Glenda Ayme Balcazar Alonzo

Expediente 742/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
742/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
17/07/2018

Partes del expediente

  • Glenda Ayme Balcazar Alonzo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, pronunciado en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la presente demanda de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se tuvo por no interpuesta la presente demanda de garantías, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, además de que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    Mesa II. Vista la demanda de amparo promovida por Glenda Ayme Balcázar Alonzo, contra actos que reclama del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de la que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, motivo por el cual, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de mérito, por los motivos que se exponen en líneas siguientes: Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de los corrientes, emitido por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 996/2014, relativo al Juicio Extraordinario Hipotecario, promovido por Sergio Humberto Aguilar Fernández, apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, mediante el cual se desecha el recurso de apelación intentado contra el acuerdo de veintiocho de mayo del año en curso, en el cual se decreta remate en primera subasta y primera almoneda, respecto de un inmueble, fijando la fecha respectiva y ordenando las gestiones de ley conducentes. Ahora bien, el suscrito considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en procedimiento de remate, ni tampoco se ubica en algún caso de excepción reconocido por la jurisprudencia aplicable. En ese sentido, resulta necesario invocar lo que al efecto establece la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". De tal precepto se desprende que el amparo indirecto será procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio. No obstante, tratándose de actos de esa naturaleza (ejecución de sentencia), el amparo solo podrá ser promovido contra la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al gobernado, y, cuando se trate de remates, el amparo solo podrá instarse contra la resolución que ordene la escrituración de dicho bien inmueble rematado y además la entrega de este a sus adjudicatarios. En ese sentido, la ley reglamentaria en la materia, restringe la procedencia del amparo, pues a contrario sensu se entiende que éste no será procedente contra actos que no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; y que tratándose de remates, tampoco será procedente el juicio si no se trata de la resolución que ordena la escrituración del inmueble y su entrega. Esto es, para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente que la emisión de un determinado acto de autoridad, tratándose de actos meramente jurisdiccionales, conlleva una afectación a la esfera jurídica de una de las partes en la contienda, que la legitima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que invalide el acto relativo, por estimarlo violatorio de sus derechos fundamentales. Sin embargo, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, legalidad y convencionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones a derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera en la esfera jurídica de un gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hubieren sido violentadas, el legislador ha establecido diversos mecanismos que condicionan la procedencia de dicha vía. Esto en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expedites que deben regir en todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Proceder en sentido contrario implicaría una contravención a la regla específica introducida por el legislador en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y IV de la Constitución, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Por eso el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de la sentencia en el menor tiempo posible, lo que acentúa la idea acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, no debe ser entorpecido, limitándose así la posibilidad de acceder al juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para las partes. Lo anterior, pues los gobernados pueden acudir a instar el juicio constitucional hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que revela que la teleología de la ley no es vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo, sino que el procedimiento de ejecución no se vea dilatado, independientemente de quien sea la parte que intente el juicio de amparo. Así pues, debe entenderse por "última resolución" aquella en la que se aprueba o reconoce de manera tácita o expresa el cumplimiento total de la sentencia, o bien, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." No obstante lo anterior, existen algunas excepciones en las que procede el juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia: cuando dichos actos gozan de autonomía propia, o bien, cuando afectan derechos sustantivos del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación. (El subrayado es propio). De igual manera, es aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. De lo anterior se concluye que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia solo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia, impide la ejecución del fallo respectivo, o bien, transgrede derechos sustantivos del quejoso. Expuesto lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque el acto reclamado no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, ni se ubica en alguno de los casos de excepción anteriormente mencionados. Ello, porque el acto reclamado consiste en la resolución de cuatro de los corrientes, emitido por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 996/2014, relativo al Juicio Extraordinario Hipotecario, promovido por Sergio Humberto Aguilar Fernández, apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, mediante el cual se desecha el recurso de apelación intentado contra el acuerdo de veintiocho de mayo del año en curso, en el cual se decreta remate en primera subasta y primera almoneda, respecto de un inmueble, fijando la fecha respectiva y ordenando las gestiones de ley conducentes. El cual, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, ya que no es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; así como tampoco se estima que afecte derechos sustantivos, en la medida que se trata únicamente de un acto procedimental que no impacta en alguno de tales derechos como la vida, la libertad, la propiedad, etc. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, de la propia legislación, y por tanto, lo procedente es desechar la demanda, al resultar que éste no es el momento oportuno para acudir al amparo, sino hasta que se dicte la resolución definitiva que apruebe o desapruebe el remate, que no es otra sino aquella en que se tenga al adjudicatario por exhibido el precio del remate y se ordene en definitiva la entrega de las escrituras relativas. En mérito de lo antes expuesto, y tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Glenda Ayme Balcazar Alonzo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado en sentido contrario. Por otra lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el predio que señala en su demanda de amparo, y como autorizados para tal efecto a Ruben Dario Arcique Azcorra y Andrés Jesús Mendoza Centeno, en términos amplios de conformidad con el establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Alejandro Ismael Lima González, Guimer del Ángel Ramon Chan, Gabriel Arcique Pereyra y Maritza Guadalupe Aguilar Arcique, con las limitaciones que alude el citado numeral, por no encontrarse registrados en el Registro Único Computarizado de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. A quienes también, se les autoriza para la utilización de medios tecnológicos para reproducir las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, estos es para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

