Gladis Yovani Mejía García

Expediente 339/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
339/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Gladis Yovani Mejía García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio número 7912, signado por el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese Órgano Colegiado en el expediente relativo al amparo en revisión civil ************; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo 339/2018 y un anexo. Acúsese recibo. Atento a la ejecutoria de mérito, hágase del conocimiento de las partes, que la sentencia de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictada por este juzgado federal, fue confirmada por la Superioridad, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gladis Yovani Mejía García, en términos del último considerativo de la sentencia recurrida." En esas condiciones, glósese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes e incidente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado; que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su depuración. Y toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, procédase a la destrucción de los duplicados una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto. Por tanto, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado, el cuaderno de incidente de gastos y costas del expediente 401/2016-2 que anexó a su informe justificado, con el cual se formó el anexo I; solicitando el acuse de recibo. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6°, de los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de abril de dos mil catorce, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    C. ANT.Cuernavaca, Morelos, ocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio número 4465, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo número 339/2018, asimismo, informa que se admite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Gladis Yovani Mejía García; mismo que quedó registrado con el número de amparo en revisión 197/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por la autorizada de la quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa a través de su autorizada, en contra de la resolución dictada en el presente expediente; agréguese a sus autos copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las restantes entre las partes, por lo que una vez hecha la notificación de este auto y que se encuentre debidamente integrado remítase el expediente junto con el original y copia del escrito de expresión de agravios correspondiente a la Superioridad, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Una vez que se encuentre debidamente notificado e integrado el presente juicio de amparo; fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Se instruye al actuario que corresponda, que al notificar a las partes y correr traslado, se haga constar que se anexa el escrito de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. INC. 339/2018 En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, hora y día fijados para que tenga verificativo la audiencia incidental derivada del juicio de amparo número 339/2018, ante la presencia de Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Orlando José Vázquez González, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a realizar de manera oral la relación de las constancias que obran en autos, se da cuenta con los informes previos registrados con folios 7991 y 7993. Enseguida el secretario encargado para desempeñar las funciones de juez de Distrito, acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Agréguense con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, los informes previos que rinde el Juez Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, y Actuario adscrito al Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver la presente pieza incidental. Sin que sea óbice para resolver el presente incidente de suspensión, el hecho de que en la propia audiencia se esté dando cuenta con los informes previos de las autoridades responsables, toda vez que el mismo se rige por el principio de celeridad que establece el numeral 138 de la Ley Federal en comento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 119/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, los quejosos están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo." Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual se hace constar que ninguna de las partes los ofreció. Abierto que es el periodo de alegatos, se da cuenta que ninguna de las partes los formuló. Con lo que se da por concluida la presente diligencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente. V I S T O S para resolver sobre la suspensión definitiva, en el incidente relativo al juicio de amparo número 339/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Gladis Yovani Mejía García, reclama del Juez Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, y Actuario adscrito al Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos; actos que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.-De la autoridad señalada como Responsable Ordenadora reclamo LA ILEGAL RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil número 401/2016-2 promovido en contra de la suscrita y radicada ante dicha autoridad y que pretenden ejecutar a toda costas las autoridades señaladas como responsables ejecutoras." SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, se decretó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables Juez Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, y Actuario adscrito al Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, al rendir su informe previo convienen en la existencia del acto reclamado. Ahora, no obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 138, fracción I de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada; en virtud de que se está en presencia de un acto consumado, contra el cual resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, pues de hacerlo, se darían efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que en el amparo se pronuncie. Al caso tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 64, publicada en la página 109 del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, años 1917-1988, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". SEGUNDO. Por otra parte, por cuanto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado, en que actualmente guardan y no se ejecute la resolución interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente natural de donde emana el acto reclamado; hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables el auto que declare ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en el expediente principal de donde deriva esta pieza incidental. Medida suspensional que se concede en virtud de que fue solicitada por la parte quejosa, pues en el caso se actualizan los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual establece en la parte que interesa lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Por tanto, se considera que lo anterior es así, pues se toma en cuenta la naturaleza de la violación alegada para el otorgamiento de la medida suspensional, estimando la esencia y propiedades características, tanto del acto de autoridad materia de impugnación, como del derecho subjetivo que se dice conculcado con dicho acto, para lo cual, y atendiendo a probabilidad y veracidad del derecho del solicitante, se llega a la conclusión de que con la suspensión no se perjudica el interés social ni el orden público, por tanto debe otorgarse la medida para no ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación a la impetrante. La anterior consideración encuentra apoyo, en lo conducente, en el siguiente criterio jurisprudencial número 81/2002: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.- Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo, establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo, y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer lo motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público." Asimismo, apoya a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia número I.15o.A J/3, visible en la página 1626, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, correspondiente a la Novena Época sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, la cual dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EL EXAMEN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, ES PREVIO AL ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. La suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, de carácter instrumental, para preservar la materia del propio juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías alegada. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa y, eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviado (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II), o no se causaran al agraviado daños de difícil reparación (fracción III); esto es, sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no fuera de difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos establecidos en el citado artículo 124." Así como, la diversa tesis VI.3º A. J/21, visible en la página 581, Tomo XVI, Diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Diciembre de 2002, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES. Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento." Medida cautelar que surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa de que se trata no exhibe dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación de este auto, garantía por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), en cualquiera de las formas permitidas por la Ley para garantizar los posibles daños y perjuicios que se lleguen a ocasionar a terceros, en caso de que no obtenga sentencia favorable, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo; cantidad que se fija de manera discrecional. En el entendido que esta medida suspensional no surtirá efecto legal o material alguno, si el acto reclamado ya fue ejecutado, o bien si proviene del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega a Gladis Yovani Mejía García, la suspensión definitiva solicitada, contra el acto reclamado a las autoridades que quedaron precisadas en el resultando primero y por los motivos expuestos en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a Gladis Yovani Mejía García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, respecto del acto reclamado a las autoridades que quedaron precisadas en el resultando primero de esta resolución y para los efectos precisados en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Orlando José Vázquez González, secretario que autoriza y da fe.

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