Gladis Edith Martínez Escobedo
Expediente 1102/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gladis Edith Martínez Escobedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de enero de dos mil veintidós. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese, el cual es susceptible de ser destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra el auto del treinta de noviembre de este año; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio, ha quedado firme. Infórmese a las partes la presente determinación y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte las constancias que remitió el Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, documentales a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se tiene que el diecisiete de noviembre en curso, la autoridad responsable dio por terminada la relación jurídico procesal de las partes en el juicio laboral 825/2021, de su índice, por lo que ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. De lo anterior, este juzgador considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Ahora bien, este juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.);" De la hipótesis en cita, se tiene que el juicio de amparo, deviene improcedente, atento a la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. Con relación a la causa de improcedencia que se actualiza, cabe destacar que generalmente la emisión de un acto de autoridad, trae aparejados determinados efectos materiales y/o jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera que, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, que acude a él con el fin de restituirlo en el pleno goce de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan éste a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse en cuanto a la ejecución de sus efectos y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. De ahí que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 63, de la Ley de Amparo, antes transcrita, el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, aún en la eventualidad de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la parte quejosa. En resumidas cuentas, se actualizan los componentes de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, cuando aún ante la existencia formal del acto reclamado haya imposibilidad de que sus efectos se materialicen o continúen actualizándose por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que bien puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de la autoridad o, en algunas ocasiones, por el transcurso del tiempo o la propia actividad de las partes en juicio, por acontecimientos naturales y otros que impiden analizar la constitucionalidad de dicha decisión judicial. Para demostrar la eficacia de la causa de improcedencia anunciada, en principio, conviene señalar que la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se presentó el veintiséis de octubre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y que por razón de turno, se asignó el día siguiente a este Juzgado de Distrito, en la que la parte quejosa Gladis Edith Martínez Escobedo, por conducto de su apoderado Jonathan Ulises Hernández Serrano, reclamó la omisión de emplazar a la parte demanda en el juicio laboral 825/2021, del índice de la autoridad responsable. Asimismo, de las constancias que remitió el Juez responsable, se tiene que mediante diligencia del doce de agosto de dos mil veintiuno, la aquí quejosa Gladis Edith Martínez Escobedo, por propio derecho, compareció ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en esta ciudad y manifestó su desistimiento del juicio laboral 825/2021; manifestación de voluntad, que por auto del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó de manera favorable a la parte actora. Luego entonces, si bien la parte quejosa Gladis Edith Martínez Escobedo, por conducto de su apoderado Jonathan Ulises Hernández Serrano, presentó su demanda el veintiséis de octubre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que por razón de turno, se asignó el día siguiente a este Juzgado de Distrito y, posterior a tal presentación, por auto del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, acordó de manera favorable el desistimiento vertido por la parte actora en el juicio natural desde el doce de agosto de dos mil veintiuno, motivo por el determinó dar por terminada la relación jurídico procesal de las partes en el juicio laboral 825/2021, de su índice, asimismo ordenó el archivo de tal expediente como asunto totalmente concluido. Por lo que, aún en el caso de que se concediera el amparo para el efecto de que se realizara el emplazamiento a juicio de la parte demandada, no es posible restituir a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en virtud que, al dictado del presente auto dejó de existir el objeto que se pretendía, respecto de la abstención reclamada a la responsable de emplazar a la parte demanda en el juicio natural, puesto que ya se dio por terminada la relación jurídico procesal de las partes en el juicio laboral, así como, se ha ordenado su archivo, como asunto totalmente concluido. Es decir, dejó de existir el objeto del acto reclamado, tendente a realizar el emplazamiento de la parte demandada a juicio. Las reflexiones expuestas revelan en esencia, que existe imposibilidad material para restituir a la quejosa en sus derechos fundamentales que señala fueron transgredidos, al encontrase concluido el juicio laboral, de ahí que en la especie, se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con relación a este presupuesto de improcedencia, dada la identidad del texto que guarda la Ley de Amparo en vigor, con el texto de la ley de la materia abrogada, que establecía la causa de improcedencia en cita, resulta ilustrativo citar el contenido de la tesis 2a. XLVIII/98, con registro 196442, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Materia(s): Común, página 241, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, con registro 173858, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Común, página 189, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Háganse las anotaciones correspondientes y se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada en este expediente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase al Juez de Distrito y Actuario adscritos al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. En términos del artículo 119 de la legislación en mención, se tiene como pruebas del juez responsable oficiante las constancias que adjunta a su informe. Para dar margen a lo anterior, y no irrogar perjuicio alguno a las partes, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las doce horas con cuarenta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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