Giselle Hernadez Amaral

Expediente 255/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
255/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Giselle Hernadez Amaral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término con en el que contaban las partes para que se inconformaran contra el proveído que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tal motivo y en virtud de que no interpuso el respectivo medio de impugnación, téngase a dichas partes conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte el oficio INM/ORY-OF/1483/2023 signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y dos anexos, mismos que ya obran glosado a los presentes autos, con los que informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído dos de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, esta Juzgadora Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto. Consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el treinta de marzo del dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a GISELLE HERNÁNDEZ AMARAL. Asimismo, por auto de veintiséis de abril del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a la autoridad responsable que diera cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El artículo 77 de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. El amparo que se concede es para el efecto de que la Titular de la Oficina de Representación y la Subdirección de Regulación Migratoria, ambas del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, en el ámbito de sus respectivas facultades, en atención a las consideraciones expuestas en esta sentencia, por escrito y de manera fundada y motivada: Resuelvan sobre la petición de visa de unidad familiar, instada por la parte quejosa por comparecencia de siete de febrero del año en curso, y solicitud número 8945705, analizando la totalidad de documentos exhibidos, indicando expresamente, en su caso, los requisitos y conceptos necesarios para la procedencia de la solicitud formulada." Así, de las constancias que obran en este sumario se advierte, que mediante oficio INM/ORY-OF/1232/2023 signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, e informó que mediante oficio INF/ORY/SRM-1106/2023 de fecha cuatro de mayo del año en curso, el Representante Local en Progreso, encargado de la Subdirección de Regulación Migratoria, instruyó la notificación a la ventanilla de recepción de trámites migratorios a fin de dar cumplimiento a lo requerido; de igual forma, se recepcionó la solicitud de autorización de visa número 8945705 promovida por la quejosa Giselle Hernández Amaral, otorgándole el número único de trámite (NUT): 6178622, el cual indica que el usuario ha iniciado un trámite migratorio ante dicha autoridad. Mientras por oficio INM/ORY/1107/2023, de fecha cuatro de mayo del año en curso, signado por el Representante Local de Progreso, encargado de la Subdirección de regulación migratoria, del Instituto Nacional de Migración, con el que respecto del trámite iniciado, se formuló una prevención a la solicitante ahora quejosa GISELLE HERNANDEZ AMARAL. Siendo que además, por oficio INM/ORY-OF/1483/2023 signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, informó que se autorizó la visa de residente permanente a la persona extranjera padre de Giselle Hernández Amaral, en razón de que se acreditó el vínculo familiar mediante copia certificada cotejada del acta de nacimiento respectiva. En ese tenor, dado que se resolvió lo relativo a la visa solicitada, por la parte quejosa, determinando otorgar la misma al padre de la peticionaria del amparo por los motivos expuestos por la responsable, se determina que la ejecutoria de amparo, se encuentra cumplida sin excesos ni defectos; en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte el oficio INM/ORY-OF/1232/2023 signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y dos anexos, mismos que ya obran glosado a los presentes autos, con los que informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído nueve de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, esta Juzgadora Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto. Consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el treinta de marzo del dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a GISELLE HERNÁNDEZ AMARAL. Asimismo, por auto de veintiséis de abril del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a la autoridad responsable que diera cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El artículo 77 de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. El amparo que se concede es para el efecto de que la Titular de la Oficina de Representación y la Subdirección de Regulación Migratoria, ambas del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, en el ámbito de sus respectivas facultades, en atención a las consideraciones expuestas en esta sentencia, por escrito y de manera fundada y motivada: Resuelvan sobre la petición de visa de unidad familiar, instada por la parte quejosa por comparecencia de siete de febrero del año en curso, y solicitud número 8945705, analizando la totalidad de documentos