caso, debe puntualizarse que esta juzgadora advierte que respecto del acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento al procedimiento de origen 195/2022, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, promovido en su contra por "Banco Santander México", Sociedad Anónimo, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo aplicable, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...." Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; Persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal. En la especie, de la lectura integral del escrito de ampliación de demanda con número de registro 18219, se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña al procedimiento de origen 195/2022, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, seguido en su contra, toda vez que indica que aún no ha sido emplazada con las formalidades de ley. Ahora bien, de las constancias que adjuntó la Juez Primero de Oralidad responsable, relativas al procedimiento de origen, se advierte que mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil oral, promovido por "Banco Santander México", Sociedad Anónimo, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, a través de su apoderada legal, en cobro de la cantidad de $1, 080, 435.64 (un millón ochenta mil cuatrocientos treinta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos, moneda nacional), en concepto de capital exigible, más capital vencido, capital vencido diferido, intereses ordinarios diferidos, I.V.A de intereses ordinarios diferidos, intereses ordinarios, intereses moratorios, I.V.A de intereses moratorios. Asimismo, en dicho auto se comisionó al Actuario adscrito, a fin de que en el acto de la diligencia requiriera a la demandada, aquí quejosa, a fin de que hiciera pago a la parte actora de las prestaciones reclamadas, lo requiriera para que señalara bienes suficientes, a fin de garantizar dichas prestaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo el derecho para señalar bienes, pasaría en favor del actor, y hecho el embargo, se le notificaría a la parte demandada o la persona con quien se haya practicado la diligencia con entrega de las copias simples de la demanda, debidamente selladas y cotejadas, a fin de que dentro del término de ocho días debería de comparecer al juzgado hacer paga llana de las cantidades reclamadas y las costas o a oponerse de la ejecución. De igual forma en dicho auto se admitió la providencia precautoria solicitada por la parte actora, por lo que se ordenó la retención de diversos bienes y cuentas bancarias de la impetrante de amparo, siendo que el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en lo que interesa, ordenó turnar los autos a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles, y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, para que el actuario en turno se constituyera en el domicilio señalado de la parte demandada, a fin de notificarle el acuerdo de catorce de junio del año dos mil veintidós, levantando el acta circunstanciada de ello. De lo anterior, se puede advertir que el juicio de origen aún se encuentra en la etapa de emplazamiento a la demandada, y por ende, aún no se emite sentencia en el procedimiento de origen y en consecuencia no se le puede considerar a la quejosa como tercero extraña al juicio. Se afirma lo anterior, pues cuando la parte demandada es la que se ostenta como persona extraña a juicio -por equiparación, pueden ocurrir diversas hipótesis, a saber: la primera, cuando la falta de citación hizo que el demandado no conociera de ninguna forma que existía un juicio en su contra, enterándose del mismo cuando ya existía sentencia definitiva o laudo, y ya no tiene oportunidad de oponer defensa alguna; y la segunda, cuando a pesar de no haber sido legalmente emplazado, conoce de la existencia del juicio, antes de dictarse sentencia o laudo. Al respecto, son pertinentes las siguientes consideraciones: Por cuanto hace a la primera de esas hipótesis, necesariamente entraña el absoluto desconocimiento de la tramitación del juicio, lo que trae como consecuencia que a pesar de que sea el demandado quien acuda a la vía constitucional, la falta de citación o emplazamiento lo hace que se equipare a una persona extraña a ese juicio. Por tanto, debe estimarse que cuando el quejoso dice en su demanda de amparo que no fue emplazado al juicio, o fue citado en forma distinta a la prevenida por la ley, lo que le impidió conocer la existencia de un juicio seguido en su contra, en el que ya se dictó sentencia o laudo, éste se equipara a una persona extraña a dicho juicio. Respecto a la segunda hipótesis, o sea la relativa a cuando el quejoso, a pesar de no haber sido legalmente emplazado conoce de la existencia del juicio y comparece al mismo, antes de que se dicte sentencia o laudo, en dicho caso, resulta inconcuso que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser una violación procesal de gran magnitud y de carácter grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales en el proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones. De ahí que, si la promovente del amparo es demandada en el juicio natural, y tiene conocimiento del mismo, antes de que se dicte sentencia en éste, resulta claro que no puede equipararse a la persona extraña a juicio, ya que sólo tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio, o quien siendo parte en éste, la falta de emplazamiento, o la inexistencia del mismo le impidieron conocer la existencia del juicio seguido en su contra. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia, es el incidente de nulidad de actuaciones.Es aplicable al caso, en lo que interesa, lo sustentado por la Jurisprudencia 3a. J. 19/92, visible en la página 17 del Tomo 58, Octubre de 1992 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época, cuyo rubro y texto establecen: PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARACTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo.Por lo tanto, se reitera, si la aquí quejosa es parte demandada en el procedimiento natural en el cual al momento de que se ostentan conocedores del juicio, el mismo se encuentra en la etapa de emplazamiento a la propia parte demandada, las violaciones cometidas durante la secuela que pudieran afectan sus defensas, se traducen en actos de ejecución reparable puesto que con él sólo se afectan los derechos intraprocesales, que pueden ser combatidos en el incidente de nulidad de actuaciones y una vez agotado ese medio de defensa, el defecto en el emplazamiento, antes de dictarse la sentencia definitiva por disposición expresa contenida en los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo en vigor, debe ser reclamada, en su caso, al promoverse el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia que se dicte en el procedimiento respectivo, en virtud de que sólo redunda en cuanto a sus efectos, en la posición tomada por el incidentista dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra tal objetivo, los efectos o consecuencias del acto atacado de ilegal, dejan de causar algún posible perjuicio a la parte que lo obtuvo, sin que quede alguna huella en su esfera jurídica; por el contrario, la ejecución irreparable de un acto procesal se surte en la hipótesis en que se afecten de inmediato los derechos sustantivos de las partes, de tal manera que esas consecuencias no puedan ser reparadas por la sola circunstancia de obtener una sentencia definitiva favorable. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Materia (s) Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone:TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. De ahí que, al haberse actualizado la citada causal de improcedencia de dicho acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil Oral 195/2022, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo El citado precepto dispone:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad, consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece, esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivos, por lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada.En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas.Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos o medios de defensa, dentro del procedimiento que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo;b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa;c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y;d) Que por virtud de dicho medio, la actuación respectiva pueda ser revocada o modificada.Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J 25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente:IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Aunado a lo señalado, cabe precisar que la Ley de Amparo prevé las causas de excepción al principio de definitividad, sin que el acto reclamado actualice alguno de esos supuestos de excepción, que dispone el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a continuación se citan: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En ese sentido, teniendo en cuenta que el amparo es un juicio extraordinario, por ser un medio de control constitucional, sólo puede acudirse a él cuando previamente se han agotado los recursos ordinarios previstos en la ley aplicable, de manera que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos. Ahora bien, en cuanto al acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil Oral 195/2022, en el que respecto a la providencia precautoria, solicitada por la parte actora, ordenó la retención del predio número ciento cincuenta y uno, de la calle veintisiete de la Colonia San Antonio Hool, de la Localidad de San Antonio Hool, Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, que afirma es de su propiedad, así como de todos los vehículos registrados a nombre de la quejosa, ante la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y las cuentas bancarias aperturadas a su nombre, a saber la 7606335030 de la Institución bancaria de Banca Múltiple "Banco Nacional de México", Sociedad Anónima, (BANAMEX) Grupo Financiero Banamex; así como las diversas 4054683057 y 4056123623, de la Institución bancaria "HSBC México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; y la cuenta número 17003064778 de la Institución bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, hasta por la cantidad de $2, 135, 210.43 (Dos millones, ciento treinta y cinco mil, doscientos diez pesos 43/100), así como su ejecución, resulta importante precisar que en general la finalidad de las providencias precautorias consiste en garantizar el resultado del juicio que se inicie o se pretenda iniciar preservando los bienes objeto o relacionado con la acción. Siendo que los artículos 1168 y 1175 a 1178 del Código de Comercio, regulan las providencias precautorias, previas al juicio, tratándose de acciones personales, consistentes en la retención de bienes, las cuales son aplicables al embargo de dinero depositado en cuentas bancarias, de conformidad con la fracción II, del numeral 1168.Por otro lado, el artículo 1177 del Código de Comercio establece que las providencias precautorias establecidas por el citado ordenamiento podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en ese ordenamiento (artículo 1168). En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio. Por su parte, los artículos 1336, 1339, 1345, fracción IV, 1345 bis y 1183 del Código de Comercio, prevén lo siguiente: CAPITULO XXV De la Apelación Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes.""Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $816,439.97 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo." "Artículo 1345 bis.