Gissela Antonio Sanchez
Expediente 1092/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/04/2019
Partes del expediente
- Gissela Antonio Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto, el ocurso signado por María Lucero de la Rosa Fuentes, Ex Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas, por medio del cual exhibe copia simple de su renuncia al cargo de tres de abril de dos mil diecinueve, y realiza diversas manifestaciones en el sentido de que durante el tiempo que ocupó tal puesto no contó con los recursos y el personal necesario para dar cumplimiento a los requerimientos realizados por este juzgado; ello, con el propósito de deslindarse de cualquier responsabilidad. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, glósese a los presentes autos el ocurso de cuenta para debida constancia, quedando enterado este juzgado de su contenido para los efectos legales correspondientes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en sexta avenida norte poniente, número mil novecientos cincuenta y dos, Colonia Residencial Hacienda, en esta ciudad. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Silvino Arturo López Hernández, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante Julio César Reynosa López, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACION DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la manifestación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Por último, advirtiéndose que no existen tomos, ni documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
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Visto, el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en suplencia del Titular de la Presidencia, con sede en esta ciudad, mediante el cual exhibe copias certificadas de las constancias que integran el expediente de Declaración de Beneficiarios número D/B/01/2018, de su índice. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta y anexos. Tocante a las constancias adjuntas al referido oficio, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que exhibe la autoridad responsable, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica. Ahora, del análisis que en este acto se realiza a las documentales exhibidas por la autoridad responsable, aunado al estudio de los datos que se desprenden del presente juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa, así como examinar la constitucionalidad de los actos que aparezcan probados, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima que se actualiza de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso particular la impetrante de amparo reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: Omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de ley en el procedimiento procesal PP/01/2018. Por su parte, con las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que mediante proveído de ocho de enero del año en curso, dictado en el expediente número D/B/01/2018, la Junta responsable señaló las diez horas del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia de pruebas y resolución de Declaración de Beneficiarios. Constancia anterior, que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio, resultando aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente juicio ha dejado de surtir sus efectos, en mérito de que la omisión que reclamaba fue subsanada. Por ende, resulta inconcuso que el acto que la parte solicitante del amparo reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que estipula el artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve.
- Principal
Visto, el estado de autos de los cuales se advierte que la Junta responsable no ha remitido las constancias que le fueron requeridas nuevamente mediante proveído de tres de enero del presente año; de cuyo oficio notificatorio no obra acuse de recibo, en virtud de que en esta data reanudan labores, ya que se encontraba gozando de su segundo período vacacional. Al efecto, se acuerda: Para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita la notificación por oficio; por tanto, se ordena notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.
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