Gladys Edith Pérez Robles
Expediente 105/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Gladys Edith Pérez Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la cuenta; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 4258, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompañó. Téngase por recibido el testimonio pronunciado en la inconformidad 21/2016, del que se advierte que se declaró infundada la inconformidad interpuesta por la quejosa Gladys Edith Pérez Robles, contra el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en este Juicio. Asimismo, glósese al presente expediente las actuaciones que integran el legajo de antecedentes respectivo, a partir del oficio 13170/2016; ello, a efecto de facilitar el manejo del expediente y no duplicar las actuaciones; consecuentemente, la copia certificada del legajo que no se agregará a este expediente, se ordena remitir al archivo, para su guarda en caso de ser necesaria. En consecuencia, acúsese recibo, comuníquese a las partes la anterior determinación, para los efectos legales procedentes, archívese el presente asunto, y háganse las anotaciones de rigor en el libro correspondiente. Por tanto, toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese el oficio 13170/2016, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del cual comunica que admitió a trámite el recurso de inconformidad que interpuso la quejosa ***, contra la resolución de treinta y uno de agosto del año en curso, el cual quedó radicado con el número de expediente 21/2016.
- Principal
Vista la cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, por medio del cual, con fundamento en los artículos 80, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo el recurso de inconformidad, en contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 168 a 171). En consecuencia, con fundamento en el "Instrumento Normativo por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, del trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito", delega a los Tribunales Colegiados de Circuito la competencia para conocer de los recursos de inconformidad que se interpongan en términos de lo previsto en las fracciones I y III del artículo 201 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo, así como el original y una copia del escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para la substanciación del aludido recurso. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes con fotocopias de las constancias conducentes para referencia del medio de impugnación interpuesto
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, pues la sociedad está interesada en que sean acatadas, es procedente pronunciarse si la ejecutoria ha quedado cumplida conforme lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo . En tales condiciones, es preciso fijar los efectos de la ejecutoria concesoria del amparo, que se transcriben a continuación: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ***, para que la autoridad responsable Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo: ? Deje sin efectos la resolución de veintidós de enero de dos mil dieciséis, dictada dentro del recurso de revisión número 01/2015, y emita otra en la que declare insubsistente todo lo actuado a partir del auto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario interno número 134/2015, y se ordena quien corresponda, notifique a la quejosa ***, dicho auto de inicio; lo cual se deberá llevar a cabo cumpliendo cabalmente con lo preceptuado en el artículo 62, fracción I, de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, y se respete el debido proceso. Sólo con el cumplimiento de lo anterior, se restituirá a la quejosa en el goce de los derechos violentados, restableciendo las cosas al estado en que guardaban antes de la violación, tal y como señala el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . Enseguida, se procede a reseñar los antecedentes del cumplimiento al fallo protector: 1. En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 135 a 137), se declaró que la sentencia dictada en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ***, causó ejecutoria, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. 2. Luego, mediante proveído de catorce de julio del año en curso (fojas 139 a 153), se tuvo por recibido el oficio CGAJ/0038/2015, de doce de julio del mismo año, a través del cual la autoridad responsable Coordinador General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Secretaría de Educación, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro del recurso de revisión 01/2015, se emitió la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en la que se ordenó dejar sin efectos la diversa de veintidós de enero de este año, así como todo lo actuado en el procedimiento administrativo disciplinario 134/2015, a partir del acuerdo de inicio, a efecto de llevar a cabo nuevamente su notificación a la quejosa observando los requisitos de ley (fojas 141 y 142). 3. El veintidós de junio del presente año, el Director de Procedimientos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, en atención a lo resuelto en el aludido recurso de revisión, dictó acuerdo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario interno, dentro del expediente 134/2015, formado en contra de la aquí quejosa (foja 143). 