Gisela Ramon Contreras

Expediente 627/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
627/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito
  • Gisela Ramon Contreras
  • Magistrados Integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de trece de septiembre del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que mediante proveído de doce de septiembre del año en curso, se ordenó que el trámite de los incidentes de suspensión relativos a los juicios de amparo 628/2019, 629/2019 y 630/2019, se continuara en cada una de las mesas asignadas, hasta en tanto la determinación dictada en el presente asunto quedara firme, lo que ya aconteció en esta propia fecha; en consecuencia, se ordena glosar los cuadernos originales de los incidentes de suspensión descritos al original del incidente de suspensión 627/2019, que deriva del juicio de amparo en que se actúa, así como los duplicados de dichos expedientes al duplicado del incidente de suspensión del presente asunto, a fin de que se forme un sólo tomo de dichos cuadernillos para un mejor manejo de los mismos. Ahora bien, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio y por cuanto hace al original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto, con posterioridad al SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Asimismo, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable denominada Magistrada Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, remitió como justificación de su informe copia certificada del juicio ordinario laboral ******************** de su índice, con las que se formaron cuatros tomos de pruebas por separado, devuélvanse las referidas copias a la mencionada autoridad responsable, toda vez que ya no es necesaria su conservación.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria General de Acuerdos Habilitada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento practicado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, informa que se dejó sin efectos el apercibimiento de arresto de hasta treinta y seis horas, con el que se les conminó a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama Veracruz, por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente laboral 532/2010/IV, del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexo al oficio de cuenta. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por los impetrantes de amparo Gisela Ramón Contreras, Presidenta Municipal; Macario Cruz Demetrio, Síndico Único; Isidra Rodríguez Martínez, Regidor Primero; Ana Laura Soto Rosas, Regidor Segundo, integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama, Veracruz, se hizo consistir en: 1. El acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 532/2010/IV, del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual se requirió al Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama, Veracruz, por conducto de su Cabildo, integrado por Gisela Ramón Contreras, Presidenta Municipal; Macario Cruz Demetrio, Síndico Único; Isidra Rodríguez Martínez, Regidor Primero; Ana Laura Soto Rosas, Regidor Segundo; para que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en el improrrogable término de cinco días hábiles, contado a partir de que quedaran notificados, se reunieran y sesionaran de manera ordinaria o extraordinaria y, como caso excepcional, declaren como deuda pública la cantidad de $330,350.00 (trescientos treinta mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), salvo error u omisión aritméticos, cantidad adeudada al actor en dicho juicio laboral, apercibiéndoseles a los integrantes del cabildo que de no cumplir con lo anterior, se les aplicaría a cada uno de ellos, un arresto de hasta treinta y seis horas, como medida de apremio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198, fracción tercera, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. En ese tenor, a criterio del suscrito, se considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso, la Secretaria General de Acuerdos Habilitada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, informó que por acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente laboral 532/2010/IV, se dejó sin efectos el apercibimiento de arresto de hasta treinta y seis horas, con el que se les conminó a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama Veracruz, por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, ya que el seis de agosto del año en curso, compareció ante el tribunal responsable el actor Sergio Landa Aburto, así como el síndico del Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama, Veracruz, en los autos del expediente 532/2010-IV, de su índice, a efecto de celebrar un convenio, cuyas clausulas en lo que interesa establecen lo siguiente: "(.) SEGUNDA: a través de pláticas conciliatorias, las partes han llegado a una solución en el presente juicio, mediante el cual la entidad pública demandada y condenada en el presente juicio, se compromete a pagar al actor Sergio Landa Aburto, la cantidad de $336,350.00 (trecientos treinta y seis mil trecientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.), en concepto de pago total y absoluto de los derechos laborales del mismo, dicho pago se realizará en dieciséis parcialidades, la primera de ellas por la cantidad de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 M.N.), las siguientes catorce parcialidades cada una de ellas por la cantidad de $11,350.00 (once mil trescientos cincuenta pesos, 00/100 M.M.). (.) QUINTA.