- En los casos previstos en este Capítulo, la apelación debe interponerse ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos previstos en éste. "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339,1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código." Así, de dichos numerales se advierte que la apelación es el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación; que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $816,439.97 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, asimismo, que corresponde a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto con anterioridad expresado en pesos y deberá publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan, entre otras hipótesis, a la resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; el cual, deberá interponerse ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos previstos en éste.Y finalmente, que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos antes señalados. De manera que, es claro que la referida parte quejosa previamente a promover la acción constitucional, debió agotar el principio de definitividad que regula la procedencia del juicio de amparo, pues contra dicho acto reclamado atendiendo a la cuantía del asunto y por la que se decretaron las providencias precautorias, la cual asciende a $2, 135, 210.43 (Dos millones, ciento treinta y cinco mil, doscientos diez pesos 43/100), procedía el recurso de apelación de conformidad con el primer párrafo del artículo 1183, del Código de Comercio, el cual establece que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, primer párrafo, 1345, fracción IV, y 1345, bis 1, del citado ordenamiento mercantil, con motivo del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el referido acto reclamado. Por lo que, se insiste que previo a promover el juicio de amparo indirecto, contra dicho proveído, la quejosa debió interponer el recurso ordinario que la ley mercantil prevé para impugnarlo, por el que puede ser modificado, revocado o nulificado el referido acto reclamado.Sin que en el caso resulte aplicable lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio, el cual dispone:"Artículo 1390 Bis. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno. Lo anterior, en virtud que dicho artículo únicamente prevé la irrecurribilidad de las determinaciones adoptadas en los juicios orales mercantiles, más no para cualquier determinación dictada por un juez oral en materia mercantil, pues los juzgadores de primera instancia conocen no sólo de juicios orales mercantiles, sino de diversos procedimientos, como lo son las providencias precautorias relacionadas con juicios que sean de su competencia; máxime que el procedimiento de providencias precautorias se rige por un capítulo especial, en el caso, en términos del Capítulo XI, Título I, Libro Quinto, es decir, en conformidad con preceptos que están fuera del "Título Especial" "Del juicio oral mercantil", siendo que en estos, existe disposición legal que expresamente prevé la procedencia del recurso de apelación contra las determinaciones adoptadas en el procedimiento cautelar en comento. Razón por la que en el presente caso era procedente que la quejosa interpusiera recurso de apelación contra el auto reclamado, previamente a acudir al juicio constitucional para cumplir con el principio de definitividad. Orienta sobre el particular la jurisprudencia PC.I.C. J/80 C, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1748, libro 60, noviembre de 2018, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018339, rubro y texto siguiente:PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. LA HIPÓTESIS DE IRRECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, ES INAPLICABLE A LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LA SOLICITUD DE AQUÉLLAS. La reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, así como la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 1390 Bis, segundo párrafo y 1390 Bis 1, último párrafo, de dicho ordenamiento, conducen a considerar que la hipótesis de irrecurribilidad de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil, prevista en el primero de dichos preceptos, no es aplicable a la determinación que deniega las providencias precautorias, solicitadas prejudicialmente. Esto es así, porque el texto del primero de dichos artículos es claro al expresar, que la prohibición de recursos comprende exclusivamente al juicio oral mercantil, y las providencias precautorias no forman parte de este juicio, sino que pertenecen a uno diferente, al que la doctrina denomina proceso cautelar, y respecto al cual, la ley autoriza su promoción antes de un proceso de conocimiento o de uno ejecutivo. Según el artículo 1390 Bis 11 del código citado, el juicio oral empieza con una demanda escrita, de manera que las resoluciones posteriores a tal escrito inicial son las que quedan comprendidas en el mandamiento de irrecurribilidad y, por consiguiente, éste no podría estar referido a determinaciones emitidas antes de que comience el juicio oral. Esta posición está confirmada en el último párrafo del artículo 1390 Bis 1 indicado, al prever que las providencias cautelares se tramitarán en términos del Capítulo XI, Título I, Libro Quinto, es decir, en conformidad con preceptos que están fuera del "Título Especial" "Del juicio oral mercantil". De ahí la afirmación en el sentido de que, al no actualizarse la hipótesis del segundo párrafo del artículo 1390 Bis mencionado, no cabe invocarlo para considerar irrecurrible, la resolución que deniega la solicitud de providencias precautorias." Aunado a que el artículo 1183 del Código de Comercio no distingue para efecto de la procedencia del recurso de apelación que la medida cautelar o providencia precautoria anteceda o no a un juicio mercantil, es decir, que se haya decretado antes