Gladys Cruz Méndez
Expediente 579/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Gladys Cruz Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
PRAL 579/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a las partes para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el dieciséis de octubre del año en curso, firmada y autorizada el treinta y uno de octubre siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Se requiere cumplimiento. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, para que, dentro del término de tres días contado a partir de la notificación de este auto que por oficio se efectúe, cumpla con los efectos de la sentencia concesoria de amparo. 3.1 Apercibimiento. Multa. Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $********************,********************.00 (********************mil ********************pesos, *****/100, moneda nacional), relativa a cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 258 y 238 de la Ley de Amparo. Procedimiento de inejecución. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 579/2023 MESA 7 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo ********; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante oficio número 2963/2023, la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, remitió: a) el expediente *********, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********, y b) cuatro copias de la misma y anexos; escrito inicial constitucional mediante el que la referida quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, mismos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo y admisión. En auto de dieciséis de junio del año en curso se registró el asunto con el número ***********; se aceptó la competencia declinada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito; se admitió a trámite la demanda; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes a la audiencia constitucional; misma que, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Emplazamiento de terceros interesados. En acuerdo de veintinueve de agosto del año que transcurre se ordenó el emplazamiento del I) Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, II) Secretaría de Finanzas, y III) Secretaría de Administración Departamento Laboral y de Asistencia Contractual de la Dirección de Recursos Humanos, en su carácter de terceros interesados; lo que aconteció el treinta y uno de agosto y uno de septiembre del año en curso, respectivamente. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral y los actos se reclaman de una autoridad con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, que se adviertan del análisis integral de la demanda de amparo; así, se precisa que la parte quejosa reclama: 1. Dilación en el trámite del juicio laboral ********** y su acumulado ***********. 2. Negativa de proporcionarle patrocinio jurídico. 3. Negativa a su derecho de señalar un domicilio fuera de la residencia de la Junta responsable. 4. Omisión de otorgarle copia de todo lo actuado en el expediente *********** y su acumulado ***********, solicitud realizada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés. 5. Negativa para otorgarle vista o consulta de su expediente físico. Actos que atribuye a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, a través de su presidenta, negó el acto reclamado por la quejosa, consistente en la negativa para otorgarle vista o consulta de su expediente físico *********** y su acumulado **************. Al respecto, agregó que no es cierto que esa autoridad se haya opuesto constantemente a otorgarle vista al quejoso del citado expediente, exceptuando cuando no ha estado en disponibilidad por encontrarse en firma de algún acuerdo; tan es así que ha podido revisar el expediente que, incluso, le fue posible realizar las capturas fotográficas que ha exhibido con su demanda de amparo en este asunto. Lo que se corrobora con las fotografías que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial constitucional presentado el siete de junio del año en curso, de las que se advierte que, previo a la presentación de la demanda de amparo, la quejosa si ha tenido acceso a las constancias que integran su juicio laboral. En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del referido acto reclamado, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de diversos actos reclamados. Por lo que hace a los diversos actos reclamados por la quejosa, consistentes en: 1. Dilación en el trámite del juicio laboral ************y su acumulado ***********. 2. Negativa de proporcionarle patrocinio jurídico. 3. Negativa a su derecho de señalar un domicilio fuera de la residencia de la Junta responsable. 4. Omisión de otorgarle copia de todo lo actuado en el expediente *********** y su acumulado ************, solicitud realizada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés. La presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado negó la existencia de los actos que se le atribuyen; sin embargo, por lo que hace a los actos marcados con los números 1, 2 y 3, el estudio de su constitucionalidad amerita un estudio de fondo; de ahí que, para efectos de resolver este juicio de amparo, se tienen por ciertos. Y por lo que hace al acto reclamado número 4, consistente en la omisión de otorgarle a la quejosa copia de todo lo actuado en el expediente ************* y su acumulado ***********, solicitud realizada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dicha negativa de la autoridad se desvirtúa, y se tiene por cierto el acto reclamado, pues, a la fecha de la presentación de la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito el día siete de junio del año en curso, existía la omisión que se reclama. