Gladiz Magaly Castillo Cetina
Expediente 1585/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1585/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gladiz Magaly Castillo Cetina
Actuaciones
- Principal
MESA III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo, el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2° de la misma; se declara que el expresado proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
III. Agréguense como legalmente corresponda, los oficios signados por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, al cual, el segundo adjunta anexo en copias certificadas, mediante el cual rinde su informe justificado. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, fue medularmente, la omisión de la responsable de acordar acerca de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio ordinario laboral 58/2015, de su índice. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de acordar acerca de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio ordinario laboral 58/2015, de su índice. Ahora bien, de las constancias que remitió el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, se advierte que por acuerdo de veintiocho de noviembre del año en curso, procedió a pronunciarse sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, e incluso señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, notificando a la parte actora (aquí quejosa), el dos de diciembre de dos mil diecinueve; lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que proveyó respecto sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, e incluso señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, notificando a la parte actora (aquí quejosa), el dos de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 58/2015, de su índice, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsanó con el acuerdo donde proveyó respecto la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubieren sido llamados a juicio quienes pudieren tener la calidad de terceros interesados; lo anterior, cuenta habida que, dado el sentido de la presente determinación, no se les ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, asistida de Raúl Ramos Berzunza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
.Agréguense como legalmente corresponda, los oficios signados por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, al cual, el segundo adjunta anexo en copias certificadas, mediante el cual rinde su informe justificado. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, fue medularmente, la omisión de la responsable de acordar acerca de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio ordinario laboral 58/2015, de su índice. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de acordar acerca de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio ordinario laboral 58/2015, de su índice. Ahora bien, de las constancias que remitió el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, se advierte que por acuerdo de veintiocho de noviembre del año en curso, procedió a pronunciarse sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, e incluso señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, notificando a la parte actora (aquí quejosa), el dos de diciembre de dos mil diecinueve; lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que proveyó respecto sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, e incluso señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, notificando a la parte actora (aquí quejosa), el dos de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 58/2015, de su índice, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsanó con el acuerdo donde proveyó respecto la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubieren sido llamados a juicio quienes pudieren tener la calidad de terceros interesados; lo anterior, cuenta habida que, dado el sentido de la presente determinación, no se les ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, asistida de Raúl Ramos Berzunza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA V.Agréguese a estos autos, para lo que legalmente corresponda, el oficio signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual acusa recibo del anexo que le fue enviado por oficio de ocho de octubre último. Por otro lado, en cuanto al escrito signado por el tercero interesado José Luis Ku Acosta, mediante el cual solicita se gire oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a efecto de que sean cancelados los movimientos posteriores al contrato de crédito y que sean reinscritos los gravámenes que pesan sobre el inmueble relativo al juicio de origen. Respecto a lo anterior, dígase al ocursante que la litis en el presente juicio de amparo, consistió en la falta de emplazamiento a juicio del aquí quejoso Miguel Ángel Veloz Tejeda; cuya sentencia tuvo como efecto dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio extraordinario hipotecario 194/2012, resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito. En ese tenor, resulta evidente que lo que el tercero interesado solicita en su ocurso de mérito, no guarda relación alguna con la materia del presente juicio, en el cual se ha ordenado el archivo del mismo, como asunto totalmente concluido; en tal virtud, lo procedente, es que dicha petición sea dirigida al Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado
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