- Convienen las partes en este convenio que en caso de incumplimiento de los pagos a los que se obliga la entidad pública, se establece que el juicio laboral que nos ocupa continuará en las etapas legales que corresponda esto es, en la fase de ejecución del mismo. SEXTA.- Las partes solicitan, que una vez cubiertas las cantidades establecidas en el presente convenio y especialmente la cláusula segunda de este acuerdo de voluntades, y/o se hubieran depositadas las cantidades ya señaladas se autorice el presente convenio, elevándolo a la categoría de cosa juzgada y ordenando el archivo definitivo SÉPTIMA.- Que en caso de incumplimiento de uno de los pagos mensuales establecidos en el presente convenio, se establecerá una penalidad de un día de salario mínimo como pago a la falta de incumplimiento de los mismos." Ahora, dicho convenio fue celebrado con posterioridad a la emisión del acto reclamado en el presente asunto, y como quedó expuesto, en las cláusulas quinta y séptima se pactó que en caso de incumplimiento de los pagos a los que se obliga la entidad pública, se continuará en las etapas legales que corresponda en la fase de ejecución del juicio laboral, así también se estableció que en caso de incumplimiento de uno de los pagos mensuales estipulados en el convenio, se establecerá una penalidad de un día de salario mínimo como pago a la falta de incumplimiento de los mismos; es decir, se constituyeron nuevos apercibimientos para el caso de que se incumpla el convenio. En ese orden de ideas, si se toma en consideración que el apercibimiento fue emitido con el objeto de que el Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama, Veracruz, por conducto de su Cabildo, integrado por Gisela Ramón Contreras, Presidenta Municipal; Macario Cruz Demetrio, Síndico Único; Isidra Rodríguez Martínez, Regidor Primero; Ana Laura Soto Rosas, Regidor Segundo; se reuniera y sesionaran de manera ordinaria o extraordinaria y, como caso excepcional, declaren como deuda pública la cantidad de $330,350.00 (trescientos treinta mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), salvo error u omisión aritméticos, cantidad adeudada al actor Sergio Landa Aburto en dicho juicio laboral; y, que el seis de agosto del año en curso, celebraron un convenio las partes, mediante el cual la entidad pública demandada y condenada en el juicio natural, se compromete a pagar al actor Sergio Landa Aburto, la cantidad de $336,350.00 (trecientos treinta y seis mil trecientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.), en concepto de pago total y absoluto de los derechos laborales del mismo. Incluso, ya se le entregó al actor un cheque 0000056, que ampara la cantidad de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 M.N.), y se estipuló que el resto se pagaría en catorce parcialidades por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), y la última de ellas por la cantidad de $11,350.00 (once mil trescientos cincuenta pesos, 00/100 M.M.), mismo que fue aprobado por la autoridad responsable para todos los efectos legales procedentes. En razón de lo anterior, al quedar sin efectos el apercibimiento de arresto de hasta treinta y seis horas, con el que se les conminó a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama Veracruz, por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el cual constituía el acto impugnado en esta vía, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de forma manifiesta e indubitable la improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo número 627/2019 y sus acumulados 628/2019, 629/2019 y 630/2019. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a los quejosos, la determinación que dice: Ténganse por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria General de Acuerdos Habilitada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento practicado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, informa que se dejó sin efectos el apercibimiento de arresto de hasta treinta y seis horas, con el que se les conminó a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama Veracruz, por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente laboral 532/2010/IV, del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexo al oficio de cuenta. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por los impetrantes de amparo Gisela Ramón Contreras, Presidenta Municipal; Macario Cruz Demetrio, Síndico Único; Isidra Rodríguez Martínez, Regidor Primero; Ana Laura Soto Rosas, Regidor Segundo, integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama, Veracruz, se hizo consistir en: 1. El acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 532/2010/IV, del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual se requirió al Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama, Veracruz, por conducto de su Cabildo, integrado por Gisela Ramón Contreras, Presidenta Municipal; Macario Cruz Demetrio, Síndico Único; Isidra Rodríguez Martínez, Regidor Primero; Ana Laura Soto Rosas, Regidor Segundo; para que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en el improrrogable término de cinco días hábiles, contado a partir de que quedaran notificados, se reunieran y sesionaran de manera ordinaria o extraordinaria y, como caso excepcional, declaren como deuda pública la cantidad de $330,350.00 (trescientos treinta mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), salvo error u omisión aritméticos, cantidad adeudada al actor en dicho juicio laboral, apercibiéndoseles a los integrantes del cabildo que de no cumplir con lo anterior, se les aplicaría a cada uno de ellos, un arresto de hasta treinta y seis