Gladys Isabel Manzanero Medina
Expediente 665/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Gladys Isabel Manzanero Medina
Actuaciones
- Principal
PRAL.665/2018-5B´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Firmeza del desechamiento de la demanda de amparo. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha concluido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de nueve de julio de este año, por el cual se desechó la demanda de amparo -fojas 13 a 20-. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública del acuerdo de desechamiento, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo. ..... Notifíquese. -...
- Principal
PRAL.665/2018.5B´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de julio de dos mil dieciocho. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo escrita presentada el cinco de este mes, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada el seis siguiente a este órgano jurisdiccional, promovida por ***, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Honorable Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico y radíquese en el libro respectivo con el registro 665/2018. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causal de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, es decir, basta con el análisis de la demanda para advertirla sin necesidad de tener constancias del juicio generador. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo indirecto, se advierte que el acto reclamado principal se hace consistir en la falta de cumplimiento a la sentencia de veinte de enero de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad 1449/16-15-01-5, dictada por los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. El artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que a la letra dice: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos.: 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.". Ahora, conforme a dicho numeral el recurso se tramitará y resolverá de la siguiente forma: ".La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere.". Del numeral transcrito se colige en lo que interesa, que a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, esto es, el de cuatro meses, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo que establece el propio numeral, a saber: La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada para que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia y concluido el dicho término con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá: A petición de parte mediante el recurso de queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, en contra de la resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en defecto, o en contra de la que dicte pretendiendo acatar una sentencia. Dicho recurso se interpondrá por escrito acompañado si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de la fracción II del numeral 58 en análisis, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, pone de manifiesto que frente al acto reclamado consistente en la falta de cumplimiento en sus términos y en forma total a la sentencia definitiva de veinte de enero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 1449/16-15-01-5, pues a la fecha de presentación de la demanda de juicio de amparo indirecto no se le ha pagado su pensión por viudez con base en los lineamientos y términos señalados en la sentencia antes citada; procede el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y constituye el medio de defensa que tiene a su alcance la promovente para obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva de veinte de enero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 1449/16-15-01-5. De ahí que previo a la promoción del juicio de amparo indirecto debió agotar ese medio de defensa ordinario, pero no habiéndolo hecho así, es incuestionable que no observaron el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Cabe citar, por analogía la tesis II.3o.A.151 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en página 1719, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007157 que la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE LOS DELEGADOS ESTATALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ACATAR LA CONDENA A EMITIR UNA NUEVA CONCESIÓN DE PENSIÓN JUBILATORIA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, ES UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIO AGOTAMIENTO DEL RECURSO ORDINARIO DE QUEJA. Si en una sentencia dictada por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se declara la nulidad de la resolución impugnada y se condena a un delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a emitir una nueva concesión de pensión jubilatoria debidamente fundada y motivada y, previo agotamiento del recurso ordinario de queja, se impugna en amparo indirecto la omisión de cumplimentar ese fallo anulatorio, debe estimarse que el juicio constitucional procede contra dicho reclamo, porque lo que se controvierte es el acto de una autoridad colocada en un plano de desigualdad frente al interesado, que importa el incumplimiento a una obligación de derecho público donde el juicio constitucional es procedente para analizar la posible violación del derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha abstención representa un obstáculo a la petición de justicia y a la obtención de la ejecución de una ejecutoria anulatoria; todo esto, en congruencia con las jurisprudencias 2a./J. 1/2012 (10a.) y 2a./J. 85/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la cual la demanda relativa no puede estimarse notoriamente improcedente y, de no existir diverso motivo de notoria improcedencia, deberá admitirse a trámite por el Juez de Distrito.".(Lo subrayado es propio de este Juzgado). Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, pues basta con la lectura de la demanda para patentizar la actualización de la causal invocada, esto es, no es necesario, como ya se dijo, allegarse de constancia alguna del juicio de origen. Sustentan esta determinación, las tesis consultables en las páginas 293 y 666-667 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo respectivo rubro y tenor son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193, Bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193) de la Ley Reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la Jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis Jurisprudencial, puesto que la indicada tesis Jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 Bis, de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción.". Conviene precisar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así se tiene que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que se ha hecho referencia en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." También es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Domicilio y autorizados. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y por autorizada para ese efecto, con las facultades amplias que concede el numeral 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Juana Linares Navarrete, en virtud de que se encontró registro de su cédula, en el sistema correspondiente, como así se asentó en la certificación de cuenta. En tanto que a las demás personas que refiere, se les tiene por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos. Lo anterior, en razón de que no están registrados en el sistema correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo en consulta, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Fermín Santiago Santiago, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por licencia académica del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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