Gladys Quiñonez Cruz
Expediente 1243/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1243/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2023
Partes del expediente
- Gladys Quiñonez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ******. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción II, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se deja de proveer al respecto, en razón a que no se aperturó el incidente de suspensión. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 20 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
R E S U L T A N D O: Primero. De la demanda. ********************a través de su apoderada legal ********************mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés, según la boleta número 20231581034000014, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que en seguida se precisan. Segundo. Autoridad responsable. (1) Administradora Central de Apoyo Jurídico de Recaudación en suplencia por ausencia del Administrador General de Recaudación y de los Administradores Centrales de Declaraciones y Pagos de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, de Notificación, de Cobro Persuasivo y Garantías de Cobro Coactivo, de Planeación y Estrategias de Cobro y de Programas Operativos con Entidades Federativas, con residencia en la Ciudad de México. Tercero. Acto reclamado. "La resolución contenida en el oficio: ********************, de fecha 13 de diciembre de 2022; por violar las garantías de legalidad y debido acceso a la justicia." Cuarto. Tercero interesado. No existe. Quinto. Trámite del juicio de amparo. I. Radicación y desechamiento. Por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 35/2023-VI; y previo desahogo de la prevención ahí formulada, en proveído de dieciocho de enero siguiente, se desechó por estimarse actualizada en forma manifiesta e indudable, causa de improcedencia relacionada con el carácter extraordinario del juicio constitucional biinstancial (principio de definitividad). II. Recurso de queja. Inconforme con la determinación dictada por este órgano jurisdiccional, mediante escrito recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el veintiséis de enero de esta anualidad, y en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional en esa misma data, ********************, en su carácter de autorizado en términos amplios de la moral impetrante del amparo, interpuso recurso de queja en contra auto de desechamiento de referencia. III. Trámite del medio de impugnación. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar trámite al medo recursivo hecho valer por la parte quejosa; asimismo, mediante oficio ********************, se remitió el original del aludido ocurso y anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para su substanciación y resolución; mismo que quedó registrado bajo el número ********************, de su índice. IV. Ejecutoria. Mediante ejecutoria referente al recurso de queja ********************, del índice del Tribunal Colegiado en cita, dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, la que la Superioridad resolvió fundado recurso de queja interpuesto por la accionante de los derechos fundamentales; por lo que, ordenó revocar el auto de desechamiento emitido en el presente asunto, y proveer lo conducente en torno a la demanda de amparo. V. Trámite de la demanda de amparo. En actuación de ocho de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de referencia; y en acatamiento a sus efectos, se admitió a trámite la demanda de amparo intentada por ********************; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó el veintidós de agosto del año que transcurre; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que la emisión del acto reclamado, se atribuye a una autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto la autoridad señalada como responsable y el acto reclamado, advertidos de la demanda de amparo. Así, del análisis integral al libelo inicial, se advierte que la parte promovente reclama lo siguiente: Autoridad Responsable: (1) Administradora Central de Apoyo Jurídico de Recaudación en suplencia por ausencia del Administrador General de Recaudación y de los Administradores Centrales de Declaraciones y Pagos de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, de Notificación, de Cobro Persuasivo y Garantías de Cobro Coactivo, de Planeación y Estrategias de Cobro y de Programas Operativos con Entidades Federativas, con residencia en la Ciudad de México. Acto Reclamado: (a) El oficio ********************, de trece de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se resolvió la solicitud de revisión administrativa planteada por ********************, por conducto de su apoderada legal, en contra de las determinaciones fiscales con número de control ********************y ********************, emitidas por la Subadministración Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1". TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. En consecuencia, según constancia de autos, se advierte lo siguiente: Es cierto el acto reclamado a la (1) Administradora Central de Apoyo Jurídico de Recaudación en suplencia por ausencia del Administrador General de Recaudación y de los Administradores Centrales de Declaraciones y Pagos de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, de Notificación, de Cobro Persuasivo y Garantías de Cobro Coactivo, de Planeación y Estrategias de Cobro y de Programas Operativos con Entidades Federativas, con