exhibidos, indicando expresamente, en su caso, los requisitos y conceptos necesarios para la procedencia de la solicitud formulada." Así, de las constancias que obran en este sumario se advierte, que mediante oficio INM/ORY-OF/1232/2023 signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, e informó que mediante oficio INF/ORY/SRM-1106/2023 de fecha cuatro de mayo del año en curso, el Representante Local en Progreso, encargado de la Subdirección de Regulación Migratoria, instruyó la notificación a la ventanilla de recepción de trámites migratorios a fin de dar cumplimiento a lo requerido; de igual forma, se recepcionó la solicitud de autorización de visa número 8945705 promovida por la quejosa Giselle Hernández Amaral, otorgándole el número único de trámite (NUT): 6178622, el cual indica que el usuario ha iniciado un trámite migratorio ante dicha autoridad. De igual forma, la responsable remitió el oficio INM/ORY/1107/2023, de fecha cuatro de mayo del año en curso, signado por el Representante Local de Progreso, encargado de la Subdirección de regulación migratoria, del Instituto Nacional de Migración, con el que respecto del trámite iniciado, se formuló una prevención a la solicitante ahora quejosa GISELLE HERNANDEZ AMARAL; documentación que se puso a la vista de ésta última en acuerdo de nueve de mayo en curso, sin que hiciere pronunciamiento alguno al respecto. Ahora bien, de las actuaciones remitidas por la responsable se aprecia que ésta procedió a la recepción de la solicitud de autorización de visa número 8945705 promovida por la quejosa Giselle Hernández Amaral, otorgándole el número único de trámite (NUT): 6178622; sin embargo, no formuló pronunciamiento por escrito respecto de la misma, ya que si bien, en fecha cuatro de mayo en curso realizó una prevención a la parte quejosa, de la revisión de ésta, puede advertirse que versa sobre si se trata de padre o madre de la persona promovente y que exhibiera acta de nacimiento original y copia o su equivalente. Ahora, la responsable realiza la prevención antes señalada, soslayando que lo que requiere a la quejosa, se encuentra contenido en la propia solicitud de fecha dos de abril del año en curso, y que el vínculo familiar referido de igual forma puede apreciarse del contenido de la demanda de amparo, cuyas manifestaciones fueron realizadas por la quejosa bajo protesta de decir verdad. Es por ello, que la responsable incumple con lo mandado por esta autoridad federal al no pronunciarse de modo frontal sobre la solicitud de la quejosa; ya que si bien, la ejecutoria de amparo no la obliga a pronunciarse en algún sentido, lo cierto es, que si se encuentra obligada a resolver el trámite iniciado por la directa quejosa; por tanto esta Juzgadora Federal, considera que la sentencia dictada en el presente juicio SE TIENE POR NO CUMPLIDA. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito en términos de lo resuelto en la sentencia de amparo, a fin de restituir a la parte impetrante en el pleno goce de sus derechos violados. Lo anterior, bajo apercibimiento para las autoridades, que de no cumplir con lo requerido, en el lapso señalado, sin justa causa, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, y en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con trece minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 255/2023-III, promovido por ********************; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda, auto admisorio de catorce de febrero de dos mil veintitrés, y el informe justificado rendido por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, por sí y en representación del Subdirector de Regulación Migratoria, ambos con sede en esta ciudad, los cuales obran agregados en los presentes autos. Acto seguido, la Jueza Tercero de Distrito en el Estado, acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado solicitado a las autoridades responsables, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las documentales que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, y las constancias que envió la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado; por lo que la Jueza Tercero de Distrito en el Estado, acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el periodo de alegatos, se hace relación con el escrito de la parte quejosa, que obra agregado en autos, a lo que la Jueza acuerda: con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas las alegaciones de la quejosa para ser tomada en consideración como corresponda; así, no habiendo promoción pendiente por acordar, ni pedimento de la representante social de la federación, se declara cerrada dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza Tercero de Distrito en el Estado, declara visto el expediente, y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 255/2023-III promovido por la empresa moral quejosa ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito de esta entidad, la quejosa ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y el acto que se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Yucatán. 