horas, como medida de apremio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198, fracción tercera, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. En ese tenor, a criterio del suscrito, se considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso, la Secretaria General de Acuerdos Habilitada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, informó que por acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente laboral 532/2010/IV, se dejó sin efectos el apercibimiento de arresto de hasta treinta y seis horas, con el que se les conminó a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama Veracruz, por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, ya que el seis de agosto del año en curso, compareció ante el tribunal responsable el actor Sergio Landa Aburto, así como el síndico del Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama, Veracruz, en los autos del expediente 532/2010-IV, de su índice, a efecto de celebrar un convenio, cuyas clausulas en lo que interesa establecen lo siguiente: "(.) SEGUNDA: a través de pláticas conciliatorias, las partes han llegado a una solución en el presente juicio, mediante el cual la entidad pública demandada y condenada en el presente juicio, se compromete a pagar al actor Sergio Landa Aburto, la cantidad de $336,350.00 (trecientos treinta y seis mil trecientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.), en concepto de pago total y absoluto de los derechos laborales del mismo, dicho pago se realizará en dieciséis parcialidades, la primera de ellas por la cantidad de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 M.N.), las siguientes catorce parcialidades cada una de ellas por la cantidad de $11,350.00 (once mil trescientos cincuenta pesos, 00/100 M.M.). (.) QUINTA.- Convienen las partes en este convenio que en caso de incumplimiento de los pagos a los que se obliga la entidad pública, se establece que el juicio laboral que nos ocupa continuará en las etapas legales que corresponda esto es, en la fase de ejecución del mismo. SEXTA.- Las partes solicitan, que una vez cubiertas las cantidades establecidas en el presente convenio y especialmente la cláusula segunda de este acuerdo de voluntades, y/o se hubieran depositadas las cantidades ya señaladas se autorice el presente convenio, elevándolo a la categoría de cosa juzgada y ordenando el archivo definitivo SÉPTIMA.- Que en caso de incumplimiento de uno de los pagos mensuales establecidos en el presente convenio, se establecerá una penalidad de un día de salario mínimo como pago a la falta de incumplimiento de los mismos." Ahora, dicho convenio fue celebrado con posterioridad a la emisión del acto reclamado en el presente asunto, y como quedó expuesto, en las cláusulas quinta y séptima se pactó que en caso de incumplimiento de los pagos a los que se obliga la entidad pública, se continuará en las etapas legales que corresponda en la fase de ejecución del juicio laboral, así también se estableció que en caso de incumplimiento de uno de los pagos mensuales estipulados en el convenio, se establecerá una penalidad de un día de salario mínimo como pago a la falta de incumplimiento de los mismos; es decir, se constituyeron nuevos apercibimientos para el caso de que se incumpla el convenio. En ese orden de ideas, si se toma en consideración que el apercibimiento fue emitido con el objeto de que el Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama, Veracruz, por conducto de su Cabildo, integrado por Gisela Ramón Contreras, Presidenta Municipal; Macario Cruz Demetrio, Síndico Único; Isidra Rodríguez Martínez, Regidor Primero; Ana Laura Soto Rosas, Regidor Segundo; se reuniera y sesionaran de manera ordinaria o extraordinaria y, como caso excepcional, declaren como deuda pública la cantidad de $330,350.00 (trescientos treinta mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), salvo error u omisión aritméticos, cantidad adeudada al actor Sergio Landa Aburto en dicho juicio laboral; y, que el seis de agosto del año en curso, celebraron un convenio las partes, mediante el cual la entidad pública demandada y condenada en el juicio natural, se compromete a pagar al actor Sergio Landa Aburto, la cantidad de $336,350.00 (trecientos treinta y seis mil trecientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.), en concepto de pago total y absoluto de los derechos laborales del mismo. Incluso, ya se le entregó al actor un cheque 0000056, que ampara la cantidad de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 M.N.), y se estipuló que el resto se pagaría en catorce parcialidades por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), y la última de ellas por la cantidad de $11,350.00 (once mil trescientos cincuenta pesos, 00/100 M.M.), mismo que fue aprobado por la autoridad responsable para todos los efectos legales procedentes. En razón de lo anterior, al quedar sin efectos el apercibimiento de arresto de hasta treinta y seis horas, con el que se les conminó a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama Veracruz, por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el cual constituía el acto impugnado en esta vía, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de forma manifiesta e indubitable la improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo número 627/2019 y sus acumulados 628/2019, 629/2019 y 630/2019. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a las quejosas y tercero interesado, la determinación que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de agosto de la presente anualidad, se reservó acordar lo conducente respecto a la acumulación de los juicios de amparo 628/2019, 629/2019 y 630/2019, radicados en este juzgado, al presente juicio de amparo 627/2019, la cual fuera solicitada por la autoridad responsable denominada Magistrada Presidente del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Al respecto se acuerda: En principio, debe destacarse que en el presente juicio de amparo el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: 1. El acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 532/2010/IV, del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual se requirió al Ayuntamiento Constitucional de Villa Aldama, Veracruz, por conducto de su Cabildo, integrado por Gisela Ramón Contreras, Presidenta Municipal; Macario Cruz Demetrio, Síndico Único; Isidra Rodríguez Martínez, Regidor Primero; Ana Laura Soto Rosas, Regidor Segundo; para que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en el improrrogable término de cinco días hábiles, contado a partir de que quedaran notificados, se reunieran y sesionaran de manera ordinaria o extraordinaria y, como caso excepcional, declaren como deuda pública la cantidad de $330,350.00 (trescientos treinta mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), salvo error u omisión aritméticos, cantidad adeudada al actor en dicho juicio laboral, apercibiéndoseles a los integrantes del cabildo que de no cumplir con lo anterior, se les aplicaría a cada uno de ellos, un arresto de hasta treinta y seis horas, como medida de apremio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198, fracción tercera, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie se actualiza la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora, de la lectura íntegra de las demandas de amparo relativas a los juicios de amparo 628/2019, 629/2019 y 630/2019, todos del índice de este juzgado, se desprende que en ellos también se reclama el auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 532/2010/IV, del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en la parte relativa al apercibimiento de arresto de treinta y seis horas, para el caso de no cumplir con lo ordenado en el propio auto. En ese contexto, se está en el supuesto previsto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional intentados, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previos de los asunto, pues si bien de conformidad a lo que establece el artículo 14 constitucional como juzgador no puede dejar de resolver los juicios registrados ante la potestad, tampoco puede darse un trámite diferente a juicios en los que se reclama el mismo acto, ello en aras de evitar la emisión de sentencias contradictorias. En el entendido de que, la circunstancia de decretar la acumulación y emitir una sola sentencia no se traduce en que el Juez pueda dejar de respetar la independencia o individualidad de cada uno de los expedientes acumulados, o de pronunciarse respecto de todos los argumentos expuestos por las partes, ya que en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, debe analizar tanto las pretensiones coincidentes como las diferentes o particulares, y armonizarlas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los autos acumulados. Sustenta lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXXIV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR TANTO LAS PRETENSIONES COINCIDENTES, COMO LAS DIFERENTES O PARTICULARES DE CADA EXPEDIENTE ACUMULADO. Los artículos 57 a 63 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, regulan la acumulación en el juicio de amparo; figura procesal respecto de la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que su existencia obedece a razones de economía procesal y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos, pudieran dictarse sentencias contradictorias; sin embargo, la circunstancia de decretar la acumulación y emitir una sola sentencia no se traduce en que el Juez pueda dejar de respetar la independencia o individualidad de los expedientes acumulados, o de pronunciarse respecto de todos los argumentos expuestos por las partes, ya que en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, debe analizar tanto las pretensiones coincidentes como las diferentes o particulares, y armonizarlas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los autos acumulados." En consecuencia, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se decreta procedente la acumulación de autos, por lo que, deberán agregarse materialmente los expedientes 628/2019, 629/2019 y 630/2019 al juicio en que se actúa número 627/2019. En atención a lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se deja sin efectos las audiencias constitucionales señaladas en los juicios 628/2019, 629/2019 y 630/2019, teniéndose como fecha para el desahogo de la audiencia constitucional las NUEVE HORAS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, misma que se señaló en proveído de veintitrés de agosto del año en curso, dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa (627/2019). Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que la informan, la jurisprudencia P./J. 24/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Finalmente, en relación al trámite de los incidentes de suspensión relativos a los juicios de amparo 628/2019, 629/2019 y 630/2019, estos continuarán llevándose en cada una de las mesas asignadas, hasta en tanto se ordene que la resolución que se llegará a dictar en el presente juicio de amparo haya quedado firme.

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