residencia en la Ciudad de México; no obstante haberlo negado al rendir su respectivo informe; sin embargo, hace manifestaciones encaminadas a exponer razones de las que se desprende su existencia. Lo que se corrobora con la constancia remitida por aquella en apoyo a su informe justificado consistente en copia certificada del oficio ********************, que contiene la resolución reclamada; a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Sin que pasen desapercibidas sus manifestaciones en relación con que la autoridad señalada como responsable actuó por ausencia del Administrador General de Recaudación, pues así fue señalada como responsable, con ese carácter actuando por ausencia de dicho Titular; sin embargo, la emisión de la resolución en este caso, le concierne a él, pues del oficio reclamado se advierte que el suscribió el mismo. Máxime, que para sustentar su intervención, citó como fundamentos de su actuación el artículo 4, tercer párrafo, en relación con el diverso 2, Apartado B, fracción I, inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; por tanto, si bien actuó por ausencia del Titular del área, es innegable que el emitió el acto; por tanto es cierta la emisión reclamada. Circunstancias anteriores, permiten establecer la certeza del acto reclamado y tenerse así para los efectos legales procedentes. CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna se actualice, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. QUINTO. Análisis de fondo del asunto. Resultan inoperantes por una parte e infundados por otra los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que proceda la suplencia de dichos motivos de disenso, por no encontrarse la promovente en ninguno de los supuestos del 79 de la Ley de Amparo. Además, es pertinente señalar que no es necesario transcribir los conceptos de violación esgrimidos, pues no existe precepto legal que obligue a ello; además, tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, al no privarle de la oportunidad para recurrir esta sentencia y alegar lo que estimare pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. a) Así, del análisis integral a la demandad de amparo, la moral accionante sostuvo que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto debido a que no fundó ni motivo en forma suficiente el acto materia controversia, ya que la conducta motivo de la infracción contenida en el oficio ********************, de trece de diciembre de dos mil veintidós, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 81, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. b) Que lo anterior es así, pues la autoridad fiscal no precisó la hipótesis que en el caso en concreto estimó actualizada y que, por ende, soporta la sanción en contra de la contribuyente; máxime, que el precepto en comento, establece un catálogo de conductas sancionables; de ahí que ante la ausencia de establecer expresamente la conducta motivo de la infracción, el acto reclamado sea contrario a la garantía de legalidad. c) Asimismo, sostiene que la conducta sancionada consistente en "haber presentado la declaración fuera los plazos establecidos en las disposiciones fiscales", no se encuentra expresamente prevista en el precepto 81, fracción I, de la legislación fiscal invocada, por lo que la determinación combatida deviene de ilegal; máxime que las consideraciones vertidas por la autoridad fiscal en la resolución controvertida, se refrieren a la configuración de una diversa hipótesis, como lo es el "haber cumplido las obligaciones fiscales a requerimiento de la autoridad"; lo cual aduce, se traduce en una indebida motivación del acto de molestia. d) Aunado a ello, plantea que el motivo de la infracción, es decir, el hecho normativo expuesto en segundo término, no se encuentra acreditado; toda vez manifiesta que no medió requerimiento alguno como sustento fáctico, para estimar configurada la conducta reprochada. Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 76, de la Ley de Amparo, es importante señalar que, al no advertirse algún otro motivo de disenso, se procederá resolver la cuestión efectivamente planteada, al tenor del concepto de violación sintetizado; en un orden diverso al planteado por la moral accionante de los derechos fundamentales. Premisa normativa constitucional y legal. El acto reclamado se impone analizarlo a la luz de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en ellos se reconocen los principios de legalidad y seguridad jurídica en la administración de justicia. En ese tenor, el primero de los preceptos constitucionales en cita, contempla el principio de legalidad y refiere en lo conducente, que la autoridad tiene como obligación la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley, en ese orden de ideas, al expedir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones, por lo que el gobernado debe estar cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad caso contrario estaría vulnerando su esfera jurídica. Por su parte el segundo postulado fundamental, establece el principio de seguridad jurídica y exige requisitos que deben concurrir en los actos emitidos por las autoridades, a saber: (i) que se exprese por escrito; (ii) que provenga de autoridad competente; y, (iii) que en el documento escrito en que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso, resulta conveniente precisar lo que debe entenderse por fundamentación y motivación. Por fundamentación se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. La