2. Subdirección de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Yucatán. ACTO RECLAMADO. "VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE PETICIÓN, consagrados en los artículos 6 y 8 de nuestra Constitución Federal, al no recibir, y por ende la consecuente omisión de dar trámite a la solicitud de visa por unidad familiar solicitada por la señora Gisellle Hernández Amaral para su padre el señor Orlando Hernández Héctor. 2 VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE PETICIÓN, DE TUTELA ADMINISTRATIVA EFETIVA, UNIDAD FAMILIAR Y CERTEZA JURÍDICA al no darle trámite a la solicitud de visa por unidad familiar para el señor Orlando Hernández Héctor, quien es padre de la suscrita, al no acompañar dicho trámite con dos actas de nacimiento certificadas ante Notario Público, mismas que tienen la validez de conformidad con el artículo 110, fracción II, de la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, y el artículo 150 fracción I, del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, vigentes, por lo tanto al cumplir los requisitos dicha resolución debe ser positiva, estos actos violentan los derechos humanos consagrados en los artículos 6,8 y 17 de nuestra Carta Magna y del artículo 44 de la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares" . SEGUNDO.- ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; todo lo cual se hizo en sus términos, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra actos de diversas autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtienen los siguientes actos reclamados: La omisión de las responsables de dar trámite a la solicitud de visa por unidad familiar solicitada por ******************** a favor de su padre Orlando Hernández Héctor. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a las responsables, como se advierte del informe justificado rendido por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, por sí y en representación del Subdirector de Regulación Migratoria, ambos con sede en esta ciudad, en donde, si bien dicha autoridad negó la existencia del acto reclamado, lo cierto es que posterior a ella realizó diversas manifestaciones encaminadas a justificar su actuación, de donde se aprecia que aceptó que la peticionaria de amparo se presentó ante la oficina a su cargo el siete de febrero del año en curso y ese mismo día se le negó de forma verbal la admisión del trámite de solicitud de visa de unidad familiar, con el argumento que la parte solicitante no reunía con la documentación conducente al trámite requerido. Por lo cual debe desvirtuarse dicha negativa y tener por existente el acto reclamado de las autoridades responsables, al tenor de la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 211004, que tiene pro rubro: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son fundados, por lo que debe otorgarse el amparo solicitado. El artículo 1 de la Constitución reconoce el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación con base en categorías sospechosas que atenten contra la dignidad humana -como lo es el origen étnico o nacional-, así como cualquier otra instancia que tenga como resultado el menoscabo de los derechos fundamentales de las personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la igualdad tiene una doble dimensión: como principio y como derecho. Como principio fundamental dota de sentido al ordenamiento jurídico y a los actos que derivan de él, ya sean formalmente administrativos, legislativos o judiciales. En esta dimensión, la igualdad es una guía hermenéutica o criterio básico en la elaboración, interpretación y aplicación del derecho. Por su parte, la Corte Interamericana ha sostenido que el principio de igualdad y no discriminación pertenece al ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional. Este principio posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos y, por consiguiente, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna, de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, así como de combatir las prácticas discriminatorias. Ahora, debe recalcarse que a la población migrante, con total independencia de su condición jurídica, le son reconocidos los mismos derechos y garantías que al resto de las personas, entre ellos, el mandato de igualdad y no discriminación. La Corte Interamericana ha señalado, con respecto a las personas migrantes, que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad y no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas. Este principio de carácter general debe respetarse y garantizarse siempre. Cualquier actuación u omisión en sentido contrario es incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos. En este sentido, si bien, bajo el principio de soberanía nacional puede admitirse que las personas migrantes sean tratadas de forma diferenciada, esta distinción de trato deberá ser razonable, objetiva, proporcional, y deberá respetar sus derechos humanos, pues el principio de no discriminación implica que no puede privarse a una persona del goce de sus derechos por una calidad migratoria, lo cual incluye los derechos sociales, laborales y el acceso al debido proceso, por ejemplo. Así, al tratar situaciones de