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se advierte que por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de otorgarle a la quejosa copia de todo lo actuado en el expediente *************** y su acumulado ************ (solicitud realizada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés), la Junta responsable, el diez de julio del año en curso, dictó el acuerdo respectivo a la solicitud escrita de la parte quejosa, en el que se proveyó de conformidad la expedición, a costa de la actora (aquí quejosa), de todo lo actuado en el expediente a partir del doce de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos de la referida omisión reclamada, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido en este juicio y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración. Ello, porque si a la fecha de presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito el día siete de junio del año en curso la omisión de acordar el escrito de veintidós de marzo de dos mil veintitrés se encontraba vigente, también es verdad que los efectos de dicho acto, así como sus consecuencias, cesaron al momento en que se dictó el proveído de diez de julio de este año. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se sobresee en este juicio de amparo respecto de la omisión reclamada referida en este apartado, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, en términos del artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, el criterio con datos de localización y rubro siguientes: "Época: Novena Época. Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999. Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99. Página: 38 Rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". No advirtiéndose otra causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio o que las partes hubieran hecho valer, procede el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía; máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, registro 164618, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación del acto reclamado consistente en la negativa a su derecho de señalar un domicilio fuera de la residencia de la Junta responsable. A fin de entrar al estudio del asunto que ocupa nuestro estudio, resulta necesario señalar que en la especie debe suplirse la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción V , de la Ley de Amparo. Por técnica jurídica, se realizará el estudio del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa respecto del acto reclamado consistente en la negativa a su derecho de señalar un domicilio fuera de la residencia de la Junta responsable; y en un considerando diverso los relativos a otros actos reclamados, consistentes en la negativa de patrocinio jurídico y dilación en el trámite del juicio laboral *********** y su acumulado ***********. Así, se tiene que la quejosa argumentó que le causa perjuicio el acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable restringe su derecho al debido proceso y un recurso adecuado y efectivo, en tanto que la ausencia de notificaciones en el lugar que ella desea señalar como domicilio convencional, limita sus posibilidades de defensa. Dicho concepto de violación es infundado. El artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo establece que las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o del Centro de Conciliación Local o bien del Tribunal al que acudan; si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esa ley. Sin que con el concepto de "lugar de residencia" se dé una acepción limitada a la ciudad en donde tenga su asiento la autoridad laboral, sino que se debe identificar con el conjunto de Municipios que integren la zona conurbada de dicho "lugar de residencia", sin que se llegue al extremo de tomar en cuenta todos los municipios de una entidad federativa en aras de preservar los principios de economía procesal y de inmediatez en la administración de justicia. De ahí que es requisito previo e indispensable que, en su primera comparecencia, el interesado señale domicilio dentro del lugar donde reside el juzgado o tribunal ante quien se siga el procedimiento; por tanto, si no obstante ese imperativo legal, el interesado en su primera comparecencia señala un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia del tribunal ante el cual comparece, es claro que de esa manera no cumple con lo preceptuado legalmente, lo cual no puede ser inobservado con la justificación de no tener un domicilio convencional en el lugar de residencia de la autoridad laboral, pues se caería en la paradoja de realizar notificaciones personales en cualquier lugar que indiquen los promoventes, sin importar la distancia entre éste y la autoridad, lo que implicaría un retraso en la impartición de justicia y la falta de contacto directo entre la autoridad jurisdiccional y las partes. Al resolver la contradicción de tesis 191/2009, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue ajena a que el incremento poblacional ha tenido como consecuencia que la concentración geográfica de núcleos de población tengan mayor proximidad entre sí, de ahí la creación de las llamadas zonas conurbadas o metropolitanas, las cuales se conforman de dos o más Municipios donde se localiza una ciudad (en este caso la ciudad de Oaxaca de Juárez) con determinado número de habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite territorial del Municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a Municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; considerando, además, a aquellos Municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas. Al respecto, conviene invocar lo que al respecto señala la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual tiene por objeto, entre otras cuestiones, establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; así como fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población (artículo 1). Dicha ley federal establece que conurbación es la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población; y zona metropolitana es el espacio territorial de influencia dominante de un centro de