Gladys Edith Pérez Robles

Expediente 495/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
495/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
01/07/2015

Partes del expediente

  • Gladys Edith Pérez Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de diecinueve de junio de dos mil quince por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Gladys Edith Pérez Robles, contra actos del Secretario de Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 495/2015. Se procede a desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, éste último interpretado en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo vigente. La procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo anteriormente, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Ahora bien, del contenido del citado oficio se aprecia que le hicieron del conocimiento a la aquí promovente que cometió falta administrativa a la fracción I, del articulo 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, además se le indicó que a partir de la notificación de la citada resolución quedaba puesta disposición de la Dirección de Educación Preescolar Estatal, a fin de ser reubicada conforme a las necesidades del servicio educativo y con pleno respeto a sus derechos laborales. Sin embargo, la determinación que en su momento emita la Dirección de Educación Preescolar Estatal, no puede ser considerada como violatoria de los derechos fundamentales, ya que se realiza en un plano de coordinación, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales. En ese tenor, el acto que reclama la promovente no constituye, de acuerdo a su naturaleza, acto de persona de derecho público o de autoridad, sino acto entre trabajador y patrón, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, se desecha de plano la demanda de mérito. Por otra parte, se tiene a la promovente señalando los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, y como su autorizado al licenciado Rodolfo Gustavo Rivera, atento que tiene registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por último, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes.

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