personas migrantes, entre ellas, las personas que buscan mantener la unidad de su núcleo familiar, las autoridades del Estado deben considerar los motivos por los cuales las personas migrantes pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad especial y debido a ello ameritar un tratamiento que potencialice su acceso a la totalidad de derechos fundamentales, claro está, dentro del marco normativo y bajo las regulaciones legales que enmarcan el interés social. Esto es así, pues los movimientos migratorios que pasan por México se componen por grupos de personas que abandonan sus países de origen por problemas relacionados con la violencia, la pobreza o la exclusión social y a menudo, el traslado de un país a otro se produce en la clandestinidad, debido a las restricciones impuestas por las políticas migratorias, al aumento en la seguridad de las fronteras, y la multiplicación de los retenes y controles migratorios. La vulnerabilidad de las personas migrantes se agrava cuando son discriminadas por su origen étnico o racial, color, idioma, edad, sexo, orientación sexual, discapacidad, posición económica, religión o cualquier otra condición. Ello les convierte en víctimas de discriminación múltiple o intersectorial. De manera particular, la violencia se manifiesta en contra de mujeres y niñas, quienes corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual. En suma, la migración irregular lleva aparejada la marginalización de las personas. Esa situación se traduce en una clara desventaja frente al contexto en el que se desarrollan y las hace más propensas a sufrir violaciones a sus derechos fundamentales. La posición desfavorable de las personas migrantes en situación irregular va más allá de los hechos negativos que experimentan en su vida diaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha observado que la situación migratoria irregular trasciende negativamente al contexto institucional y genera situaciones de vulneración a sus derechos humanos. Algunas de las más relevantes son: deportaciones expeditas, privación de la libertad como regla de atención general; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; imposibilidad de acceso e indebida retención de documentos de identidad; omisión de impulsar mecanismos para la regularización migratoria, y retraso injustificado en el trámite de procedimientos administrativos. Por ende, es indispensable que las autoridades del Estado sean conocedoras y sensibles ante la particular situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas migrantes, sobre todo las que están en situación irregular, y cómo es que ello repercute en el goce de sus derechos humanos. Todo lo anterior, en atención al citado derecho humano de igualdad, reconocido por el artículo primero constitucional, que consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante. Por su parte, la igualdad, como derecho, se compone de dos facetas que son interdependientes y complementarias entre sí: la igualdad formal y la igualdad sustantiva o de hecho. La igualdad formal ha sido entendida como una protección en contra de distinciones o tratos arbitrarios. Se integra, a su vez, por la igualdad ante la ley y la igualdad en la norma jurídica. La primera obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en la misma situación. La segunda va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional. Por su parte, la igualdad sustantiva tiene como objetivo remover y disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social. En cuanto a las obligaciones derivadas de la igualdad sustantiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el Estado debe implementar medidas que tiendan a lograr tal correspondencia de oportunidades entre quienes integran los grupos sociales en situación vulnerable y el resto de la población. Lo anterior se cumple a través de una serie de medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que impidan mantener o perpetuar la diferenciación injustificada o la discriminación sistemática, así como revertir los efectos de la marginación histórica o estructural del grupo social relevante. Esas medidas han sido denominadas acciones positivas o de igualación positiva y no conforman una lista exhaustiva o definitiva, sino que atienden a las circunstancias contextuales y a la autoridad que la vaya a implementar. Tampoco hay una delimitación exhaustiva de los grupos sociales relevantes que deban ser beneficiados. Aunque el artículo primero constitucional contiene una identificación básica (categorías sospechosas), estos grupos se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como por su situación de subordinación y poder político disminuido frente a otros colectivos. Al igual que la igualdad formal, el principio de igualdad sustantiva vincula a todos los poderes del Estado. Por lo cual las autoridades pueden adoptar ciertas medidas tendentes a alcanzar la igualdad de facto de un grupo social que sufra o haya sufrido de una discriminación estructural y sistemática, pues lo harían en cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales aplicables y con la intención de salvaguardar otros