población. Atento a lo anterior y con la finalidad de establecer un criterio de economía procesal a favor del quejoso, tercero interesado y persona extraña al juicio de amparo, en la hipótesis de que el juez o tribunal que conozca del asunto tenga su sede en una determinada ciudad o Municipio y éste, a su vez, tenga declaración oficial de zona conurbada o metropolitana, dichos interesados podrán señalar domicilio en estas demarcaciones, siempre y cuando las mismas no correspondan a un circuito judicial distinto al que pertenezca el juzgado o tribunal que esté en conocimiento del juicio o recurso, es decir, que dicha área metropolitana o conurbada esté comprendida dentro del ámbito de jurisdicción territorial del juzgado o tribunal. Esto es, los interesados no solamente deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad o Municipio en donde tiene su lugar de residencia el juzgado o tribunal que conozca del asunto, sino también podrán designarlo en la zona conurbada o metropolitana del Municipio o ciudad de la sede de dichos órganos jurisdiccionales, legalmente decretada por la autoridad correspondiente, siempre y cuando esta última se encuentre dentro de la jurisdicción del mismo. En esas condiciones, es apegada a derecho la determinación de la Junta responsable, en el sentido de requerir a la parte quejosa a fin de que señale domicilio para oir y recibir notificaciones en el lugar de residencia de dicha Junta o zona conurbana, con el apercibimiento que de insistir en no designarlo en los términos planteados, dichas notificaciones se le continuarán realizando por estrados, en aras de una adecuada impartición de justicia. Por lo expuesto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. OCTAVO. Análisis de fondo de dos actos reclamados. 8.1. En relación al acto reclamado consistente en la negativa de proporcionarle patrocinio jurídico, la parte quejosa alega que la autoridad responsable le obstruye el acceso a patrocinio jurídico para una defensa adecuada, mismo que ha solicitado en reiteradas ocasiones; sin embargo, la Junta responsable no le ha notificado a la autoridad competente. Argumento que resulta fundado, como se verá enseguida. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal; además, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Los Tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citados, atendiendo al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Asimismo, se privilegiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Ahora, la parte actora, aquí quejosa, solicitó ante la Junta responsable patronicio jurídico, por carecer, según expresó, de los recursos económicos para contratar un abogado particular, con motivo de su despido injustificado; siendo que en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********* y su acumulado ************, se proveyó que, con apoyo en el numeral 685 de la Ley Federal del Trabajo, se giraría oficio a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en su domicilio oficial, para que le designara un profesionista que la representara, sin perjuicio de que la actora lo solicitara personalmente ante dicha Procuraduría. De una revisión de los autos del expediente laboral no se advierte la constancia de notificación que acredite se haya realizado la solicitud respectiva a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o, bien, la atención que dicha dependencia haya brindado a lo solicitado en autos. Así, el derecho del trabajador a una defensa adecuada en el procedimiento laboral debe garantizarse por el Tribunal o Junta Laboral desde la presentación de la demanda. En consecuencia, si el trabajador no designa abogado que lo asista ni nombra apoderado que lo represente, la autoridad no debe limitarse a hacerle del conocimiento que tiene derecho a que le sea asignado un abogado, sino que debe radicar la demanda y, sin pronunciarse sobre su admisión, asignarle uno de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública, con la aclaración de que si no desea ser asistido por éste tiene expedito su derecho a designar uno particular que cuente con título y cédula profesionales. Ello es así, pues el artículo 685 Bis de la Ley Federal del Trabajo garantiza el derecho a la debida defensa y representación de las partes en el procedimiento laboral; para materializarlo establece que las partes podrán estar asistidas por un apoderado legal y que éste debe cumplir con los siguientes requisitos: ser licenciado en derecho o abogado titulado y contar con cédula profesional. En aras de maximizarlo, no basta que el apoderado cuente con título y cédula profesionales de abogado o licenciado en derecho, sino que se requiere que cuente con capacidad profesional para litigar en materia laboral. Por ello, se dota de facultades a la autoridad laboral para que, en los casos en que advierta la existencia de una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal de alguna de las partes, la prevenga para que designe otro. Como una protección adicional a la clase trabajadora que carezca de asistencia técnico-jurídica, o que ésta no sea la adecuada, le otorga el derecho a que se le asigne un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública que asuma su representación jurídica. Ahora, cuando el trabajador decide ejercer una acción contra determinado patrón, debe observar lo previsto en el artículo 872 de la aludida ley, que establece el cumplimiento de múltiples requisitos a satisfacer en la demanda, así como diversas precisiones atendiendo a cada caso concreto, lo que implica que, para cumplirlos debidamente, es menester la participación de un profesional del derecho que se encargue de formularla, pues si es el trabajador el que la elabora a su leal saber y entender, las deficiencias que tenga y los anexos que falten, como las pruebas, por ejemplo, ya no podrán ser subsanadas durante el trámite del juicio por el profesional del derecho que se le asigne. Ilustra lo anterior la tesis XX.T.1 L (11a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, página 4463, Undécima Época, con registro digital 2024992, de rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL TRIBUNAL LABORAL DEBE GARANTIZAR ESE DERECHO DEL TRABAJADOR DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Hechos: El actor (trabajador), por propio derecho, presentó demanda sin designar abogado que lo asistiera y sin nombrar apoderado. El secretario instructor advirtió dicha situación y con fundamento en el artículo 685 Bis de la Ley Federal del Trabajo, hizo de su conocimiento el derecho a que se le asignara un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública para que asumiera su representación jurídica. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el derecho del trabajador a una defensa adecuada en el procedimiento laboral, debe garantizarse por el Tribunal Laboral desde la presentación de la demanda. En consecuencia, si el trabajador no designa abogado que lo asista ni nombra apoderado que lo represente, el secretario instructor no debe limitarse a hacerle del conocimiento que tiene derecho a que le sea asignado un abogado, sino que debe radicar la demanda y sin pronunciarse sobre su admisión, asignarle uno de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública, con la aclaración de que si no desea ser asistido por éste tiene expedito su derecho a designar uno particular que cuente con título y cédula profesionales. Justificación: Ello es así, pues el artículo 685 Bis de la Ley Federal del Trabajo garantiza el derecho a la debida defensa y representación de las partes en el procedimiento laboral; para materializarlo establece que las partes podrán estar asistidas por un apoderado legal y que éste debe cumplir con los siguientes requisitos: ser licenciado en derecho o abogado titulado y contar con cédula profesional. En aras de maximizarlo, no basta que el apoderado cuente con título y cédula profesionales de abogado o licenciado en derecho, sino que se requiere que cuente con capacidad profesional para litigar en materia laboral. Por ello, se dota de facultades al juzgador para que, en los casos en que advierta la existencia de una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal de alguna de las partes, la prevenga para que designe otro. Como una protección adicional a la clase trabajadora que carezca de asistencia técnico-jurídica, o que ésta no sea la adecuada, le otorga el derecho a que se le asigne un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública que asuma su representación jurídica. Ahora bien, cuando el trabajador decide ejercer una acción contra determinado patrón, debe observar lo previsto en el artículo 872 de la aludida ley, que establece el cumplimiento de múltiples requisitos a satisfacer en la demanda, así como diversas precisiones atendiendo a cada caso concreto, lo que implica que para cumplirlos debidamente es menester la participación de un profesional del derecho que se encargue de formularla, pues si es el trabajador el que la elabora a su leal saber y entender, y el secretario instructor la admite, las deficiencias que tenga y los anexos que falten, como las pruebas, por ejemplo, ya no podrán ser subsanadas por el profesional del derecho que se le asigne o que aquél nombre después del auto de admisión. En ese contexto, si el secretario instructor advierte que el trabajador actor no se encuentra asistido por abogado o licenciado en derecho con título y cédula profesionales, en aras de respetar el derecho fundamental al debido proceso y a una defensa adecuada, no debe admitirla ni limitarse a hacer del conocimiento del actor que tiene derecho a que le sea asignado un abogado, sino que debe radicar la demanda y sin pronunciarse sobre su admisión, asignarle uno de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública para que lo asista, con la aclaración o prevención de que si no desea ser asistido por éste, tiene expedito su derecho a designar uno particular que cuente con título y cédula profesionales." En el caso concreto, en una de las demandas que dio origen al expediente ********** y su acumulado ***********, la parte actora, aquí quejosa ************, designó como su apoderado al licenciado ************, de lo que se puede inferir que al inicio del trámite de su asunto sí estaba asistida por un profesional del derecho; sin embargo, durante el trámite del asunto, mediante escrito recibido el diez de enero del año en curso ante la Oficialía de Partes de dicha Junta, revocó la autorización de dicho profesionista y solicitó se girara oficio a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que se le designara un abogado que la representara en el juicio laboral, ya que, expresó, había sido despedida injustificadamente y sin indemnización, por lo que no tenía recursos económicos para contratar un abogado particular. Solicitud que ha reiterado en diversos ocasiones a la Junta responsable, y a la que se ha acordado que deberá estarse al acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ************ y su acumulado ***********, en el que se proveyó que, con apoyo en el numeral 685 de la Ley Federal del Trabajo, se ordenaba girar oficio a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en su domicilio oficial, para que le designara un profesionista que la representara, sin perjuicio de que la actora lo solicitara personalmente ante dicha Procuraduría; sin que a la fecha exista dicha representación. Cabe precisar que dicha Procuraduría dio paso a la actual "Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo", por lo que, en su caso, el oficio respectivo de solicitud de patrocinio jurídico debe dirigirse a dicha dependencia o, en su caso, a una diversa, siendo obligación de la autoridad laboral velar por el derecho humano al debido proceso en su vertiente de defensa adecuada en el juicio laboral. Aunado que para garantizar