Gloria Aracelly Figueroa Castillo
Expediente 999/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gloria Aracelly Figueroa Castillo
Actuaciones
- Principal
MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigor, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el trece de agosto del año en curso, pues si bien no obran en autos el acuse del oficio por medio del cual se le comunicó el citado proveído a la parte tercero interesada, que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente al directo quejoso, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 536/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, lo anterior sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de trece de agosto del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia del auto que solicita, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el seis de agosto del año en curso, dictó un acuerdo en autos del expediente laboral 305/2016 de su índice, con el que dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el siete de mayo del año en curso. Ahora bien, se trae a colación que el acto que Gloria Aracely Figueroa Castillo reclamó en su demanda de amparo, consistió en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, en cuanto a la paralización del procedimiento al no atender el memorial de siete de mayo de la presente anualidad, mediante el cual solicitó se dictara el auto de ejecución y requerimiento de pago del laudo correspondiente en el juicio laboral 305/2016. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable en cuanto a la paralización del procedimiento, al no atender el memorial de siete de mayo de la presente anualidad, mediante el cual solicitó se dictara el auto de ejecución y requerimiento de pago del laudo correspondiente en el juicio laboral 305/2016. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que en fecha seis de agosto del presente año, se le dio contestación a la parte quejosa respecto de su escrito cuya omisión reclama en el presente juicio, tal y como se advierte de la copia certificada que remitió la responsable para tal efecto. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Acuerdo en el cual se ordenó la reinstalación de la actora, aquí quejosa, en diligencia que se llevará a cabo el veintidós de agosto de la presente anualidad. Asimismo, se comisionó al Actuario de su adscripción para tal efecto; y, finalmente, se ordenó abrir el incidente de liquidación respectivo, señalándose fecha para la audiencia incidental relativa. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que emitió la resolución correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con once minutos del tres de septiembre de dos mil diecinueve. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
MESA I. Vista la demanda de amparo promovida ... contra un acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por tanto, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Dése la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientos unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de la Materia vigente. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Ahora, en cuanto al AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado; por tanto, gírese atento oficio a la autoridad antes mencionada, a fin de que sea emplazada al presente juicio de amparo, con entrega de una copia del escrito de demanda y haciendo de su conocimiento el contenido de este acuerdo, así como informándole que puede comparecer a este juicio con dicho carácter, si así conviene a sus intereses. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que la parte quejosa ofreció en su demanda de amparo, consistentes en la presuncional en su doble aspecto, la instrumental de actuaciones, y la documental pública; para ser valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, de conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Acuerdo General 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, téngase a la parte quejosa aceptando la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia que se dicte en este juicio de amparo, esto es, se publique sin supresión de sus datos personales, tal y como lo manifestó en su demanda de cuenta. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo, y como sus autorizados para tales efectos a Edmundo Augusto Alzina Campos, Cynthia Grisell Cruz Pech, Edmundo Augusto Alzina García, Margarita del Socorro Echeverría Ake, y Geny Lucely Chuc Ek, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. Notifíquese; y por oficio a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe
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