de iniciarse el juicio mercantil o posteriormente, por lo que en cualquiera de ambos casos el recurso ordinario es procedente, sea el de apelación, o bien, el de revocación tratándose de cuantía menor, ya que en principio, todas las resoluciones son recurribles, a menos que la ley disponga lo contrario y, en el caso, no existe prohibición sobre el particular. Al respecto, es dable invocar la jurisprudencia 1a. J. 40/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 886, libro 57, agosto de 2018, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017693, de contenido siguiente:"MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." Por otra parte, debe decirse que la parte quejosa no puede ser considerada como tercera extraña por equiparación respecto del juicio de donde deriva su reclamo, ya que las medidas precautorias no constituyen actos privativos, por lo que no se rigen por la garantía de previa audiencia para su imposición, como lo ha establecido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 21/98, publicada en la página 18, tomo VII, marzo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA". De ahí que no se encuentre en una hipótesis que la exente para agotar el recurso de mérito, ello es así, porque las medidas precautorias consisten en asegurar una situación de hecho, con anterioridad o posterioridad a la presentación de la demanda; ante lo cual el derecho del promovente a que se decrete la medida precautoria es adjetivo y le permite asegurar, para el caso de que obtenga sentencia favorable, el efectivo cumplimiento de la obligación que exigirá a su contraparte, por ende, la medida precautoria no es constitutiva de ningún derecho adicional o ajeno al que será motivo de la controversia en la que deberá decidirse sobre la procedencia de la acción. Habida cuenta que en las medidas precautorias no se discuten los derechos que en el juicio correspondiente pueda tener el actor, sino simplemente se asegura el resultado de ese juicio, resultado sobre el cual no se prejuzga; motivo por el que no está exenta de agotar el recurso de mérito. En se sentido, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con registro digital: 2025814, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 4225, Libro 21, Enero de 2023, Tomo IV, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: "MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, pues uno de ellos considera que la persona en contra de la cual se decreta una medida precautoria en el procedimiento mercantil prejudicial, tiene la obligación de interponer el recurso de apelación en contra de esa resolución, en forma previa a la promoción del juicio de amparo, pues carecía de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicitó la medida, y porque las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición, sino se trata de la "futura demandada"; mientras que el otro tribunal afirma que la afectada con la medida, no tenía la obligación de interponer el recurso ordinario, ante la falta de notificación de las providencias precautorias, pues esa omisión ocasionó el desconocimiento total de la quejosa, lo cual evidenciaba que era una auténtica tercera extraña a juicio, y esa circunstancia la relevaba de interponer el recurso ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito considera que la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, no está exenta de observar el principio de definitividad, por cuyo motivo debe interponer el recurso ordinario de apelación, si la cuantía del negocio lo permite. Justificación: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1168, 1177 y 1178 del Código de Comercio y las jurisprudencias y tesis reiteradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las medidas cautelares previas a juicio, la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, no está exenta de interponer el recurso ordinario de apelación previsto en los artículos 1183 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio, interpretados en la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, de rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", si la cuantía del negocio lo permite, pues no se ubica en el caso de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo, ya que carece de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicita la medida, y porque en torno a las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición." Así como la jurisprudencia I.6o.C. J/37, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187016, de rubro y texto siguientes:"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.Asimismo, es importante mencionar que similar criterio sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 301/2021 de su índice, que dirimió un asunto en igualdad de circunstancias que el estudiado en esta sentencia. Consecuentemente, debe concluirse que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en la presente controversia constitucional. En mérito de todo lo antes expuesto, no puede entrarse al estudio de fondo planteado respecto de la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y en consecuencia procede sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse las invocadas causales de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre diciembre de 1989, Octava Época, registro 226555, que dice:SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido ... contra los actos que reclamo de a Juez Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y otras autoridades, mismos que hizo consistir en el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil Oral 195/2022, en el dictó la providencia precautoria de retención de bienes de la a aquí quejosa, y todo lo actuado en dicho juicio; por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy Fe.

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