4. Por lo anterior, la autoridad responsable de que se trata, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, notificó a la parte quejosa la resolución dictada en el recurso de revisión 01/2015, de veintiuno de junio de este año, así como el acuerdo de inicio en tal procedimiento administrativo disciplinario. Para sustentar lo anterior, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Secretaría de Educación, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, anexó copia certificada de las siguientes constancias: a) Resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, que se emitió dentro del recurso de revisión 01/2015 (fojas 141 y 142); b) Acuerdo de veintidós de junio del año en curso, que emitió la responsable dentro del procedimiento administrativo disciplinario número 134/2015 (foja 143); c) Oficio número CGAJ/1944/2016, de veintidós de junio de dos mil dieciséis, que contiene el citatorio para audiencia de pruebas y alegatos dirigido a la aquí quejosa profesora Gladys Edith Pérez Robles (foja 144 a 147); y, d) Constancia de notificación de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, signada por los asesores jurídicos adscritos a la Dirección de Procedimientos Administrativos, como Unidad Administrativa de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, al que se acompañaron copias de las credenciales de votar a nombre de la aquí quejosa, así como de los servidores públicos que signan dicha constancia Jorge Armando Herrera Vázquez, Juan Carlos Rodríguez Contreras y Martha Estela Aranda Castillón (fojas 148 a 152). Documento éste último, en el que se hizo constar que la amparista se negó a firmar la constancia de notificación de que se trata; ello por así convenir a sus intereses, circunstancia la anterior que se corroboró con las manifestaciones que realizó mediante escrito que exhibió ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, el veinte de julio de la propia anualidad (fojas 159 a 161), al desahogar la vista otorgada en proveído de catorce de ese mes (foja 153); de ahí que se tenga la certeza jurídica sobre la notificación ordenada a la responsable en cumplimiento al fallo protector. Constancias que tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos que forman parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, autorizadas por un funcionario en ejercicio de sus funciones. Ahora, del examen de las aludidas constancias y con base en los destacados datos que éstas demuestran, se estima que los efectos para el cual fue concedido el amparo están cumplidos ya que la autoridad encargada del cumplimiento Coordinador General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Secretaría de Educación, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante resolución de veintiuno de junio del presente año, dejó sin efectos la diversa de veintidós de enero último, dictada dentro del recurso de revisión número 01/2015, y declaró insubsistente todo lo actuado a partir del auto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario interno dentro del expediente número 134/2015, seguido en contra de la aquí quejosa ***; por lo que, el Director de Procedimientos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, el veintidós de junio pasado, emitió acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en ese asunto, el cual se notificó personalmente a dicha amparista el veintitrés siguiente, haciéndose constar su negativa a firmar. De lo que se colige que se restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos violentados, restableciendo las cosas al estado en que guardaban antes de la violación, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. No obstan a lo anterior, las diversas manifestaciones vertidas por la quejosa en sus escritos de veinte de julio y dieciséis de agosto de este año (fojas 159 a 161 y 164 a 166), pues en estos esencialmente alega aspectos de ilegalidad de la notificación del inicio del procedimiento administrativo que le fue realizada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al aducir desconocimiento sobre la misma con antelación a que le fue puesta a la vista en este juicio de amparo; asimismo alega que la autoridad actúa de forma ilegal al reiniciar el procedimiento disciplinario en su contra y que la sentencia concesoria del amparo no está legalmente cumplida en virtud de que ya inició el nuevo ciclo escolar 2016-2017 sin que la autoridad responsable la haya reinstalado en su cargo, de Jefa de Sector al servicio de la Secretaría de Educación. Lo anterior es así, en principio porque no resulta técnico y procedente que este Juzgado de Distrito se ocupe de la legalidad del fondo de lo resuelto por la responsable en el recurso de revisión, máxime cuando es evidente que se atendió a los lineamientos del fallo protector al haberse dejado sin efectos la resolución que constituyó el acto reclamado, mediante diversa de veintiuno de junio de este año, así como todo lo actuado en el procedimiento administrativo de origen, hasta el auto de inicio; y en aras de revestir de legalidad sus actuaciones, en sustitución de lo anterior, el veintidós de junio emitió acuerdo de inicio en el expediente disciplinario 01/2015, en misma fecha emitió el oficio número CGAJ/1944/2016, con el que se giró citatorio a la aquí quejosa para audiencia de pruebas y alegatos, el cual le fue notificado personalmente el veintitrés siguiente, como se demuestra con las documentales allegadas por la responsable. De lo que se tiene que la parte quejosa como presunta responsable dentro de dicho procedimiento administrativo fue citada por escrito, se le hicieron saber las responsabilidades que se le imputan, el lugar, fecha y hora en que tendría verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, así como su derecho a ofrecerlas y formularlos, tal y como lo establece el artículo 62, fracción I de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila. En cuanto al resto de las alegaciones precisadas en párrafos precedentes no resultan materia de la protección constitucional otorgada, por lo cual es improcedente su análisis para determinar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Esta apreciación se vigoriza con la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: *** Por tales razones, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; archívese este Juicio de Amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Asimismo, toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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