dicho derecho, la autoridad laboral debe otorgar un plazo de quince días a partir de que le designe un abogado la Procuraduría respectiva o Defensoría Pública al trabajador, para que se imponga de los autos y proporcione una adecuada asesoría y defensa legal. Apoya lo anterior, la tesis con registro digital 2024993, de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PARA GARANTIZAR ESE DERECHO DEL TRABAJADOR CUANDO EL SECRETARIO INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL LABORAL LE ASIGNE UN ABOGADO DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO O DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA QUE LO ASISTA, DEBE OTORGARLE UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA QUE SE IMPONGA DE LOS AUTOS Y PROPORCIONE UNA ADECUADA ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 873-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO)." En consecuencia, a fin de reparar el derecho fundamental transgredido, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal a *************, para el efecto de que la autoridad responsable: Realice las gestiones necesarias a fin de asignar un abogado que asista a la quejosa en el trámite de su juicio laboral; ello, en observancia al derecho humano al debido proceso en su vertiente de defensa adecuada. Hecho lo anterior, lo haga del conocimiento de la parte actora. 8.2. En relación al acto reclamado consistente en la dilación en el trámite del juicio laboral ********** y su acumulado **************, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental de justicia pronta y expedita; numeral que establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil." Conforme al numeral trascrito, el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos que le garantice la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los Órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobraran a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice (actualización 2002), con número de registro 921072, del rubro y texto siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En este tenor, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo retoma el contenido del segundo párrafo del artículo 17 Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, estableciendo que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito, inmediato", y se precisa que las juntas se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". Así, el precepto constitucional y legal mencionados, relativos a procurar el derecho fundamental de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que las Juntas laborales no pueden ni deben retardar su función de administrar justicia, atento a que, por el contrario, es una de sus obligaciones el hacerlo de manera rápida y expedita, lo cual implica que debe procurar los asuntos a su cargo en los términos que establece la legislación aplicable. Bajo ese contexto, el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente: "Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: - -- - - (.) VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución." Del numeral inserto se advierte que una vez concluido el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción, turnándose los autos a resolución. De igual forma, se deberán realizar las acciones pertinentes a fin de que sean desahogados los medios de prueba ofrecidos por las partes en el citado procedimiento laboral; de ahí que se cuenten con los medios de apremio a que se refiere el numeral 731 de la Ley Federal del Trabajo , para hacer cumplir con sus determinaciones. Por ende, es inconcuso que el actuar de la responsable resulta violatorio del derecho fundamental de la parte quejosa, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita, dado que las juntas responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, por tanto, no es justificable un retraso prolongado para la celebración del desahogo de pruebas y su posterior calificación. Además, esta resolución comulga con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de mayo de dos mil dieciséis, el que resolvió la contradicción de criterios 325/2015, a fin de analizar si la violación al derecho de petición, o soslayar tramitar el juicio fuera de los plazos legales actualizaba alguna causa de improcedencia notoria y manifiesta para desechar la demanda de amparo. En la referida contradicción se estableció, en lo sustancial, lo siguiente: "El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción". Lo anterior dio nacimiento a la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." De lo expuesto se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en jurisprudencia por contradicción de tesis que, por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente contra la omisión de proseguir el procedimiento dentro de los plazos establecidos en la legislación secundaria, puesto que aunque se aleguen violaciones a los numerales 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, a menos que el juez federal advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Por tanto, se estima que el acto reclamado es de imposible reparación por virtud a la abierta dilación del procedimiento, dado que a la fecha en que se dicta esta sentencia no obra en autos fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, dentro del expediente laboral ************ y su acumulado **********, y su posterior calificación. Se estima de esta manera, pues, atendiendo a lo que dispone el numeral 878 de la Ley Federal del Trabajo, las autoridades laborales cuentan con un plazo de diez días para realizar las gestiones correspondientes para la calificación de las pruebas correspondientes dentro del juicio laboral; luego, del análisis de los autos se advierte que el diecinueve de abril del año en curso, con fundamento en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, se ordenó correr traslado por escrito a la parte actora para que en