motivación es el deber de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Es así, que la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, es una exigencia tendente para tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Consideraciones que se sustentan a partir del criterio 1a./J. 139/2005, en donde Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el artículo 16 Constitucional impone a toda autoridad competente fundar y motivar la causa legal del procedimiento. En efecto, como ya se precisó, por fundado se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivación, se entiende que deben señalarse, con toda claridad, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas; esto es, la garantía de legalidad constriñe a las autoridades a ajustar su actuación a los preceptos legales que las facultan para ello, y como consecuencia, a respetar las formalidades de los procedimientos contenidos en las leyes; lo que de suyo se traduce en que, adoleciendo el acto de autoridad de cualquiera de ellas, entonces dicho acto es transgresor de ese principio y, por ende, de la Ley Fundamental. Lo anterior es así, porque el contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el citado artículo 16 Constitucional, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el afectado con una determinación jurisdiccional conozca "el para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el receptor de la decisión jurisdiccional poder entender, atender y/o cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; por lo que dicha garantía exige a las autoridades no simplemente que citen la ley aplicable, sino que también precisen con claridad y detallen el precepto, la fracción o fracciones en que apoyan sus determinaciones y motiven el por qué resultaron aplicables. Por otro lado, conforme se dispone en el artículo 108, fracciones VI y VIII, de la Ley de Amparo, a la parte quejosa le corresponde señalar en su demanda de amparo los preceptos constitucionales que considera violados, así como los conceptos de violación. No es obstáculo para arribar a esta jurídica conclusión, la circunstancia de que la expresión de conceptos de violación actualmente también se puede realizar mediante la enumeración sencilla de los errores o violaciones de derecho que en percepción del solicitante del amparo se cometieron, pues tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el deber de aquél, de señalar las violaciones que estime cometidas por la autoridad responsable. De ahí que resulta indispensable que la accionante de los derechos fundamentales, señale, cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos de la resolución o acto impugnado que en su opinión le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, de los motivos concretos y objetivamente desprendibles de la actuación analizada por los cuales le agravia esta. Establecida la premisa normativa, es pertinente conocer la cuestión fáctica. Ahora, de la revisión que se hace a la copia certificada del expediente abierto a nombre de la moral ********************, por parte de la autoridad responsable, con motivo de la solicitud de revisión administrativa; a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones, se desprenden los siguientes antecedentes: 1.- Mediante determinaciones de cinco y veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, con números de control ******************** y ********************, la Administración Desconcentrada de Recaudación Chiapas "1", requirió a la moral contribuyente (aquí quejosa), el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con las declaraciones ahí precisadas; en virtud de no tener registrado el cumplimiento de las mismas, respecto a los meses junio y julio de dos mil veintiuno, con fechas de vencimiento de veintiuno de junio y diecinueve de agosto de esa misma anualidad, respectivamente; las que se notificaron a su destinatario, en forma electrónica los días once de agosto y dos de septiembre del año en cita, en forma correspondiente. 2.- Previa emisión y notificación de los requerimientos de trato, la contribuyente realizó el pago correspondiente mediante operaciones ******************** y ********************, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 3.- Mediante resoluciones contenidas en los oficios ********************de siete de diciembre de dos mil veintiuno y ********************, de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emitidas por la Administración Desconcentrada de Recaudación Chiapas "1", se determinaron créditos fiscales por la cantidad de $47,850.00 (cuarenta y siete mil quinientos ochenta pesos 00/100 m.n.), cada uno por concepto de multas por infracciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación por las obligaciones omitidas del pago provisional mensual de retenciones del ISR por sueldos y salarios; pago provisional del ISR personas morales, régimen general; y, pago definitivo mensual de IVA de los meses de junio y julio de dos mil veintiuno, por haberse presentado la declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. 4.