derechos humanos de las personas involucradas, como los sociales o culturales, la seguridad jurídica, el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección de la familia, entre otros. Todo ello, derivado de las situaciones que las personas migrantes viven cuando están en tránsito o pretenden establecerse en un país distinto al de su residencia habitual, como lo son la falta de documentos requeridos por la autoridad, el difícil acceso al empleo, la inseguridad causada por la delincuencia, la carencia de un lugar en el que puedan habitar, la escasa alimentación y la falta de acceso a servicios de salud son algunas de las circunstancias que los ubican en una clara situación de vulnerabilidad. Además de las situaciones de vulnerabilidad a que se ha hecho referencia, también debe procurarse la estabilidad y unidad familiar, principios que se encuentran inmersos, a nivel nacional, en la Ley de Migración, la cual dispone que la unidad familiar constituye un criterio prioritario sobre la internación y estancia de las personas extranjeras en el país, así como un factor que contribuye a lograr un sano y productivo tejido social. Dicho ordenamiento reconoce la preservación de la unidad familiar como un derecho y, con base en éste, permite el ingreso o residencia en el país de personas que forman parte de la familia de quienes son residentes permanentes o tienen la nacionalidad mexicana. Las disposiciones antes referidas dan cuenta que el Estado mexicano, a través de sus leyes migratorias, ha reconocido la especial importancia del principio de preservación de la unidad familiar y lo ha impuesto como guía concreta de actuación de la autoridad en diversos escenarios o momentos del procedimiento administrativo. Así, la ley obliga a las autoridades a proteger a la familia de cualquier actuación arbitraria y a favorecer el mantenimiento de los lazos afectivos y de solidaridad que la caracterizan. Ello, bajo la premisa de que la protección del Estado incluye a cualquier tipo de familia, pues lo que interesa es la cohesión y conservación de ese grupo como realidad social, el cual es fundamental en la vida y desarrollo de las culturas bajo los términos del artículo 4 constitucional. Expuesto el margen normativo que rige el caso, se estima conveniente retomar que la quejosa acude a esta instancia reclamando: la negativa de las autoridades responsables a dar trámite a su solicitud de visa por unidad familiar solicitada por ******************** a favor de su padre Orlando Hernández Héctor; al respecto, de la lectura del informe justificado rendido por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, se advierte que reconoció expresamente que la promovente del amparo por conducto su autorizado Jorge Enrique Pérez Vázquez, acudió al área de atención a solicitudes de trámites migratorios ubicada en sus instalaciones, sin embargo no se dio trámite a la solicitud que realizó argumentando que no reunía la documentación necesaria. Por su parte, la parte quejosa refiere que no obstante haber exhibido la documentación necesaria para el trámite que solicitó, las autoridades responsables omitieron dar curso a la solicitud que instó de visa por unidad familiar, pues aduce la quejosa que exhibió copia certificada del acta de nacimiento apostillada y legalizada de la promovente, con el que acredita el vínculo familiar con su padre Orlando Hernández Héctor y que las responsables sin analizar la documentación presentada adjunta a su formato de solicitud de visa de unidad familiar, se negaron a recibir la misma y dar el trámite que corresponde. Precisados los antecedentes del caso, la parte quejosa en los conceptos de violación que se analizan, refiere que la determinación adoptada por las autoridades responsables es violatoria de sus derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1° y 16 constitucionales; puesto que refiere desconoce los motivos o fundamentos por los cuales, no obstante que considera cubre los requisitos necesarios para el trámite de la visa de unidad familiar, las responsables omiten dar trámite a dicha solicitud. Lo anterior, refiere la quejosa violenta sus derechos, ya que las responsables al contestarle de forma verbal, no expusieron los fundamentos y motivos por los cuales desatendieron y pasaron por alto la solicitud de la parte quejosa, no obstante estima cumple con los requerimientos para su trámite, admisión y concesión de visa de unidad familiar a favor de su padre Orlando Hernández Hector, siendo que las autoridades debieron recepcionar la documentación presentada, dar trámite al mismo, y en su caso, emitir el pronunciamiento que corresponda, incluso no necesariamente en un sentido favorable a los intereses de la quejosa, pero sí exponiendo en su caso, los motivos de la improcedencia o impertinencia de la solicitud realizada, señalando los preceptos legales idóneos que apliquen al caso concreto. De ahí, que deba decirse que la actuación de las responsables, pudiera constituir una violación al derecho humano de seguridad jurídica, contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tal motivo, debe considerarse que los derechos que podrían resultar violados, por la actuación que se atribuye a la responsable, lo es la que protege el artículo 16° de nuestra suprema norma, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior incluso es patente, de la revisión del informe justificado rendido en autos, ya que si bien señala diversos requisitos para solicitar trámites migratorios de internación, estancia y salida de personas extranjeras y nacionales publicados de manera oficial y con acceso al público particular, no señala de forma concreta, cuáles de dichos requisitos no fueron cubiertos por la ahora quejosa y conforme a cuál normativa sustenta su determinación, Con base en todo lo anteriormente expuesto, se estima que la actuación de la autoridad responsable es violatoria de los derechos fundamentales de la parte quejosa, puesto que, en un principio, se limitó a rechazar de forma verbal el trámite de visa por unidad familiar solicitado. En ese sentido, resulta claro que la actuación de la responsable vulnera el deber a una debida motivación y fundamentación de sus actos que permea en el derecho de igualdad y no discriminación reconocido por el artículo 1° de la Constitución Política al soslayar totalmente las condiciones de vulnerabilidad en los que pueden encontrarse los solicitantes como personas migrantes. Además, de lo anterior, también debe destacarse que la determinación del instituto responsable no es acorde al principio de unidad familiar previsto por la Ley de Migración y reconocido como derecho fundamental por el artículo 4 de la Constitución, pues con esa mera determinación verbal omite valorar las circunstancias y afectaciones que ello podría ocasionar a los involucrados en el asunto. Al efecto, el artículo 16 de la Constitución, protege que nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino mediante acto de autoridad fundado y motivado, como se advierte de su contenido: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento..." Ese derecho fundamental se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar sus actos por escrito, así como los preceptos legales que regulen el hecho, las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, así como la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera legal su acto. Esto es, que no sólo es necesario que exprese sus actos por escrito, sino que debe fundar y motivar el mismo, estableciendo sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 65, Mayo de 1993. En la página 61, que dice lo siguiente: "SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍA DE. LAS ÓRDENES VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS EN SI MISMAS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El artículo 16 constitucional contiene una garantía de seguridad jurídica, que se traduce en la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la fundamentación del acto de autoridad, por lo que cualquier mandamiento u orden verbal que originen una molestia en los bienes jurídicos, son contrarios a dicho precepto constitucional." De lo anterior, se desprende que existen tres requisitos indispensables en todo acto de autoridad, los cuales son: 1. El hecho de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. 2. En caso de que tenga que ser así, debe existir un mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente; y, 3. Que dicho mandamiento, funde y motive la causa legal de tal molestia en los bienes y posesiones de las personas. Por tanto, se establece que cualquier acto de autoridad, debe contener esos tres requisitos para que en principio, no sea violatorio de derechos humanos, traduciéndose lo anterior, en el hecho de que en caso de que el acto de autoridad, carezca de cualquiera de los requisitos mencionados, el mismo, resultará violatorio de los derechos fundamentales de los gobernados. Lo anterior no se cumplió en el presente caso. Se dice ello, pues de la revisión de las constancias que obran agregadas en autos, no se advierte acto alguno, en el que observando lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna, las autoridades responsables expusieran las razones por las que, primeramente, no obstante la solicitud formulada por la quejosa respecto de la visa de unidad familiar que instó ante la autoridad migratoria, ésta no dio curso a la misma, ello, no obstante que aduce cumplió con los requerimientos necesarios para dicho trámite, pues si bien, señala que no exhibió el original del acta de nacimiento de la persona que solicitaba la visa, lo hizo en copia certificada apostillada y legalizada; segundo, no se advierten los fundamentos y motivos que sustentan dicha decisión de las autoridades responsables; y tercero, que se hubiere hecho del conocimiento de la ahora parte quejosa, no obstante que, resulta evidente, le genera un perjuicio al no encontrarse la quejosa en aptitud de controvertir lo determinado o la decisión de las responsables. En efecto, sin soslayar las facultades reglamentarias que tiene la dependencia responsable para determinar la procedencia, viabilidad o no de las solicitudes instadas, conforme a las disposiciones legales que rigen su actuar; lo cierto es que la parte quejosa realizó una solicitud 8945705, en fecha siete de febrero del año en curso, y las responsables se negaron verbalmente a recepcionar el trámite formulado y dar curso al mismo, lo que genera un perjuicio a la parte quejosa, máxime que, dicha omisión no la justifica de forma fundada y motivada, pues no analiza la documentación presentada por la quejosa, ni señala porqué ésta, conforme a la normativa que rige el otorgamiento de visa de unidad familiar, no reúne con los requisitos necesarios para su trámite; por tanto, se estima que su actuar, vulnera lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, al no existir un acto particularizado en el que se sustente la afectación producida como consecuencia de la decisión emitida, es decir, si no obstante la quejosa realizó una solicitud de visa de unidad familiar, exhibiendo diversa documentación para su trámite y procedencia, las autoridades migratorias se negaron verbalmente a recepcionar y pronunciarse sobre dicha solicitud, sin exponer los fundamentos y motivos por los cuales estimaba en el caso particular no procedía la solicitud de visa aludida. Lo anterior resultaba indispensable, para que el gobernado tenga conocimiento correcto y completo de los motivos y fundamentos de su actuación, y acorde a lo anterior, debe emitir una determinación particularizada y hacerla del conocimiento de la parte quejosa, respetando la garantía de seguridad jurídica; lo cual no aconteció en el caso, al no existir constancia que acredite que se hizo de su conocimiento alguna determinación por escrito en la que de forma fundada y motivada, la autoridad migratoria se pronunciara respecto de la solicitud de visa por unidad familiar, acorde a la documentación que exhibió y presentó la parte quejosa. En ese sentido, lo ilegal de la actuación de las autoridades responsables tiene su origen en la falta de mandamiento escrito en el que se funde y motive la omisión de recepcionar y dar trámite a la solicitud de visa por unidad familiar, instada por la parte quejosa en fecha siete de febrero del año en curso. Por todo lo anterior, las autoridades responsables no acreditaron haber emitido un documento escrito debidamente fundado y motivado que contenga los motivos y fundamentos para la omisión en la recepción y trámite de la solicitud de visa por unidad familiar instada por la parte quejosa, siendo que eso resultaba necesario para que estuviera en posibilidad de conocer la causa legal del proceder de las autoridades correspondientes y pudiera estar en aptitud, en su caso, de combatirlo. En las condiciones expuestas, se concluye que el acto reclamado no satisface el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, pues como se precisó, el acto de que se duele la parte quejosa resulta violatorio de sus derechos fundamentales, en virtud que no existe mandamiento escrito de las autoridades responsables que funde y motive su proceder. Lo antes razonado encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 14 tercera parte, visible a página 37, que dice textualmente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable en el caso, y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales o razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la eficiencia del acto." Así como la tesis jurisprudencial, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 30 tercera parte, visible a página 57, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Ante todo lo antes expuesto, resulta trascendente otorgar el amparo y protección a la parte quejosa a efecto de salvaguardar la totalidad de derechos fundamentales que se encuentran involucrados en este asunto y permitir a la parte quejosa, como extranjeros solicitantes de un beneficio establecido en la ley, obtener la visa por unidad familiar a favor de su padre o, en su caso, conocer las razones y fundamentos por las que no pueden ser candidatos a ello aun considerando las acciones positivas pertinentes. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El artículo 77 de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. El amparo que se concede es para el efecto de que la Titular de la Oficina de Representación y la Subdirección de Regulación Migratoria, ambas del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, en el ámbito de sus respectivas facultades, en atención a las consideraciones expuestas en esta sentencia, por escrito y de manera fundada y motivada: Resuelvan sobre la petición de visa de unidad familiar, instada por la parte quejosa por comparecencia de siete de febrero del año en curso, y solicitud número 8945705, analizando la totalidad de documentos exhibidos, indicando expresamente, en su caso, los requisitos y conceptos necesarios para la procedencia de la solicitud formulada. SÉPTIMO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************; contra los actos señalados en el resultado segundo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia, y para los efectos precisados en el sexto subsecuente. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe de todo lo actuado. DOY FE.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano