Glenda Selene Ortha Villagrán
Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Glenda Selene Ortha Villagrán
Actuaciones
- Principal
********************Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de nueve de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho.********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido.********************....********************Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.********************Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintiuno. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. TRÁMITE Vista la demanda de amparo promovida por Glenda Selene Ortha Villagrán, contra el acto reclamado al Presidente Municipal y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 81/2021-V-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata de lo siguiente: La omisión de las autoridades responsables de atender las medidas sanitarias correspondientes, pues fuera de su área de trabajo no se cubren y se le asignan labores en espacios y áreas ajenas a su zona de trabajo, con el objeto de que localice los bienes muebles para verificar los inventarios, siendo que en dichos lugares no se atiende las medidas y circulares de salud dictadas por el estado y el municipio, lo que pone en riesgo grave su salud, a pesar de que forma parte de un grupo vulnerable por su estado de sobrepeso, prediabetes e índice de colesterol alto. Continua diciendo, que se le expone a realizar tareas sin ningún protocolo de salubridad y sin considerar su riesgo de vulnerabilidad, los que la potencializan a ser contagiada del virus Covid-19, por lo que al no tener estabilidad laboral, se le somete a un estrés. También destaca que si no acata la orden de trabajo no puede cobrar su salario y prestaciones. La omisión de establecer medidas preventivas específicas para evitar cualquier tipo de riesgo o contagio del COVID-19. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A.J/4,3 del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En principio, es necesario precisar que de la interpretación en conjunto de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. La anterior definición, permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos del quejoso y esas funciones están determinada en la ley, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior, se tiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como ya se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, y que por tal, se entiende como aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Lo anterior tiene sustento en la tesis XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En esta tesitura, no está por demás mencionar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto aprobó la tesis número 2a.CCIV/2001, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 39, del rubro y texto que enseguida se transcriben: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en lo expuesto, el Máximo Tribunal de la Nación estimó que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Para definir este aspecto, conforme al criterio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los gobernados, y entre particulares, cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En otras palabras, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los criterios jurisprudenciales en consulta, resulta conveniente atender al viejo concepto de las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y los particulares, al tenor de los conceptos que proporciona la Teoría General del Derecho, es decir, conforme a los tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación, y las de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, pues si ambas están en el mismo nivel, entonces existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Dicho en otras palabras, las relaciones de coordinación son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, o incluso, entre el Estado y los particulares, sólo que en este supuesto el Estado se desapodera de su facultad de imperio y actúa con los particulares en el plano del derecho privado, es decir, como si se tratara de un particular. En cambio, las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según ha quedado explicado, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Con base en las precisiones anteriores es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. Acotada la anterior premisa legal, en el caso que se analiza, se estima que el acto reclamado deriva de una relación laboral y, por tanto, no es un acto de autoridad para efectos del amparo. Se estima lo anterior, en virtud de que la parte quejosa reclama: La omisión de las autoridades responsables de atender las medidas sanitarias correspondientes, pues fuera de su área de trabajo no se cubren y se le asignan labores en espacios y áreas ajenas a su zona de trabajo, con el objeto de que localice los bienes muebles para verificar los inventarios, siendo que en dichos lugares no se atiende las medidas y circulares de salud dictadas por el estado y el municipio, lo que pone en riesgo grave su salud, a pesar de que forma parte de un grupo vulnerable por su estado de sobrepeso, prediabetes e índice de colesterol alto. Señala que se le expone a realizar tareas sin ningún protocolo de salubridad y sin considerar su riesgo de vulnerabilidad, los que la potencializan a ser contagiada del virus Covid-19, por lo que al no tener estabilidad laboral, se le somete a un estrés. También destaca que si no acata la orden de trabajo no puede cobrar su salario y prestaciones. La omisión de establecer medidas preventivas específicas para evitar cualquier tipo de riesgo o contagio del COVID-19. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la quejosa es trabajadora del Ayuntamiento de Xalapa, cuya función es el control de los consumibles de papelería, limpieza y cómputo para todas las áreas de dicho ayuntamiento; de modo que, es evidente que la quejosa mantiene una relación laboral con el mencionado ayuntamiento; por lo que, los actos enunciados no constituyen uno de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior no implica desconocer que el resguardo domiciliario de aquellas personas que se encuentren en alguno de los grupos considerados como vulnerables para que dejen de asistir a sus centros de trabajo constituye una medida derivada de una política de salud pública dirigida a minimizar el contagio de la enfermedad que produce del virus SARS-CoV2 durante la etapa de emergencia que se vive actualmente; sin embargo, los efectos de esas medidas repercuten en el ámbito de trabajo, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Bajo ese panorama, el cumplimiento o incumplimiento de los empleadores tanto del Estado como de carácter privado de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo, se desenvuelven bajo un esquema de coordinación por virtud de la interacción ocasionada por la relación de trabajo. Por ello, las dependencias señaladas como responsables en la demanda de amparo a quienes la promovente atribuye los actos reclamados se localizan en un plano de igualdad en relación con éste, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleada (parte quejosa). Ello, debido a que si bien la omisión que se atribuye al Ayuntamiento, su dirección y departamentos, señalados como responsables consistente en la omisión para atender las medidas preventivas para evitar cualquier tipo de contagio, en razón de que le fueron asignadas labores fuera de su área de trabajo, constituye una acción de carácter unilateral atribuida a una institución del Estado que formalmente tiene el carácter de autoridad, lo cierto es que subyace o se produce dentro de una relación de coordinación entre el justiciable y las mencionadas instituciones. Por ende, las transgresiones que se atribuyen no se verifican con el carácter de imperio que revisten los actos de autoridad, sino como incumplimiento del derecho a la protección y seguridad previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas. En efecto, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado, a su vez, los numerales 698 y 699 de la misma prevén que es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación y que cuando se ejerciten acciones relacionadas con la obligación en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, serán de la competencia de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a su jurisdicción. Por tanto, los actos que reclama el justiciable no constituyen ?de acuerdo con su naturaleza? actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues el Ayuntamiento señalado como responsable no obró con el imperio de su soberanía; característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación de trabajo. Por tanto, los actos impugnados pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. Lo anterior significa que las instituciones públicas no adquieren, por el solo hecho de su naturaleza formal, el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador; por ende, el acto reclamado, con independencia de que esté o no acreditado, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dicho de otro modo, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados en la vía ordinaria. En ese sentido, lo reclamado en el presente juicio de amparo se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre el quejoso y el Ayuntamiento en la que se encuentra adscrita en su carácter de empleado, regulada por el artículo 123 Constitucional, cuyo propósito es que se ordene el ajuste de sus actividades de conformidad con su contrato laboral, proporcionándole la capacitación e instrucción necesaria con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 132 de la Ley Federal el Trabajo estatuyen la obligación por parte de los patrones de otorgar licencias a sus trabajadores sin menoscabo de sus derechos y antigüedad. Máxime que el artículo 132, fracción XIX Bis, de la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria, es decir, esa obligación del patrón se vincula directamente con el acto que se reclama, con motivo de la declaratoria ante la epidemia de COVID-19. Luego, es pertinente reiterar que lo reclamado por la parte quejosa frente a las autoridades señaladas como responsables deriva de la relación laboral que existe, es decir, a través de la vía constitucional impugna omisiones que atribuye a su empleador y que desde su perspectiva ponen en riesgo su salud. Además, los actos que reclama se desenvuelven dentro de la interacción que existe entre el justiciable como empleado y los órganos del Estado como patrón o empleador, en el marco de la protección del derecho a la salud en el trabajo para reducir el riesgo de exposición de los trabajadores al posible contagio de la enfermedad que produce el virus SAR-CoV2. En ese sentido, los actos u omisiones atribuidos a un ente del Estado, en su carácter de empleador, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Entonces, si la parte quejosa reclamó del Presidente Municipal, Director de Recursos Humanos, Departamento de Selección y Desarrollo Personal, Departamento de Contratación y Desarrollo de Personal, Departamento de Prestaciones y Nóminas, Departamento de Organización y Métodos, la omisión para atender las medidas preventivas para evitar cualquier tipo de contagio en razón de que le fueron asignadas labores fuera de su área de trabajo, poniendo en peligro su salud y su vida, ésta no puede ser analizada de manera inmediata a través de la acción de amparo, ya que es menester que sea sometida en la vía ordinaria ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación.". Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Conviene destacar que es un hecho notorio para quien esto provee, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos los recursos de queja de trabajo número 45/2020, 50/2020, 80/2020, 81/2020 y 113/2020, en los que se analizó un caso similar al presente asunto, estimó que con independencia de las facultades y obligaciones que se les otorga a dichos entes de salud, la omisión o negativa de otorgar medidas como resguardo domiciliario ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2, que causa la enfermedad COVID-19, no implica una actúan en un plano superior al gobernado, sino que tal actuación la realiza en su calidad de patrón. De modo que, consideró el mencionado órgano colegiado que tal determinación incide en la esfera de sus derechos como trabajador, por lo que no se estaba en el supuesto de tener a las autoridades de salud como responsables para efectos del juicio de amparo, por ser una cuestión de carácter laboral, ya que en todo caso debe exigirse tal reclamo ante la autoridad laboral correspondiente. Incluso, el mencionado Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, estableció la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L, la cual se encuentra pendiente de publicarse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO SON LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS (COMO RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2, QUE CAUSA LA ENFERMEDAD COVID-19, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA IMPROCEDENCIA. Hechos. Trabajadores de distintas Instituciones Médicas reclamaron de sus patrones en la vía indirecta de control constitucional, la negativa a otorgarles medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad Covid-19, siendo que las demandas relativas fueron admitidas por los jueces de Distrito y, esa forma de proceder fue controvertida a través del recurso de queja por la parte patronal a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, por lo que procede desechar la demanda de amparo indirecto por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación. Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades que señalaron como responsables, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues los actos reclamados los constituyen, en esencia, la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto. No es obstáculo a lo antes determinado, el hecho de que si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender la tutela del derecho en el amparo, excepcionalmente; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones y entonces, se debe acudir a la vía ordinaria laboral para hacer el planteamiento formalmente, en tanto esa jurisdicción está restablecida." Criterio que este órgano jurisdiccional estima oportuno citar en apoyo a la presente determinación, por ser sustentado por un Tribunal Colegiado de este Séptimo Circuito, al cual pertenece este Juzgado Decimoquinto de Distrito. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 1°, fracción I y 5, fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee. CONSULTA Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA. Por otra parte, en relación con su solicitud de que se le realicen las notificaciones al correo electrónico que proporciona como se advierte de la certificación secretarial que antecede el mismo se encuentra asociado al nombre de usuario "FILITO" registrado a nombre de Filiberto Lozano Romero, como usuario de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, a quien señala el quejoso como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo general 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se comisiona al Analista Jurídico SISE adscrito a este juzgado para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario "FILITO" a fin de que la parte quejosa esté en aptitud de acceder al expediente electrónico y ser notificada por esa vía, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo AUTORIZADOS. Se tiene en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe Mancilla Márquez, quien cuenta con el registro número 16203 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Filiberto Lozano Romero, Andrea Ramírez Carrizo e Irlanda Fabiola Sierra Madrigal, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, y dicha quejosa no acreditó que éstos cuenten con documentos oficiales que lo faculten para ejercer la licenciatura en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se toma conocimiento del teléfono y correo electrónico proporcionado por la quejosa, a fin de tener comunicaciones no procesales en futuras ocasiones. Notifíquese vía electrónica a la quejosa.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Uriel Curti Espinosa, secretario que autoriza y da fe.
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