Gladys Noemi de Fatima Aguilar Aldana
Expediente 222/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gladys Noemi de Fatima Aguilar Aldana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 222/2022-VI, promovido ....contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el veintiséis de enero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Gladys Noemí de Fátima Aguilar Aldana solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuaria de su adscripción. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 222/2022-VI, por estimar actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con dicho acuerdo la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el toca 37/2022, el cual en sesión de treinta de junio de dos mil veintidós, declaró fundado el aludido recurso. CUARTO. Admisión de la demanda. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo y se acusó recibo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Asimismo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. QUINTO. Plazo de ocho días por vista del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuaria de su adscripción, relacionados en la audiencia de cuenta. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que de los mismos se advierte la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista. Máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, por parte del suscrito al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por las responsables. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que la omisión reclamada fue atribuida a autoridades con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda de amparo y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro' "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que Gladys Noemí de Fátima Aguilar Aldana reclama: La omisión de dar contestación a su escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós en autos del juicio contencioso administrativo 115/2020 de su índice, mediante el cual solicitó se dictara la sentencia correspondiente. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuaria de su adscripción, toda vez que, si bien es verdad, el Magistrado Presidente lo negó al rendir su informe justificado, realizó manifestaciones que evidencian su existencia. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias conducentes del juicio contencioso administrativo 115/2020, que el Magistrado Presidente del Tribunal responsable remitió como justificación de su informe; las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley de la materia. Al respecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior, no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, de las constancias que anexó el Magistrado Presidente del Tribunal responsable a su informe justificado, a las que se confirió valor probatorio pleno en párrafos que anteceden; se advierte que por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente del Tribunal responsable dio contestación a su referido escrito presentado el siete de enero de los corrientes y, en atención a su contenido, declaró improcedente la emisión de la resolución solicitada; el cual, le fue notificado personalmente a José Rafael Sánchez Rodríguez, autorizado de la aquí quejosa Gladys Noemí de Fátima Aguilar Aldana, el día veintidós de agosto siguiente. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la omisión de dar contestación a su ocurso de mérito, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós dictado en autos del juicio contencioso administrativo 115/2020. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, el Tribunal responsable dictó el acuerdo correspondiente en el aludido juicio de origen, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No obstante lo anterior, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de terceros interesados al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, Secretaría de Administración y Finanzas del Estado e Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, todos con sede en esta ciudad, al ser la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, y que no hayan sido emplazados en este juicio de amparo, pues ello no impide resolver la presente sentencia en el sentido de sobreseer el presente asunto, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en la demanda de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.6/2017 (10a.) de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsiste-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 131, Tercera Parte, LVII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "TERCEROS PERJUDICADOS, FALTA DE CITACIÓN A LOS, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito no llamó al juicio para la defensa de sus derechos a los terceros perjudicados, aunque es verdad que el procedimiento del juicio de amparo es de derecho público y la violación del mismo impone su reposición, no es del caso ordenarla, si se llega a la conclusión de sobreseerse, por ser innecesaria tal medida, toda vez que no resentirían ningún perjuicio dichos terceros, cuyos derechos quedan intocados". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido ... contra el acto que reclamó del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuaria de su adscripción; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio 1588, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con un anexo que adjunta, consistente en el testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del toca 37/2022, relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Gladys Noemí de Fátima Aguilar Aldana contra el proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, pronunciado en este expediente; ejecutoria de la que se advierte que la citada Superioridad en su ÚNICO punto resolutivo declaró FUNDADO el recurso de queja. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo y acúsese el recibo de estilo vía interconexión. En consecuencia, y en acatamiento a la ejecutoria de cuenta, procede acordar sobre la admisión de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Gladys Noemí de Fátima Aguilar Aldana contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y del Actuario de su adscripción; en tal virtud, se provee: En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades responsables, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente, de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las responsable para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que la parte quejosa acompañó a su demanda de mérito, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Resérvese proveer lo relativo a las personas señaladas como terceros interesados, hasta que obre en autos el informe justificado del Tribunal responsable. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. No se tramita el incidente de suspensión en atención a que no fue solicitado. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 956/2022, remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, con el cual acusa de recibo el oficio 6479/2022, en el que se le remitió vía interconexión, el recurso de queja interpuesto por la quejosa Gladys Noemí de Fátima Aguilar Aldana, contra del auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, indicando que fue admitido a trámite con el número de toca 37/2022 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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