- Inconforme con dicha determinación la parte quejosa solicitó revisión administrativa, la cual fue determinada por la autoridad responsable el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, bajo los argumentos torales siguientes: "[.] De lo anterior se desprende que, la contribuyente presentó las declaraciones citadas los días 27 de septiembre de 2021 y realizó sus pagos el 27 de septiembre de 2021, por lo que considera que cumplió con sus obligaciones a la fecha que realizó los referidos pagos, esto es el 27 de septiembre de 2021; sin omitir señalar que dicho cumplimiento derivó de los requerimientos realizados por la autoridad en fechas 05 de agosto de 2021 y 27 de agosto de 2021, notificados los días 11 de agosto y 02 de septiembre de 2021. En razón de lo anterior, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1" determinó multas en virtud de que el cumplimiento por parte de la contribuyente no fue espontáneo toda vez que, las declaraciones le fueron requeridas mediante los citados requerimientos de obligaciones omitidas números ********************y ********************de fechas 05 de agosto de 2021 y 27 de agosto de 2021, en los cuales se aprecia que las fechas de vencimiento para cumplir con la presentación de las declaraciones eran los días 21 de julio de 2021 y 19 de agosto de 2021, veamos [.] En el caso que nos ocupa, la autoridad requirió en una ocasión, la presentación de cada una de las declaraciones de los meses de junio y julio de 2021, mediante los requerimientos de Obligaciones omitidas números ******************** y ******************** de fechas 05 de agosto de 2021 y 27 de agosto de 2021, respectivamente [.] Con base en lo anterior se considera que para que el cumplimiento sea voluntario no debe mediar requerimiento de la autoridad exactora, es decir, cuando la autoridad requiere al contribuyente para que dentro de un plazo perentorio cumpla con la obligación omitida, se encuentra facultada para imponer la multa correspondiente. Así mismo, el artículo 81, párrafo primero, fracción I, con relación al artículo 82, fracción I, inciso d), del multicitado Código señalan: Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación del pago de las contribuciones; de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria: No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos." [.] Por su parte el artículo 82, determina las sanciones (multas) que se impondrán a quien cometa las infracciones contenidas en el artículo 81 del ordenamiento legal citado [.] Es así, que al cometerse una infracción establecida en el artículo 81, fracción I, lo procedente es que se sancione la conducta cometida. En esta razón, la conducta infractora de la promovente encuadra debidamente a los supuestos previstos en los artículos 81, fracción I y 82, fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la Federación vigente en la fecha de emisión de la citada resolución, toda vez que no cumplió con la presentación de los medios electrónicos en los plazos establecidos por en el Código Fiscal de la Federación. Aunado a lo anterior este último artículo es claro en señalar el máximo y el mínimo que habrá de aplicarse a la infracción cometida por el contribuyente. Ahora bien, con la estricta correlación que guardan los artículos antes señalados, la autoridad al momento de imponer las multas, queda de manifiesto que la fundamentación y motivación se cumple con lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, ya que, en primer lugar conforme al artículo 81 fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se considera una infracción no presentar las declaraciones y en segundo lugar, dicha conducta tiene prevista una sanción, prevista en el artículo 82, fracción I, inciso d) del Código citado [.] Por lo que respecta a su argumento, donde señala que la autoridad al fundamentar las resoluciones de las cuales solicita su reconsideración no señala todos los supuestos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se precisa, que la autoridad señala el citado numeral, el cual resulta aplicable al caso concreto, toda vez que la omisión de la presentación de las declaraciones, se trata de un hecho negativo el cual no requiere ser probado por la autoridad, si no por el contrario, le corresponde al contribuyente probar a la autoridad la presentación en tiempo y forma de las declaraciones; por lo que no se transgrede la garantía consagrada en el artículo 16 Constitucional [.]" (sic) Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. De la yuxtaposición de la premisa normativa y la cuestión fáctica, se arriba a la presente conclusión. En el caso, resultan inoperantes los motivos de disenso previamente identificados en los puntos b) y c), en el presente considerando, tendentes a exponer que: La autoridad fiscal no precisó la hipótesis que en el caso en concreto estimó actualizada; Así como a la expresión de una motivación referente a una infracción diversa. Lo anterior, pues constituyen una repetición de los agravios expuestos ante la potestad de la responsable, y no combate las consideraciones emitidas por la autoridad al dar contestación a los mismos y posteriormente confirmar la imposición de las multas. En efecto, conforme al marco normativo establecido, particularmente a lo dispuesto por el artículo 108, fracciones VI y VIII, de la Ley de Amparo, al quejoso corresponde señalar en su demanda de amparo los preceptos que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame, así como los conceptos de violación. De ahí que resulta indispensable que la solicitante de amparo señale, cuando menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos de la resolución impugnada que en su opinión le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita. En ese orden, basta realizar un análisis comparativo de los motivos de disenso contenidos en la porción de los conceptos de violación con las manifestaciones