Gladys Cardenas Alfaro
Expediente 57/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gladys Cardenas Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Tercer Árbitro y la Secretaria General, ambas del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informan el cumplimiento dado la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención, en la secretaría de este juzgado, a la vista de la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Tercer Árbitro, así como la Secretaria General, ambas del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 01/1411/16, de su estadística y de la constancia de notificación realizada a la parte actora. En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a María Reyna Valencia Reyes, en su carácter de Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído remita copia certificada: De la constancia de notificación personal realizada a la parte demandada, respecto del laudo dictado en el juicio laboral 01/1411/16, de su estadística. Se apercibe a María Reyna Valencia Reyes, en su carácter de Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a María Reyna Valencia Reyes, en su carácter de Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de veinte días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe al presidente de la junta responsable en mención, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil diecinueve. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta y un minutos del once de febrero de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 57/2019, promovido por Gladis Cárdenas Alfaro, por conducto de su apoderada legal; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en la especie no procede diferir la audiencia constitucional, pues a pesar que el informe justificado rendido por la autoridad responsable no se hizo del conocimiento de la parte quejosa con ocho días de anticipación a la celebración de la misma, los cuales tiene para imponerse de lo manifestado por esa potestad, esperar a que transcurra dicho término implicaría retardar el procedimiento innecesariamente en perjuicio de la quejosa; ello, en virtud de que en este juicio se reclama la violación del artículo 17 constitucional ante la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y atendiendo a lo manifestado en su demanda por la parte amparista, es claro que ya conoce los antecedentes del acto reclamado, lo que no se opone a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental remitida por el Tribunal responsable; la que será materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Luego, sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; tampoco la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó intervención ministerial alguna. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 57/2019. RESULTANDO 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, y recibido ese mismo día en este Juzgado, Gladis Cárdenas Alfaro, por conducto de su apoderada legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que hizo consistir en: ".El incumplimiento de la autoridad responsable a dictar Laudo en juicio laboral número 01/1411/16, en términos de lo que disponen al respecto el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo." Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 57/2019, misma que mediante proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite y se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral, en el que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar el laudo en el expediente burocrático 01/1411/16, en términos del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos. III. Acto reclamado existente. Es cierto el acto reclamado al Tribunal responsable, puesto que así lo manifestó su Presidente y Tercer Árbitro y Secretaria General, al rendir su informe justificado, remitiendo para acreditarlo copias certificadas de la constancia que obra en el juicio de origen, a la que se le confiere pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Como la quejosa reclamó en su demanda de amparo un acto de tracto sucesivo consistente en la omisión de la responsable de dictar el laudo en el expediente de origen, no son aplicables los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, de ahí que la demanda se considere presentada en tiempo. V. Causales de improcedencia. El Tribunal responsable refiere que es improcedente el juicio de amparo promovido, pues considera que la quejosa carece de interés para promover el juicio de amparo; lo anterior es infundado, toda vez que la quejosa es parte actora en el expediente natural y como se dijo, el acto que reclama en esta vía, es de tracto sucesivo. Dado que en la especie, las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia, ni de oficio este juzgado federal advierte que se actualice alguna, se procede a entrar al estudio del fondo del asunto planteado. VI. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación, aunque suplido en su deficiencia en términos del artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, por lo que se debe conceder el amparo solicitado, por los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. La quejosa aduce que la responsable ha violado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia, en virtud de que la demanda laboral fue presentada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis; sin embargo, a la fecha de la presentación de su escrito de demanda de amparo -catorce de enero de dos mil diecinueve-, el Tribunal responsable, no ha concluido el procedimiento con el dictado del laudo en el juicio burocrático 01/1411/16. Y tiene razón, pues la autoridad responsable ha excedido los términos establecidos en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en relación a lo que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a dicho cuerpo de leyes, lo cual constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de pronta impartición. En efecto, los artículos 8.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Federal, estipulan, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. En el caso particular, debe precisarse en principio que la Ley burocrática local no establece un término especial para que la autoridad dicte el laudo precisamente porque reduce el procedimiento laboral a una sola audiencia en la que se llevan a cabo las etapas correspondientes y luego de formularse los alegatos ahí mismo se dicte el laudo, salvo que se requieran diligencias posteriores. Así, como en principio la ley ordena que se cierre la audiencia con el dictado del laudo luego de las conclusiones de las partes ese es el momento para emitirlo; pero como también debe de reconocerse que la mayor o menor complejidad de los asuntos, así como la carga de trabajo, limitarían irremediablemente el cumplimiento estricto de esa regla, por lo cual debe de encontrarse en la propia norma un límite razonable para emitir esa resolución final y el plazo disponible en la normativa es el genérico de quince días previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no así los artículos 885 a 890 de Ley Federal del Trabajo. Veamos. El artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala que el procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Ese precepto guarda una identidad sustancial con los artículos 165 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, 107 y 112 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, los cuales fueron objeto de análisis en la contradicción de tesis número 216/2004-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 52/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). En la ejecutoria de la contradicción de tesis aludida se determinó que si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, no procede la aplicación supletoria 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. De manera que la misma Corte reconoce en la referida ejecutoria emitida por la Segunda Sala, que dio origen a la citada jurisprudencia que es jurídicamente válido que el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia atendiendo a la menor o mayor complejidad de cada asunto y a las cargas de trabajo; pero la Corte no se ocupó en esa ejecutoria de fijar un plazo razonable para ello. Así, el artículo 115 de la Ley burocrática local no debe entenderse en el sentido de que el laudo debe emitirse, indefectiblemente, en la fecha señalada para la celebración de la mencionada audiencia. Y en ese orden, al no existir dentro de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos un plazo para el dictado del laudo en el juicio laboral burocrático, este será el establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria en términos del artículo 11 de dicho ordenamiento estatal En efecto, el artículo 127 bis, fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevé el plazo de quince días para el dictado del laudo, además en términos del citado numeral, las pruebas, alegatos y el dictado del laudo se realizarán en una sola audiencia, salvo en que sean necesarias diligencias posteriores, caso en el cual, el laudo se dictará, una vez concluidas éstas, dentro de los quince días siguientes. No pasa inadvertido el hecho de que el referido artículo alude de manera específica, a las formalidades y plazos en que debe desahogarse el procedimiento cuando se ejerza la acción de terminación del nombramiento del trabajador, en tanto que los demás conflictos de competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deben desahogarse conforme al procedimiento previsto en el numeral 127 y restantes del capítulo III del Título Séptimo de la citada ley, en los cuales no se prevé plazo alguno para el dictado del laudo. Sin embargo, ello no conduce a concluir que el plazo de quince días previsto por el artículo 127 bis para el dictado del laudo sólo aplique respecto de los juicios señalados en dicho numeral, ya que todos los preceptos mencionados están contenidos en el mismo capítulo, en el cual no existe disposición que permita concluir que alguno de los conflictos competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje debe resolverse en plazos más cortos que los demás, como sucede, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo respecto de los procedimientos especiales y ordinarios. Además, en todos los procedimientos competencia del citado tribunal los actos procesales relativos al ofrecimiento de pruebas, alegatos y dictado del laudo se deben llevar a cabo, preferentemente, en una misma audiencia, lo cual permite concluir que lo plazos previstos para la realización de dichos actos procesales debe aplicar para ambos procedimientos, pues donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, e incluso, si se considera que el procedimientos previsto en el artículo 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, está orientando a dar una mayor celeridad y concentración, en comparación con el procedimiento regulado en el artículo 127 y restantes de la citada ley, el plazo de quince días para el dictado de laudo sería aplicable supletoriamente, dado que conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el juicio laboral también está orientado por el principio de concentración, pues debe resolverse en el plazo de seis meses. Dichas consideraciones fueron plasmadas por los Magistrados Integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este circuito, al resolver la queja del trabajo 170/2018, interpuesta en el juicio de amparo 1045/2018 del índice de éste juzgado. De modo tal, que en el caso, el Tribunal responsable admitió la demanda laboral el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, seguidas sus etapas, el nueve de enero de dos mil diecinueve, hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el sentido de que las partes perdieron su derecho para manifestar que no quedaba prueba pendiente por desahogar ni que requiera de diligencia especial para su desahogo, por lo que la Secretaria General certificó en ese sentido, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos a proyecto de resolución de laudo; por lo que es evidente que si el seis y veinte de noviembre de dos mil dieciocho, las partes fueron notificadas del acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el que se les concedió un término para manifestar respecto de las pruebas, el Tribunal responsable estaba en condiciones de acordar al respecto a finales del mes de noviembre del dos mil dieciocho, pero proveyó el cierre de instrucción hasta el nueve de enero del dos mil diecinueve, esto es, transcurrió más de un mes, lo que influye para que el dictado del laudo no se emita dentro del término legal establecido para ello, aunado a que el Tribunal incumple con su obligación prevista en la última parte del precepto 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda, entonces, es claro que se transgredió el derecho de acceso a la justicia de la quejosa, de ahí lo fundado del concepto de violación en estudio. Y aunque no pasa inadvertido que el tribunal responsable en su informe justificado argumentó que no ha emitido el laudo correspondiente dentro del juicio natural, dada la excesiva carga de trabajo; sin embargo, por más plausible que es ese argumento, la quejosa ha venido al amparo manifestando un derecho que le debe ser reparado. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación procede otorgar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitados, para los efectos precisados en el siguiente considerando. VII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Se precisa, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, que los efectos de la concesión de amparo consisten en que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria este fallo, dicte el laudo correspondiente en el expediente burocrático 01/1411/16, y faculte al actuario de su adscripción para que notifique a las partes. VIII. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Así con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gladis Cárdenas Alfaro, contra el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por las razones vertidas y efectos precisados en los considerandos VI y VII de esta resolución. SEGUNDO. Se ordena el envío y captura de este fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos del último considerando. NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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