  3. Principal

    Mesa II. Vista la demanda de amparo promovida por Glenda Ayme Balcázar Alonzo, contra actos que reclama del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de la que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, motivo por el cual, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de mérito, por los motivos que se exponen en líneas siguientes: Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de los corrientes, emitido por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 996/2014, relativo al Juicio Extraordinario Hipotecario, promovido por Sergio Humberto Aguilar Fernández, apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, mediante el cual se desecha el recurso de apelación intentado contra el acuerdo de veintiocho de mayo del año en curso, en el cual se decreta remate en primera subasta y primera almoneda, respecto de un inmueble, fijando la fecha respectiva y ordenando las gestiones de ley conducentes. Ahora bien, el suscrito considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en procedimiento de remate, ni tampoco se ubica en algún caso de excepción reconocido por la jurisprudencia aplicable. En ese sentido, resulta necesario invocar lo que al efecto establece la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". De tal precepto se desprende que el amparo indirecto será procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio. No obstante, tratándose de actos de esa naturaleza (ejecución de sentencia), el amparo solo podrá ser promovido contra la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al gobernado, y, cuando se trate de remates, el amparo solo podrá instarse contra la resolución que ordene la escrituración de dicho bien inmueble rematado y además la entrega de este a sus adjudicatarios. En ese sentido, la ley reglamentaria en la materia, restringe la procedencia del amparo, pues a contrario sensu se entiende que éste no será procedente contra actos que no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; y que tratándose de remates, tampoco será procedente el juicio si no se trata de la resolución que ordena la escrituración del inmueble y su entrega. Esto es, para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente que la emisión de un determinado acto de autoridad, tratándose de actos meramente jurisdiccionales, conlleva una afectación a la esfera jurídica de una de las partes en la contienda, que la legitima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que invalide el acto relativo, por estimarlo violatorio de sus derechos fundamentales. Sin embargo, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, legalidad y convencionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones a derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera en la esfera jurídica de un gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hubieren sido violentadas, el legislador ha establecido diversos mecanismos que condicionan la procedencia de dicha vía. Esto en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expedites que deben regir en todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Proceder en sentido contrario implicaría una contravención a la regla específica introducida por el legislador en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y IV de la Constitución, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Por eso el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de la sentencia en el menor tiempo posible, lo que acentúa la idea acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, no debe ser entorpecido, limitándose así la posibilidad de acceder al juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para las partes. Lo anterior, pues los gobernados pueden acudir a instar el juicio constitucional hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que revela que la teleología de la ley no es vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo, sino que el procedimiento de ejecución no se vea dilatado, independientemente de quien sea la parte que intente el juicio de amparo. Así pues, debe entenderse por "última resolución" aquella en la que se aprueba o reconoce de manera tácita o expresa el cumplimiento total de la sentencia, o bien, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." No obstante lo anterior, existen algunas excepciones en las que procede el juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia: cuando dichos actos gozan de autonomía propia, o bien, cuando afectan derechos sustantivos del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación. (El subrayado es propio). De igual manera, es aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. De lo anterior se concluye que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia solo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia, impide la ejecución del fallo respectivo, o bien, transgrede derechos sustantivos del quejoso. Expuesto lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque el acto reclamado no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, ni se ubica en alguno de los casos de excepción anteriormente mencionados. Ello, porque el acto reclamado consiste en la resolución de cuatro de los corrientes, emitido por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 996/2014, relativo al Juicio Extraordinario Hipotecario, promovido por Sergio Humberto Aguilar Fernández, apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, mediante el cual se desecha el recurso de apelación intentado contra el acuerdo de veintiocho de mayo del año en curso, en el cual se decreta remate en primera subasta y primera almoneda, respecto de un inmueble, fijando la fecha respectiva y ordenando las gestiones de ley conducentes. El cual, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, ya que no es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; así como tampoco se estima que afecte derechos sustantivos, en la medida que se trata únicamente de un acto procedimental que no impacta en alguno de tales derechos como la vida, la libertad, la propiedad, etc. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, de la propia legislación, y por tanto, lo procedente es desechar la demanda, al resultar que éste no es el momento oportuno para acudir al amparo, sino hasta que se dicte la resolución definitiva que apruebe o desapruebe el remate, que no es otra sino aquella en que se tenga al adjudicatario por exhibido el precio del remate y se ordene en definitiva la entrega de las escrituras relativas. En mérito de lo antes expuesto, y tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Glenda Ayme Balcazar Alonzo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado en sentido contrario. Por otra lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el predio que señala en su demanda de amparo, y como autorizados para tal efecto a Ruben Dario Arcique Azcorra y Andrés Jesús Mendoza Centeno, en términos amplios de conformidad con el establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Alejandro Ismael Lima González, Guimer del Ángel Ramon Chan, Gabriel Arcique Pereyra y Maritza Guadalupe Aguilar Arcique, con las limitaciones que alude el citado numeral, por no encontrarse registrados en el Registro Único Computarizado de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. A quienes también, se les autoriza para la utilización de medios tecnológicos para reproducir las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, estos es para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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