formuladas ante la responsable, para corroborar que éstos son sustancialmente los mismos. En efecto, la inoperancia radica porque solamente se concretó a señalar que era erróneo el supuesto legal que sostuvo la responsable al señalar que la conducta materia de la infracción no se encuentra contemplada en las hipótesis previstas por el artículo 81, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; y que la motivación expresada por el ente fiscal para sostener su determinación, no corresponde a la hipótesis normativa por la que fue sancionada, sino a una diversa; sin embargo, no combate porqué resulta incorrecto el actuar de la responsable, al emitir la resolución contenida en el oficio ********************, de trece de diciembre de dos mil veintidós. Es decir, los motivos de disenso en análisis son inoperantes, ya que la moral quejosa únicamente se limitó a reproducir los agravios expresados en la sede de origen; mismos que no tienen relación con los argumentos vertidos en la resolución que es materia de estudio, como se aprecia de la transcripción que antecede. Lo anterior, evidencia que la accionante de los derechos fundamentales, no controvirtió las consideraciones que se tomaron en cuenta en la resolución reclamada. En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional no se encuentra en aptitud de analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues para ello resulta indispensable que se impugnen todos y cada uno de los argumentos que sostienen el sentido de la resolución reclamada, por lo que no se debe emprender el estudio oficioso, porque en la especie no se actualiza ningún supuesto que autorice suplir la queja deficiente. Lo anterior, en consideración, que como ya se precisó en párrafos que anteceden -recuérdese-, la impetrante de derechos fundamentales, conforme se dispone en la Ley de Amparo, se encuentra obligada a señalar en su demanda de amparo, los conceptos de violación tendentes a acreditar la inconstitucionalidad del acto que controvierte. Consecuentemente, es permisible concluir que el proceder de la parte quejosa resulta ineficaz, en consideración que la resolución reclamada en esta vía, se encuentra investida de una presunción de validez y para ser destruida necesariamente debe ser combatida; luego, si los conceptos de violación, como en el caso acontece, son reiterativos a los agravios expresado en el juicio de origen, ya que no se concreta algún razonamiento en contra de la determinación reclamada, capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, ya que no logra construir la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación; motivo por el que se desestima, reiterando que resulta inoperante. De ahí que, al margen de que las razones dadas por la autoridad responsable sean correctas o incorrectas, deben permanecer firmes al no haber sido directamente contra-argumentadas. De modo que al no haberse expresado la causa de pedir encaminada a combatir la totalidad de las consideraciones que sostienen la resolución reclamada, sino sólo reiterado casi literalmente lo planteado ante la autoridad responsable, y al no estar en presencia de algún supuesto de suplencia de la queja previstos en el artículo 79, de la ley de la materia, deben permanecer intocadas, al margen de que sean correctas o no. En otro sentido, son infundados los argumentos motivos de disenso destacados con los puntos a) y d), en el presente considerando, en los que la parte quejosa refirió que la resolución reclamada no se encuentra fundada y motivada pues carece de certeza jurídica al no establecer expresamente la conducta motivo de la infracción; ello, ya que la entidad fiscalizadora tergiversó el contenido de las diversas hipótesis contenidas en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación; aunado a que la conducta reprochable, no se encuentra acreditada. Como se precisó en marco normativo que rige el presente análisis, los planteamientos sintetizados se imponen analizarlos a la luz de los artículos 14 y 16, Constitucionales, de donde se extraen los conceptos de fundamentación y motivación; lo que se traduce en la expresión de los preceptos legales aplicables en el caso en concreto; la particularización de los motivos que sustentan el acto; y, la adecuación entre ambos aspectos. Por su parte, en el caso que nos ocupa, el artículo 81, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, establece lo siguiente: "Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones; de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias, y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria: I. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. [.]" Precisado lo anterior, resulta infundado el concepto de violación, pues contrario a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, la responsable estableció en la resolución de trece de diciembre de dos mil veintidós, que la determinación de los créditos fiscales objeto de revisión administrativa, derivó de la actualización de la hipótesis normativa prevista en el precepto 81, párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; es decir, por haber presentado su declaración a requerimiento de las autoridades fiscales. Lo anterior, bajo el argumento que a la data del vencimiento de las obligaciones fiscales correspondientes a los meses de junio y julio de dos mil veintiuno, el Servicio de Administración Tributaria, no tenía registro de su cumplimiento por parte de la moral contribuyente (aquí quejosa); por lo que, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1", procedió emitir las determinaciones de cinco y veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, con números de control ******************** y ********************; con el propósito de requerir su cumplimiento; mismas que notificó a su destinataria en forma electrónica los días once de agosto y dos de septiembre del año en cita, respectivamente. Asimismo, precisó que si bien, la contribuyente efectivamente presentó las declaraciones referentes al pago provisional mensual de retenciones del ISR por sueldos y salarios; pago provisional del ISR personas morales, régimen general; y, pago definitivo mensual de IVA de los meses de referencia, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; tal situación, no se traduce en una conducta espontánea por parte de la moral sancionada. Esto último, en razón de que, entre la fecha del vencimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión administrativa (veintiuno de junio y diecinueve de agosto de esa misma anualidad) y su cumplimiento (veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno), mediaron los requerimientos cinco y veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en forma respectiva. En ese tenor, como bien lo argumentó la responsable, al haber dado cumplimiento a las obligaciones fiscales la contribuyente previo requerimiento de la autoridad fiscal su actuar encuadró en las infracciones previstas en el artículo 81, párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; pues dicho cumplimiento no resultó espontáneo sino fue consecuencia de las notificaciones de los requerimientos realizados. De igual forma, resulta infundado el diverso argumento planteado por la quejosa, a través del que sostiene que no debió imponérsele las multas; pues la infracción no se encuentra plenamente acreditada; ello, bajo el argumento que no dejó de presentar la declaración respectiva sino únicamente la presentó fuera de término por requerimiento de autoridad. Sobre el particular, cobra relevancia el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información; con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el artículo 81 de este Código, se impondrán las siguientes multas: I. Para la señalada en la fracción I: [.] d) De $18,360.00 a $36,740.00, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. [.]" En el caso que acontece, la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, precisó que las sanciones impuestas a la moral contribuyente mediante determinaciones con número de control ********************y ********************; fueron llevadas a cabo en forma correcta; ello, pues acorde a la narrativa de hechos suscitados, resultaba patente que efectivamente, al veintiuno de junio y diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, la obligada no presentó las declaraciones correspondientes a dichos meses; sino que, tal acontecer se verificó hasta el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, la conducta desplegada por la moral de referencia, derivó de los requerimientos de cumplimento, hechos por el ente fiscal; de ahí que, como se precisó, contrario a lo argüido por la parte quejosa, deviene de infundado tal planteamiento. Misma suerte corren las manifestaciones vertidas por la accionante de los derechos fundamentales, donde expone que la autoridad responsable no especificó cuál era la porción aplicable del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, del análisis al oficio ********************, de trece de diciembre de dos mil veintidós, se advierte que, en oposición a lo vertido por la promovente, se observa que la responsable determinó que, la omisión de cumplir con las obligaciones fiscales, entraña un hecho de carácter negativo, el cual, por su naturaleza, no requiere ser probado por la autoridad, sino que dicho aspecto le corresponde al contribuyente. Por tanto, determinó que si el obligado no probó el cumplimiento de las obligaciones fiscales, específicamente, la presentación de sus declaraciones objeto de la revisión administrativa; por tanto, se actualizó la infracción de mérito; y en consecuencia, resultó correcta la determinación de la multa por su inobservancia. En mérito a todo lo anteriormente expuesto, al haberse desestimado los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a ********************a través de su apoderada legal ********************contra el acto precisado en el inciso (a), reclamado a la autoridad identificada con el arábigo (1), del considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. El suscrito Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, certifica y hace constar, atendiendo a lo que establece el artículo 26 Bis, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que la presente sentencia constitucional fue aprobada en fecha distinta a la de la celebración de la audiencia que le antecede; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar
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Visto el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Villa Corzo, Chiapas, por medio del cual en cumplimiento al proveído de siete de agosto del año en curso, hace diversas manifestaciones relativas a encontrarse en vías de cumplimiento a la ejecutoria de mérito, que en lo que interesa dice: -Informa que el Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas, mediante oficio **** de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, comunicó que no se cuenta con partida presupuestal autorizada para solventar lo solicitado por esa autoridad, como tampoco se cuenta con la disponibilidad presupuestal para asignación de recursos extraordinarios a ese municipio. -Asimismo, manifiesta que mediante oficio ****, de cuatro de julio de dos mil veintitrés, el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, recibido en ese ayuntamiento el veintiséis de julio de este mismo año, dio contestación a la solicitud de recursos presupuestales adicionales, en el sentido que, no se cuenta con partida presupuestal autorizada para solventar lo solicitado por esa autoridad, como tampoco se cuenta con la disponibilidad presupuestal para asignación de recursos extraordinarios que sirvan para el propósito solicitado. Por lo que manifiesta, que continuará realizando los trámites y gestiones extraoficiales, para obtención de los recursos, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Ahora, de las documentales anexas al oficio de cuenta, se advierte que mediante el diverso ****, de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, el Secretario de Hacienda del Estado, informó al Tesorero que del Ayuntamiento de Villa Corzo, Chiapas, que ese municipio puede disponer de los recursos económicos del Fondo General de Participaciones, los cuales, son transferidos de la Federación a las entidades federativas y municipios, mismos que tienen la particularidad de ser de libre disposición. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Villa Corzo, Chiapas, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir la legal notificación del presente acuerdo, implemente los mecanismos de transferencias necesarios a fin de disponer de recursos del Fondo General de Participaciones, a fin de que ese ayuntamiento esté en aptitud de pagar las prestaciones económicas a las que fue condenado en el laudo dictado en el juicio de origen. En ese orden de ideas, se precisa que dicha autoridad deberá acreditar con los documentos correspondientes las acciones que emprenda para dar cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término señalado, o bien, de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 258, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el citado ayuntamiento puede solicitar ante las instancias correspondientes, la ampliación presupuestaria para cumplir con las sentencias a las que haya sido condenado; también lo es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios -como en el presente asunto-, las autoridades responsables y aquellas vinculadas al cumplimiento del fallo protector, deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento. Por tanto, tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran dicho presupuesto a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia concesoria, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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Vista la demanda de amparo promovida por ******. Se ordena formar el expediente correspondiente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1243/2023-VIII. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al secretario de Juzgado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. PREVENCIÓN. A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, en el sentido de señalar con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo,2 REQUIÉRASE a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Precise cual es el juicio de origen del cual emana el acto que reclama; es así, toda vez que de la lectura de la demanda, se advierte que en el capítulo relativo al acto reclamado lo hace consistir en la omisión de acordar el escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ****; sin embargo, en el proemio de la demanda menciona el juicio laboral antes ***, ahora ****; por lo que, no se tiene la certeza de que juicio deriva el acto reclamado. Lo anterior, tiene como propósito se emitan las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, por tratarse de los únicos elementos con que inicialmente cuenta este juzgado, de ahí que sea necesario dicho requerimiento para proveer sobre la procedencia del juicio, pues el acto reclamado debe ser claro y preciso respecto del actuar de la autoridad responsable; porque según los actos u omisiones de los cuales se duele es que, en su caso, se debe realizar el análisis de constitucionalidad. Al efecto, apoya la anterior consideración el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo texto y rubro son el tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda."4 SEGUNDO. En concordancia a lo anterior, bajo protesta de decir verdad indique pormenorizadamente y de forma cronológica los antecedentes del acto reclamado, esto es, los hechos o abstenciones que constituyen las circunstancias y particularidades que le dieron origen y que servirán de fundamento a los conceptos de violación, para que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de verificar su constitucionalidad. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO, AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el ubicado en *****, en esta ciudad. Se tiene como autorizado en los términos que indica a ****, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde el quejoso es parte trabajadora. Téngase a la promovente proporcionando el correo electrónico y teléfono que al efecto señala, para que a través de los mismos se puedan entablar comunicaciones no procesales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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