el plazo de tres días hábiles presentara por escrito las objeciones a las pruebas ofrecidas por la parte demandada; apercibida que, en caso de no hacerlo, se le tendría por precluido su derecho. Además, en dicho auto se corrió traslado a la parte demandada y terceras llamadas a juicio, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación a la documental ofrecida como prueba por la parte actora (aquí quejosa); transcurrido dicho término se determinaría lo procedente en el auto de calificación de pruebas. Dicho acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés fue notificado a la parte actora el veintisiete de abril de este año, así como al Instituto Catrastal del Estado de Oaxaca, Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca y Secretaría de Administración dependiente del Gobierno del Estado de Oaxaca, el veintiocho de abril y cuatro de mayo pasados, sin que la Junta responsable haya acordado lo relativo a la fecha en que se resuelve. Lo anterior evidencia en que la autoridad responsable ha sido omisa en realizar las gestiones correspondientes para calificar los medios probatorios ofrecidos y admitidos en la controversia laboral. Así, ante la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, en concreto, la calificación de los medios de prueba ofrecidos por las partes en el juicio laboral de origen, constituye una abierta dilación del procedimiento laboral que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, puesto que, con ello, se prolonga injustificadamente la resolución del juicio. Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Septiembre de 2005, Página: 1283, con número de registro 177266, del rubro y texto siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Bajo ese contexto, resulta evidente que la autoridad responsable conculcó en perjuicio de la parte quejosa sus derechos fundamentales, toda vez que infringió los requisitos de ley contenidos en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, a fin de reparar el derecho fundamental violado, de conformidad con lo establecido en el arábigo 74, fracción V y 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal a ***********, para el efecto de que la autoridad responsable: Realice las gestiones necesarias a fin de señalar fecha y hora para la audiencia de desahogo de pruebas en el expediente laboral 162/2021 y su acumulado 155/2022, en los plazos y términos que señala la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, lleve a cabo la calificación a las pruebas ofrecidas y admitidas en audiencia. Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********, por propio derecho, contra los actos reclamados: Negativa para otorgarle vista o consulta de su expediente físico. Omisión de otorgarle copia de todo lo actuado en el expediente ********* y su acumulado *********, solicitud realizada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ************, contra el acto reclamado consistente en la negativa a su derecho de señalar un domicilio fuera de la residencia de la Junta responsable; por los motivos y fundamentos establecidos en el diverso considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a ************, contra los actos reclamados que hizo consistir en: Negativa de proporcionarle patrocinio jurídico. Dilación en el trámite del juicio laboral ******** y su acumulado *********. En términos y para los efectos establecidos en el considerando octavo (8.1 y 8.2) de esta sentencia. CUARTO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional.
- Principal
PRAL 579/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. 1. Glose de oficio. Incorpórese el oficio de cuenta suscrito por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento realizado el veintinueve de septiembre pasado, remite el expediente original ********************y su acumulado ********************. 1.1. Prueba documental -cuaderno auxiliar I-. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la autoridad responsable de cuenta, las constancias originales que remite; mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Con el citado expediente, se ordena formar el cuaderno auxiliar I, que queda a disposición de las partes, respetando el folio y entresello correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 579/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos y requerimiento. Vistos los autos, específicamente las constancias remitidas por la responsable presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, como justificación a su informe rendido en este juicio; se advierte que no acompañó copia certificada de todo lo actuado en el expediente 162/2021 y su acumulado 155/2022; constancias necesarias para resolver este asunto. En esas condiciones, de conformidad con el numeral 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere a la citada autoridad responsable para que, dentro del término de tres días, remita el expediente original 162/2021 y su acumulado 155/2022 o, en su caso, motive el impedimento que tenga para ello. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./.163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 319, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada con el número 176291, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGUN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL". 1.1. Apercibimiento. Se le apercibe que, de no cumplir con lo anterior o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, 00/100, moneda nacional) relativa a cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en relación con lo dispuesto por los preceptos 237, fracción I, y 238 de la Ley de Amparo. 2. Diferimiento. Finalmente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada con anterioridad a esta data, se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con veintisiete minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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