Glenda Ramírez Hernández

Expediente 210/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
210/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Glenda Ramírez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó en el juicio. El incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, conforme a los lineamientos que establece el citado Acuerdo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/365/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó a este órgano federal que el Pleno del propio Consejo, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del Juez Juan Manuel Villanueva Gómez a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sustitución del Juez José Álvaro Vargas Ornelas, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, circunstancia que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/365/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó a este órgano federal que el Pleno del propio Consejo, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del Juez Juan Manuel Villanueva Gómez a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sustitución del Juez José Álvaro Vargas Ornelas, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, circunstancia que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiocho de mayo del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas, y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 210/2021-V, promovido por ****************************, por derecho propio, ante la presencia de Michel Navarrete Archundia, Secretario en funciones de Juez de Distrito, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación secretarial para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Secretario en funciones de Juez con las que adjuntó el Director de Desarrollo y Fomento Económico del Ayuntamiento Constitucional de Tepotzotlán, Estado de México, al oficio recibido el cuatro de mayo del año en curso, así como las que ofreció al rendir su informe con justificación el Presidente Municipal de ese Ayuntamiento. Acto seguido, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 210/2021-V, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, ****************************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente Municipal Constitucional de Tepotzotlán, Estado de México y otras autoridades. II. Por auto del treinta de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 210/2021-V, de igual manera se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se dio vista a las partes con los informes justificados, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 párrafo tercero y 107, fracción VI de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclama un acto de autoridad administrativa y que tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial que competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: 1. La resolución emitida por la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico del Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México, en la comparecencia a la garantía de audiencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se apercibe a la quejosa para que se abstenga de la venta, consumo o distribución de bebidas alcohólicas, hasta en tanto cuente con la licencia de funcionamiento expedida por ese Ayuntamiento, exhortándola para que en caso de reincidencia se le harán efectivas las sanciones y medidas de seguridad que establece el Reglamento Municipal de Comercio, la Industria, Prestación de Servicios, Espectáculos, Anuncios Publicitarios y Vía Pública de Tepotzotlán, Estado de México. TERCERO. El Presidente Municipal Constitucional de Tepotzotlán, Estado de México, por sí y en representación del Ayuntamiento, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, aduciendo que dichas autoridades no tuvieron participación en el procedimiento que indica la peticionaria del amparo. Lo cual se corrobora al tener a la vista las constancias que integran el citatorio de comercio formal número *********, a las que se les confiere valor probatorio pleno, de cuyo contenido se aprecia que una autoridad diversa fue la que emitió el acto que se impugna en esta vía constitucional, sin que la quejosa aportara pruebas que acreditaran la participación de las autoridades citadas y que señaló como responsables. En tales condiciones, al no haberse desvirtuado la negativa formulada debe sobreseerse el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades mencionadas. CUARTO. El Director de Desarrollo y Fomento Económico del Ayuntamiento Constitucional de Tepotzotlán, Estado de México, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado; sin embargo, aclaró que se citó a la quejosa para que aclarara si contaba con la licencia de funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas en la unidad económica denominada "**********", ya que únicamente cuenta con licencia de funcionamiento como restaurante sin venta de bebidas alcohólicas. Aunado a lo anterior, de las constancias que remitió dicha autoridad relativas al citatorio de comercio formal número *********, se aprecia que llevó a cabo la comparecencia de la quejosa a la garantía de audiencia que tuvo verificativo el diecinueve de marzo del año en curso, así como el acuerdo que recayó a la misma. Constancias que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2º, y con las cuales se tiene por acreditada la existencia del acto que se le reprocha. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, en contra del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo1; una de las cuales regula el 1 La cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su principio de definitividad, que parte de la premisa consistente en que el presente juicio es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. Lo anterior, dado que la peticionaria no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, consistente en que, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, al caso concreto, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el sumario constitucional es un medio extraordinario de defensa, a través de la protección de derechos fundamentales, de modo tal que, para acudir a él, es necesario que previamente se interpongan, en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios de defensa que legalmente procedan2. Cabe señalar, en principio, que existen excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra del acto reclamado, cuyas excepciones son de estricta aplicación, a saber: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna) Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [...] 2 Es aplicable la jurisprudencia 447, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297 del Tomo VI, Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394403, que establece:"RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XX, párrafo segundo de la Ley de Amparo); y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo)3. 3 Dichas excepciones, se encuentran contenidas también, en la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo Luego, la hipótesis normativa en estudio, establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Ahora, de la lectura de las constancias que obran en autos, se advierte que se reclama el acuerdo que recayó a la comparecencia de la quejosa a la garantía de audiencia, que se llevó ante la autoridad responsable el diecinueve de marzo del año en curso, a través del cual se apercibió a la quejosa para que se abstuviera de la venta, consumo o distribución de bebidas alcohólicas en la unidad económica denominada "****************************", hasta en tanto cuente con su licencia de funcionamiento para ese fin; y se le exhortó para que en el caso de reincidencia, se le harían efectivas las sanciones y medidas que establece la legislación aplicable. Pero, contra dicha determinación debió instar el juicio contencioso ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, en términos del artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos de la Entidad, previo a la promoción del juicio de garantías. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos que los establecidos en esa ley para la suspensión del acto reclamado, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". previstos en la Ley de la materia, para tal efecto, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Al respecto, los artículos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en los cuales se regula el recurso administrativo de inconformidad, así como el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, no exigen mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En ese tenor, este juzgado advierte la concurrencia de la mencionada causa de improcedencia, respecto del acto reclamado, mismo que ha sido establecido con antelación. Lo anterior es así, toda vez que tales actos fueron dictados por autoridades distintas de un tribunal judicial, administrativo o de trabajo, esto es, por el Director de Desarrollo y Fomento Económico del Ayuntamiento Constitucional de Tepotzotlán, Estado de México, por lo que, conforme al artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, frente a las resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tienen la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por tal motivo, dado que la legislación citada en último término, al cual se encuentran sujetos los actos de autoridad que se reclaman en esta vía constitucional, reconoce la procedencia del recurso inconformidad ante la propia autoridad, así como el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, como medios de defensa mediante los cuales el gobernado puede obtener la modificación, revocación o nulidad del acto que reclama (inclusive la suspensión del acto reclamado), por lo cual es obligatorio interponer alguno de esos medios de defensa, en atención al principio de definitividad4. Lo anterior es así, en razón a que en este asunto no se sostiene la posibilidad de que en contra del acto reclamado proceda el juicio de nulidad, sino que constituye una afirmación, pues en torno al tema materia del acto reclamado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto el trece de marzo de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 452/2012, emitió la jurisprudencia 2ª./J. 60/2013 (10ª.), de la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro XXI, del correspondiente a junio de 2013, página 933, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE 4 No es óbice a lo anterior el contenido de la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1043, del tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el número de registro 328203, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTACULO PARA ADMITIRLA", así como la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3715, del tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 327723, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA", mediante las cuales se establece que "la posibilidad" de un recurso para combatir el acto reclamado no es un motivo de indudable y manifiesta improcedencia que justifique desechar de plano la demanda de amparo". AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad". De lo anterior, claramente se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el tema de procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; de ahí la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones impugnables a través de ese medio ordinario de defensa. Por tanto, en el caso concreto, el mencionado principio de definitividad debe respetarse aun cuando la quejosa señale un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que procede el amparo indirecto, tal circunstancia no determina que estén en un caso de excepción5. A mayor abundamiento, cabe mencionar que el tema relativo ha sido materia de la contradicción de tesis 2/2015, que el pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito 5 Tiene aplicación, la Jurisprudencia, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, Abril de 1995, página 94, Novena Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente. resolvió (por mayoría de votos) en sesión pública el uno de septiembre de dos mil quince, esencialmente en el sentido de que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no establece mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado y tiene los mismos alcances.6 Por tanto, previamente a la sustanciación del juicio de amparo y, específicamente, contra el actos reclamados, debía agotarse el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de modo que su falta de promoción deriva en la improcedencia del juicio constitucional, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que en el presente asunto tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, relativa a que solamente hubiera reclamado violaciones directas a la Constitución. Esto es así, toda vez que únicamente se materializa una excepción al principio de definitividad inmerso en el citado numeral, en el caso de que la parte quejosa haga valer exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal, sin que reclame cuestiones de legalidad. 6 De dicha resolución derivó la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 24, noviembre de 2015, tomo III, página 2936, de contenido siguiente: SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. Ahora bien, cuando de manera simultánea se aducen violaciones directas e indirectas a la Constitución en la demanda de amparo, es inconcuso que con ello no opera excepción alguna al principio de definitividad, al ser factible para el afectado obtener la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso o juicio ordinario, pues al promoverlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que considera tiene la resolución.7 Entonces, si bien, es factible exceptuar el agotamiento del juicio contencioso para promover el juicio de amparo cuando la parte quejosa sólo hace valer violaciones directas a la Constitución, lo cierto es que tal excepción no se actualiza en la especie. 7 Ilustra lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 175-180, tercera parte, página 119, de rubro y texto siguientes: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Es así, porque de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la promovente no sólo alegó violaciones directas a la Constitución Federal, sino que también hizo valer temas de legalidad, argumentando violaciones a la garantía de audiencia a la que compareció y que se rige por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos. De ello, se sigue que contra los actos reclamados no opera excepción alguna al principio de definitividad, porque es factible para los afectados obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto que estiman violatorio de derechos fundamentales, a través de los recursos ordinarios, pues se trata de verificar la inobservancia a leyes secundarias lo que corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso o juicio. 8 Finalmente, no escapa a la atención de este órgano de control de la constitucionalidad que en el acto reclamado no se está impidiendo a la quejosa ejercer su actividad, únicamente se limita la venta, consumo y distribución de bebidas hasta que cuente con la licencia de funcionamiento correspondiente; aunado a que el apercibimiento de imponerle las sanciones y medidas de seguridad constituye un acto futuro de realización incierta. Además, si bien el pleno del Máximo Tribunal del país ha sostenido criterios en los que se establece que la figura 8 Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, los argumentos que sostienen la jurisprudencia P./J. 136/2001 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 917, de rubro y texto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, principio de definitividad que tratándose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Carta Magna, pues el órgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneración a disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. de la suplencia de la deficiencia de la queja implica que el órgano jurisdiccional federal subsane las deficiencias argumentativas de la parte quejosa, lo cierto es que para la aplicación de dicha figura procesal, es indispensable verificar previamente la procedencia del juicio de amparo para dar cumplimiento exacto a las normas que lo regulan, ya que la suplencia de la queja no puede llegar al extremo de hacer procedente un medio extraordinario de impugnación que conforme a la ley no lo es. Por tanto, la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llegar al extremo de hacer procedente un juicio de amparo que conforme a la legislación de la materia no lo es. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, procede sobreseer el presente juicio de acuerdo a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por ****************************, por derecho propio, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor trámite el oficio del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México, toda vez que por auto del siete de los cursantes se proveyó lo conducente respecto al mismo. Notifíquese; por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano