Gisela Rodríguez Maldonado

Expediente 389/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
389/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Gisela Rodríguez Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró sin materia la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17 fracción III inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Ahora bien, por lo que ve al incidente de suspensión es susceptible de conservación, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, transfiérase el presente juicio, así como el incidente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 17, 24 y 29 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, pues transcurrió del veintiocho de junio al once de julio del presente año; tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 389/2023, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, la cual se concedió en los siguientes términos: "Consecuentemente, en términos del artículo 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección constitucional determinada en esta sentencia, tiene como efecto la declaración formal del derecho de los menores quejosos A.R.R.M. y M.E.R.M., al reconocimiento jurídico de su identidad, como hijos del matrimonio de Guadalupe Estephany Méndez Sánchez y de Gisela Rodríguez Maldonado, quienes en ejercicio de su derecho de procreación, ejercieron a la luz de la figura de la comaternidad, en forma equitativa los deberes parentales respecto de ambos menores. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.13.6a MARIA VICTORIA SANCHEZ MENDEZ Por lo mismo, dado que en autos está acreditado que a la fecha los menores de edad ya fueron registrados, este pronunciamiento concesorio sólo tiene como efecto el reconocimiento de la personalidad jurídica de los menores A.R.R.M. y M.E.R.M., como hijos del matrimonio de Guadalupe Estephany Méndez Sánchez y de Gisela Rodríguez Maldonado y que como consecuencia de ello, se respete la firmeza jurídica de los documentos de identidad (acta de nacimiento y curp) que ya fueron expedidas a su favor, sin que implique algún otro acto de cumplimiento del fallo protector". Atento a lo anterior, se declara sin materia el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 389/2023, promovido por ********************y ********************, por su propio derecho y en cuanto progenitoras y representantes de sus menores hijos ******************** y ******************** y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintitrés ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ********************y ********************, por su propio derecho y en cuanto progenitoras y representantes de sus menores hijos ******************** y ********************solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Oficialía del Registro Civil Número Dos, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1, 4 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 389/2023, mediante proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Luego, en proveído de quince de mayo de la anualidad que transcurre (foja 109), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto del acto reclamado consistente en el formato de expedición de acta de nacimiento de los menores quejosos; sin embargo, dado que la parte quejosa no lo realizó, en la audiencia constitucional celebrada el trece de junio de este año (foja 120), se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó resolver este juicio en los términos planteados en el escrito de demanda; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 57 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridades que residen en un lugar en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo reuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por las promoventes del amparo, consiste en: *La negativa de verificar el registro de nacimiento de los menores quejosos ******************** y ********************conforme a un formato de Registro Civil para personas nacidas en el seno de familias igualitarias del mismo sexo, al tenor de lo que establece el artículo 49 del Código Familiar del Estado de Michoacán. El cual atribuyeron a las autoridades siguientes: Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán; Oficial del Registro Civil Número Dos; y, Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. Los tres con sede en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, según se aprecia de las manifestaciones vertidas en sus informes justificados, que obran visibles como se anota: Autoridad Foja Director del Registro Civil en el Estado de Michoacán. 53 Oficial del Registro Civil Número Dos. 47 Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. 64 Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que allegaron a esta contienda constitucional, las cuales tienen valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Lo anterior, pese a que de las constancias que la autoridad responsable Oficial del Registro 053/08, localidad 2, en el Estado de Michoacán, remitió vía correo electrónico, se advierta que durante el transcurso de la secuela procedimental de este expediente, específicamente el cuatro de abril del año en curso, se llevó a cabo el registro de los menores quejosos, tal y como se acreditó con las impresiones de las actas de nacimiento respectivas. Sin embargo, aunque es cierto que el registro de los menores peticionarios del amparo se llevó a cabo, ello no es suficiente para considerar que en el caso el acto reclamado cesó en sus efectos, ya que dicho registro, así como la expedición de sus actas de nacimiento y de sus claves únicas de registro de población (Curp) obedeció al cumplimiento de la suspensión provisional que el suscrito otorgó dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. Además, tomando en consideración que en la técnica de amparo se define a la cesación de efectos, como la causal de improcedencia (que impide el estudio del fondo del amparo) cuando los actos que al momento de promover la demanda existían, cesaron durante la substanciación del juicio y destruyen de manera total e incondicional sus efectos, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. Siguiendo con esa línea, la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, no se estima actualizada dicha causal, en la medida que si bien es cierto que el cuatro de abril del año en curso, se llevó a cabo el registro de los menores quejosos, y con ello, la expedición de sus actas de nacimiento y de sus claves únicas de registro de población (Curp); igual lo es que no se constituyó derecho alguno a favor de los menores peticionarios del amparo en el que se sustente el reconocimiento jurídico de su identidad y que por ende, garantice su derecho a que ese registro quede firme y no sea revocado por la autoridad del registro civil. Lo que en el caso es imperativo, en la medida que el registro civil de los menores, tiene repercusión directa en su filiación, la cual se vincula inseparablemente con los derechos de alimentos, hereditarios y de parentesco; y más importante aún, porque el derecho a la filiación, debido a su trascendencia con el derecho a la identidad en la niñez, es de interés público y exige que todos los derechos inherentes a ésta queden completamente protegidos. Lo que es de esa forma, dado que la suspensión de oficio, de plano, provisional y/o definitiva, que el juez de distrito dicta en el juicio de amparo, constituyen en su naturaleza jurídica, medidas cautelares dotadas de las siguientes características: *Son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso o previamente a él, a pedido de un interesado o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho; *Son decretadas por el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave o irreparable daño a las partes o la sociedad, con motivo de la tramitación del proceso y puede ser utilizada para dar justicia anticipada o autónoma; y, *Cuentan con la característica de provisionalidad, que se define como el carácter no definitivo de la medida cautelar, pues ésta desaparece, perdiendo toda su eficacia, cuando faltan los presupuestos que originaron su adopción, y en todo caso, cuando finaliza el proceso principal; por lo mismo, conforme este aspecto se alude a una vigencia limitada en el tiempo, concretamente aquella en la que dicha sentencia tarde en obtenerse. Atendiendo a esa característica de provisionalidad, en el caso resulta evidente que aún cuando la autoridad responsable Oficial del Registro 053/08, localidad 2, en el Estado de Michoacán, procedió a efectuar el registro de los menores peticionarios del amparo, técnicamente no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, en atención a que dicho registro se materializó en cumplimiento a la suspensión provisional decretada por el suscrito en el incidente de suspensión correspondiente a este juicio de amparo, la cual, al configurar en su naturaleza jurídica una medida cautelar, goza de una vigencia transitoria, que quedará sin efectos una vez que cause ejecutoria la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo; lo que ocurrirá con todo y que este juzgador no constituya el derecho de los menores que sustente el reconocimiento jurídico de su identidad y que por ende, garantice la firmeza legal de su registro de nacimiento. Sumado a lo anterior, no debe dejar de considerarse que para el dictado de la medida cautelar provisional y definitiva dictadas en este expediente, el suscrito se apoyó en la apariencia del buen derecho, entendida como la probabilidad que el derecho exista; por ello, es en la sentencia en la que, de así proceder, se debe emitir el pronunciamiento que consolide el derecho invocado cautelarmente -en vía de probabilidad- y transitarlo a su definitividad. Por ello, como la suspensión que se concedió a los menores quejosos, fue dictada no sólo con efectos anticipados sino tutelares, a fin de garantizarles su derecho al reconocimiento jurídico de su identidad, pero de ninguna manera constituyó o consolidó un derecho definitivo a su favor, en el caso se hace necesario que este juzgador proceda a realizar el análisis correspondiente, para determinar el tránsito de dicho derecho provisional a uno definitivo que se consolide en la sentencia como cosa juzgada. Se invoca como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2026730, que dispone: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Quinto. Estudio de fondo respecto del acto consistente en la negativa de verificar el registro de nacimiento de los menores quejosos ******************** y ********************conforme a un formato de Registro Civil para personas nacidas en el seno de familias igualitarias del mismo sexo, al tenor de lo que establece el artículo 49 del Código Familiar del Estado de Michoacán. Primeramente, es necesario puntualizar que como se encuentran vinculados los derechos de menores, el suscrito se encuentra facultado para suplir la deficiencia de la queja a favor de la parte quejosa, en términos de lo instituido en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, derivado del marco normativo y de interpretación jurisdiccional que ha realizado nuestro más alto tribunal. Lo que es así, de acuerdo al marco de protección tratándose de menores de edad (interés superior del menor), en el que encontramos jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone la obligación de los jueces y magistrados, de suplir en forma total la queja deficiente, cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos de familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior quiere decir que, con independencia de quién comparezca a solicitar la protección constitucional, tratándose de controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, constituye obligación de los juzgadores de amparo, velar y garantizar en todo momento la protección más amplia, a fin de proteger dichos intereses. Por otra parte, tratándose de menores, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación del Estado Mexicano de garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo. Incluso a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, establece al respecto lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". Sustenta lo antes considerado, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, pag. 167, Novena Época, registro 175053: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." De los marcos normativos precisados con anterioridad, se advierte la obligación impuesta al que resuelve, de otorgar pleno reconocimiento a los derechos del menor y de adoptar las medidas pertinentes para que pueda ejercer plenamente su capacidad jurídica. Por tanto, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito está obligado a examinar, íntegra y conjuntamente, la demanda y sus anexos, a fin de identificar el derecho humano cuya protección se solicita, considerando en todo momento el derecho fundamental que incorpora la parte quejosa en sus pretensiones y la vulneración jurídica que produce el acto reclamado para determinar si la restitución del derecho violado permitirá dar efectos concretos y prácticos. En atención a todo lo anterior, aunque a esta instancia comparecen ********************y ********************, por su propio derecho y en cuanto progenitoras y representantes de sus menores hijos ******************** y ********************la primera de ellas en cuanto madre biológica del menor y la segunda en cuanto cónyuge de la primera, por las razones asentadas anteriormente, el suscrito emprenderá el estudio de los actos reclamados, teniendo como principios rectores, la suplencia de la queja deficiente a favor de los niños y su interés superior; sobre todo, porque temáticamente existe jurisprudencia que dispone la obligación del suscrito en ese sentido, la cual está identificada como 1a./J. 100/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2025442, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN LOS PROCESOS DE RECTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO DEBE ATENDERSE A LAS CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO DE LA PERSONA ACCIONANTE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos respecto a la procedencia de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en procesos de rectificación, modificación o aclaración de actas de nacimiento. Uno consideró que en estos procesos, por estar relacionados con el derecho al nombre y a la identidad, debe suplirse la deficiencia de la queja. En cambio, el otro órgano jurisdiccional concluyó que la suplencia de la queja no es aplicable al no actualizarse ninguna de las fracciones del artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que debe resolverse con estricto apego a derecho. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en general, la aplicación de la suplencia de la queja deficiente no depende del tipo de acción intentada, sino de la situación concreta de quienes intervienen en el proceso. En este sentido, en los procedimientos de rectificación, modificación y aclaración de actas de nacimiento debe suplirse cuando una de las partes, por su particular situación de desventaja o vulnerabilidad, requiera un tratamiento judicial específico que garantice su acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Justificación: La rectificación, modificación y aclaración de actas de nacimiento tramitadas vía judicial o que deriven de un procedimiento administrativo, deben resolverse conforme al principio pro actione en tanto buscan garantizar el derecho a la identidad de las personas que la solicitan. Sin embargo, la acción que se ejerce en estos casos no es, por sí misma, una razón suficiente para suplir la deficiencia de la queja con base en el artículo 79 de la Ley de Amparo. La suplencia de la queja implica un tratamiento judicial preferente para las personas que, por su situación particular, se encuentran en una situación de desventaja para hacer valer sus derechos en igualdad de condiciones; el propósito de aplicarla es que estas desventajas sociales o económicas no se traduzcan en desventajas procesales y de acceso a un recurso efectivo. En este sentido, no es la acción de rectificación, modificación o aclaración del acta de nacimiento la que da lugar a la suplencia de la queja, sino que en cada caso la persona juzgadora debe verificar si existe una situación de vulnerabilidad que amerite el uso de esta figura, ya sea originada por la edad, discapacidad, condición socioeconómica o alguna otra." Establecido lo anterior, lo segundo que procede es que el suscrito califique si la apariencia del buen derecho en la que se apoyó al conceder la suspensión, fue acertada. Para hacerlo, debe tomarse en consideración que como ya se estableció, el cuatro de abril del año en curso la autoridad responsable Oficial del Registro 053/08, localidad 2, en el Estado de Michoacán, remitió vía correo electrónico, las constancias que acreditan que se llevó a cabo el registro de los menores quejosos; lo que obedeció al cumplimiento de la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo. Conforme a ello, quien resuelve estima que en aras de garantizar el derecho de los menores quejosos, al reconocimiento jurídico de su identidad, fue acertada la apariencia del derecho invocada cautelarmente. Se afirma lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha desarrollado jurisprudencialmente, que con relación a la voluntad procreacional y constitución del vínculo de filiación de hijos nacidos en el seno de familias homoparentales, lo importante es la configuración de la voluntad procreacional, al margen del nexo genético. Sobre este tópico, debe señalarse que al resolver el amparo directo en revisión ********************la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar si en una inseminación artificial con gametos masculinos de un donador anónimo, puede utilizarse el derecho a la identidad como sustento para establecer que el infante que nació dentro de matrimonio, no guarda ninguna relación de filiación con su padre no biológico, aun cuando los cónyuges presumiblemente estuvieron de acuerdo en someterse a prácticas de reproducción asistida, conceptualizó aspectos que resultan útiles para resolver respecto de la pretensión dilucidada en este juicio de amparo. Para hacerlo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó por principio, que el derecho a la identidad de los menores de edad, como cualquier otro derecho humano, tiene como sustento la dignidad humana, razón por la que le pertenece a todas las personas sin discriminación y el Estado está obligado a garantizarlo mediante la ejecución de todos los medios de los que disponga para hacerlo efectivo. Señaló también que la identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Por ello, indicó, si bien no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, entraña una importancia especial durante la niñez, en la medida que comprende diversos aspectos que distinguen a una persona de otra y entre estos elementos distintivos se encuentran el derecho a un nombre, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad. También refirió, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 908/2006, determinó que bajo el amparo de ese derecho, el menor tiene derecho, desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos; de igual forma, especificó que el núcleo esencial del derecho no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, sino que a partir de esos elementos pueda derivarse el derecho a tener una nacionalidad y a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. De la misma forma, resaltó que el derecho a la identidad y la filiación constituye un derecho del menor, y no una facultad de los padres, y que si bien la tendencia es que la filiación jurídica coincida con la filiación biológica, ello no siempre es posible, ya sea por la propia realidad del supuesto hecho o porque el ordenamiento hace prevalecer otros intereses que se consideran jurídicamente más relevantes, como podría ser la filiación adoptiva y las procreaciones asistidas por donación de gametos (supuesto de hecho), la determinación extrajudicial de la filiación o que se privilegie un estado de familia (ordenamiento jurídico). Por ello, indicó, el derecho a la identidad es un derecho protegido por la Constitución Federal y por otros instrumentos internacionales, que constituye un derecho humano por ser un elemento que le es inherente y que puede comprender otros derechos, como el derecho al nombre, a la nacionalidad y a conocer su filiación y origen; sin embargo, el núcleo esencial no sólo lo constituye la posibilidad de solicitar y recibir esa información, sino en que a partir de esos derechos se pueden derivar otros distintos, como son los de alimentación, educación, salud y sano esparcimiento. Luego, en la propia ejecutoria ********************al referirse a las técnicas de reproducción asistida e inseminación artificial, la Primera Sala, señaló preliminarmente que, los derechos reproductivos constituyen un nuevo campo de normatividad nacional e internacional; y que dentro de esos derechos, se encuentra la reproducción asistida, que consiste en aplicar técnicas dirigidas a facilitar el nacimiento de un ser vivo, cuando una pareja presenta problemas de fertilidad. Indicó que, en términos generales, la reproducción asistida alude a la asistencia médica prestada para facilitar la fecundación de la mujer mediante el empleo de técnicas diversas, dando paso a la gestación y posterior nacimiento del hijo. Asimismo, que las técnicas de reproducción asistida se constituyen como un grupo de diferentes tratamientos médicos que se utilizan para ayudar a las personas y parejas a lograr un embarazo, las cuales incluyen la manipulación tanto de espermatozoides como de ovocitos, o embriones para el establecimiento de un embarazo. Entre dichas técnicas dijo, se encuentran, la fecundación in vitro, la transferencia de embriones, la transferencia intra-tubárica de gametos, la transferencia intra-tubárica de cigotos y la transferencia intra-tubárica de embriones, la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones, y el útero subrogado. Al referirse a la inseminación artificial o asistida, señaló que consiste en aplicar técnicas tendentes a lograr una fertilización dentro del claustro materno; por ello, puntualizó, en este caso no existe una extracción de óvulos de la mujer pero sí de espermatozoides del hombre, sea éste el cónyuge o un donador externo. Detalló también que, dentro de la inseminación artificial o asistida se contemplan distintos escenarios, formas o tipos, a saber: La inseminación artificial homóloga se aplica a una mujer que tiene un cónyuge o una pareja cuando el material genético es de ambos y existe un consentimiento de la pareja. La inseminación artificial heteróloga se aplica a una mujer que es inseminada con un material genético de un donador anónimo, pues el cónyuge o la pareja no aporta material genético para la fecundación. La inseminación artificial a una mujer soltera consiste en aplicar la técnica a una mujer que no tiene un cónyuge o una pareja, por lo que necesariamente el material genético proviene de un donador anónimo. La inseminación artificial post mortem consiste en aplicar la técnica a una mujer que es inseminada con un material genético de su marido o pareja que ha muerto. Por ello, estableció, la aceptación de los cónyuges de someterse a cualquiera de las técnicas de reproducción asistida, es la de mayor relevancia jurídica, pues dependiendo de cómo se haya actualizado esa aceptación, acto voluntario o consentimiento, es como se producirán las consecuencias de derecho respectivas. Así, al determinar cómo se respeta el derecho a la identidad de un menor nacido a través de una de las técnicas mencionadas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló por principio, que tanto hombres como mujeres, tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; este derecho dijo, está protegido por el Estado Mexicano y encuentra sustento en el artículo 4° de la Constitución General. Asimismo, indicó que esta expresión está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 16 consagra el derecho que tienen todos los hombres y mujeres a casarse y fundar una familia, señalando que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Que, por ello, la decisión de tener hijos pertenece a la esfera más íntima de la vida privada y familiar de una pareja, y la forma en cómo se construye esa decisión, es parte de la autonomía de la voluntad de una persona; dijo también que, en los derechos reproductivos, en particular, en el empleo de un tratamiento por inseminación artificial, el derecho a la identidad, contemplado en el artículo 4º constitucional, se dota de contenido bajo una doble connotación: en primer lugar, respecto de las consecuencias jurídicas que surgen por quienes se someten a esos tratamientos (los padres); en segundo lugar y principalmente, en relación con el impacto que se produce en los hijos nacidos bajo esas técnicas. Por eso puntualizó, al estar en presencia de un tratamiento por inseminación artificial heteróloga, como técnica a través de la cual las personas tanto en lo individual como en pareja pueden ejercer su derecho a formar una familia, lo primero que se debe de verificar es en cuál de esas dimensiones (la individual o en pareja) se realizó el tratamiento; después de ello, dijo, resultará necesario determinar si existió o no consentimiento de la persona que no aportó material genético, pues ello constituirá uno de los elementos para integrar la filiación de un hijo nacido bajo esa técnica de reproducción asistida. Hecho lo anterior, señaló, el Juez tendrá elementos para fijar las consecuencias jurídicas del acto, las cuales deberán ser asumidas, precisamente, bajo esa doble connotación y tomando en cuenta que la mejor decisión del operador jurídico, será aquella que atienda al interés superior del menor. Lo anterior, porque dijo, lo que se debe acreditar es si los cónyuges otorgaron su voluntad para que la mujer fuera inducida bajo ese tratamiento, ya que, en caso afirmativo, jurídicamente se tendrá una filiación con el hijo que nazca de dicha técnica de reproducción asistida y, en consecuencia, respecto del padre, surgirá un parentesco igual a aquel que normalmente se adquiere por consanguineidad, según la disposición civil sustantiva que aplique para el caso concreto. Ello, porque dijo, cuando en el ejercicio de un derecho en su dimensión de pareja, existe consentimiento de los cónyuges para someterse a una inseminación artificial heteróloga, lo que se está dirigiendo es la voluntad consensuada de ambos, para ejercer su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, ello a pesar de que entre el cónyuge varón y el menor no existan lazos genéticos; a este consentimiento del padre, destacó, se le conoce como voluntad procreacional, que no es más que el deseo de asumir a un hijo como propio aunque biológicamente no lo sea. Puntualizó también que cualquier tipo de reproducción asistida tendrá que ser previamente consentida por ambos cónyuges; asimismo, que si hubo consentimiento en tales métodos, el cónyuge varón no podrá impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante esos procesos de reproducción. Por ello, coligió que cuando dentro del matrimonio se consiente una técnica de reproducción asistida, uno de los factores fundamentales para determinar la filiación de los niños nacidos a través de dichas técnicas será la voluntad de los padres; y que como en la inseminación artificial heteróloga ocurre que se realiza una fecundación con un gameto masculino de un donador anónimo, es decir, el método está concebido para que el donante se limite a suministrar el material biológico; en consecuencia, dijo, en un círculo familiar, el hijo producto de una inseminación artificial heteróloga no tendrá biológicamente un material genético compatible con el cónyuge varón. Bajo ese contexto, estableció, lo que se debe acreditar es si los cónyuges otorgaron su voluntad para que la mujer fuera inducida bajo ese tratamiento, ya que, en caso afirmativo, jurídicamente se tendrá una filiación con el hijo que nazca de dicha técnica de reproducción asistida y, en consecuencia, respecto del padre, surgirá un parentesco igual a aquel que normalmente se adquiere por consanguineidad. Lo anterior dijo, porque cuando en el ejercicio de un derecho en su dimensión de pareja, existe consentimiento de los cónyuges para someterse a una inseminación artificial heteróloga, lo que se está dirigiendo es la voluntad consensuada de ambos, para ejercer su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, ello a pesar de que entre el cónyuge varón y el menor no existan lazos genéticos; a este consentimiento del padre se le conoce como voluntad procreacional, que no es más que el deseo de asumir a un hijo como propio aunque biológicamente no lo sea Por lo expuesto, consideró, en la inseminación artificial heteróloga, la voluntad procreacional es uno de los factores determinantes para la constitución del vínculo filial del menor nacido bajo ese tratamiento con el cónyuge o concubino varón y para que éste jurídicamente quede vinculado a todas las consecuencias de derecho de una auténtica relación paterno filial, es decir, para que el cónyuge varón asuma las responsabilidades derivadas de la filiación; voluntad que se protege bajo el amparo del artículo 4º constitucional. Dicha voluntad precisó, constituye el fundamento de una relación de filiación entre el hijo así concebido y el esposo de quien es su madre; lo que impedirá que el cónyuge varón posteriormente pueda entablar acción de impugnación de la paternidad. De dicha ejecutoria derivaron los criterios siguientes: Tesis aislada 1a. LXXIX/2018 (10a.), con registro digital: 2017287, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 981, que dispone: "VOLUNTAD PROCREACIONAL. SU FUNDAMENTO DERIVA DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR DE EDAD. La voluntad procreacional es uno de los factores determinantes para la constitución del vínculo filial del menor nacido bajo el tratamiento de inseminación artificial heteróloga, con el cónyuge o concubino varón, y para que éste jurídicamente quede vinculado a todas las consecuencias de derecho de una auténtica relación paterno-filial. Esta voluntad se protege bajo el amparo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituye el fundamento de una relación de filiación entre el hijo así concebido y el esposo o concubino de quien es su madre; lo que impedirá que éste posteriormente pueda entablar acción de impugnación de la paternidad, pues se considera que quien actúa así, contradice los parámetros de la buena fe objetiva, al comportarse en forma incoherente con sus precedentes determinaciones. Por el contrario, si el marido no brindó su consentimiento al procedimiento de inseminación realizado con material genético de un tercero donante, se estima que le asiste el derecho de impugnar la paternidad del menor que nació bajo dicho procedimiento." Tesis aislada 1a. LXXX/2018 (10a.), con registro digital 2017286, Décima Época, Materias(s): Civil, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 981, que dice: "VOLUNTAD PROCREACIONAL. FORMA EN LA QUE DEBE ACREDITARSE CUANDO LA LEGISLACIÓN RESPECTIVA NO REGULA LA FORMA EN LA QUE DEBA OTORGARSE (CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO). Para que se produzca el efecto de la filiación del varón con el niño o la niña que nació bajo un procedimiento de inseminación artificial heteróloga, es necesario que el varón manifieste su voluntad procreacional para que la mujer se someta a ese tratamiento; es decir, este aspecto volitivo debe estar acreditado, pues dicho acto no sólo tendrá implicaciones para quien la otorga, sino que impactará de manera significativa en los derechos de identidad del menor nacido bajo ese procedimiento. En este sentido, al no haber en el Código Civil para la Ciudad de México una regulación específica en cuanto a la forma en cómo debe expresarse esa voluntad y, por tanto, para otorgar el consentimiento para iniciar un proceso de inseminación artificial heteróloga, se debe acudir al precepto normativo que, de manera general, regula el consentimiento, en el caso particular, al artículo 1,803 que establece que la voluntad puede otorgarse de manera expresa o tácita. En ese punto, es importante aclarar que no se descarta la posibilidad de que ante la falta de regulación específica sobre ello, el operador jurídico pueda concluir que la prueba ideal para acreditar la voluntad procreacional, sea el documento donde conste la expresión de los cónyuges para someterse a ese tratamiento, expedido incluso previamente al sometimiento de la técnica de reproducción asistida; sin embargo, un exceso de formalidades podría producir un efecto contrario al deseado, en claro perjuicio del interés superior del menor." Y la tesis aislada 1a. LXXVIII/2018 (10a.), con registro digital 2017285, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, identificable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 980, cuyo rubro y texto son: "VOLUNTAD PROCREACIONAL. CONSTITUYE UN FACTOR DETERMINANTE EN LA FILIACIÓN DE UN NIÑO O UNA NIÑA QUE NACIÓ BAJO UN PROCEDIMIENTO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL HETERÓLOGA. La inseminación artificial heteróloga es aplicada a una mujer que es fecundada con un material genético de un donador anónimo; por lo que en un círculo familiar, el hijo producto de una inseminación de ese tipo no tendrá biológicamente un material genético compatible con el cónyuge varón; siendo éste el escenario, lo que se debe acreditar es si los cónyuges otorgaron su voluntad para que la mujer fuera inducida bajo ese tratamiento, ya que en caso afirmativo, jurídicamente se tendrá una filiación con el hijo que nazca de dicha técnica de reproducción asistida y, en consecuencia, respecto del padre, surgirá un parentesco igual a aquel que normalmente se adquiere por consanguineidad; así, cuando en el ejercicio de un derecho en su dimensión de pareja, existe consentimiento de ellos para someterse a una inseminación artificial heteróloga, lo que se está dirigiendo es la voluntad consensuada de ambos, para ejercer su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, ello a pesar de que entre el cónyuge varón y el menor no existan lazos genéticos; a este consentimiento del padre se le conoce como voluntad procreacional, que es el deseo de asumir a un hijo como propio aunque biológicamente no lo sea. Esta postura supera la idea de identidad como sinónimo de vínculo biológico o genético y, en cambio, inspira el contenido del derecho a la identidad en sentido amplio, inclusive de aspectos que se vinculan con la identidad en sentido dinámico. Por ello, en la inseminación artificial heteróloga, la voluntad procreacional es uno de los factores determinantes para la constitución del vínculo filial del menor nacido bajo ese tratamiento con el cónyuge o concubino varón, y para que éste jurídicamente quede vinculado a todas las consecuencias de derecho de una auténtica relación paterno-filial. Así, en el caso del hijo nacido con el consentimiento de la pareja, mediante una inseminación artificial heteróloga, la existencia de una liga biológica es innecesaria para el reconocimiento legal de la relación paterno-filial, pues en este caso, la realidad biológica cede o se torna irrelevante para establecer la filiación." Pues bien, las precisiones recién efectuadas tienen consecuencias directas sobre la comprensión del problema jurídico planteado, pues a partir de ellas, este juzgador cuenta con elementos para establecer como contexto del asunto que nos ocupa lo que las quejosas manifestaron en su demanda, en el sentido que desde que iniciaron su relación, tuvieron la intención de procrear y formar una familia; que por ello, decidieron iniciar el procedimiento de reproducción con donador de gameto sexual masculino anónimo, a través de la técnica de reproducción humana asistida en la clínica ********************. Asimismo, que el trece de agosto de dos mil veintidós, ********************fue sometida a la inseminación artificial en la que ambas externaron su voluntad y firmaron diversos documentos y que como consecuencia de ese procedimiento de reproducción asistida, la aludida promovente del amparo resultó embarazada de gemelos; igualmente, manifestaron que el tres de febrero de dos mil veintitrés, contrajeron matrimonio. Con relación al nacimiento de los menores, las accionantes del amparo indicaron que el veintidós de febrero del año en curso, ********************dio a luz a los menores ******************** y ********************. Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene: Que ********************y ********************, se realizaron un tratamiento de inseminación artificial heteróloga para ejercer su derecho a formar una familia en la vertiente de dimensión en pareja; toda vez que forman un matrimonio; Que ********************integra con los menores de iniciales ******************** y ******************** una filiación biológica, porque ellos nacieron como producto de una técnica de reproducción asistida de inseminación con gameto sexual masculino de donante anónimo; y, Que ******************** integra con los menores de iniciales ******************** y ********************una filiación jurídica, toda vez que conforman con ********************un matrimonio; así debe considerarse, porque cuando dentro del matrimonio se consiente una técnica de reproducción asistida, el factor fundamental para determinar la filiación de los niños nacidos a través de dichas técnicas es la voluntad de los padres o en el caso, de ambas madres. Aunado a ello, quien resuelve estima que en el caso se allegaron elementos convictivos bastantes y suficientes para tener por acreditado el consentimiento previo y la voluntad para concebir a los menores de que se trata, ya que se demostró que nacieron dentro del matrimonio de las quejosas: Por lo mismo, se insiste, cuando dentro del matrimonio se consiente una técnica de reproducción asistida, el factor fundamental para determinar la filiación de los niños nacidos a través de dichas técnicas es la voluntad de los padres o en el caso, de ambas madres; de esta forma, en el caso se considera configurado dicho consentimiento, con los documentos relativos al tratamiento de inseminación artificial heteróloga que están signados por ambas promoventes y que fueron anexados al escrito de demanda. Adicionalmente, se estima configurado dicho consentimiento con el acto espontáneo de solicitar el registro de los niños con su apellido y con la promoción del juicio de amparo que ahora se resuelve. En efecto, quien hoy resuelve estima que con los anteriores medios de prueba y hechos, quedó manifiesta la voluntad procreacional de ******************** de constituir jurídicamente una filiación con los menores de iniciales ******************** y ******************** y por ende, queda de manifiesto también, el deseo de asumirlos como propios aunque biológicamente no lo sean y quedar vinculada jurídicamente con estos menores, a todas las consecuencias de derecho que surjan como en una auténtica relación filial. Por ello, conforme a lo anterior, este juzgado de Distrito tiene por acreditada la filiación de ******************** con los menores de iniciales ******************** y ********************dada la demostración de la voluntad procreacional, pues los menores fueron producto de una expresión libre, consiente y formal surgida dentro de la institución del matrimonio de las quejosas. Es así, pues aun y cuando la prueba ideal sería el documento en el que conste la expresión de la voluntad de los cónyuges para someterse a una técnica de reproducción asistida, la Primera Sala de nuestro más Alto tribunal, ha considerado que ello no constituye el único medio de convicción a partir del cual se pueda determinar si existió consentimiento para la realización de ese tratamiento, pues tal conclusión puede obtenerse a partir de los diferentes medios de convicción que obran en el juicio. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. LXXVII/2018 (10a.), consultable en la página 955 Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2017230, que dice: "DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR. ELEMENTOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA CUANDO EL NIÑO O LA NIÑA NACIÓ POR CONSECUENCIA DE UN TRATAMIENTO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL HETERÓLOGA. El derecho a la identidad de un menor, contemplado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se empleó un tratamiento por inseminación artificial heteróloga, se dota de contenido bajo una doble connotación: en primer lugar, respecto de las consecuencias jurídicas que surgen por quienes se someten a esos tratamientos; y en segundo lugar, en relación con el impacto que se produce en los hijos nacidos bajo esas técnicas. Así, al estar en presencia de un tratamiento por inseminación artificial heteróloga, como técnica a través de la cual las personas tanto en lo individual como en pareja pueden ejercer su derecho a formar una familia, lo primero que habrá que verificar es en cuál de esas dimensiones (la individual o en pareja) se realizó el tratamiento; después de ello, resultará necesario determinar si existió o no consentimiento de la persona que no aportó material genético, pues ello constituirá uno de los elementos para integrar la filiación de un hijo nacido bajo esa técnica de reproducción asistida. Hecho lo anterior, el operador jurídico tendrá elementos para fijar las consecuencias jurídicas del acto, las cuales deberán ser asumidas, precisamente, bajo la doble connotación mencionada y tomando en cuenta que la mejor decisión será aquella que atienda al interés superior del menor." Conforme a las anteriores consideraciones, fue acertada la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, analizados al conceder la suspensión provisional y definitiva en este juicio de amparo, para los efectos siguientes: "(.) Por tanto, atendiendo a las características del presente asunto, en relación con las consecuencias jurídicas de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 128, 129, fracción VIII, 136, 138, 139, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a ********************y ********************, por sí y en representación de sus menores hijos ********************y ********************, ambos de apellidos ********************, para el efecto de que a la brevedad posible las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, o bien, cualquier otra autoridad que jerárquicamente en grado ascendente o descendente tenga relación con los actos reclamados, realicen lo siguiente: 1. Ordenen de forma inmediata el registro de los menores quejosos y expidan el acta de nacimiento correspondiente de forma gratuita, en el entendido de que en su caso, tendrán que adaptar como corresponda los formatos existentes, para que éstos sean registrados a nombre de ambas promoventes en el orden que les proporcionen los nombres y apellidos de las mismas. 2. Asimismo, expidan en favor de los menores las constancias de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de inmediato y de forma gratuita.(.)" Principalmente, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo amparo en revisión 852/2017, determinó que el derecho reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a todo tipo de uniones familiares, entre ellas, las homoparentales conformadas por personas del mismo sexo. Por ello, en esa ejecutoria resolvió que todas las personas sin distinción de género u orientación sexual tienen el derecho a formar una familia, y si es su deseo, acceder a la procreación y crianza de hijos propios, adoptados, gestados mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, o procreados por uno de ellos. Asimismo, señaló que el ejercicio de procreación y/o crianza de hijos debe reconocerse al tenor del citado derecho constitucional cuya protección se extiende a toda clase de familia, teniendo en cuenta que lo relevante en el ejercicio de los deberes parentales es que éstos se realicen en un ambiente de amor y comunicación con los menores de edad, brindándoles una sana educación para la vida, de la manera más informada posible, que contribuya a su sano desarrollo integral, y tales caracteres exigibles en la crianza de los hijos no están determinados por el género o las preferencias sexuales de quienes la realizan, ni por la existencia de vínculos genéticos entre las personas. De la aludida ejecutoria derivaron los criterios que se insertan, los cuales tienen aplicación en esta decisión, en lo conducente: Tesis aislada 1a. LXVII/2019 (10a.), con registro digital: 2020483: "RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE HIJO EN LA PARTIDA DE NACIMIENTO O EN ACTA ESPECIAL POSTERIOR. ES VIABLE LA FILIACIÓN JURÍDICA EN EL CONTEXTO DE UNA UNIÓN FAMILIAR HOMOPARENTAL, CON MOTIVO DE LA COMATERNIDAD. La procreación y/o crianza de hijos en ejercicio de la comaternidad en uniones familiares homoparentales, supone que necesariamente una de las mujeres que conforman la pareja, no tiene un vínculo biológico con el hijo de su compañera, dada la imposibilidad fisiológica de procrear entre sí, lo cual significa que en la procreación del hijo, al margen de la preferencia sexual de la mujer progenitora, intervino un tercero, ya sea como donador anónimo del gameto sexual masculino mediante el uso de una técnica de reproducción asistida, o bien, a través de una relación sexual. En el primer caso, posiblemente no exista mayor discusión en cuanto a la inexistencia de filiación jurídica entre el hijo y el donador de la célula sexual masculina, pues generalmente, la legislación determina la inexistencia de dicho vínculo jurídico filiatorio, o así se estipula en el contrato de donación de células respectivo, dados los fines de la donación, por lo que el hijo sólo contará con la filiación jurídica respecto de su madre biológica, y en caso de alguna eventual controversia, ésta se definirá sobre las bases que deriven del acto jurídico y de la ley; por tanto, en ese supuesto, la falta de nexo genético entre el hijo y la mujer pareja de la madre biológica que pretende ejercer la comaternidad, no desplaza propiamente una filiación jurídica paterna, y no debe impedir el establecimiento del vínculo filial entre ellos, pues si el hijo nace por medio de una técnica de reproducción asistida, la filiación jurídica encuentra sustento en la voluntad procreacional como elemento determinante para su constitución, tornándose irrelevante la inexistencia del lazo biológico para efectos del reconocimiento voluntario del hijo por el miembro de la pareja del mismo sexo que no proporcionó material genético para la procreación. En el segundo caso, es decir, cuando el menor es procreado en una relación sexual, no puede negarse la existencia del varón progenitor que tendrá derecho al establecimiento de la filiación jurídica con el hijo, mediante el reconocimiento voluntario de la paternidad ante el oficial del Registro Civil; tampoco está en duda el derecho del menor de edad, en su caso, a la investigación futura de la paternidad y a exigir que se declare la existencia de la filiación jurídica acorde con sus orígenes biológicos. Sin embargo, lo anterior no debe inhibir o excluir la posibilidad de que el hijo de una mujer nacido de la relación sexual con un varón, pueda ser reconocido voluntariamente por otra mujer en su registro de nacimiento o por acta especial (en caso de que ya exista un acta de nacimiento dónde sólo lo haya reconocido la madre biológica), cuando dicho hijo nazca y se desarrolle en un contexto de unión familiar homoparental, pues en tal supuesto existen factores que deben ponderarse en orden a su interés superior privilegiando su estabilidad familiar y su mayor beneficio, pues ha de admitirse que si el hijo nace de una madre con orientación homosexual, sin que exista una unión familiar de ésta con su progenitor biológico, sino que conforma una unión de esa índole con otra mujer, la predicción fáctica es que el menor de edad, de hecho, será criado por ambas mujeres y se desarrollará en el seno de la familia homoparental, y esto, conduce a privilegiar el pronto establecimiento de su filiación jurídica respecto de las dos personas que asumirán para con él los deberes parentales, lo que resulta acorde con la protección reforzada de sus derechos, en tanto se le garantiza, de inmediato, que contará con las prerrogativas inherentes a la filiación jurídica respecto de esas dos personas, y le permitirá conformar una identidad acorde con el contexto familiar en el que se supone crecerá, por lo que, ante la falta de vínculo genético, debe bastar como elemento determinante para el establecimiento de la filiación jurídica, la voluntad parental de quien desea ejercer junto con la madre la comaternidad." Lo resaltado es propio. Tesis aislada 1a. LXVIII/2019 (10a.), localizable con el registro digital 2020482, que dispone: "RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE HIJO CON MOTIVO DE LA COMATERNIDAD EN UNIONES FAMILIARES CONFORMADAS POR DOS MUJERES. EL ARTÍCULO 384 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE EL HIJO DE UNA MUJER PUEDA SER RECONOCIDO VOLUNTARIAMENTE POR SU COMPAÑERA, VULNERA EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD AL PRONTO ESTABLECIMIENTO DE SU FILIACIÓN JURÍDICA. El precepto referido dispone que la filiación de los hijos que nacen fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento, y respecto del padre, únicamente se establece por el reconocimiento voluntario o por sentencia que declare la paternidad. Dicho dispositivo está sustentado en dos premisas básicas, a saber: 1) La procreación natural de un hijo fisiológicamente sólo es posible con la participación de células sexuales de un hombre y una mujer, de modo que genéticamente los progenitores son personas de distinto sexo, por tanto, la filiación se constituye desde la concepción parental heterosexual; y, 2) La filiación debe ser acorde a la relación biológica, por lo que se establecerá entre el hijo y un padre hombre y una madre mujer, presumiendo que quienes lo reconocen son las personas que tienen ese vínculo biológico con él, salvo prueba en contrario. Así, la norma permite constituir la filiación jurídica cuando se cumplan dos requisitos: uno ligado al género, pues una persona sólo puede ser reconocida por un hombre y una mujer, o sólo por uno de ellos; y otro ligado al origen genético, ya que se orienta por la prevalencia de relaciones parentales biológicas, aun cuando la acreditación de esto último, tratándose del reconocimiento voluntario ante el oficial del Registro Civil, no se exige en forma fehaciente sino que se presume a partir del género de quienes reconocen, particularmente respecto del padre, pues basta que se trate de un varón. Sobre esa base, el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes excluye la posibilidad de que el hijo de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente en su acta de nacimiento o en acta especial posterior por otra mujer con quien la madre biológica conforme una unión familiar homoparental en cuyo seno se desarrollará aquél y que sin tener un vínculo genético con el hijo de su pareja, tenga el propósito de crear la relación filial con él para el ejercicio de la comaternidad; esta exclusión restringe la protección de los menores de edad que nacen o se desarrollan en el contexto de ese tipo de unión familiar, al pronto establecimiento de su filiación jurídica, comprendido en su derecho a la identidad, que les permite acceder al pleno ejercicio de otro cúmulo de derechos personalísimos y de orden patrimonial, por lo que esa norma resulta contraria a su interés superior, por ende, contraviene el artículo 4o. constitucional. Lo anterior no desconoce que el derecho a la identidad de los menores de edad contempla entre sus prerrogativas el derecho a que su filiación jurídica coincida con sus orígenes biológicos y, por ello, la tendencia tendría que inclinarse a hacer prevalecer el principio de verdad biológica; sin embargo, ello no es una regla irrestricta, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando lo anterior no es posible por los supuestos de hecho en que se encuentre el menor o porque deban imponerse intereses más relevantes como la estabilidad de las relaciones familiares o privilegiar estados de familia consolidados en el tiempo, es válido que la filiación jurídica se determine prescindiendo del vínculo biológico, pues la identidad de los menores depende de múltiples factores y no sólo del conocimiento y/o prevalencia de relaciones biológicas. En el caso de la comaternidad, resulta relevante por ser lo más protector y benéfico para el menor que nace o se desarrolla en ese tipo de familia, privilegiar de inmediato su derecho al establecimiento de su filiación jurídica frente a las dos personas que asumen para con él los deberes parentales." Tesis aislada 1a. LXVI/2019 (10a.), con registro digital: 2020481, que dispone: "RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE HIJO CON MOTIVO DE LA COMATERNIDAD EN UNIONES FAMILIARES CONFORMADAS POR DOS MUJERES. EL ARTÍCULO 384 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE EL HIJO DE UNA MUJER PUEDA SER RECONOCIDO VOLUNTARIAMENTE POR SU COMPAÑERA, VULNERA LOS DERECHOS DE LAS UNIONES FAMILIARES HOMOPARENTALES. El precepto referido dispone que la filiación de los hijos que nacen fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento, y respecto del padre, únicamente se establece por el reconocimiento voluntario o por sentencia que declare la paternidad. Dicho dispositivo está sustentado en dos premisas básicas, a saber: 1) La procreación natural de un hijo fisiológicamente sólo es posible con la participación de células sexuales de un hombre y una mujer, de modo que genéticamente los progenitores son personas de distinto sexo, por tanto, la filiación se constituye desde la concepción parental heterosexual; y, 2) La filiación debe ser acorde a la relación biológica, por lo que se establecerá entre el hijo y un padre hombre y una madre mujer, presumiendo que quienes lo reconocen son las personas que tienen ese vínculo biológico con él, salvo prueba en contrario. Así, la norma permite constituir la filiación jurídica cuando se cumplan dos requisitos: uno ligado al género, pues una persona sólo puede ser reconocida por un hombre y una mujer, o sólo por uno de ellos; y otro ligado al origen genético, ya que se orienta por la prevalencia de relaciones parentales biológicas, aun cuando la acreditación de esto último, tratándose del reconocimiento voluntario ante el oficial del Registro Civil, no se exige en forma fehaciente sino que se presume a partir del género de quienes reconocen, particularmente respecto del padre, pues basta que se trate de un varón. Sobre esa base, el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes sólo responde a la protección de los derechos fundamentales de personas heterosexuales no casadas al establecimiento de la filiación jurídica con sus descendientes, pues únicamente permite el reconocimiento voluntario de hijo acorde con las relaciones biológicas, de manera que excluye la posibilidad de que el hijo de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente en su acta de nacimiento o en acta especial posterior por otra mujer con quien la madre biológica conforme una unión familiar homoparental en cuyo seno se desarrollará aquél y que sin tener un vínculo genético con el hijo de su pareja, tenga el propósito de crear la relación filial con él para el ejercicio de la comaternidad; esta exclusión entraña una diferencia de trato orientada por el género, que además lleva implícito el rechazo derivado de la orientación sexual de quienes constituyen uniones familiares homoparentales de mujeres, contraria al derecho de igualdad y no discriminación recogido por el artículo 1o. constitucional, y vulnera su derecho de acceder a la procreación y/o crianza de hijos y a establecer la filiación jurídica con éstos, comprendido en el derecho a la protección del desarrollo y organización de la familia previsto en el precepto 4o. de la Ley Fundamental, por lo que el precepto citado resulta inconstitucional." Y la tesis aislada 1a. LXV/2019 (10a.), con registro digital 2020442, que dispone: "COMATERNIDAD. ES UNA FIGURA REFERIDA A LA DOBLE FILIACIÓN MATERNA EN UNIONES FAMILIARES HOMOPARENTALES. El derecho fundamental a la protección del desarrollo y organización de la familia reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a todo tipo de uniones familiares, entre ellas, las homoparentales conformadas por personas del mismo sexo. En ese sentido, todas las personas sin distinción de género u orientación sexual tienen el derecho a formar una familia, y si es su deseo, acceder a la procreación y crianza de hijos propios, adoptados, gestados mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, o procreados por uno de ellos. Ahora bien, la comaternidad es una figura propia de la unión familiar homoparental constituida por dos mujeres, que se refiere a la doble filiación materna, por virtud de la cual la pareja de mujeres se encarga del cuidado bajo su seno de uno o más hijos, como cualquier otro ejercicio de crianza parental, aun cuando una de ellas o ambas no tengan un vínculo genético con el hijo o hijos. Este ejercicio de procreación y/o crianza de hijos debe reconocerse al tenor del citado derecho constitucional cuya protección se extiende a toda clase de familia, teniendo en cuenta que lo relevante en el ejercicio de los deberes parentales es que éstos se realicen en un ambiente de amor y comunicación con los menores de edad, brindándoles una sana educación para la vida, de la manera más informada posible, que contribuya a su sano desarrollo integral, y tales caracteres exigibles en la crianza de los hijos no están determinados por el género o las preferencias sexuales de quienes la realizan, ni por la existencia de vínculos genéticos entre las personas." Consecuentemente, en términos del artículo 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección constitucional determinada en esta sentencia, tiene como efecto la declaración formal del derecho de los menores quejosos ******************** y ********************al reconocimiento jurídico de su identidad, como hijos del matrimonio de ********************y de ********************, quienes en ejercicio de su derecho de procreación, ejercieron a la luz de la figura de la comaternidad, en forma equitativa los deberes parentales respecto de ambos menores. Por lo mismo, dado que en autos está acreditado que a la fecha los menores de edad ya fueron registrados, este pronunciamiento concesorio sólo tiene como efecto el reconocimiento de la personalidad jurídica de los menores ******************** y ********************como hijos del matrimonio de ********************y de ******************** y que como consecuencia de ello, se respete la firmeza jurídica de los documentos de identidad (acta de nacimiento y curp) que ya fueron expedidas a su favor, sin que implique algún otro acto de cumplimiento del fallo protector. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a los menores de iniciales ******************** y ********************en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el sexto considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 19 de junio del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano